América Latina, sin respiro

 

Latinoamérica, epicentro actual de la crisis sanitaria mundial, sigue siendo una presa deseada para los inversores extranjeros. En los últimos meses cinco países del continente sufrieron nuevas amenazas-presiones de las multinacionales.

Estas se apoyan en el régimen mundial vigente que protege las inversiones extranjeras por sobre los intereses nacionales. Otras naciones del continente arriesgan futuras presiones y demandas en tribunales de arbitraje.

El blanco actual: Perú, México, Argentina, Bolivia y Guatemala. Las armas: amenazas o demandas ante tribunales internacionales de arbitraje ante medidas tomadas durante la pandemia. O bien, simplemente, oídos sordos ante la solicitud de los Estados de posponer arbitrajes en curso. El objetivo: evitar a las transnacionales cualquier posible pérdida de ganancias a causa de la crisis actual.

Síntesis resumida del estudio de 20 páginas “Haciendo malabares. América Latina entre la crisis de la pandemia y el arbitraje de inversiones”  que acaba de publicar el TNI (Transnational Institute), centro de investigación e incidencia política con sede en Amsterdam, Holanda.

América Latina y el Caribe pagan el precio de haber firmado, en las últimas décadas, 470 tratados de comercio y protección de inversiones. De los cuales se han originado 282 demandas —en todo caso conocidas públicamente— de inversores extranjeros contra Estados, resueltas en tribunales de arbitraje internacional. La gran mayoría de las sentencias favorecieron a las empresas transnacionales con un costo para los Estados de 31.000 millones de dólares estadounidenses. Más inabordable aún, el monto que reclaman los inversores en las demandas pendientes y que asciende a unos 40.000 millones de dólares.

“Los tratados de protección de inversiones ya no se consideran remedios de último recurso, sino herramientas importantes en el arsenal de los inversores”, señala un documento de la Oficina inglesa de Abogados Simmons and Simmons citado por las investigadoras Cecilia Olivet y Bettina Müller, autoras del estudio del TNI.

 

 

La guerra de las autopistas

Perú fue la primera nación en el mundo en recibir amenazas por medidas tomadas durante la pandemia. En abril del 2020, el Congreso aprobó una Ley que suspendía el cobro de peajes durante la emergencia para facilitar la circulación de personas y mercancías. Varias concesionarias de peajes anticiparon la intención de llevar la medida a un arbitraje internacional. La presión surtió efecto. El Ejecutivo trasandino lanzó en junio un proceso de inconstitucionalidad de dicha ley ante el temor certero de las sanciones que podrían producir las denuncias si se presentaran ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del grupo del Banco Mundial.

Las amenazas contra México se dieron a partir de decisiones que su gobierno emprendió en el terreno energético como consecuencia de la crisis sanitaria. Suspendió, para asegurar ahorros y controlar el mercado energético nacional, la entrada en operación de plantas de energía renovables, ligadas a multinacionales energéticas europeas que cuentan con contratos leoninos. Entre estas empresas, las españolas Iberdrola, Naturgy o Acciona, la italiana Enel y la francesa Engie.

Tal como lo confirma el Estudio del Transnational Institute, algunas de las empresas españolas "afectadas" ya comenzaron a preparar demandas de arbitraje contra México. Otras de Canadá insinuaron que las medidas del gobierno azteca podrían violar el TLCAN 2.0. Bufetes de abogados especializados —como DLA Piper o Crowell & Moring— ofrecieron sus servicios a las empresas que se consideran perjudicadas.

 

 

La deuda eterna

A la Argentina las últimas amenazas le cayeron por su deuda externa. El centro de investigación holandés recuerda que el 22 de mayo, en medio de la pandemia, el país sudamericano no pudo pagar parte de su deuda pública con un grupo de bonistas internacionales, entre ellos BlackRock, la multinacional estadounidense de gestión de inversiones más grande del mundo. Esto se produjo en medio de la negociación de toda la deuda externa heredada del gobierno anterior y que asciende, según cifras del TNI, a 66 mil millones de dólares.

El Transnational Institute lanza la hipótesis que las presiones de diferente tipo, entre ellas del Bufete de Abogados White & Case –que asesora a los tenedores de bonos argentinos liderados por BlackRock— pudo haber tenido un impacto en el precio final resultante de la negociación. El 17 de junio dicho bufete había publicado un comunicado donde expresaba que “nuestro Grupo está considerando todos los derechos y recursos legales disponibles”. Entre las posibilidades de recursos legales está la de iniciar una demanda de arbitraje de inversiones. 

Como explica el TNI, “White & Case no es un estudio jurídico más”. Forma parte de la élite de grupos especializados en arbitraje de inversiones, habiendo participado en por lo menos 73 casos inversor-Estado llevados adelante en el CIADI.

Pero aún más relevante, enfatiza, es el hecho que White & Case sea el bufete que representó a 60.000 tenedores de bonos italianos que demandaron a la Argentina en 2007 (el caso Abaclat) al no aceptar la reestructuración de la deuda después de la crisis del 2001. Esta oficina legal aseguró en 2016 un pago de 1.350 millones de dólares para esos 60.000 bonistas.

