Alertas rojas

 

En 1994, Dan Baum logró ubicar a John Ehrlichman, ex asesor del Presidente Richard Nixon (1969-1974), mientras investigaba para su libro sobre la prohibición de las drogas. Al inicio de la entrevista, Ehrlichman fue directamente al grano: “¿Usted quiere saber de qué se trató realmente todo eso [guerra contra las drogas]?”. Sin esperar respuesta, se explayó: “La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después de eso, tenía dos enemigos: la izquierda antiguerra y la gente negra. ¿Usted comprende lo que estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos ilegalizarlos tanto por estar en contra de la guerra [de Vietnam] o por ser negros, pero al lograr que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar ambas fuertemente, podríamos desorganizar esas comunidades. Podríamos arrestar sus líderes, allanar sus casas, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que lo hicimos”.

Años más tarde, Ronald Reagan (1981-1989) decidió, a través de la Orden Ejecutiva N.º 221/1986, que las drogas constituían una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. ¿Por qué dio ese paso? La doctrina de guerra revolucionaria francesa que se fue instaurando en la Argentina a partir de 1955 y la doctrina de seguridad nacional desde 1966 [1] (progresivamente) permitieron a los Estados Unidos que las Fuerzas Armadas latinoamericanas se subordinaran a los intereses de esa potencia en el marco de la Guerra Fría (1947-1991); tal como sostuvo por entonces el ex secretario de Defensa estadounidense, Robert McNamara (1961-1968): los militares nativos debían constituir Small Armed Forces que respondieran a los intereses de ese país en la región. Entonces, finalizada la Guerra Fría, la “guerra contra las drogas” fue un instrumento para mantener conectadas las “clavijas” estadounidenses —parafraseando al ex canciller argentino Dante Caputo (1983-1989)[2]— sobre las Fuerzas Armadas de la región: bajo el paraguas de las nuevas amenazas entre 1991 y 2001 —y desde entonces—, poniendo el énfasis en el narcotráfico, el crimen organizado, los desastres naturales y el terrorismo islámico. Como sostuvo Luis Saint-Pierre, el eje de disputa, que durante la Guerra Fría (1947-1991) había sido Este-Oeste, pasó a ser Norte-Sur [3], donde América Latina —“los bárbaros del exterior”[4]— contaminaba con las drogas a la juventud blanca anglosajona protestante (WASP).

Tanto desde la academia como por parte de diferentes actores políticos —como el ex Presidente de Colombia Juan Manuel Santos (2010-2018)— se ha señalado que la guerra contra las drogas ha fracasado luego de 50 años y que hay que buscar otros enfoques. Pese a ello, cada tanto estas oleadas fracasadas de militarización de lucha contra el narcotráfico inundan los medios en la Argentina.

En lo que sigue, desarrollamos cuatro alertas rojas para prevenir y evitar el empeoramiento de la problemática del narcotráfico.

 

 

Tres alertas rojas

En el año 2000, el Ministerio de Justicia de los Países Bajos y la Europol presentaron un proyecto que fue financiado por el Programa Falcone de la Comisión Europea para identificar y prevenir aquellas oportunidades que facilitaran en la Unión Europea los delitos transnacionales [5]. El proyecto concluyó con cuatro informes nacionales y sesenta estudios de caso. El Ministerio de Justicia del mencionado país también solicitó a los Departamentos de Criminología de la Universidad de Rotterdam y de la Universidad de Vrije de Ámsterdam que se redactara el informe final, basándose en los informes nacionales, que se mantuvieron reservados, de los Países Bajos, Italia, Hungría y Finlandia, el cual había sido publicado en el año 2003.

