Amplia unidad

 

Como siempre, tenemos que decidir ateniéndonos a los hechos, desde nuestras convicciones y objetivos como trabajadores, como argentinas y argentinos que creemos en la democracia como el mejor camino para resolver nuestras diferencias y realizar nuestras esperanzas.

Lo reiteramos cuando el 22 de octubre se ha determinado la composición de ambas cámaras del Congreso de la Nación, y el 19 de noviembre se ha elegido Presidente y Vicepresidenta de la Nación. Estas elecciones, junto a las registradas en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, han determinado los poderes ejecutivos y legislativos en los ámbitos nacional, provincial y municipal, de identidades diversas, y distintas a las del gobierno central en casi todos los casos.

Exigimos que estos resultados se reconozcan íntegramente por quienes han sido electos para cumplir funciones ejecutivas y legislativas en el marco y los términos que dispone la Constitución Nacional. No es ocioso recordar que a ella debe ajustarse también el Poder Judicial, teniendo muy en cuenta que el artículo 28 de nuestra Constitución dice que los principios, garantías y derechos que ella reconoce no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio.

Somos firmes: en los términos de la Constitución y no en otros deben ser cumplidos los mandatos, los compromisos electorales y las obligaciones asumidas.

Lo decimos pues no dudamos de que la profunda crisis que atravesamos, en gran parte pasa por no observar la Constitución. O por no cumplir siempre en su marco los compromisos electorales, lo que vale tanto para quienes “ganan” o quienes “pierden”. Es de rigor reconocerlo, como lo es señalar que ello ha sucedido, sin negar esfuerzos gubernamentales, pues ha predominado el poder económico, como se visualiza en la formación de los precios, negando derechos y la seguridad alimentaria a millones de compatriotas.

Es que muchos son los mandatos de esa Constitución y de la legislación vigente que no son respetados en todos sus términos. Es el caso del artículo 14 bis, que dice:

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

“Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.

“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Lo recordamos ya que tanto el Presidente como la Vicepresidenta electos con su programa, dichos y propuestas económicas niegan la Justicia Social y amenazan directamente con anular de facto este artículo y la legislación concordante, como se promovió durante el gobierno de sus asociados de Juntos por el Cambio.

A estos últimos ha adjudicado las áreas de Economía, Seguridad y Defensa, el Banco Central que pretende destruir, el Banco Nación que amenaza privatizar, otras áreas vitales como la ANSES, las carteras de Trabajo y Salud, reducidas a secretarías, o YPF, colando también personeros de Hacemos Córdoba, todos acordes a los objetivos de las grandes corporaciones empresarias.

Los bancarios sabemos bien las consecuencias que tiene el predominio de la especulación financiera y la crueldad de los oligopolios formadores de precios, los verdaderos dueños del gobierno que asume. La liberalización absoluta que se les promete deja inerme a la sociedad.

Por eso mismo nosotros insistimos como respuesta en nuestro compromiso de siempre con la construcción de una mayor unidad del movimiento sindical, y los sectores productivos que dependen del mercado interno, sobre la base de un programa y objetivos claros que posibiliten la recuperación de nuestra economía en base al trabajo y la producción nacionales con la condición que el buen vivir, los alimentos, la salud, la educación y el techo estén al alcance de todas y todos los argentinos.

Hemos coincidido en la CGT que la unidad de los trabajadores es con todas las organizaciones sindicales y sociales representativas de los trabajadores registrados o no, con ambas CTA, con la UTEP.

En consecuencia:

• Reclamamos el reconocimiento por el gobierno entrante de los 15 puntos que la CGT ha presentado ante las fórmulas presidenciales antes del balotaje, comenzando precisamente por la plena vigencia del derecho al trabajo expresada en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
• Rechazamos una, de por sí, inviable dolarización, el cierre del Banco Central y la eventual privatización de los bancos públicos, como el Banco de la Nación Argentina. Tal como lo establece la Constitución, es atribución del Congreso hacer sellar moneda y establecer un banco que la emita: éste es el Banco Central de la República Argentina. La realidad y la experiencia señalan que es imprescindible una banca pública que garantice los servicios financieros para toda la población.
• Señalamos que arreglar el pago de la deuda interior y exterior es atribución expresa del Congreso de la Nación, lo que fue vulnerado en 2015-19, entre otros, por el designado ministro de Economía, sometiéndonos a imposibles condiciones del FMI con consecuencias catastróficas para la economía productiva y de las familias que no han logrado ser superadas.
• Reivindicamos el Derecho a la Protesta Social y señalamos, según la Constitución, que la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otras en materia de derechos humanos que nuestro país ha reconocido, tienen jerarquía superior a las leyes.

Finalmente, reafirmamos el siguiente principio:

Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada.

 

 

 

 

* Suscriben el documento el Plenario Nacional de Secretarios Generales de La Bancaria, su Consejo Directivo Nacional, los secretarios consejeros delegados y los secretarios generales de las seccionales.

 

 

 

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