Al menos no matamos

Bravuconadas de Bullrich ante los informes de Amnesty y Human Right Watch

Por Alberto Moya

 

La ex candidata presidencial Patricia Bullrich, en su nuevo rol de ministra de Seguridad, desmereció la labor humanitaria de Amnesty International, que expuso ante el mundo el riesgo de disentir en las calles argentinas. Tras el informe de ese organismo, también Human Right Watch denunció que el gobierno de Javier Milei recorta el derecho a la protesta.

La respuesta oficial incluyó una suma de videos institucionales, entrevistas en medios amistosos, declaraciones de un mega-empresario y una larga cadena de posteos en las redes digitales para insultar al organismo ganador del Premio Nobel de la Paz 1977.

 


El informe de Amnistía Internacional Argentina había sido adelantado en el emblemático 19 de diciembre: Desde la implementación del protocolo antipiquetes, en 15 manifestaciones relevadas, la respuesta estatal se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, incluso contra niños y niñas. Las cifras: 1.155 personas heridas, muchas con lesiones graves; 33 con balazos de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión; 73 criminalizadas por participar en las protestas; 50 trabajadores de prensa heridos.

La respuesta ministerial, el pasado lunes 13, calificó tal informe como “fuera de lugar, ridículo”; sugirió que “Amnistía Internacional no entiende nada” y que “está del lado de los delincuentes”.

Sus descargos incluyeron un par de charlas con espacios afines. Por teléfono con Luis Gasulla, en El Observador, justificó la represión en la incomodidad que provocaban los piquetes en sectores de la sociedad. Con “Gordo Dan” habló sentada ante un interlocutor que asentía a todo. Es lógico: Amnistía fue una de las organizaciones que respaldaron al Foro de Periodistas, hace seis meses, en una causa judicial contra Daniel Parisini (su nombre legal), por “hostigamiento digital”.

 

 

Lo novedoso es la intervención de un empresario. Marcos Galperín levantó el discurso de la ministra: “Coincido, Amnistía Internacional, no tienen vergüenza”, posteó en la red X el CEO de Mercado Libre, al que algunas mediciones ubican como el argentino más millonario.

Otra nota disonante fue que la crítica proviniese de un ex ministro con quien compartió el gabinete macrista, Pablo Avelluto, que posteó: “En Amnistía Internacional Argentina entienden perfectamente lo que está haciendo el Gobierno. Por eso la ministra de seguridad los desacredita, tal como se hacía durante la última dictadura militar”.

 

Human Rights Watch

En la misma línea, HRW cuestionó el protocolo antipiquetes. El jueves 16 emitió desde Nueva York su análisis de la situación global de los derechos humanos durante el último año. En el capítulo sobre la Argentina, criticaron las políticas que socavaron los derechos de mujeres y minorías, como los “recortes a la financiación de programas sociales, obstáculos para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y una retórica gubernamental hostil hacia periodistas y personas LGBT+”. HRW destacó que la reducción del gasto público tuvo consecuencias en la financiación de programas sociales, como los de atención oncológica o de integración de personas con discapacidad, y recortes de entre el 70 y el 100% a programas para víctimas de violencia de género, además del veto a leyes para aumentar jubilaciones y la financiación de universidades”.

 

Trolls

El dispositivo de respuesta del gobierno contó con adeptos –presuntos o reales– que respondieron con un abanico de insultos, que incluyeron desde expresiones nacionalistas, recordatorios a Malvinas, pedidos de no injerencia en asuntos de los Estados, hasta videos con gestos obscenos habilitados ya por los funcionarios más burdos.

