Al servicio de los negocios

 

Si la educación es un negocio infinito, constituirla en un servicio resulta fundamental. El primer paso es desterrar la palabra derecho, que está fuera del manual mercantil de quienes dirigen el país. Un proyecto de ley que va en este sentido ya recibió media sanción en Diputados el jueves y declara “la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar”. Pero lo que esconde está muy a la vista y es el deseo de impedir el derecho a huelga.

La media sanción se logró con 131 votos afirmativos conseguidos por la suma de diputados de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo y Buenos Aires Libre. Por el rechazo votaron 95 diputados del bloque de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda. En el debate en la Cámara de Diputados, Hugo Yasky señaló: “A un servicio se accede de una manera si uno vive en la opulencia y de otra manera si uno vive en la pobreza. Tenemos que luchar para que a la educación sea para todos por igual”. Remarcó que la solución es la inversión educativa. 

¿Qué implica convertir la educación en servicio esencial? “Es una forma de concebirla como una mercancía más. Así, alumnos, trabajadores, dejan de ser portadores de derechos”, responde la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, en diálogo con El Cohete.  

Sonia Alesso manifestó que no le sorprende un nuevo intento de regular el derecho a huelga enmascarado en un proyecto por quienes dicen interesarse por la educación: “Retrotrae a un proyecto que ya se hizo en la época del macrismo, también en los ‘90 y que también se hizo en la dictadura, que es el intento de regular las relaciones del trabajo y del derecho de huelga”. La también presidenta de la Internacional de la Educación por América Latina explica que “bajo ese título pomposo de declarar la educación como servicio esencial, lo que más plantea es la regulación del derecho de huelga. Desde el punto de vista legal es inconstitucional, viola la normativa nacional y viola los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que definen que los servicios esenciales son los que dependen de garantizar la vida de las personas, como el agua o guardias mínimas en los hospitales”.

En términos pedagógicos, Alesso señala que “frente a un gobierno que desde diciembre desfinanció la educación, cortó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), las partidas para infraestructura escolar, conectividad, Conectar Igualdad, orquestas infantiles, infraestructura escolar, partidas de comedores y copa de leche y una serie de partidas de formación y perfeccionamiento docente, hablar de declarar la esencialidad sin garantizar ni los salarios ni las condiciones mínimas para enseñar y aprender la verdad que parece bastante hipócrita”.

 

 

A la dirigente sindical santafesina le llamó la atención cómo, en el debate en la Cámara de Diputados, quienes impulsaron y acompañaron el proyecto mencionaban países como Alemania, Italia, Finlandia. “A esta gente hay que decirles que esos docentes ganan entre 2.000 y 3.000 dólares y que un maestro en Argentina —la media— gana entre trescientos mil y cuatrocientos mil pesos. El que más gana ronda entre quinientos y seiscientos mil pesos. Comparan con sistemas educativos en donde se prioriza el salario y las condiciones, donde existe la doble jornada; por ejemplo, en Finlandia, que fue un país mencionado —donde hubo paro hace poco—, si fracasa una política educativa, se echa al ministro, no castigan a los maestros”, precisa.

Sonia Alesso cuenta que mantuvo conversaciones con trabajadores de la educación finlandeses en el reciente Congreso Mundial de Educación, celebrado hace pocas semanas en la ciudad de Buenos Aires. “En Finlandia la educación es pública desde nivel inicial hasta la universidad. Los edificios escolares son bellos, confortables, propicios para trabajar. Los maestros trabajan doble jornada. Una frente a estudiantes, la otra para formación, capacitación, corrección de pruebas y atención de los alumnos. No trabajan doble o triple turno frente a los alumnos y cobran salarios miserables”.

 

 

Alesso explica el porqué de enumerar esos países como ejemplo por parte de los impulsores del proyecto: “Me parece que saben poco de lo que sucede en esos países. No conocen. Nosotros incluso nos ofrecimos a darles una normativa comparada cuando estuvimos en la comisión de Educación con Blanca Osuna y Germán Martínez de UP y legisladores del FIT, que solicitaron que nos permitieran hablar. No nos dejaron expresarnos”.

