Alambrados

 

El juez Juan Pablo Auge tomó declaración indagatoria a Facundo Melo, el primero en la lista de 24 imputados citados por segunda vez en la causa de espionaje político de la Agencia Federal de Inteligencia. La lista incluye a los agentes de la Super Mario Bros, a los ex funcionarios de Casa Rosada, Susana Martinengo y Dario Nieto. Y cierra el 10 y 11 de octubre con el ex director de la AFI, Gustavo Arribas y la ex subdirectora, Silvia Majdalani. Esa línea que impacta directo sobre el vértice del organismo es un símbolo del cambio drástico que dio la investigación tras la salida del juez federal Federico Villena. Hasta entonces, los dos directores habían sido eludidos con un juego de carambolas que encontraba en las figuras de Martinengo y Nieto el modo de dirigir las flechas a la Rosada.

Auge difundió el jueves un escrito de 139 páginas con descripción de unos veinte hechos e imputados, en línea con los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. En esas páginas volcó argumentos centrales que inscriben las fechorías como parte de una institución con estructura “vertical” donde director y subdirectora eran “responsables institucionales” de una actividad que definió de espionaje sistémico y de contenido político.

“El conjunto de hechos mencionados fue realizado a partir de una estructura delictiva fundamentalmente vertical, que se valía de roles supeditados a distintas jerarquías”, dijo. “Se utilizó la estructura de la AFI para practicar espionaje político de un gran y variado número de personas, algunos opositores políticos al gobierno liderado por Mauricio Macri y otros pertenecientes a su misma bandera política; pero claramente esta actividad sistemática de espionaje de contenido político se realizó torciendo la razón de ser de dicha Agencia Federal”.

El escrito muestra lo que sucederá en esta etapa. Recupera la misma posición de los fiscales para evaluar un punto que pasó inadvertido: el rol de la coordinadora de mesa de entrada y del coordinador general de Asuntos Presidenciales, Martinengo y Nieto ya no en el centro de la escena , sino como canal “no menos importante” pero “subsidiario” o “secundario” en la transmisión de información. Esta descripción que rompe la lógica del satélite central de la Super Mario Bros alrededor de la cual orbitaban otros nombres, también incluye la responsabilidad de Mauricio Macri. Todavía no está definida. Pero empieza a ser apuntada no con relaciones subsidiarias, por lo menos no sólo, sino por su rol funcional con la AFI.

 

 

 

 

Uno en el Cinco y la Ocho

Silvia Majdalani aparece de manera constante en el escrito. El suyo es uno de los nombres más evocados por los espías. Es Silvia, la Turca, la Ocho o, incluso, La Patrona. Macri aparece evocado en esas mismas condiciones. Y fiscales y juez lo incluyeron. Es MM, el Hombre, el Uno o 1, en mensajes de chats con lógica de jefaturas nomencladas donde Cinco era Arribas y Ocho, Majdalani.

Un caso es el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones Martín Irurzun. A fines de 2018, los espías recibieron una delirante orden urgente. Les dieron la foto de un encuentro entre Irurzun y Fabián Pepín Rodriguez Simón. Todo esto se sabe. Ellos debían encontrar primero el bar, luego cámaras y finalmente al autor de la foto.  El ex Presidente estaba obsesionado, según declaró el entonces agente Emiliano Matta en el juzgado. Quería saber si en la reunión --que finalmente supieron se había hecho en la Confitería Farinelli, sobre la calle Bulnes al 2700--, había estado una tercera persona: el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz.

—Tenemos que encontrar este bar del video —dijo Alan Ruiz—. Máxima reserva. Una vez encontrado el bar, por lo poco que se puede ver en el video, la idea es preguntarle a los mozos o en zona, si alguien lo conoce.

Y dijo:

—Divídanse, es pedido del 1.

 

 

Pero ese es sólo un caso. La lista de víctimas incluye, se sabe, a Cristina Fernández y a Pablo y a Hugo Moyano con un énfasis que juez y fiscales describieron de “tal intensidad que se convirtió en una práctica cotidiana para la organización”. Y una serie de blancos que tenían como escenario de fondo la agenda electoral de 2019 detrás de cuyo interés, describieron los fiscales, sólo podían estar las máximas autoridades del país. Los seguimientos prohibidos a María Eugenia Vidal, Graciela Camaño, Luis Barrionuevo, Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, Nicolás Massot, el obispo jesuita Jorge Lugones y su hermano Luis, presidente del PJ de La Plata. O la Túpac Amaru con datos de alcoba, mostraba la preocupación de acercamientos políticos con espacios del panperonismo, incluido Sergio Massa y Moyano. Por fuera de ese universo, los casos son menos. Pero uno es el cuñado del presidente calabrés, otro italiano, pareja de Florencia Macri, el joven empresario Salvatore Pica.

