AJUSTES Y REBELIONES

 

El enfoque ortodoxo del presupuesto equilibrado como objetivo de la política económica, ha adquirido una dimensión sustantiva a partir de la contrarrevolución conservadora. Así el eje del lanzamiento del Euro se hizo bajo el acuerdo de Maastrich, en el que la condición para participar de la zona de la moneda común fue una regla: que los países que la adopten no superaran el 3% de déficit fiscal. Estos asumieron la renuncia a tener una política monetaria propia y aceptaron fuertes restricciones a tener una política fiscal con importantes grados de libertad. El régimen de ese acuerdo expresaba la corriente central del pensamiento económico, que sustentó las reformas neoliberales y la renuncia (o amputación) de la política monetaria y fiscal, cuyo fin exclusivo pasaba a ser la disciplina del Estado en pos de la estabilidad de precios y los equilibrios macroeconómicos.

Sin acuerdo de moneda única, mediante otras instituciones, en todo el mundo capitalista el neoliberalismo se impuso sustituyendo los objetivos de crecimiento y desarrollo por el sacrosanto equilibrio fiscal, con el que se asoció la estabilidad de precios.

Este fuerte viraje del pensamiento económico que se impuso como doctrina de las políticas de los gobiernos, estuvo encaminado a desplazar a los Estados de la actividad económica, a restringir su capacidad de regulación e intervención y a ampliar decisivamente el ámbito de toda la iniciativa económica y productiva al sector privado. Las décadas de neoliberalismo fueron las que promovieron la liberalización comercial y financiera, que provocaron la concentración económica, la exacerbación del desarrollo desigual entre naciones y la desdemocratización de la economía.

Entre las transformaciones promovidas por la ortodoxia económica, enfoque de la intelectualidad orgánica del poder, estuvieron los estímulos ofertistas. Estos preconizaban la reducción de los impuestos para estimular las inversiones.

 

 

La pequeña y mediana empresa opina

En una nota de esta semana Raúl Hutin, miembro de la CEEN, una asociación de pequeños y medianos empresarios nacionales, rebate la posición de las corporaciones que son hegemonizadas por el gran empresariado. Dice Hutin que “muchos años tuvimos una contribución de ganancias con tasa del 35% más 10% por dividendos distribuidos.  Con tal alícuota, hasta 2015, fueron los años de menor desocupación y de mayor inversión, como lo ponen en evidencia todas las estadísticas. En cambio, el gobierno de Mauricio Macri bajó la carga impositiva a sectores con mayores ganancias —aunque no para los sectores de ingresos fijos, como había prometido— en nombre de incentivar la inversión. ¿Lo logró con esas medidas? La respuesta es rotunda: no. Lo que logró fue desarticular la economía endeudando al país de forma irresponsable y, por supuesto, llevarlo a un aumento desmedido de la especulación. ¿Inversión? Cero”. Agregando que “el escrito [de la UIA] no diferencia en sus datos empresas industriales, comerciales y de servicios, subsumiendo argumentos en forma impresionista. Tampoco diferencia en su semántica el empleo formal de las grandes empresas de las de menor envergadura, omitiendo además que muchas de las primeras son ampliamente 'ganadoras' en el marco de la crisis y cuya capacidad contributiva debiera ser mayor justamente por ello”. A pesar de que los grandes medios sólo reportan las opiniones del empresariado que se concentró y financiarizó durante las décadas de liberalismo neo, en la Argentina permanecen y renacen las potencialidades para la recreación de un empresariado dispuesto a participar de un Proyecto Nacional.

 

 

 

 