La investigación encontró que existen interfases —en adelante, alertas rojas— entre el crimen organizado [6] y las actividades legales que facilitan el desarrollo del primero. La acción preventiva del Estado debe actuar sobre estas alertas rojas y evitar de esa manera que los delitos transnacionales prosperen. Esas alertas rojas son:

1. La demanda de bienes y servicios ilegales. Debe tenerse presente que la demanda tiende a ser inelástica —es decir, que esta no varía si sube el precio—. Por ello, los autores sugieren que las medidas que se pueden tomar para reducir son las campañas de prevención en los medios de comunicación y en el sistema educativo, entre otras, para desalentar la demanda.
2. Los facilitadores son personas cuyo conocimiento y/o habilidades son demandadas por los criminales porque permiten el desarrollo de sus actividades ilícitas. La investigación europea encontró que entre los facilitadores más demandados se encuentran funcionarios públicos (desde integrantes de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial hasta policías), abogados, contadores, financistas y empresarios. En lo que respecta a las políticas públicas que se pueden implementar destacan el fortalecimiento del Estado, su Administración pública, y la calidad y bienestar de los funcionarios en particular (salarios, beneficios sociales, etc.); facilitar que abogados y contadores puedan denunciar a sus clientes si se consideran involucrados en actividades ilegales; y exclusión de empresas sospechadas de estar involucradas en actividades ilícitas de las licitaciones con el Estado o que estas sean auditadas por el Estado antes de participar de una licitación estatal.
3. Los criminales utilizan también la infraestructura asociada a las actividades legales. La investigación destacó al sistema financiero formal; instituciones financieras no bancarias (Western Union, hawala, hundi, chiti banking, entre otros); facilidades de transporte, y documentos oficiales (pasaportes, actas de nacimiento y casamiento, entre otros).

En línea con lo ya sostenido por Manuel Castells, el lavado de dinero es la madre de los delitos transnacionales [7]. Entonces, se trata de contar con una legislación e instituciones estatales (como la UIF, la AFIP) eficientes y eficaces para prevenir el lavado de activos, el resguardo de documentación oficial y el control de las principales vías de circulación de bienes y servicios legales (hidrovías, rutas, puertos, aeropuertos) porque, tal como sostiene Mats Berdal [8], la amenaza es un contenedor: la globalización ha impulsado la “contenerización” del comercio internacional. Allí por donde circulan los bienes y servicios legales también lo hacen las drogas. En otras palabras, es un error creer que no hay una conexión entre las actividades legales e ilegales: la primera facilita la segunda, están íntimamente relacionadas [9].

Podrá haberse percatado el lector hasta aquí que los autores no mencionan a las Fuerzas Armadas y que son textos que ya, desde el principio del siglo XXI, alertaban sobre el fracaso de la militarización y que debían adoptarse otras medidas.

 

 

La cuarta alerta roja

La cuarta alerta roja es la militarización de esta problemática y es la propuesta que impulsa los Estados Unidos en América Latina y que muchos países de la región han adoptado, sin resultados positivos.

En nuestro país, una vez más, el ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron el envío de tropas de las Fuerzas Armadas a Rosario en el marco del artículo 27 de la Ley N.º 24.059 de Seguridad Interior, es decir, para prestar apoyo logístico (transporte, ingenieros, etc.). Asimismo, informaron que el gobierno propondría una modificación a dicha ley para que los militares puedan realizar “tareas de patrullaje, control de personas y de vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediata intervención al juez y al fiscal interviniente para dar las máximas garantías” . De esta manera, el gobierno evitaría declarar el estado de sitio en Rosario y desplegar tropas de combate, como ya prevén los artículos 31 y 32 de la citada ley. También desentierran el concepto de “narco-terrorismo” para justificar la modificación propuesta y aplicar la Ley Antiterrorista. Recordemos que el concepto señalado ut supra es una construcción analítica a la que recurrió Colombia para utilizar el financiamiento del Plan Colombia, destinado a la lucha contra el narcotráfico, para también combatir a las organizaciones armadas.

Pese a que no existe ningún caso empírico exitoso en el mundo de utilización de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico e incluso los Estados Unidos, que de acuerdo a su marco legal —la Posse Comitatus Act de 1878 (Ley de Defensa)— no puede utilizar a sus FF. AA. en seguridad interior, el gobierno nacional insiste, como durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) y como durante los años ‘90, en degradar las Fuerzas Armadas, utilizándolas como Crime Fighters —concepto de Juan Gabriel Tokatlian— y/o Small Armed Forces.

