AMIGOS SON LOS AMIGOS

 

El ex ministro del Interior durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, Rogelio Frigerio, se acercó a Eduardo Caminal tras su victoria en la interna para presidir el PRO en Entre Ríos. Lo palmeó fuerte en el hombro aunque con prudente distancia debido a estos tiempos aún pandémicos. Una separación corporal y simbólica que el ex funcionario macrista no mantuvo a la hora del desfalco de un conjunto de bienes del Estado durante el período 2016-2019.

La Oficina Anticorrupción (AO) denunció en septiembre que Cambiemos había defraudado al Estado nacional por al menos 74 millones de dólares con la (mal) venta de inmuebles en distintas jurisdicciones que terminaron en manos del Grupo Techint, de Eduardo Costantini o de empresarios cordobeses vinculados al clan Macri, tal como publicó este Cohete el 15 de noviembre.

En el caso puntual de un edificio de la ANSES ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, el beneficiario final fue Fernando Caminal, primo hermano del Caminal que ganó la interna del PRO en Entre Ríos y que proclamó a Frigerio como posible candidato a gobernador en esa provincia. Los Caminal también mantenían lazos directos de amistad con quien presidía la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús.

Y el pater familia de este clan insignia de Entre Ríos, Eduardo Martín Andrés Caminal Nebel, fue un defensor de la última dictadura cívico-militar que en 2012 declaró a favor del represor Naldo Miguel Dasso, juzgado por dos desapariciones forzadas y una privación ilegítima de la libertad en la causa Harguindeguy. Amigos son los amigos.

 

 

La estafa

Las subastas de inmuebles durante el macrismo respetaron una misma metodología. El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijaba el valor del inmueble y luego la AABE, conducida por Ramón María Lanús y Pedro Martín Comín Villanueva, reducían el valor de la venta en un promedio cercano al 30%. Quien sugería los retoques en los precios era Ramón García Llorente, director de Gestión Patrimonial de la AABE y primo hermano de Lanús.

En la mayoría de las transacciones analizadas por la Sindicatura General de la Nación e incluidas en la denuncia penal de la OA se constató la presencia de un solo oferente por cada operación. Es como si a los inmuebles se los hubieran repartido a dedo.

La subasta pública 2/16 correspondía a un edificio de la ANSES con una superficie cubierta de 3.235,55 metros cuadrados. El 23 de agosto de aquel año el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) fijó su valor venal en 1.109.589 dólares. Según surge del acta de inscripción de la subasta del 12 de diciembre, el único oferente fue la empresa Big Real Estate S.A (Jorge A. González), autorizada a participar de la compulsa ese mismo día. La pre-adjudicación fue por 800.000 dólares, un 27% menos que el valor original fijado por el TTN.

Todas las subastas denunciadas por la OA como parte del esquema de defraudación a la administración pública terminaban con un decreto de Marcos Peña Braun y Frigerio adjudicando los inmuebles. En el caso del edificio de la ANSES bastó con una resolución de la propia AABE, convalidada por Lanús y Villanueva el 12 de enero de 2017. La OA también objetó la discrecionalidad y los cambios administrativos en los procedimientos a la hora de adjudicar los inmuebles.

En agosto de ese año Big Real Estate S.A cedió sus derechos al Fideicomiso Solís 600, cuyos fiduciantes eran Jorge A. González y Fernando Caminal como titular de Indico Real Estate. El traspaso estaba planificado desde el comienzo.

“En definitiva, el lote se subastó en 309.589 dólares menos que el monto fijado como valor venal, lo que representa un detrimento del 27,9% respecto de esa suma, conforme lo informado por la SIGEN”, sostuvo la OA en su denuncia penal.

De los 17 expedientes incluidos en la denuncia original de la OA surge un denominador común que también se repite en el caso Caminal: la AABE pactaba con el oferente único un precio a la baja. Y esos oferentes mantenían un vínculo estrecho con la estructura del partido gobernante. Esto ocurrió no sólo con los inmuebles más valiosos de la Ciudad de Buenos Aires –al igual que lo que sucede con la inmobiliaria Larreta– sino en distintas partes del país.