Un planteo con que pretenden relativizar las denuncias es preguntar qué dijeron sobre la Argentina en otros periodos. No hay más que buscarlas: En el home de Amnistía dieron cuenta de las denuncias durante la pandemia y hoy está bien visible el diario del juicio a los atropellos contra los indios Qom en Chaco. A través de una carta al gobierno, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la situación del gendarme argentino detenido y reiteró la urgencia de garantizar los derechos humanos en Venezuela

Otro planteo es respecto de qué posición tomaron sobre otros países, desde Venezuela a Israel. Acerca del país del continente puesto de moda por los Estados Unidos a partir de sus intereses petroleros, basta ver la cuenta de Amnesty. Justo debajo del posteo fijado sobre la Argentina, hay otro con el pedido de liberación del venezolano Carlos Correa, un caso testigo. Para conocer todos los comunicados sobre las invasiones de Israel, no hay más que escribir Gaza en el buscador de su web.

 

 

 

La respuesta de AI

A partir de la respuesta ministerial que los acusaba de no entender nada, AI posteó:

“Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. Entre los que desacreditan nuestros informes están Venezuela y Nicaragua. Tiene sentido: demostramos con evidencia que cometen violaciones a los derechos humanos y nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios rindan cuentas ante la justicia. AI denuncia la represión en todo el mundo, desde España hasta Rusia, Bangladesh y Filipinas. Nuestros reportes están sujetos a estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas, pedidos de acceso a la información, entre otras herramientas. Denunciamos la violencia policial con independencia del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos están en nuestra web. Entendemos que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos. Recordamos el dramático caso de la niña gaseada en una protesta frente al Congreso. Se difundió un video falso que buscaba trasladar la responsabilidad por el lanzamiento de gas lacrimógeno contra una niña a una manifestante. Luego, la evidencia (eso con lo que trabajamos) mostró que quien había atacado a la niña fue un policía que actuaba bajo el Protocolo Antipiquetes”.

 

Nada nuevo

Amnesty International fue siempre criticada desde todo el arco ideológico. A lo largo de la Guerra Fría, los rusos la acusaban de “sirviente del capitalismo”, mientras los estadounidenses le endilgaban propósitos “comunistas”.

La organización surgió a partir de la propuesta de un abogado británico, Peter Benenson, quien el 28 de abril de 1961 publicó una carta de lectores donde llamaba a otros indignados a levantar la voz para repudiar las atrocidades represivas en el mundo. Con las respuestas que recibió durante la muy participativa década del ‘60, armaron una red en más de una docena de países, con los que fundaron Amnesty International hacia octubre de 1962.

Justo diez años después se ocuparon de la dictadura argentina, a partir de la repercusión de la masacre de Trelew: “Con el pretexto de un intento de fuga, en sus estrechas celdas del subsuelo naval de Trelew, fueron acribillados… entre otros, Ana Villarreal, embarazada de Roberto Santucho”.

Los socios de la entidad militaban las causas con el envío de cartas, durante un tiempo prefijado, a determinados funcionarios, que las recibían por decenas o por miles.

Fue por esa vía postal que AI obtuvo más manifestaciones de odio desde Buenos Aires. Una carta firmada por la Triple A amenazaba: “Señores Amnesty International... de una vez, abandonen los intentos de intervención filo marxista en nuestra patria. Si cualquiera de sus miembros es descubierto en la Argentina, deben saber que la seguridad de ellos y de sus contactos dependerá de nuestras decisiones, y no es simpatía lo que sentimos por los objetivos de su estúpida organización, útil siempre al comunismo internacional”.

A partir del golpe de Estado de 1976, AI tomó denuncias del plan criminal implementado por las dictaduras del plan Cóndor. Su primer informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el país se publicó en marzo de 1977, lo que motivó el rechazo en razón de su supuesto “carácter antijurídico”, decía la dictadura. AI reeditó su informe en ocasión del Mundial ‘78.

A finales de septiembre de 1979, el diario La Nación informó que el juez Martín Anzoátegui había recibido telegramas de Amnesty desde Europa, en que le solicitaban que “cesen los crueles procedimientos” y “las persecuciones”. Su efecto se hizo notorio en boca del canciller Carlos Pastor ante la ONU, donde fustigó el “tratamiento distorsionado” de los derechos humanos en organismos internacionales.