Además de la degradación de sus FF. AA., ¿qué pasó en aquellos países que recurrieron a estas? La literatura académica indica que los homicidios aumentan porque la demanda es inelástica y, en consecuencia, baja la calidad de las drogas y aumentan los precios de aquellas sustancias que conservan su calidad. Esto torna al mercado de drogas más atractivo y, así, más organizaciones criminales quieren participar del negocio, dirimiendo sus conflictos de manera violenta. En efecto, estos son los niveles de violencia a los que han llegado algunas ciudades de América Latina en el año 2022: Colima (México) 181,94; Zamora (México) 177.73; Ciudad Obregón (México) 138.23; Zacatecas (México) 134,62; Tijuana (México) 105,12 (…) Acapulco (México) 65,55; Mossoró (Brasil) 63,21. La tasa de homicidio cada 100.000 habitantes en Rosario fue de 19,84 en el año 2023, de acuerdo con la provincia de Santa Fe, frente a los 22,01 del año 2022.

 

 

Un acto suicida

Cada muerte es dolorosa y los tres poderes del Estado, en sus tres niveles, deben ocuparse de diseñar e implementar políticas que apunten a solucionar esta problemática. Además de los datos, el diseño de políticas debe tener presente cómo viven a diario los habitantes de Rosario. Sin embargo, la propuesta de utilizar las Fuerzas Armadas las destruirá y aumentará la cantidad de homicidios en la ciudad.

Además de las medidas propuestas por los investigadores, que se discuten desde principios del siglo XXI y aun antes, debe implementarse un enfoque integral de largo plazo con resultados de corto plazo: el despliegue de las fuerzas de seguridad federales solo atiende este último aspecto, pero si se sigue actuando sobre los escalones más débiles de la cadena del narcotráfico, los resultados seguirán siendo los mismos. Si el Poder Judicial solo condena únicamente el 2% de las causas de narcotráfico, de acuerdo a un Informe del Ministerio de Seguridad durante la anterior gestión de Patricia Bullrich, es que las capacidades de inteligencia e investigación criminal no funcionan o están corrompidas. Si esto último es así, como sostiene Mónica Serrano, declararles la guerra, “¿podría considerarse como un acto suicida?” [10].

 

 

 

[1] Pontoriero, Esteban Damián (2022). La represión militar en la Argentina (1955-1976). La Plata: Universidad Nacional de La Plata-Universidad Nacional de Misiones-Universidad Nacional de General Sarmiento.

[2] Eissa, Sergio (2015). ¿La irrelevancia de los Estados Unidos? La política de defensa argentina (1983-2010). Buenos Aires: Arte y Parte.

[3] Saint-Pierre, Luis (2003). “Una reconfiguración de las 'Nuevas Amenazas': de la subjetividad de la percepción a la seguridad cooperativa”. En López, Ernesto & saín, Marcelo (Comp.). "Nuevas Amenazas". Dimensiones y perspectivas. Dilemas y desafíos para la Argentina y el Brasil. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes.

[4] Castells, Manuel (1997). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Madrid: Siglo Veintiuno.

[5] Utilizamos el concepto de “delitos transnacionales” porque este puede estar organizado o no.

[6] Se investigó puntualmente el narcotráfico, el tráfico de personas (prostitución y trabajo esclavo). En adelante, haremos referencia al narcotráfico.

[7] Castells, Manuel (1997), Op. Cit.

[8] Berdal, Mats & Serrano, Mónica (2005), “Crimen transnacional. Organización y seguridad internacional: la nueva topografía”. En Berdal, Mats & Serrano, Mónica (Comp.). Crimen transnacional organizado y seguridad internacional. Cambio y continuidad. México: Fondo de Cultura Económica.

[9] Naím, Moisés (2006). Ilícito. Como traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

[10] Serrano, Mónica (2005), “Crimen transnacional organizado y seguridad internacional: cambio y continuidad”. En Berdal, Mats & Serrano, Mónica (Comp.). Op. Cit.

 

 

 

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