“Los bienes deberían enajenarse por su valor de mercado, ya que se entiende que los parámetros que se deberían tener en cuenta en orden a realizar una venta pública son la mayor ganancia para el propietario del bien, y que a partir de una mayor concurrencia de oferentes se favorezca la puja que determine un valor similar o superior al valor venal. Así las cosas, la maniobra mediante la cual se han subastado los inmuebles objeto de los procedimientos analizados a un precio considerablemente menor a su valor real –de mercado– sin justificación alguna, constituiría en principio el tipo penal de defraudación”, sostuvo la denuncia de la OA.

 

 

Los vínculos

Fernando Caminal es primo hermano de Eduardo Martín Caminal, quien ocupó el cargo de representante argentino ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) entre 2016 y 2020, también secretario del PRO en Entre Ríos y ahora titular de ese partido gracias al aval explícito de Frigerio.

A partir de la pesquisa realizada por la OA –que conduce Felix Crous– a través de fuentes abiertas quedó establecido que Caminal (Eduardo) también mantenía una relación directa con Ramón María Lanús y Cecilia Matho Garat, compañera del ex titular de la AABE. Matho Garat es a su vez “amiga” de al menos 8 personas de la familia Caminal.

“Estas relaciones permiten sospechar que entre uno de los beneficiarios de la venta de este inmueble (Federico Caminal) y Ramón María Lanús existiría una relación de confianza que excede tal vínculo contractual, la que podría a la vez haber influido en la actuación de este funcionario en dicha subasta. Ello podría habilitar a profundizar la investigación sobre este vínculo en sede penal”, sostuvo la OA.

El linaje Caminal es un exponente de la oligarquía entrerriana. El padre del nuevo titular del PRO de esa provincia es Eduardo Martín Andrés Caminal Nebel, ex presidente de la Sociedad Rural de Concordia durante la última dictadura cívico-militar.

Según narró el sitio DERF, Caminal firmó una carta en 1984 a favor del coronel Naldo Miguel Dasso, quien luego de la derogación de las leyes de impunidad fue enjuiciado por una serie de delitos de Lesa Humanidad en el marco de la causa Harguindeguy. Durante ese juicio, Caminal Nebel fue uno de los testigos que declaró a favor de Dasso, junto a otro integrante de la oligarquía agropecuaria provincial, Roberto Julio Ildarraz. “Tenía una actuación correcta en la comunidad de Concordia, actuaba con moderación y buscaba soluciones”, sostuvo Caminal sobre el represor, finalmente condenado a perpetua.

El ex titular de la Sociedad Rural de Concordia también relató que él mismo mantenía vínculos con miembros del Ejército ya que practicaba hipismo en el Club Donovan, el mismo lugar donde se consignó la existencia de un centro clandestino de detención. A partir de esa actividad llegó a conocer a Albano Harguindeguy. Amigos son los amigos.

 

 

Oligarquías

La causa de la OA se inició en septiembre de este año. Primero había recaído en el juzgado de Julián Ercolini junto a la fiscalía de Gerardo Pollicita. El representante del Ministerio Público adoptó una serie de medidas para luego declararse incompetente. Ahora la causa está en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi junto a la fiscala Paloma Ochoa, subrogada transitoriamente por Franco Picardi.

“La forma en que se vendieron los inmuebles del Estado da cuenta de cómo ciertos exponentes de la oligarquía de las provincias –tales los casos de Entre Ríos y Córdoba– coparon las estructuras oficiales para incrementar su rentabilidad y cuota de poder”, sostuvo ante El Cohete uno de los especialistas que analizó cada una de las subastas.

Este cruce de intereses entre el sector privado y Cambiemos formó parte del mecanismo de conflicto de intereses del período, es decir la metodología solapada de la corrupción imperante entre 2016-2019.

 

 

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