Ese año, una lista confeccionada por políticos y sindicalistas con nombres de 2.700 desaparecidos fue distribuida a la prensa en Roma. Entre ellos había 297 italianos, a los cuales AI sumó 14: Francesco Bartucci, Davide Guillermo D’Amico, Luid Rodolfo D’Amico, Marta De Vito de Prieto, Generosa Frattasi, Lucio Leone, Rachele Lorenzani Mannagn, Olga Manotti, Rosanna Perrotta, Norberto Horacio Poggio, Francesco Ringa, Miguel Spinella, Angelo Strazzeri y Francesco Horst Venturi.

Sobre ese aporte, una Fiscalía romana comenzó a investigar sobre los desaparecidos aquí. Al mes siguiente, AI le organizó una marcha a través de las calles céntricas de Roma a Adolfo Pérez Esquivel en ocasión de su visita al Papa.

Avanzado el gobierno de Raúl Alfonsín, el país fue elegido para el cierre de la campaña Derechos Humanos Ya! Concebida como un recordatorio del 40° aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU, la gira de rock más grande de la historia partió de Londres para cerrar en Mendoza y Buenos Aires el 14 y 15 de octubre de 1988, con Sting y Peter Gabriel cantando junto a León Gieco y Charly García. El concierto de Mendoza apuntaba sus parlantes hacia Chile, donde aún mandaba Augusto Pinochet.

 

 

Amnesty fue la primera organización de envergadura global en seguir el juicio por la toma del cuartel de La Tablada (1989). A partir de las administraciones menemistas, criticó los intentos por imponer la pena de muerte, e intervino por casos de gatillo fácil. Otra causa que nunca abandonó fue la del atentado a la AMIA (1994).

A propósito, durante el último año de mandato de Cristina Fernández (2015) el Informe Anual de AI dedicó un apartado a la reciente muerte del fiscal Alberto Nisman. Bajo el subtítulo “Impunidad”, resumían: “Al terminar el año, continuaba la investigación sobre la muerte en enero de Alberto Nisman, fiscal en el caso del atentado de 1994 en el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina en el que perdieron la vida 85 personas. En agosto se inició la audiencia pública sobre el encubrimiento en la investigación del atentado contra la AMIA. Entre los acusados se encontraban un ex juez y fiscal y altos cargos gubernamentales, incluido el ex Presidente Carlos Menem. La causa sobre el atentado estaba estancada desde 2006, momento en el que un juez dictó órdenes de captura y extradición contra ocho ciudadanos iraníes y un libanés para someterlos a interrogatorio. Cuatro de esas órdenes seguían en vigor, e Interpol las mantenía en estado de ‘alerta roja’. Irán rechazaba las peticiones de extradición de los ocho iraníes”.

Ese atlas de derechos humanos sobre todos los países, en orden alfabético, abordaba otros tópicos: aunque reconocía que “se procesó a personas sospechosas de cometer delitos durante la dictadura”, ponía foco en que “mujeres y niñas tenían dificultades para acceder a un aborto legal. Persistía la preocupación por la discriminación que sufrían los pueblos indígenas. Las denuncias de tortura y otros malos tratos no se investigaban”.

A mitad del mandato de Macri, el Informe Anual de AI le contaba al mundo tanto los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, como la persecución a los indígenas en Formosa, cuyo gobernador era de un signo opuesto al central.

Este resumen de algunas de las muchísimas acciones de AI sobre la Argentina se vio potenciado en su incidencia luego de la obtención del Nobel en 1977, año del expediente sobre la dictadura argentina. Por aquellos años, Patricia Bullrich estaba entre quienes recibían con beneplácito los informes de la entidad que critica. No fueron los organismos de derechos humanos los que cambiaron.

En las redes, le recordaron a la ministra su reciente pasado piquetero.

 

 

 

 

 

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