Alerta jubilados
El modelo ataca de nuevo: los dramáticos 150 pesos/dólares de los ‘90, al alcance de la mano
Hace pocos días Máximo Kirchner dijo: gobernar es complejo y difícil, hay que elegir con qué sector se tensiona. Quisiera saber por qué este gobierno elige tensionar con los sectores más débiles. Esa duda nos abraza con naturalidad a todos aquellos que pretendemos vivir en un mundo más igualitario, democrático y progresista. Una respuesta atinada, me atrevería a decir, es que la elección de “tensionar con los más débiles” se condice con la elección del modelo aplicado, porque Mauricio Macri, en definitiva, no es más que la cara del más crudo modelo neoliberal. Mejor dicho, hoy es Macri pero detrás de él y “del mejor equipo de los últimos 50 años” hay cientos haciendo cola para reemplazarlo. Por ello, de lo que nos tenemos que defender es, ahora, de Macri, pero también de aquellos que acechan desde lugares impensados, de manera que si Macri declina, el modelo se mantenga.
En materia económica existen dos herramientas importantes para redistribuir el ingreso nacional, es decir la riqueza generada por todos los habitantes de un país: el salario y la seguridad social. Así como una mayor participación del salario impulsa una distribución más equitativa de la renta nacional, una mayor cuantía de las prestaciones que perciben los jubilados y pensionados —titulares de pensiones no contributivas, de asignaciones familiares y de la asignación universal por hijo— van en el mismo sentido. Por el contrario, cuando se achica el salario y se reducen las prestaciones de la seguridad social se produce una fuerte concentración de la riqueza en los sectores de mayor capacidad económica.
Desde el colapso del neoliberalismo en el año 2001 hasta diciembre de 2015, nuestro país vivió un paulatino proceso de redistribución de la riqueza nacional. Eso fue posible por el fuerte crecimiento del salario a partir de la aplicación anual de paritarias libres y por el papel relevante otorgado por la política al sistema de seguridad social, cristalizado en la expansión de la cobertura previsional a partir de la implementación de moratorias y “planes de inclusión” para quienes fueron víctimas de las políticas laborales erráticas aplicadas desde los ‘90 –flexibilización laboral, retiros voluntarios, modalidades contractuales exentas de aportes, entre otros etcéteras—. También fue posible por el incremento del poder adquisitivo de las prestaciones a partir de la implementación de la ley de movilidad previsional de 2008.
A partir de la reinstauración del neoliberalismo con el triunfo electoral de Cambiemos, esa tendencia se invirtió: dio inicio a un proceso regresivo de transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los poderes concentrados de la economía.
Ese proceso comenzó a instancias del Banco Mundial con la llamada ley de “reparación histórica”, que prometió terminar con el problema de la litigiosidad del sistema, beneficiar a 2,4 millones de beneficiarios y resolver 100.000 sentencias por mes. Al 25 de abril de 2018 –21 meses de dictada la ley—, según un informe publicado en la intranet de ANSES, 268.716 casos cuentan con la homologación requerida por ley, lo que arroja un promedio mensual de 12.796 casos, bastante lejos de los 100.000 prometidos. El informe también menciona que han aceptado la reparación histórica 858.834 personas, pero si se suman todos los casos identificados en el informe, el número real de aceptaciones es de 761.855. Aparentemente el informe tiene inconsistencias importantes: se perdieron por el camino casi 100.000 personas.
Es importante destacar que toda esta “truchada” configuró motivo suficiente para eliminar los planes de inclusión jubilatoria, implementando en su reemplazo una denigrante Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que no sólo paga una prestación del 80% de la jubilación mínima y corre la edad de las mujeres más vulnerables a 65 años, sino que no genera derecho a pensión al compañero o los hijos menores a cargo o discapacitados en caso de muerte del titular. También fue la excusa para avalar un vergonzoso blanqueo de capitales para los amigos y parientes del poder, de los que Horacio Verbitsky ha dado suficiente testimonio. Por otro lado, también sirvió para hacer los resonantes negociados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), como lo fue el acuerdo con Qatar, la compra de LEBACs con la intermediación (comisión mediante) del amigo “Toto” Caputo, los negociados con la venta de acciones de Pampa Energía, Cable Visión, etc. Y todavía queda la posibilidad que otorga la sancionada ley de Reparación Histórica de vender los activos del FGS, la pérdida de ingresos del sistema por el acuerdo con las provincias y otras penurias más. A todo esto hay que agregarle un tema que ha tenido poca repercusión pero que reviste enorme trascendencia: en este momento la Corte Suprema se encuentra analizando —a pedido de ANSES—, la posibilidad de aplicar a todas las sentencias la actualización prevista en la ley de reparación histórica. Si esto fuera avalado por la Corte significaría que aquellos que hicieron o hicieran juicio en el futuro, padecerán una perdida del orden de 60% de lo que les correspondería cobrar con la ley vigente. Lo que se dice un auténtico saqueo.
