Ajuste no existe, pero que lo hay…

 

Cada vez que en la Argentina se implementó un plan de ajuste en materia de seguridad social, no fue explicitado como tal. Para su ejecución y divulgación, siempre se usaron eufemismos tales como: “Es necesario fortalecer la equidad y sostenibilidad del sistema en el largo plazo”. Hoy estamos en una situación de este tipo, y así aparece plasmado en el documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado el pasado 25 de marzo y titulado “Staff Report for the 2022 Article IV Consultation and request for an Extended Arrangement under the Extended Fund-Facility-Press Release; Staff Report; and Staff Supplements” que, traducido, es: “Informe del Personal para la Consulta del Artículo IV de 2022 y solicitud de un Acuerdo Ampliado bajo el Fondo Ampliado-Comunicado de Prensa; Informe del Personal; y Suplementos del Personal” (la traducción del documento se adjunta como anexo a esta nota). En él se desvanecen algunas cuestiones que venían diciéndose respecto del acuerdo con el FMI, mientras otras adquieren un especial significado.

Hemos escuchado hasta el hartazgo que la plata para la seguridad social no estaba en riesgo. Sin embargo, en el documento del staff del FMI se lee: “La nueva fórmula de indexación de jubilaciones adoptada en 2020 generó ganancias a corto plazo, pero a expensas de mayores costos a mediano plazo, ya que el gasto en jubilaciones crece en línea con los salarios del sector formal y los ingresos de la seguridad social”. Es decir que, para el FMI, la fórmula de movilidad jubilatoria no actualiza las jubilaciones, sino que las indexa. La diferencia semántica no es menor y se relaciona con lo que se pretende de una norma, toda vez que mientras la actualización utiliza variables de la economía argentina emergentes de la realidad del país (y ello puede dar más o menos que la inflación), la indexación implica fijar un índice de actualización arbitrario y en cabeza del poder de turno y a ese número se elevan, sin más, los montos de las prestaciones. En otras palabras: mientras la actualización va en línea con lo que suceda con los trabajadores activos, la indexación obedece a un capricho del funcionario de turno. La segunda cuestión del párrafo en análisis sostiene que la fórmula “generó ganancias de corto plazo”, de lo que se desprende, entonces, que para el FMI las prestaciones jubilatorias, los planes sociales, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares son altas. En consecuencia, sus titulares no sólo ganan demasiado, sino que –agrega– le están robando dinero a los que vienen atrás, a nuestros hijos. Es difícil entender cómo alguien se atreve siquiera a escribir algo semejante.

El staff del FMI desmiente todo lo dicho hasta este momento respecto del Acuerdo en materia de seguridad social cuando expresa que “si bien no se contemplan reformas paramétricas del sistema, las autoridades (argentinas) se comprometieron a realizar y publicar un estudio sobre la sostenibilidad y equidad del sistema, incluidas las opciones para reformar los regímenes especiales y promover una vida laboral más larga”. Usted dirá que es solo un informe, pero tenga en cuenta que el staff decide el camino cuando sentencia: “Deben evitarse los aumentos discrecionales en los gastos de jubilaciones, ya que socavarían los objetivos fiscales y la sostenibilidad del sistema”.

El informe citado revela muchos otros puntos, cuyo análisis nos llevaría a transformar esta nota en un informe técnico sólo útil para algunos. Lo que pretendo aquí es llamar la atención sobre su impacto en las políticas sociales para los más vulnerables: habla del aumento (voluntario) de edad para acceder al beneficio o bien “extender la edad laboral” –en palabras del Fondo–; a las jubilaciones obtenidas al amparo del Plan de Inclusión Previsional, puesto en marcha por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Kirchner, las llaman “jubilaciones sin aportes”, lo cual es totalmente falso porque a todas ellas se accedió en base a una moratoria de aportes cuyas cuotas se cobraron íntegras, ya que se descontaban del beneficio previsional todos los meses. También dice que nuestro país gasta en beneficios más que el promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), pero el número del gasto real de nuestro país no es el consignado en el informe ni lo que se dice sobre el promedio de la OCDE es veraz. No obstante, sentencia que “el alto gasto resulta tanto de su amplia cobertura como en sus generosos niveles de beneficios”. Lo endeble que resulta el documento, desde el punto de vista intelectual, queda demostrado al ingresar a la página de la OCDE y verificar la cuantía del gasto como proporción del PBI de los países en materia de seguridad social, comparado con el 8,5% de nuestro país.

 

 

Francia	19,30%	Alemania	13,60%
Finlandia	18,00%	Noruega	12,50%
Bélgica	18,20%	España	15,90%
Dinamarca	13,70%	Portugal	16,90%
Italia	20,30%	Japón	11,20%
Austria	18,40%	Estados Unidos	9,10%

Fuente: Social Expenditure Update 2019 de la OCDE.

 

 

A partir del análisis del informe pueden comprenderse varias cuestiones:

1. A corto o mediano plazo habrá un ajuste del sistema de seguridad social, que se enmascara bajo el eufemismo neoliberal de la “sustentabilidad”. La sustentabilidad no es otra cosa que modificar los parámetros jubilatorios hasta que el sistema, por sí mismo, se financie. Claro que nadie toma en cuenta que esa sustentabilidad también está amenazada por los empresarios que se quedan con el 3% del PBI en exenciones al pago de contribuciones patronales, pero eso no llama la atención ni acciona ninguna actitud vinculada a revertir esos privilegios.
2. Producto de este informe, se entiende por qué no hay voluntad política de trabajar sobre un nuevo Plan de Inclusión Previsional. Lo omitió el Presidente, Alberto Fernández, en su informe al Parlamento el 1° de marzo; ningún funcionario se atreve a esbozar una palabra sobre el tema y tampoco lo hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando anunció los aumentos de los beneficios. En julio próximo ya no habrá forma de que una mujer de 60 años o más se jubile si no tiene los 30 años de aportes completos para obtener una jubilación ordinaria. Alguna vez Julia Strada dijo que eliminar el Plan de Inclusión era “una condena patriarcal”. Hoy más que nunca se hacen realidad sus palabras: si no se dicta un nuevo Plan, en la Argentina sólo se jubilarán 3 mujeres de cada 10 que cumplan la edad.
3. También se entiende que sea el ministro de Economía quien anuncie los aumentos a los beneficiarios de la seguridad social, y me pregunto: ¿para qué querrán a los funcionarios de las áreas correspondientes? La respuesta es simple: para ratificar su autoridad ante el FMI.
4. El por qué se anunciaron los aumentos por los montos involucrados, y la forma en que se hicieron:
   • Para los jubilados y pensionados: $12.000 en una sola cuota. Ya he dicho que otorgar bonos a los jubilados y pensionados es un boomerang que no resuelve nada, ya que se cobra una vez, al mes siguiente desaparece y el beneficiario entiende muy poco por qué le bajaron la jubilación. A los únicos que beneficia es a los abogados previsionalistas, ya que incrementan las acreencias de los que superan las dos mínimas, pero el gobierno sigue empeñado en una metodología errada.
   • Para los informales: $18.000 en dos cuotas de $9.000. Todas aquellas personas que están en peores condiciones –indigentes y en estado de pobreza– cobrarán $9.000 durante dos meses y luego, como dicen los chicos, “alpiste, perdiste”.
   • Todo el gasto que implica la medida anunciada ronda los $150.000 millones, pero –según anunció el propio ministro de Economía– el año pasado la economía creció el 10,5%. El incremento del gasto representa así el 3,27% del crecimiento de la economía. Por lo tanto, los sectores de poder se quedaron con el 96,73% del crecimiento económico y los más necesitados con el 3,27%. No parece muy justa la proporción.

5. Por supuesto que ante este panorama es inimaginable suponer que el gobierno esté pensando en un Ingreso Básico Universal. Pero lo que resulta interesante es ver las volteretas que dan algunos funcionarios cuando se les pregunta sobre el tema. Hace unos días le consultaron al respecto a Cecilia Todesca y dijo que el Ingreso Básico Universal es darle un ingreso a toda la población. Falso: ese no es más que el objetivo final, pero en absoluto implica darles a todos en el mismo momento, ya que pueden fijarse prioridades, identificarse un piso de ingresos que se considere justo e ir cubriendo el universo hasta alcanzar ese piso, también puede fijarse un techo e ir cumpliendo hitos hasta alcanzar una sociedad socialmente equilibrada, porque el objeto del Ingreso Básico Universal es construir una sociedad con justicia social. Luego agregó que el Ingreso Básico Universal no se aplica en ninguna parte del mundo, por lo que me animo a recomendarle leer Utopía para Realistas, de Rutger Bregman, donde podrá identificar que la idea del Ingreso Universal tiene su historia y se ha aplicado infinidad de veces. La primera vez fue en Inglaterra bajo el reinado de Isabel I (1533-1603), con la llamada “ley de pobres”. Más acá en el tiempo, a principios del siglo XIX, también en Inglaterra, en el pueblo de Speen, se implementó una experiencia similar. Hasta el día de hoy subsisten infinidad de experiencias, todas exitosas en su aplicación. En Europa, durante la pandemia, 29 países implementaron métodos similares que aún perduran. En Alaska, uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, se aplica el Ingreso Básico Universal en plenitud, lo que ha transformado a la región en una de las más prósperas de Estados Unidos. Y también en China, el país más poblado del mundo, se aplica un Ingreso Básico Universal que ha erradicado la pobreza extrema en pocos años y se ha convertido en una de las experiencias más fascinantes de la vida social universal (como funcionaria del área de Cancillería, sería bueno conocerla para analizarla técnicamente y verificar la viabilidad local). Finalmente sentenció que todos sabemos que aplicar el Ingreso Básico Universal implica un costo imposible de ser cubierto por el Estado. Claro que para afirmar tal cosa no dijo cuál es el universo que habría que atender, cuál sería el monto económico de la prestación ni  analizó un cronograma de implementación. En definitiva, tal afirmación no es más que una respuesta dogmática, que muestra una vez más que el neoliberalismo viene ganando la batalla cultural, imponiendo rigideces y frases hechas que todos dan por válidas.

En vez de dar tantas vueltas y mostrar pobreza intelectual sobre este tema, ¿no sería mejor que el gobierno ordenara un estudio serio, con un monto de prestación que cubra un piso básico de justicia social y un cronograma de implementación donde se analicen todos los escenarios posibles?

Quien es considerado la pata social del keynesianismo, William Beveridge, nos enseña que “el Plan de Seguridad Social es, ante todo y sobre todo, un método de nueva distribución de ingresos, como medio de atender a la primera y más urgente de las necesidades y hacer el mejor uso posible de cualquier recurso que pueda ser dedicado a ese fin. Vale la pena intentar la empresa, aunque los recursos resultan insuficientes para asegurar el tipo de vida que se desea”. A lo que me permito agregar que es posible que los recursos no alcancen para sufragar el gasto que implica el Ingreso Básico Universal, pero vale la pena avanzar. Dar el primer paso es siempre el más difícil, pero lo que está en juego lo vale, ya que es nada menos ni nada más que la transformación social de la Argentina.

 

 

 

 

Anexo: Todos los párrafos sobre jubilaciones del informe del staff del FMI, traducidos por Jorge Plano

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí