Bajo el ala del águila americana
Los riesgos de subordinarse a los intereses de los más poderosos
La tragedia del submarino San Juan desató y estimuló un debate sobre la situación de las Fuerzas Armadas y la defensa nacional. Como suele suceder, hubo y hay de todo como en botica. Algunas problemáticas que vienen de arrastre, como la deficiencia presupuestaria que aqueja a las instituciones castrenses, la pérdida de capacidades propiamente militares por la que atraviesan desde hace tiempo y la inusual estructura de personal a las que arribaron, son algunas de las temáticas que se menean. Otras, como la fusión de las funciones de defensa nacional y seguridad pública —es decir, la inadmisible confusión entre soldados y policías—, así como la pretensión de una participación de esas debilitadas fuerzas armadas en la guerra contra el terrorismo internacional, han procurado ser colocadas en la discusión con el propósito de hacerlas avanzar luego de sucesivos fracasos.
El gobierno nacional, más allá de lo que alcanzaron a expresar sus voceros oficiales u oficiosos en dicho debate, dio la nota recientemente al presentar un proyecto de reforma de las Fuerzas Armadas un tanto desconcertante. Está dirigido en particular a la modificación de la Ley de Personal Militar, no a la definición de una política de defensa. En sus considerandos indica que el principal instrumento militar es el personal y que es conveniente modernizar la carrera de los hombres de armas; pero además, como al pasar, agrega: “Constituye un objetivo prioritario del Gobierno Nacional la reconversión del Sistema de Defensa Nacional”. En tanto que su parte resolutiva dispone la creación de un “Grupo de Trabajo Ley de Personal Militar” que deberá preparar la propuesta de modificación antedicha; específicamente indica que impulsará a que las actividades militares no operativas sean prioritariamente cubiertas por personal civil; y menciona que la razón de ser de las Fuerzas Armadas es la enunciada en la Reglamentación de la Ley de Defensa Nacional.
Dos cosas merecen ser subrayadas. Primera: el gobierno dispone una reforma en el área del personal militar pero anticipa que apunta a la reconversión de la política de defensa, sin explicitar nada acerca de esto último, que debería servir de marco para cualquier iniciativa subordinada que se pusiera en marcha. ¿Carece la administración Macri de un encuadre político de la defensa? ¿Es una obviedad que no merece ni siquiera ser bosquejada? El asunto merodea lo confuso, pero no bien se mira se descubre un deliberado escamoteo: ir desarrollando las partes sin mostrar el juego de fondo; aplicar un gradualismo que opaque el contenido del objetivo final.
Segunda: el gobierno elude la mención de la Ley de Defensa Nacional al aludir a la función de las Fuerzas Armadas; y menta elípticamente tan sólo su decreto reglamentario. Como se sabe, la ley no comulga con la separación entre defensa y seguridad pública. Por eso elige entonces el desdén respecto de la norma mayor, de donde puede deducirse una intención a futuro: la derogación y/o reforma de esa ley.
Macri, sin embargo, ofreció varias entregas en las que puede inferirse cuál sería su orientación en términos de política de defensa. Dictó el decreto 228, el 22 de enero de 2016, que autorizó a la Fuerza Aérea a derribar aeronaves sospechosas y remisas a identificarse. (Léase básicamente avionetas del narcotráfico.) Violó de hecho las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior para “legalizar” la intervención de una fuerza militar en tareas de seguridad pública. Dio así un primer paso hacia la erosión de un plexo normativo básico de nuestra democracia: el formado por las dos leyes recién mencionadas, más la de Inteligencia Nacional.
Luego vinieron el acuerdo Macri-Obama firmado en marzo de 2016; sus declaraciones en el Día del Ejército (29/05/2016); el convenio establecido en diciembre de 2016, entre el Ministerio de Defensa argentino y ¡la Guardia Nacional del estado de Georgia (Estados Unidos)!, entre otras iniciativas. Todas dirigidas a pavimentar el camino hacia la colaboración con dicho país en materia de narcotráfico, lucha contra el terrorismo internacional, participación en misiones de paz en África, cooperación en materia de seguridad, asistencia en la Triple Frontera, etc.