Como se sabe, el seguimiento se hizo entre el 30 de mayo de 2018 y septiembre u octubre de ese año. Alan Ruiz trasmitió una orden al grupo de Leandro Araque, con un informe, el nombre de Salvatore, datos personales, bancarios, su filiación a dos empresas y perfil de Facebook. Un día más tarde, pasó entradas y salidas de Migraciones. Y luego un contacto con el arquitecto que dirigía una obra en la casa lindera de la pareja. Los espías usaron la casa para hacer fotografías. Antes de todo eso, Araque le preguntó a Ruiz por “este tema nuevo” y le pidió que hablara con “la Patrona” porque necesitaba más gente. Ruíz dijo todo que sí, pero que se apuren, porque era pedido del Presidente.

– Sí, si –dijo Ruíz—, voy a insistir con el tema de la gente, así ampliamos. Fíjense de darle prioridad a ver si tenemos que tirar información rápida, porque es pedido del hombre. Así que, denle prioridad.

Y siguió:

–Cualquier cosa hablá con la gente, le metemos un recargo, pero dediquémonos a full ahora.

–Sí, amigo –dijo Araque—. Ya empezamos con lo básico. Damos prioridad.

Tan sintomático fue el pedido que los espías pusieron reparos. Los fiscales tomaron declaración a Jorge Ochoa, un analista que cuando supo quién era el espiado, pensó distintas hipótesis. “Vemos que era familiar del Presidente y nos ponemos a pensar por qué pedían investigar y trabajamos en función de algún peligro en la investidura presidencial”, dijo. “Presentamos hipótesis tales como relaciones con algún servicio extranjero, vender información, llegamos a pensar que como la familia Macri tuvo negocios con China podrían tener problemas con la mafia china o similar. Lo presentamos como hipótesis, no encontramos nada, pero eso produjo alguna cosa rara porque tuvimos un periodo freezados”.

El caso y su posible impacto en Mauricio Macri ya había sido marcado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Pero ahora es una de las razones por las que la investigación mira las 641 páginas del procesamiento de Norberto Oyarbide a Mauricio Macri, año 2010, escuchas ilegales. Detrás de esas páginas, buscan una historia: patrones. Aquello que no pudo establecer Sebastián Casanello en 2015 cuando quitó el procesamiento al recién electo Presidente, ahora tiene una chance. En este expediente como en aquel se usaron las escuchas para hacer espionaje dentro de la cárcel. Pero el procesamiento también tiene un dato por ahora llamativo, el nombre de una agente de la Policía Metropolitana llamada Cecilia Padilla. Padilla es la esposa de Leandro Araque. Y justo fue el hilo de un expediente a través del cual se llegó en esta causa al celular de Araque.

 

 

 

 

La batalla de los teléfonos

Melo declaró en una audiencia de 35 minutos vía zoom. Es abogado, era agente orgánico de la AFI, su participación en esta causa incluía inicialmente desde la intervención para colocar una bomba en la puerta de la casa de un ex funcionario, seguimientos a Cristina Fernández y otros siete casos. El tramo de la bomba pasó a Comodoro Py. Pero el viernes Melo aprovechó la cámara para discutir todo. Negó la bomba, dijo que nunca en su vida vio al narco Sergio Rodríguez alias Verdura, dijo por qué lo decía, describió su despacho y lo comparó con la declaración de Rodríguez. Finalmente admitió que todo lo que sí hizo en el marco del espionaje lo hizo porque existía cadena de mandos y una orden que suponía legal. El punto interesante de la audiencia fue su defensa: por primera vez atacó el corazón de las pruebas, la cadena de custodia de los celulares.

 

 

Hoy los fiscales tienen 158 teléfonos para peritaje. Uno es suyo. Y la causa tiene entre las pruebas más importantes el teléfono de Leandro Araque de donde salió la mayor parte de los chats, grupos de espías y audios. El teléfono estaba secuestrado en otra causa. Lo llamativo del argumento de Melo es que empieza a mostrar una coordinación en las defensas: es el mismo eje que discute Darío Nieto.

Esta semana declararán tres agentes. Mañana lunes, Leandro Araque; el martes 8 lo hará el Turco Jorge Sáez y el miércoles 9, Emiliano Matta. Los dos primeros pondrán en escena a Susana Martinengo. Ellos la visitaban en La Rosada.

 

 

 

Se llaman tormentos

Mientras tanto, hay otros dos tramos conexos. La causa del Instituto Patria está a la espera de resolución de la Cámara Federal de La Plata. Si la Cámara confirma los procesamientos a Majdalani, Arribas, Ruiz y Martín Coste, habrá una señal, y los fiscales van a avanzar sobre el área de Jurídicos de la AFI, el universo de Juan Sebastián De Stéfano desde donde se fraguaron actas para ocultar el espionaje del Patria en una supuesta causa legal. La tercera causa conexa es el espionaje a las cárceles, aún en etapa de colección de pruebas, declaración de víctimas y del Servicio Penitenciario Federal. Allí el defensor de Amado Boudou, Alejandro Rúa, presenta todos los días un escrito porque quiere de manera urgente acceder a los videos en bruto que durante dos años grabó el Área 50 de Inteligencia en el penal de Ezeiza.

A través de los testimonios de agentes de la AFI en la Comisión Bicameral, Rúa hoy sabe que esas grabaciones iban a la Agencia Federal. Así, la Agencia no sólo procesaba información de los teléfonos públicos del penal con una intervención ordenada por el juez Federico Villena en el marco de una supuesta fuga. A la AFI también le llegaba el material del Área 50: cámaras y micrófonos. Eso es una novedad. ¿Pero a dónde llegaban?

La AFI tenía dos áreas de transcripciones. Una legal en Contra-Inteligencia y otra aparentemente destinada a las operaciones encubiertas en la Base 95 de Villa Martelli, con dependencia de Jurídicos. Eso se fue sabiendo en estos meses. Luego de leer expedientes y declaraciones, Rúa está convencido de que las grabaciones de teléfonos y de cámaras en Ezeiza fueron a parar a Jurídicos. No es un dato menor. Plantea que la información se usaba como instrumento de tormento: no sólo para monitorear el fantasma de acuerdos políticos entre los presos como dijo Ruíz, sino para quebrar a los detenidos con el objetivo de hacerlos declarar contra su voluntad en causas que alimentaron la denominada guerra contra la corrupción. El cotejo de los videos en bruto con los expedientes judiciales puede arrojar datos en esa dirección. Y la presentación en la causa de la Comisión Provincial por la Memoria como querellante debe leerse en esos términos.

 

 

 

 

557 CD de la AFI

En esa agenda avanza también la Bicameral de Inteligencia. Tiene en análisis 30 expedientes de la AFI tramitados con la lógica de pre-causas, en ellas está la intervención telefónica a Oscar Parrilli sostenida durante un año porque no podían intervenir directamente a Cristina Fernández. La intervención que se inició tras el cambio de gobierno de diciembre de 2015 fue el origen de la filtración del soy, yo, Cristina, pelotudo. Esta semana, ademas, ingresó la agenda de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (DaJuDeCo). La Bicameral recibió un listado de 73 causas judiciales con intervenciones telefónicas donde la AFI hizo transcripciones.

• 56 causas ya fueron remitidas,
• 5 magistrados se negaron a hacerlo,
• 12 aún no contestaron.

El presidente de la Comisión, Leopoldo Moreau, va a insistir con los pedidos. Si los jueces no habilitan el acceso a las causas, hará una presentación en el Congreso.

 

 

 

 

Entre los informes de la DaJuDeCo está la intervención a los teléfonos públicos del penal de Ezeiza, ordenada por Villena y transcripta por la AFI. Tema central en esta etapa. Ya no sólo por el espionaje o los tormentos sino porque está vinculada a la Operación PUF, la difusión de diálogos entre detenidos, amigos y abogados cuando estallaba el caso D'Alessio que buscó detener la investigación y quitarle la causa al juez Alejo Ramos Padilla.

Según los papeles de la DaJuDeCo, la intervención duró más de dos años: empezó el 11 de agosto de 2017 y concluyó el 24 de febrero de 2019. Primero sobre 13 abonados y luego sobre 28, incluidos los teléfonos del Pabellón del IRIC en Ezeiza donde estaban los detenidos encuadernados. En ese período, se generaron 557 CD. Hasta el 14 de febrero de 2019, los CD iban de la DaJuDeCo a la AFI a pedido de Villena. Cuando saltó el Operativo Puf, Villena retiró a la AFI del circuito. La intervención continuó diez días, y cesó. Los papeles ahora muestran esa historia. A Claudio Bonadío pidiendo los audios. Los 40 discos que se llevó. Y Villena firmó la autorización para que los retirara, aunque no correspondía con una resolución que no quedó registrada en el expediente.

 

 

No sólo Segovia

Finalmente, la Comisión también empezó a tomar declaración a ex directores del SPF. El jueves pasó la directora del penal de Ezeiza entre 2018 y 2019, Sonia Alvarez. Y el jefe de Seguridad, Lafuente. Ambos habían declarado en Lomas. Diputados y senadores preguntaron por la circulación de funcionarios entre detenidos, preguntaron si dejaban o no dejaban registros y por el monitoreo a celdas y áreas compartidas. Sonia Álvarez dijo que jamás, en sus 29 años de servicio, vio una orden judicial que habilite una cámara de vigilancia en una celda hasta el caso Segovia. Y Lafuente no vio ni supo nada, pero mencionó al entonces director de Inteligencia, Cristian Suriano. Dijo que Suriano le mostró imágenes de Segovia en una cámara. Y le dijo: Lo estamos mirando. Moreau enseguida preguntó, el dato importante.

–¿Usted dice que Segovia ya estaba en el módulo del IRIC?

–Sí –dijo Lafuente—. Estaba ahí.

–Para nosotros es un dato muy importante –dijo Moreau—. Al estar en el módulo del IRIC, obviamente no lo estaban monitoreando a él solo.

Lafuente respondió:

–No sabría decirle.

Pero Moreau tuvo lo que buscaba. No sólo monitorearon a Segovia.

 

 

 

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