Otra irregularidad fue manifestada en la misma sesión que trató el proyecto. El diputado Sergio Palazzo dio cuenta de que no pasó por la comisión de Legislación del Trabajo y de que cuando se regula un tema que tiene que ver con la relación laboral debe pasar por la comisión de Educación, pero también por Trabajo. Alesso se preguntó: “¿Cómo van a garantizar una mejora de la educación sin que los maestros participen?” En ese Congreso de la Internacional de la Educación que se llevó adelante en Buenos Aires hace unas semanas, donde participaron docentes, pedagogos, y ministros de Educación de todo el mundo, en las conclusiones respecto a los temas para mejorar la educación “ninguno planteó la regulación del derecho de huelga”, subraya la dirigente gremial.

Sonia Alesso expresa fervientemente: “Para la Constitución nacional, para la Ley de Educación Nacional, la educación es un derecho que el Estado debe garantizar. El Estado nacional y los Estados provinciales en forma concurrente. Me parece que lo que hay detrás de este proyecto es un fundamento ideológico, porque lo que no quieren decir es que para ellos debería estar prohibido el derecho a la protesta en toda su dimensión y en todos los lugares”.

 

 

Incongruencias

En el proyecto, el Título II habla de guardias mínimas. En cada establecimiento, los directivos de cada escuela deberán confeccionar “la nómina anual del personal docente y no docente afectado al sistema de guardias mínimas”. Al ser consultada, Alesso explica “están planteando que, si hay uno o dos días de paro continuos o discontinuos, tiene que haber una guardia mínima del 30% de los docentes. Se pasa de los dos días, tiene que ser del 50%. Ellos se llenaron la boca hablando del sindicato docente, pero al que ponen en la picota es al director de la escuela que tiene que establecer esa nómina, porque hasta puede sufrir sumario por no hacerlo. Se está cercenando su derecho, además de pensar las escuelas como guarderías, donde lo pedagógico no interesa”.

Con el supuesto “argumento del bien superior del niño”, nos encontraríamos con estudiantes dentro del establecimiento en condiciones pésimas. Su derecho al aprendizaje no estaría garantizado. Alesso lo pone en palabras justas: “Si esto es por el bien superior del niño, señores, aumenten el presupuesto. No desfinancien la educación. Cumplan con las leyes y principalmente que los pibes coman. Porque muchos de los que están ahí [los legisladores] ganando sueldos muy altos, no saben que nuestros pibes vienen a la escuela con hambre y que se triplicaron los pibes y pibas en los comedores escolares”.

De muy poco serio califica los argumentos de “un gobierno que sub-ejecutó las partidas de educación, no envió las obras para construcción de escuelas, jardines, escuelas secundarias y escuelas técnicas, que desfinanció la formación docente, el comedor y la copa de leche, las becas para los pibes, que dejó de mandarles las partidas que por ley le correspondían a las provincias”. Alesso expresa: “Esos mismos señores están diciéndonos a nosotros que les importa la educación”, y explica que considera que “merecería una discusión más seria de cómo se invierte y cómo se garantiza la inversión estatal para que en serio podamos ser uno de los países que ellos mencionaron”.

El proyecto cercena derechos laborales de las y los trabajadores de la educación y carga sobre los directores de escuela una tarea imposible de cumplir. “Es un mecanismo por el cual las aspiraciones de mejorar la educación son sólo discursivas, porque en los hechos es regular el derecho a la protesta”, califica el enmascarado proyecto que consiguió media sanción en Diputados la secretaria general de CTERA. 

El impulsor del proyecto fue el actual diputado Alejandro Finocchiaro, que fue el ministro de Educación del Presidente Mauricio Macri, que terminó con Fútbol para Todos porque con ese dinero se iban a construir 3.000 jardines. Del titular de la cartera de aquellos jardines nunca realizados parte la idea de lo esencial para eliminar la educación como derecho y dejarla al servicio del mercado y de los reyes de la tecnología con los que Milei se ha fotografiado: en una de las giras constantes del Presidente como ostensible fan de empresarios estadounidenses, sin conseguir una inversión para el país, pero dispuesto a que ellos concreten negocios, se ha mostrado dispuesto a que la Argentina utilice los servicios de inteligencia artificial de empresas como Meta (Facebook) en educación. Luego de su viaje a fines de mayo, reveló a Radio Mitre que instruyó a la ministra de Capital Humano para “hacer los contactos con la gente de Meta para implementar inteligencia artificial en la formación” de los alumnos.

 

 

 

 

 

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