Por otra parte, y como contracara, trata con displicencia a la Unasur y por tanto también a su Consejo de Defensa Suramericano y a sus dependientes Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa y Escuela Suramericana de Defensa.
El panorama se comprende mejor si se arranca de un punto de partida básico (tan elemental que a veces pasa desapercibido): para tener política de defensa nacional hay que tener primero una nación (o al menos un país), cosa que hoy no ocurre suficientemente en Argentina. De modo concomitante habría que tener también una lectura del estado del mundo y una posición acerca de cómo nos queremos vincular con el orbe, cosas que tampoco hoy ocurren de manera suficiente. De lo primero habla por sí misma la conferencia de prensa que dieron el pasado 28 de diciembre las máximas autoridades económicas gubernamentales. Aunque trataron de pasar gato por liebre, quedó claro casi para todos que había que cambiar el andamiaje económico-financiero puesto en marcha en diciembre de 2015, si se quería arribar a algún puerto. (Es decir, no quedar a la deriva.) Ausente la lluvia de inversiones externas anhelada por el Presidente, se hizo evidente que los fundamentos económico-financieros del modelo de desarrollo escogido había fracasado, y que sólo lo sostenía un creciente endeudamiento externo. La lectio mundi macrista, por su parte, no pasa de ser una réplica de la que se produce en los Estados Unidos (una mirada ajena, al fin), como lo muestra la vergonzosa votación de Argentina en la ONU sobre Jerusalén, última cuenta de una larga ristra. Y en términos de vinculación con el mundo, sólo aparece el deseo gubernamental de ser aspirante a socio de EE.UU. (La categoría aspiring partners se acaba de incluir junto a las tradicionales allies —aliados— y partners —socios—en la flamante Estrategia de Seguridad Nacional dada a conocer por el presidente Trump.)
Así pues, el escamoteo de definiciones, los quid pro quo y las ambigüedades contenidas en el decreto 228 comienzan a cobrar un sentido mayor. Lo que se busca en materia de defensa y Fuerzas Armadas son reformas que posibiliten remover obstáculos y permitan un reacomodamiento bajo el ala del águila americana, conforme a objetivos y decisiones que no pueden eludir alguna exhibición pero son inconfesables. Se procura recuperar una asociación con los Estados Unidos, sin que quede demasiado en evidencia la pérdida de soberanía que ello implica.
Todo indica que en el futuro inmediato veremos un progresivo compromiso con los desafíos definidos por la Estrategia de Teatro 2017-2027 (Theater Strategy) del Comando Sur, que hace centro sobre las redes de amenazas transregionales y transnacionales (T3Ns su acrónimo en inglés: Transregional and Trasnational Threats Network), que abarcan desde bandas ligadas al crimen organizado trasnacional hasta organizaciones extremistas como ISIS y Hezbollah. Como respuesta propone la creación de redes de trabajo con amigos y aliados que se interconecten en una red de redes, con el objeto de articular y facilitar el combate a esas T3Ns. Tampoco sería improbable que en este marco reverdezca la Junta Interamericana de Defensa y recuperen asiduidad las reuniones de los jefes de las Fuerzas Armadas, ahora con una tónica informatizada. La Estrategia de Teatro menciona también que la región enfrenta desafíos estratégicos presentados por China, Rusia e Irán, desarrollados a lo largo de la última década. También en este plano deberán funcionar como antídotos las redes amistosas y la red de redes.
Es difícil tener política de defensa con una nación (o un país) menguados. Bajo esta condición, la defensa nacional inevitablemente se degrada y tiende a asociarse de manera subordinada al interés hegemónico de terceros poderosos y a sus agendas y planes regionales.
Esto es lo que nos está pasando con Macri.
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