Luego de la reparación histórica, en noviembre de 2016, llegaron las cuatro recomendaciones del FMI plasmadas en su tristemente famoso “Recomendaciones del Artículo IV”: ir hacia un sistema de seguridad social sustentable, implementar el aumento de la edad de las mujeres, formalizar un cambio en la ley de movilidad jubilatoria y disminuir las jubilaciones futuras en un 20%. Tres de esas recomendaciones ya fueron cumplidas. El aumento de la edad de las mujeres —con la PUAM prevista en la ley de reparación histórica—, el cambio de la ley de movilidad y la disminución de la jubilación de los futuros jubilados, conocida como la Ley Pichetto y aprobada a los empujones en diciembre del 2017, con represión e histórica movilización del 21 de diciembre que la repudió de plano.
Aún resta implementar el primer punto de estas recomendaciones: la “sustentabilidad” del sistema, eufemismo que quiere decir que el sistema de seguridad social debe financiarse, exclusivamente, con aportes y contribuciones eliminando, en consecuencia, los impuestos con destino específico al sistema previsional. Para que el hombre y la mujer del común entienda lo que implica esto, corresponde señalar que el sistema de seguridad social se nutre hoy de $406 mil millones provenientes de impuestos, lo que representa el 34,5% de sus ingresos. Por lo tanto, en aras de alcanzar la supuesta “sustentabilidad”, debería disminuirse el “gasto” en un 34,5%. Eso se puede lograr de tres formas:
a) No dejando entrar a nadie al sistema;
b) Disminuyendo paulatinamente el poder adquisitivo de los beneficios y;
c) Las dos cosas a la vez.
Ese es el próximo capítulo del ajuste del sistema previsional, que no será otra cosa que más de lo mismo. Será más de lo mismo porque el ajuste comenzó el primer día del gobierno de Mauricio Macri: en estos 30 meses de neoliberalismo (o gradualismo como le gusta decir al gobierno), los beneficios de la seguridad social se incrementaron un 78% mientras que la inflación en el mismo periodo superó el 100%. Pero como si esto fuera poco, hay que computar la pérdida de ingresos indirectos, como lo eran los subsidios a las tarifas, que según la Universidad de Avellaneda pasaron de representar un 6% del salario mínimo a algo mas del 23%. Es decir, que sólo con estas dos cuestiones, sin contar el aumento indiscriminado de los medicamentos ni el incremento de la llamada “canasta del jubilado” que elabora la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en estos meses las prestaciones de la seguridad social perdieron más del 33% de su capacidad de compra.
Aun resta saber quién se hará cargo de la disminución progresiva de las cargas sociales impuesta por la reforma impositiva de fines del 2017. También se desconoce cómo terminará el frenético endeudamiento de los beneficiarios a través de la tarjeta Argenta. Pero sí puede afirmarse que a esta altura la jubilación mínima, que en 2015 alcanzó el récord de los 505 dólares, hoy representa 305 dólares. Y si estos ajustes siguen al mismo ritmo, los dramáticos 150 pesos/dólares de los ‘90 están al alcance de la mano.
El Gobierno ha manifestado que el FMI no impondrá como condicionante del acuerdo un plan de ajuste para el sistema previsional. Dicen que acompañará las políticas que se vienen aplicando en esta materia. Esto significa que es la primera vez que el Gobierno es sincero en sus dichos ya que el ajuste operado sobre el sistema de seguridad social ha sido de tal magnitud que creo que superó incluso las expectativas del FMI. En todos los años que la vida me ha dado no he visto semejante ajuste. He estudiado nuestro sistema previsional y el de nuestros hermanos latinoamericanos en profundidad y no encuentro parangón con el ajuste que ocurre en esta materia en la Argentina actual. Si no ha habido una crisis humanitaria de mayor envergadura se debe a que el nivel de las prestaciones de 2015 eran récord en nuestro país.
De todas maneras, creo que lo peor es lo que está por venir. El regreso al FMI será el pretexto perfecto para hacer el ajuste final.
Mucho se ha hablado de la grieta. Tengo el convencimiento que la verdadera grieta es entre aquellos que creen que el ajuste lo deben pagar los que menos tienen y aquellos que soñamos con una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Hace más de 70 años que la seguridad social fue incorporada como derecho humano en el artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y sin embargo son las grandes potencias, aliadas a las desalmadas burguesías nacionales, las que impulsan a vulnerar sistemáticamente ese derecho en los países periféricos. A pesar de ello tengo la esperanza de que la resistencia popular no permita avanzar o frene el atropello, porque no hay que olvidar que el límite del ajuste lo ponen los ajustados. Deseo también una oposición responsable, no para votarle todo al gobierno, sino responsable con sus conciudadanos que ponga límites al neoliberalismo y defienda el interés de los más vulnerables, que no tienen voz. El 21 de diciembre de 2001 y el mismo día de 2017 fueron un claro ejemplo de que es posible lograr un país con justicia social. Nuestro país ha dado claros ejemplos del poder de la movilización popular, por la que han dado la vida muchos mártires. Ojalá estemos a la altura de ellos.
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