Impuestos y tarifas

La política de reducción del Estado incluyó la privatización de empresas estratégicas para el desarrollo nacional y de las que proveían servicios públicos esenciales que atendían derechos humanos. La mercantilización de esos servicios significó un retroceso de derechos sociales de una dimensión que puede ser caracterizada como de violación sistemática al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) a los que Argentina adhirió y a los que les fue asignado un rango constitucional en el texto de 1994. Esas privatizaciones significaron grandes negocios para el empresariado concentrado, local y extranjero, pero además un cambio de conceptos y valores respecto de cuestiones fundamentales de la economía. El presupuesto equilibrado con reducción de impuestos para un presunto estimulo a la Inversión, albergaba una búsqueda y pregón permanente para reducir el gasto público. La privatización de las jubilaciones y pensiones en beneficio del capital financiero fue una consecuencia de ese accionar. Además comenzó a insistirse con la idea que las empresas de servicios esenciales –ya mercantilizadas— debían tener un resultado equilibrado. O sea, que las tarifas debían cubrir los gastos corrientes más las inversiones y las ganancias esperadas por los monopolios que operaban esos mercados concesionados, en ninguno de los cuales lo hacían en condiciones de competencia. Ese precepto concurría a evitar la existencia de subsidios a las empresas adquirentes.  Los subsidios tienen el objetivo de que los precios de esos servicios tengan un nivel que no supere una porción razonable de los ingresos de los sectores populares. Jamás deberían favorecer ganancias indebidas de los concesionarios, pero esto no debe ser una  razón para vilipendiarlos.

La destrucción de los sistemas tributarios progresivos llevada a cabo por los gobiernos neoliberales acompañados por las privatizaciones, apuntaban a reducir el gasto público y a subir tarifas de bienes que cubrían derechos esenciales para lograr el sagrado equilibrio fiscal, y quitar los subsidios. Estos, cuyo rol antes de la privatización era asumido por las denominadas tarifas sociales o políticas, que fijaban las empresas estatales en función de garantizar la atención de las condiciones de vida indispensables de la población,  comenzaron a ser duramente atacados. Como si fueran una enfermedad perniciosa.

En realidad lo que ocurre es que los subsidios deben ser financiados, y ese financiamiento debe provenir de la recaudación de impuestos. Promover la eliminación de subsidios para evitar una reforma tributaria progresiva es una política a favor de los ricos y en contra de los pobres.

En el caso de los bienes esenciales resulta ponderable que las tarifas tengan un nivel mínimo para que los receptores del servicio no se comporten con una lógica de despilfarro como si se tratara de un bien libre. Sólo ese debería ser el criterio para determinar la tarifa, el reflejo de un bien escaso. Nunca la cobertura de los costos como ocurre con cualquier otra mercancía. Por el grado de polarización que tiene la sociedad, para que se cumpla con el criterio planteado como razonable, la segmentación es una medida sana, pues permite que la tarifa revele la necesidad. Para cumplir con ese objetivo no debe ser la misma la que paguen los ricos que los más vulnerables. La tarifa y su segmentación debe ser un modo de darle racionalidad al consumo. No una manera de viabilizar la lógica de los balances de las empresas. El resultado de esas concesionarias es un tema de orden público y no de una ecuación de costos-beneficios privados. Menores tarifas significan mayores consumos de otros bienes, dinámica que impulsa la demanda y el nivel de actividad económica. También, y esto resulta fundamental, la suba de tarifas es una variable a la cual resulta muy sensible la condición de pobreza.

Los subsidios no son una herramienta negativa, sino indispensable en una economía que reconoce que hay bienes que no deben ser mercantilizados. Más aun, resultaría necesaria una mirada estratégica en relación a recuperar el carácter público de determinadas empresas de servicios cuya lógica de inversión, comercialización y distribución no se compadecen con los estímulos que requieren las empresas privadas. En esos casos la decisión de su ejercicio por el Estado no iría en demérito de la eficiencia y eficacia, sino todo lo contrario.

Respecto del argumento de la progresividad como fundamentación de la segmentación, desatiende la idea de universalidad e igualdad con la que los bienes esenciales deben ser brindados. Si se reivindicara esa progresividad, con el mismo criterio se podría defender el arancelamiento educativo en cualquier nivel. O como querían líderes del PRO, que las vacunas contra el coronavirus sean cobradas. Justamente la reformulación del sistema de salud tiene que ampliar los criterios de gratuidad.

¿Cómo se financian los subsidios y gratuidades?. Se lo debe hacer con una amplia reforma tributaria progresiva que aumente la presión tributaria y destierre la evasión. El elemento central de esa reforma debe ser la construcción de institucionalidad que evite la creación de modos de elusión y evasión tributaria articuladas con una lógica permanente de fuga de capitales.