 

 

Ninguna tregua ni suspensión

A pesar del pedido expreso de Bolivia para que se suspendan —dadas las consecuencias de la pandemia en su debilitada economía— demandas de empresas privadas en tribunales arbitrales, la negativa fue la única respuesta.

Según José María Cabrera, actual Procurador General del país andino, los cuatro juicios de arbitraje internacional representan más de 3.000 millones de dólares. Se solicitó una suspensión en dos de ellos en el sector minero. Uno con la multinacional suiza Glencore y el otro con el inversor estadounidense Julio Miguel Orlandini Agreda. Las dos solicitudes fueron denegadas por el ente arbitral.

Guatemala, que argumentó el estado de calamidad nacional producto del Covid-19, solicitó la suspensión de un laudo arbitral favorable a la empresa estadounidense TECO, representada por los abogados White & Case, de un valor de 21 millones de dólares. Sumándole los intereses, el país centroamericano debe pagar 36,5 millones de dólares. Para Guatemala, entre los países más empobrecidos del continente y con un sistema hospitalario ya colapsado, ese monto le permitiría instalar 108.000 camas extras para pacientes afectados por el coronavirus. O aumentar en un cuarto el presupuesto especial para hacer frente a la pandemia. Un juez del Distrito de Columbia, Estados Unidos, rechazó tal solicitud.

 

 

Futuro aún más preocupante

Los cinco países mencionados en la investigación del TNI no son más que ejemplos. La tendencia se perfila más peligrosa y global. Muchos grupos de abogados al servicio de las transnacionales vienen especulando desde el inicio mismo de la pandemia, con nuevas demandas.

El bufete Ropes & Gray, por ejemplo, opina que "para las empresas con inversiones extranjeras, los acuerdos de inversión podrían ser un instrumento poderoso para recuperar o prevenir las pérdidas resultantes de las medidas gubernamentales relacionadas con el Covid-19".

En decenas de comunicaciones a sus clientes corporativos, los abogados de las empresas identifican medidas tomadas por los gobiernos que podrían originar demandas invocando las amplias protecciones que establecen los acuerdos de inversiones vigentes. 

Por ejemplo, Colombia, Honduras, Paraguay y Argentina han tomado medidas que proveen apoyo directo a los usuarios de agua, tales como suspender la desconexión del servicio por falta de pago durante la crisis. El grupo notarial Hogan Lovells advirtió que esas medidas “podrían alentar a los inversores extranjeros a recurrir a las protecciones que figuran en los tratados de inversión”.

Por su parte, Chile y Ecuador han facilitado la emisión de licencias obligatorias que buscan evitar que las patentes sobre medicamentos y equipos puedan ser monopolizados por una empresa. Sin embargo, los abogados de arbitraje en materia de inversiones consideran que las medidas de los “gobiernos (...) de obligar a los fabricantes a que vendan medicamentos a precios muy reducidos o de quedarse con la propiedad intelectual o difundirla a terceros sin permiso” constituyen una expropiación y podrían dar lugar a demandas en virtud de tratados de inversión, explica el Informe del Transnational Institute.

Ante este mecanismo casi diabólico del arbitraje internacional al servicio de las multinacionales ¿no hay escapatoria por parte de los Estados?, preguntó el Cohete a la Luna a la politóloga alemana Bettina Müller, una de las dos investigadoras que realizaron el estudio del TNI. “Prácticamente imposible” por la vía jurídica. Y explica que solo en algunos pocos tratados de este tipo existe una cláusula que define que el Estado tiene que dar su acuerdo a ser demandando cuando le llega la notificación. Pero es el 1% de los tratados que tienen una cláusula así y en los de los países latinoamericanos esa cláusula es inexistente. En la mayoría de los acuerdos, al firmarlos, el Estado acuerda, sin más, la posibilidad de ser demandado.

Sin embargo, hay Estados que han pateado el tablero con voluntad política de cambio. Y Müller recuerda que Ecuador denunció la totalidad de sus acuerdos hasta 2017, luego que una Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), haya sacado a la luz los efectos negativos de esos tratados para el país.

Otros ejemplos: Bolivia, Sudáfrica, Indonesia, India, Tanzania, e incluso Italia. Recientemente todos los países de la Unión Europea decidieron denunciar de manera conjunta los Tratados de Protección Intracomunitarios. Ahora bien, subraya Müller, hay una cláusula en los tratados, la denominada sunset clause (o de supervivencia), que establece que, si un país decide unilateralmente terminar un acuerdo, el mismo sigue vigente entre 10 y 20 años más, dependiendo lo que definieron los países al firmar el tratado. Quiere decir, no es automático que cuando un país denuncie sus tratados inmediatamente los inversores internacionales suspendan sus demandas.

El futuro está abierto y el punto de ruptura no lejos. Muchas empresas jurídicas ven en esta coyuntura la posibilidad de salvar los platos rotos producto de la pandemia, recuperar beneficios para sus defendidos y ganancias para ellos mismos al recurrir a los mecanismos de demandas arbitrales.

También es cierto que la “voracidad” de las transnacionales y sus asesores jurídicos en época de crisis sanitaria está llegando a un extremo tal que podría poner en cuestión, de cara al futuro, la aceptación de los Estados de esos mecanismos perversos. Todo será, al final, una cuestión de voluntad política.

 

 

• Desde Suiza

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí