AMLO al gobierno, y al poder

 

Sin un ápice de poder institucional hasta que asuma en diciembre, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logró anular el mega proyecto de corrupción del gran capital mexicano que era la construcción de un nuevo aeropuerto y una ciudad de negocios aledaña.

Por su cuenta, entre el 25 y el 28 de octubre AMLO convocó un plebiscito sobre el sí o el no al aeropuerto, en cumplimiento de su compromiso de campaña de oponerse al proyecto. Ganó por 70% y el aeropuerto simplemente capotó.

No fue un plebiscito respaldado por la ley, en el que votaran todos y no más de una vez con un padrón depurado: fueron apenas un millón de votos en 9 millones de habitantes de la capital. Pero alcanzó como hecho político para paralizar al sistema, y pese a las órdenes de seguir la construcción del saliente Enrique Peña Nieto, el NAICM, Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, devino pasado.

 

 

Fue un formidable acto de autoridad política, en cumplimiento del compromiso electoral hecho antes de asumir. Luego de elecciones en las que mandó al fondo de las urnas a los dos grandes partidos, PAN y PRI, dejó fuera de este juego a cinco de las 16 mayores fortunas de México, empezando por el más rico de todos, Carlos Slim, y siguiendo por Bernardo Quintana, Carlos Hank Rohn, Olegario Vázquez Raña e Hipólito Gerard Rivero. Ellos pusieron el 55% del capital reunido, que totaliza el 50% del costo inicial de la obra, de 13.100 millones de dólares.

La reacción del mundo de las finanzas, sorprendidas por el efecto político logrado por un presidente aun sin asumir, fue la de pronunciarse masivamente en contra: “Pone en riesgo inversiones futuras”, dijo la banca suiza USB; “posible revisión del grado inversor de México”, afirmó Fitch; “es una muy mala señal para los inversionistas”, dijo Moody’s; “no ajustamos la calificación pero hay una clara preocupación entre los inversionistas, un desincentivo y puede generar contingencias directas para la situación fiscal del país”, sostuvo S&P. Sólo HR Ratings modificó a negativa la perspectiva de la deuda soberana de México. La Bolsa de Valores tuvo una baja y el peso se depreció en algo respecto del dólar. “Se deslizó, pero ya se recuperará”, tranquilizó López Obrador. “Pues, al fin de cuentas, ¿a quién vamos a escuchar, a la bolsa o a la gente?”

La secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, consideró exageradas las expresiones empresarias de pérdida de confianza: “Las calificadoras están viendo el vaso medio vacío”. Y al insistir la presión de las calificadoras de riesgo, salió más afilada: “No estamos hablando de toda la inversión de México. Creo que los inversionistas tienen que meterse dentro de los riesgos de inversión. Y si no lo hicieron, mal hecho; aquí no es business as usual, aquí las cosas cambiaron”.

Cómo cambiaron, lo explicó AMLO: “En el fondo, lo que estaba de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco era el quedarse con los terrenos del actual aeropuerto. Llegué a ver hasta el anteproyecto. Ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio”, sentenció. Santa Fe es una ciudad de negocios y residencias de alto costo al occidente de la ciudad de Mexico, que buscaban replicar con otra donde hoy está el sobresaturado aeropuerto, al oriente de la capital.

El negocio posible no era sólo la explotación de esos terrenos, sino que el capital conformado era sólo la mitad del presupuesto inicial. El designado ministro de Comunicaciones y Transporte de López Obrador, Javier Jiménez Espiú, fundamentó que la obra del aeropuerto era faraónica y hecha en terrenos que se hunden 1,20 metros por año. “Claro que se hunde", replicó el inversionista Slim. Pero por eso hay que dejar de drenar el agua” en la que se apoyan esos terrenos de lo que fue el lago Texcoco, cubiertos de tierra lavada de los cerros. Lo cual, a su vez, agudiza el problema de abastecimiento de agua a la capital, que actualmente tiene un déficit del 30%.

Jiménez Espiú también señaló que el costo inicial por el polígono del nuevo aeropuerto, de 6 millones de dólares, pasó rápidamente a 8 millones y ahora, con el 22% de la obra ejecutada, su costo se estimaba en poco más de 14 millones de dólares. También dijo que no había planes concretos ni presupuestados de comunicaciones con el aeropuerto sino sólo mencionados como expresión de deseos. Y sólo ideas sobre papel para la ciudad de negocios imaginada; ni siquiera un presupuesto estimado.

 

 

A esto se agrega que la financiación del resto de la inversión, sobre los 8,25 millones de dólares reunidos, se haría con préstamos cuya garantía serían la tasa aeroportuaria, luego el propio Estado mexicano y finalmente el valor de los terrenos que actualmente ocupa el aeropuerto, que lógicamente están en uso.

Los desairados inversores-especuladores están tranquilos pese al úkase que detuvo la obra: en el mismo mensaje, López Obrador pidió a los contratistas y empresarios mantener la calma tras la cancelación. “No vamos a cometer ninguna injusticia con los inversionistas y contratistas; todos van a ser atendidos y se les va a garantizar que sus obras puedan realizarse nada más que ya no en Texcoco, ahora en Santa Lucía, y vamos a llegar a un acuerdo”, dijo. En tanto, el próximo titular del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Gerardo Ferrando, aseguró que a los inversionistas se les dará información “clara y puntual de que sus inversiones están aseguradas”. El mensaje subliminal es que, si quieren entrar en nuevos planes de obra pública, no deben entorpecer lo hecho con demandas judiciales.

La alternativa no es buena pero tampoco definitiva: consiste en mejorar el actual aeropuerto internacional, agregar otras dos pistas al aeropuerto militar de Santa Lucía e incorporar a la red de aeropuertos comerciales un tercer aeropuerto ya existente, el de Toluca.

 

 

López Obrador ganó las elecciones y derrotó a los eternos socios económicos del poder político, imponiendo nuevas leyes de juego a las que se refirió CEPAL; leyes sin corrupción.

El recurso político del plebiscito debutó ahora en México, pero es un viejo recurso utilizado para legitimar un sistema político, tal como hace muy a menudo Suiza. Un sistema político agotado, como el mexicano, hizo ahora buen uso del recurso. Si AMLO lo hubiese encarado una vez asumido el gobierno, se perdería por años en litigios judiciales. Ahora ya está hecho.

 

 

 

 

 

 

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