 

 

La saga de ajustes y tarifazos en América Latina

La sensibilidad popular ante las políticas de ajuste se ha revelado como muy intensa, particularmente con los tarifazos, algunos ejemplos latinoamericanos están a la vista:

1. En la década de 1980 Venezuela afrontaba serios problemas sociales, con millones de personas esperando una solución habitacional, y sectores medios de la población con dificultades muy serias para afrontar las deudas contraídas para la compra de unidades de vivienda. El Presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez adoptó un programa del FMI de neto corte liberal, las reformas que intentó incluían la liberalización de la tasa de interés, la liberalización y unificación cambiaria y de todos los precios de la economía, un fuerte aumento de las tarifas públicas y la adopción del objetivo de reducción del déficit fiscal. La consecuencia: se produjo una extendida rebelión popular que el 27 de febrero de 1989 generó un estallido duramente reprimido sobre el que se reconocieron 276 muertos, pero los desaparecidos se calculan en más de 3.000.
2. A raíz de aumentos de las tarifas del transporte público, la Presidenta brasileña Dilma Rousseff se encontró con movilizaciones crecientes de descontento popular. Esa medida tarifaria había sido precedida por una política muy centrada en la preocupación de lograr el equilibrio fiscal. El desánimo popular no fue ajeno al lawfare que concluyera con su presidencia mediante el golpe institucional, la posterior proscripción de Lula y el ascenso del ultraderechista neoliberal Bolsonaro.
3. En Chile se hizo realidad el deseo de los grandes medios de comunicación y de los políticos e intelectuales que profesan el consensualismo y las políticas de Estado que traspasen los gobiernos, la denominada alternancia entre la derecha y la Concertación. Esa supuesta paz política aplicó reformas fiscal, previsional y laboral de manual. El economista Jorge Gaggero, analizando la reforma fiscal que impulsaba el gobierno de Macri, reflexiona “que se quería instalar una política pro-inversión, originada en Chile durante el gobierno de Pinochet y que tuvo un impacto de importancia en ese país, con un efecto muy negativo en la cuestión distributiva". Dice Gaggero que “lo que se hizo en Chile es dar la posibilidad a los accionistas de pagar una cifra menor en Ganancias si en lugar de redistribuir dividendos dejan el dinero dentro de la empresa. En Chile, ello favoreció la reinversión de modo muy fuerte, pero el fisco, a su vez, en promedio, cada año, sacrificó aproximadamente 4 puntos del PBI. Fue el reverso del estímulo a la inversión empresarial. Es lo que se llama, técnicamente, ‘gasto tributario’, a lo que, como consecuencia de políticas públicas, el fisco de un país pierde o deja de percibir, por tributos legislados, a favor de los sectores privados… un impuesto a las ganancias que se percibía pleno, empezó a sufrir quitas en la medida en que los individuos reinvertían en la empresa”. También en Chile el intento de un ajuste tarifario en el marco de las reformas del liberalismo neo fue el detonante, a partir de 2019, de una prolongada rebelión popular que ya dura años y persiste en medio de la pandemia.
4. En Ecuador, la rebelión indígena y de otros sectores de la ciudadanía contra las reformas neoliberales del  converso a la derecha Lenin Moreno precipitaron una decidida movilización masiva que atravesó la geografía del país. El aumento del precio del combustible fue un elemento decisivo que detonó la rebelión popular.
5. La actual movilización masiva del pueblo colombiano se relaciona con una reforma tributaria regresiva que agrede a los sectores medios y bajos de la población, en un intento de solventar el aumento del gasto por la pandemia conservando la disciplina fiscal. Nuevamente un encarecimiento de los servicios públicos al aplicarle un IVA del 19% a las tarifas de bienes esenciales ha provocado indignación. Otro punto polémico es que a partir de 2022 quienes ganen más de 663 dólares mensuales deberán declarar impuesto a la renta y a partir de 2023 quienes perciban más de 470, en un país cuyo salario mínimo es de 248. También se elevan las tasas a los impuestos a los combustibles, aduciendo mejorar la ecología. La aplicación del impuesto a la riqueza no se remite sólo a las grandes fortunas sino que se extiende a los asalariados del sector público con ingresos superiores a los 2.500 dólares. Las escenas de represión y asesinatos en la vía pública por parte de las fuerzas represivas del régimen protofascista de Uribe-Duque son tal vez la expresión más acabada de la dinámica resistencia popular-represión a mansalva que desata la lógica fondomonetarista del equilibrio fiscal.

