Alguien nos guia

 

Uno tiene la clara impresión de que alguien dirige nuestros pasos y no es Dios. De otra forma no se puede explicar el silencio cómplice que guardan los principales medios de difusión ante una sucesión de hechos que perjudican a la población, producidos por un gobierno servil al capital financiero internacional y funcional a los intereses de los países industriales, después de la desocupación generada (y las nefastas proyecciones de pérdida de puestos de trabajo en el futuro inmediato), del cierre de establecimientos, incluso de la condena a la desaparición de grandes empresas nacionales, de una deuda pública que ya significa más del 90% del PIB, de una inflación descontrolada que le hace decir al Presidente que no entiende cómo fijan los precios los empresarios, o de que su ministro de hacienda, Nicolás Dujovne, se jacte de que “el país entre este año y el próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi tres puntos del Producto, y destacó que esto nunca se había hecho en Argentina sin que caiga el Gobierno”.

 

 

Cerca de cumplir los tres años, la gestión de Cambiemos, sin rumbo y cumpliendo con sus mandantes, que no son el pueblo argentino (como afirma nuestra Constitución Nacional), muestra indicadores cada vez peores.

Una inflación desbocada que en septiembre de 2018 según el IPC (Índice de Precios al Consumidor cobertura nacional) fue del 6,7% mensual. Para octubre fue del 5,4% con lo cual acumuló en el año un alza del 39,5%. Es claro que la inflación de 2018 será la más alta desde 1991, cuando el país transitó el último tramo de la hiperinflación.

La caída de la industria fue del 11,5% en septiembre 2018, con el cierre de un sinfín de talleres y fábricas y más de 100.000 trabajadores que perdieron sus empleos desde que está Macri en el gobierno nacional. Es más, el 14 de noviembre se dio a conocer que la utilización de la capacidad instalada en septiembre de 2018 fue, en promedio, del 61,1%. Es decir que hay un 39,9% de la planta ociosa. Es peor por sector. En alimentos y bebidas sólo se emplea el 59,9% (40,1% parado sin utilizarse), lo que implica que se cayó la demanda de fideos, de arroz, de embutidos, de aceite, de productos lácteos, de gaseosas, de vino de mesa, lo que refleja el descenso sideral del poder adquisitivo de los salarios, ya que se produce menos porque se demanda menos. La UCI (utilización de capacidad instalada) de productos textiles (49,1%) corrobora lo que dicen los dueños de Alpargatas (firma que en este año redujo personal y cerró dos de sus plantas [1] dejando 450 trabajadores en la calle), de que hay materia prima, los trabajadores están, las máquinas y equipos, pero no hay demanda. Se compran menos zapatillas, cortinas, alfombras, revestimientos de tela, trapos de piso, rejillas, pantalones vaqueros, ropa de trabajo y ojotas. Pero donde se señala el camino sin retorno es en la industria automotriz, que emplea el 44,8% de la UCI y la producción no deja de caer. Según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) hasta octubre se produjeron 409.306  automóviles y utilitarios, cuando en igual lapso de 2013 se habían producido 701.303 vehículos.

 

Una dominación más sutil

La forma de dominación es más sutil ahora que cuando la alianza entre Gran Bretaña y estas pampas conformó la primera unidad del capitalismo en el país, la estancia. Salvando los años y las distancias y ante un mundo que para fin de este siglo sería poblado por 11.000 millones de almas, se requiere alimento y agua y obviamente en el planeta somos los elegidos, una vez más, para cubrir esa necesidad [2].

Ya tiene dictamen para ser tratado el 21 de noviembre en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley de semillas que obliga a los productores a pagar por su patentamiento.

 

 

Pese a que por la ley vigente (Nº 20.247 del 30/03/1973), el productor es libre de comprar semillas, cosechar y volver a sembrar con sus propias simientes, sin tener que pagar regalías extra por el uso de la propiedad intelectual, la ingeniería genética hace que en la práctica, en los últimos años y en forma creciente, los grandes laboratorios como la asociación de Bayer-Monsanto, sólo venden la bolsa de semillas y el paquete tecnológico si cobran la patente. Esto es, los productores deben recurrir a un sistema de información y verificación del uso de tecnología y variedades, denominado “bolsatech”, promovido en el país por los proveedores de semillas y que consolidan, por ejemplo, más del 70% de todos los almácigos de soja que se venden en el país, y hoy deben pagar por el uso de las patentes de semillas el equivalente a 8 dólares por tonelada producida. De esta forma, ya se les cobra de facto a los productores aquello que la ley actual no exige.

