Al Hada Buena no se le hizo la luz

 

El traspaso de jurisdicción de las distribuidoras Edenor y Edesur significa un hito de relevancia para el sector eléctrico nacional. En la actualidad, la demanda de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) representa el 38% de la demanda de todo el país. El segundo lugar lo ocupa la provincia de Buenos Aires, que alcanza a explicar el 11,2% de la demanda total.

Bajo jurisdicción federal desde la creación de SEGBA en el año 1958, la distribución eléctrica del AMBA se encuentra en la actualidad concesionada a las empresas EDENOR y EDESUR y, por instrucción del Poder Ejecutivo Nacional, a fines de 2018 se inició el proceso de traspaso de jurisdicción a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De concretarse, la autoridad regulatoria de la provincia (colonizada durante Vidal por ex funcionarios de Pampa Energía) consolidaría el control sobre prácticamente el 50% de la demanda de energía eléctrica de la Argentina, cuya distribución se encuentra en manos de tres grupos económicos asociados: Pampa Energía (Edenor), Enel/Caputo (Edesur) y Desarrolladora Energética S.A. (Pagano y otros anónimos).

Al día de hoy, la creación del nuevo ente bipartito y el traspaso de la regulación y de la concesión (detalle no menor) dependen de María Eugenia Vidal, quien retrasa la adhesión de la provincia a las nuevas condiciones del servicio. La actitud dubitativa de la gobernadora se explica, en parte, por las importantes inconsistencias regulatorias del proceso, entre las cuales se destaca la situación de inconstitucionalidad que implicaría retirar de la órbita del Estado nacional el control de un servicio público que posee interconexión entre distintas provincias, en este caso entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

 

Cifras exorbitantes

Por otro lado, despiertan creciente nerviosismo en los funcionarios nacionales y provinciales los criterios utilizados en el acuerdo económico entre el Estado nacional y las empresas concesionarias, realizado en el marco del traspaso del control y la regulación. Según consta en los balances de las distribuidoras, dicho acuerdo significó una ganancia de 10.214 millones de pesos para Edesur y 13.368 millones para Edenor. Sobre eso informó el director de El Cohete a la Luna luego del apagón de junio.

Estas exorbitantes cifras clausuran la disputa tarifaria entre las concesionarias y el Estado nacional, originada durante la administración de Néstor y Cristina Kirchner. El incumplimiento de la actualización tarifaria durante estos gobiernos estuvo acompañado por el otorgamiento de distintos subsidios a las distribuidoras, que por considerarlos insuficientes iniciaron acciones legales. El actual Secretario de Energía, Gustavo  Lopetegui, y el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade, realizaron de manera sinuosa el cálculo de la diferencia entre lo que debieron haber percibido y lo que realmente percibieron las empresas, y les otorgaron de manera discrecional el beneficio de desviar los fondos correspondientes a las deudas con los usuarios debido al mal servicio para inversiones en la red .

Por los términos en los que se llevó adelante el acuerdo, y las condiciones gravosas que implicó para el Estado y los usuarios, Lopetegui y Garade se encuentran actualmente imputados en un proceso federal. En el marco de esta causa, la jueza federal María Eugenia Capuchetti espera el informe solicitado al presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Andrés Chambouleyron, sobre los detalles del cálculo y actualización tanto de las supuestas deudas del Estado con las empresas como de las multas condonadas a las concesionarias.

 

 

 

Público y privado, la confusión

La confusión entre la función pública y los intereses del sector privado parece una constante en la gestión del Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. En su afán por reformar la regulación del sector eléctrico, anunció recientemente la contratación de la consultora norteamericana Nera Consulting. Esta consultora, con sede en Nueva York, presentó como socia local y especialista en la normativa vigente a la empresa Buenos Aires Energy Solutions. Casualmente, BA Energy Solutions es la empresa que asesoró en 2017 a Pampa Energía y a Rogelio Pagano (ex ladero de Marcelo Mindlin y actual administrador del monopolio eléctrico bonaerense) para la negociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) con el Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires, respectivamente.

 

 

 

La firma del decreto de adhesión por parte de Vidal destrabaría la creación del nuevo ente bipartito y habilitaría a Rodriguez Larreta —quien logró un tratamiento express del acuerdo en la legislatura porteña— a nombrar al presidente del nuevo organismo y garantizar el control del mismo durante los primeros tres años. En el marco de una campaña electoral adversa y con el horizonte de continuar en la arena política más allá de los resultados obtenidos en el mes de octubre, es entendible que María Eugenia Vidal se pregunte sobre la conveniencia de acompañar un plan que presenta más costos que beneficios.

 

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