En el Frente de Todos se desarrolla un debate respecto de la importancia del déficit y de los ajustes tarifarios a realizarse. En el mismo no debería dejar de incluirse la importancia que tuvieron las retenciones durante los gobiernos nacionales y populares tanto como política efectiva para morigerar la inflación importada por los altos precios internacionales de los bienes exportados por Argentina, como para atender el financiamiento de los subsidios. El nivel internacional de precios de los productos tradicionales agrarios y agroindustriales permite y justifica el aumento sustantivo de la tasa de derechos de exportación. La Cámara de Diputados de Chile acaba de aprobar un régimen de retenciones móviles al cobre por 78 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones. Dentro de los votos a favor se cuentan dos del partido de Piñera y uno de la UDI, otro de la derecha, que corresponden a diputados que desacataron a su bancada. El régimen votado es del tipo promovido aquí durante la gestión de Cristina Fernández, en el que la tasa es progresiva con el aumento del precio. Al ser una regla permanente soluciona la recursiva tensión que se crea respecto al nivel de las retenciones.

Los países latinoamericanos incluyendo a Argentina vieron limitada la expansión fiscal durante la pandemia respecto a lo que hicieron los países centrales. Nuevamente los compromisos fiscales generados por la lógica de endeudamiento-fuga-ajuste limitaron su posibilidad de destinar recursos. No obstante, la Argentina durante el año pasado con un enfoque correcto de priorizar la vida sobre los intereses y las ganancias empresariales hizo un considerable vuelco de recursos para ayudar a los sectores afectados por la pandemia.

Sin embargo, el informe de CIFRA-CTA n° 35 de abril de 2021 reflexionó “que este año  se asiste a una reducción del gasto primario en términos reales a partir del tercer trimestre de 2020, siendo su nivel en el primer trimestre de 2021 apenas 0,6% superior al mismo trimestre de 2020. Los únicos componentes que muestran una expansión del gasto primario son los subsidios económicos, en el marco del congelamiento tarifario, y los gastos de capital. Respecto a los subsidios económicos cabe señalar que en el primer trimestre de 2021 fueron 25,8% superiores en términos reales respecto al mismo trimestre del año anterior y están por debajo del nivel de subsidios del primer trimestre de 2016, cuando ya se había recibido la primera ronda de los ajustes tarifarios del gobierno anterior. Todo parece indicar que la política parece estar orientada a incrementar levemente las tarifas de los servicios públicos este año, muy por debajo del nivel de precios… Asimismo, vale apuntar que el nivel de la base monetaria del primer trimestre de 2021 no solo es reducido en términos históricos sino que es semejante al del segundo trimestre de 2019, cuando su desempeño estaba influido por el experimento de congelar la base monetaria en el marco del acuerdo con el FMI”.

Esta tendencia a una excesiva moderación fiscal debería ser corregida rápidamente. Resulta necesario generar una ruptura con el paradigma de los equilibrios fiscales y la disciplina monetaria. Lo requieren las necesidades de la pandemia y la salud de la economía. También la invalorable concurrencia entre las necesidades populares y las políticas del gobierno del Frente de Todos. Como hemos señalado regularmente los problemas fundamentales de la economía argentina se centran en la necesidad de superar los problemas del sector externo y no en el objetivo del equilibrio fiscal.

 

 

Discursos que anuncian nuevas políticas

Hace unos días Alberto Fernández anunció que seguirá gobernando para los objetivos que fue elegido y cuestionó a una Corte Suprema que falló ponderando en supuesta defensa del derecho a la educación, pero despreocupada de la defensa al derecho a la vida misma, sin la cual no existe educación alguna.

En el discurso del viernes 7 de mayo, el Presidente parece encaminarse hacia un rumbo diferente al de los primeros meses. Expresó que los acreedores deberán esperar hasta que los argentinos recuperen su dignidad, anunció medidas sociales que implicarán una expansión del gasto como la extensión del universo de beneficiarios de la tarjeta alimentar, triplicando el gasto en ese programa, que llegará a 30.000 millones de pesos. También hizo una afirmación fundamental: que la inflación no se combate bajando impuestos. Además sostuvo la necesidad de que la contribución mayor la hagan los más pudientes, exigiendo a los empresarios un cambio de conducta. Y que primero están los sectores populares y luego los acreedores.

 

 

 

 

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