Lo que se propone ahora es legalizar ese pago e incrementarlo, para el caso de la soja, a 14 dólares por tonelada producida.  Nuestro país obtiene en torno a las 40 millones de toneladas de ese cultivo por año, por ende el costo sería alrededor de 560 millones de dólares anuales, con dos salvedades:

a) Se exceptúa a aquellos productores que encuadren como microempresas en la Resolución 154/2018 de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Producción y Trabajo, cuya facturación bruta sea inferior a 3,8 millones de pesos anuales (unos 8.000 dólares mensuales). Es obvio que se trata de un pequeñísimo productor agrario, una economía familiar.

b) El artículo 10 del dictamen permite deducir del pago del Impuesto a las Ganancias una vez y media lo que se haya pagado por la patente de la semilla. De este modo y solamente para la soja van a deducir en pesos el equivalente a los 840 millones de dólares, que el Estado se priva de recaudar para que se le pueda pagar a los productores de semilla. El principal en el país y en el mundo es la firma asociada de Bayer-Monsanto.

 

 

La paradoja de Cambiemos: el bono de 5.000 pesos que deben percibir los trabajadores está alcanzado por el impuesto a las ganancias, y hasta puede hacer que empleados con salarios que están al filo del mínimo no imponible, lo superen y paguen el tributo.

Si a eso le sumamos la gran concentración en la propiedad de la tierra, solamente en la Provincia de Buenos Aires, 1.303 propietarios son dueños de 11.081.138 hectáreas (más del 65% de la tierra cultivable), entre ellos la familia Blanco Villegas que posee 25.000 hectáreas en Tandil. En la Patagonia, donde dicen que el problema son los mapuche, el grupo Benetton posee 900.000 hectáreas; Douglas Tompkins 400.000; Herman Warden Lay (de las papas fritas Lay’s) 50.000;  Mijndert Pon 25.000; Joseph Lewis 20.000 hectáreas, incluido el Lago Escondido; Jacob Suchard 20.000 hectáreas; George Soros 15.000; Hubert Grosse 11.000;  Ted Turner, 10.000 hectáreas. En el norte argentino hay grandes propiedades de las sociedades de las familias Macri, Brito (del Banco Macro), Blaquier, etc. etc.

Finalmente venden a través de los grandes acopiadores y comercializadores de granos del mundo, que se llaman a sí mismos ABCD por la siglas de sus cinco referentes: ADM, Bunge Cerval, Cargill, COFCO [3], y Louis Dreyfus.

En la modificación que se hizo entre gallos y medianoche a la Ley del Impuesto a los Bienes Personales (que grava el patrimonio de las personas), se exime a la producción rural. El campo, como les gusta llamarse, no paga el Impuesto a los Bienes Personales, pero un empleado que tiene un departamento y un auto y supera el mínimo no imponible de $ 2.000.000 de patrimonio, sí, salvo que tenga una sola propiedad y de uso propio y permanente, que en ese caso puede llegar a $ 18.000.000.- de mínimo no imponibl . La tierra más fértil del mundo no paga el impuesto nacional al patrimonio, y al que se está haciendo o hizo una casa, se le suma el valor del terreno a la construcción y supera el mínimo no imponible, por lo que paga el tributo.

Arcor SA, se dedica principalmente a producir dulces, caramelos, chocolate y galletitas, con plantas industriales en Brasil, Chile, Perú y México, y oficinas comerciales en todo el mundo, pero su origen y principal sostén es el mercado interno argentino. Ante el descenso muy fuerte del consumo (para comprar arroz o fruta, una familia se priva de la golosina), cayeron las ventas y, como creían que Macri iba a estar por dos períodos y con un tipo de cambio atrasado por el carry trade, se endeudaron en Obligaciones Negociables por más de 500 millones de dólares. La devaluación de más del 100% hace que su patrimonio neto (como diferencia entre Activos y Pasivos) sea el equivalente a 199 millones de dólares. A su vez debe abonar los intereses que pasaron de $2.000 millones en 2017 a más de $13.000 millones este año.

La combinación de menores ventas e incremento de la deuda hace que la empresa deba, aunque su presidente, Luis Pagani [4], lo niegue, presentar una reestructuración de su pasivo a través de un acuerdo preventivo extrajudicial.

 

 

Igual o peor le pasa al grupo Grobocopatel. En 2010 sembraron 86.000 hectáreas en la Argentina, 90.000 en Uruguay y 60.000 en Brasil. La mayor parte de esas tierras son arrendadas. Los Grobo, que almacenan semillas y proveen de insumos y su financiación a otros productores, también creyeron en el carry trade y en Macri y se financiaron endeudándose en dólares. La devaluación, la baja en el precio de la soja —su principal cultivo— y la sequía hacen que presenten fuertes pérdidas operativas. En el Balance Anual que cerró el 30 de junio de 2018, la pérdida fue de $ 1.514 millones, que se acumula a las deudas preexistentes y totalizan $ 2.249 millones abajo. El pez más grande se come al más chico y en el sector actúan corporaciones internacionales que desplazan a los ingenieros de Carlos Casares.

 

La historia oficial tiene quién la escriba

Para no tener dudas de que existe ese alguien que dirige los pasos de este país (e imaginamos dónde nos conduce), en el mayor de los silencios, el 9 de noviembre de 2018 ingresó a la mesa de entrada de Diputados el Proyecto de ley 7073-D-2018, firmado por el Presidente del Bloque de Cambiemos, Nicolás Massot; por el Presidente del Bloque de la UCR, Mario Negri; y por los diputados Marcos Lavagna (del bloque Renovador de Sergio Massa) y Diego Bossio (del bloque Federal de los gobernadores). Se le dio excepcional tratamiento exprés, por lo cual pasó directamente a una sola comisión, la de Comercio, donde la mayoría de sus miembros pertenecen a la Alianza Cambiemos, y no fue girado ni a la Comisión de Asuntos Constitucionales ni a la de Libertad de Prensa, cuando se trata de la modificación de la ley 26.736 de papel para diarios.

Esa ley fue promulgada el 27 de diciembre de 2011. Para defender a los pequeños periódicos y semanarios de todo el país contra los dos grandes beneficiados por Papel Prensa en la dictadura militar, los diarios Clarín y La Nación, declaró de interés público y determinó el control parlamentario y el marco regulatorio de esa producción, estableciendo un precio único para todos los compradores de papel de diario, a la vez que estipuló cuánto se importa y, fundamentalmente, la participación estatal en Papel Prensa.

También obtuvo dictamen y se debería tratar el 21 de noviembre, pese al airado rechazo de los diputados del Frente para la Victoria, máxime cuando el diputado del PRO, Luciano Laspina, dijo que la ley actual era ideológica y contra Clarín y que ellos no tenían porque prestarse a esa pelea, por lo que ponían en la misma condición a todos (es decir a Clarín y a la Nación con los demás periódicos, incluso los de barrios y localidades donde no llega internet). Papel Prensa le venderá a Clarín y La Nación a precio preferencial. A los demás les fijarán un precio mayor o les dirán que no tienen existencias porque no tendrán obligación ni cuotas para producir, ni para vender.

En forma no menos subrepticia fue introducido en el dictamen de Presupuesto de la Administración Nacional el artículo 91, que les permite a todos los medios de comunicación computar las contribuciones patronales sobre la nómina salarial del personal como crédito fiscal del IVA. El artículo no se discutió en la Comisión, dado que se lo dieron a conocer por mail a los diputados que no son de la alianza Cambiemos a las 21 horas del día anterior a la sesión. Así Clarín y La Nación, que tienen un importante número de trabajadores, descuentan del pago del IVA (diferencia entre el IVA compra y el IVA venta) lo que pagan de aportes patronales.

 

Conclusión

Grandes corporaciones y grandes intereses conforman ese alguien que conduce este proceso.

Pero como dijo una vez el Presidente Arturo Illia: “No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender”.

 

 

[1] Cerró las plantas de La Pampa y de Catamarca, redujo personal en Corrientes y en
Florencio Varela en el Gran  Buenos Aires.

[2] Según datos de las Naciones Unidas (ONU), para  el año 2050 la población mundial 
alcanzará los 10 mil millones de personas, lo que incrementará la demanda de alimentos
por lo que la seguridad alimentaria se convertirá en uno de los principales desafíos
globales.  Y la ONU afirma: “Latinoamérica es la región idónea para impulsar la 
innovación y el avance de la agricultura por contar con una amplia extensión 
territorial, disponibilidad de agua en la mayor parte de la región y baja densidad 
poblacional. Sin embargo, es vital crear las condiciones y erradicar las barreras 
competitivas referentes al clima de negocios, inseguridad jurídica e infraestructura”.  
Más claro, agua.

[3] Es la empresa de la República Popular China que compró Nidera y Noble grain.

[4] Es hijo del fundador, Fulvio Pagani, quién comenzó a producir y vender caramelos 
en Arroyito- Córdoba, en el año 1951

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