Ahora se entiende un poco más

 

Las supuestas conversaciones, a través de chats, entre el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y el empresario Marcelo Violante, que tomaron estado público las últimas semanas, deben analizarse en el marco del modelo de gestión de las concesiones de la Ciudad de Buenos Aires.

En los últimos 15 años presenciamos concesiones vencidas que se prorrogaban año tras año pagando cánones irrisorios (los locales bailables y gastronómicos en la Costanera Norte, Costa Salguero y Punta Carrasco), concesiones que se prorrogan sin que haya vencido el plazo (Recolección de Residuos), concesiones que se adjudican con un único oferente (el sistema público de bicicletas a Tembici), concesiones que se adjudican a las mismas empresas que desde hace 30 años prestan el servicio de forma extremadamente deficiente y con numerosas denuncias (el SUBTE operado por Metrovías y ahora EMOVA, pertenecientes ambas al grupo Roggio y las empresas prestadoras del servicio de alimentación escolar), concesiones en las que la Ciudad otorga el predio y construye la obra y adjudica llave en mano la explotación del edificio a privados, evitándoles inversión importante de capital y el riesgo empresarial (Centro de Exposiciones y Convenciones).

A este abanico de situaciones inentendibles desde la perspectiva del bien común, cabe agregar la ausencia de control real del funcionamiento de estas concesiones y la omisión de respuesta estatal frente a las denuncias constantes de la ciudadanía.

Si existe una concesión de servicio público que podría ser el mejor ejemplo de este modelo de gestión, que ha llevado al extremo las irregularidades y ha sido foco de la mayor intensidad de denuncias ciudadanas, es la concesión del servicio de grúas o acarreo de autos.

Esta concesión y la del estacionamiento medido vencieron en el año 2001. En 1990, Carlos Grosso, por entonces intendente de la Ciudad, privatizó el servicio por 10 años. Las empresas que operaban las grúas eran Dakota S.A y BRD S.A.C.I.F.I. Ambas empresas se dividían la Ciudad: Dakota desde Viamonte hacia el Norte y BRD de Viamonte al Sur. El dueño de la empresa Dakota es Marcelo Violante.

Esta concesión fue sostenida durante 20 años sin actualizar los cánones que tenían que pagar las empresas. Al momento de la finalización definitiva de la concesión, el 16 de agosto de 2022, cada empresa pagaba 55.000 pesos por mes. La empresa cobraba $6.500 por acarreo, es decir, en media hora ya reunía los fondos para costear el canon de todo el mes. El resto del mes, la prestación del servicio generaba ganancias millonarias.

Cada empresa realizaba entre 10.000 y 14.000 acarreos mensuales. Las grúas levantaban hasta 550 autos en días laborables. Con sólo 9 acarreos cubrían el costo del canon mensual.

 

 

La Legislatura porteña en dos oportunidades (Ley N° 4003 y Ley N° 5728) dispuso que, si en un plazo determinado no se regularizaba la concesión vencida, el Poder Ejecutivo debería brindar el servicio público por sí mismo. A instancias del propio Poder Ejecutivo tanto en el año 2013 como en el año 2020, se derogó esta orden para preservar que Dakota continuara prestando el servicio.

Este gran negocio para Dakota fue interrumpido intempestivamente cuando en la Legislatura se formó el Frente Anti-Grúas, integrado por los bloques del Frente de Todos (FdT), Avanza Libertad, Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y Consenso Federal. Esta alianza logró que se convocara a una sesión especial para el jueves 18 de agosto de 2022. Unos días antes de la fecha estipulada para que se llevara a cabo, Elisa Carrió, en el marco de sus denuncias hacia el interior de Juntos por el Cambio, comunicó a Rodríguez Larreta que, si no adoptaba medidas inmediatas con relación al servicio de grúas, habilitaría la sesión especial y votaría junto al Frente Anti-Grúas.

En un trámite exprés de seis horas, el 16 de agosto de 2022 a las 23:19, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, firmó el Decreto N° 284/2022, por el cual dejó sin efecto la continuidad del servicio de acarreo prestado por DAKOTA S.A. Esto no implicó la finalización del negocio del acarreo ya que el gobierno porteño está preparando una nueva licitación que ya comentamos en notas anteriores.

 

🚨URGENTE
📣Te contamos quiénes son los empresarios, las empresas y los negocios mencionados en los supuestos chats del Ministro de Seguridad D´Alessandro.

👉Aquí el Hilo@EKoutsovitis @observatorioODC @ElMovimiento_EM pic.twitter.com/IyZis4mDKU

— Jonatan E Baldiviezo (@jonatanbaldivie) December 30, 2022

 

El negocio de los estacionamientos concesionados

En CABA existen 42 playas de estacionamiento que son propiedad del Gobierno de la Ciudad. Todas están concesionadas. Dakota opera varias de ellas, a través de las empresas Brewda SA (bajo la marca Apart Car) y Ragnarv SRL, esta última creada en 2021 por Violante y su sobrino, Juan Ramón Violante. Los Violante operan 20 playas de estacionamiento en CABA: 15 son concesiones del GCBA y 5 estacionamientos privados.

La empresa BREWDA es una de las mencionadas en las supuestas conversaciones donde Marcelo Violante pide "colaboración" a Marcelo D'Alessandro para que interceda a favor de su empresa en dos licitaciones.

 

 

El principal accionista de BREWDA es Dakota S.A., que como mencionamos anteriormente le pertenece a Marcelo Violante. Violante propuso como Director Titular de BREWDA a Rubén Hugo Laghezza. En parte de las supuestas conversaciones por chat, Violante escribe a D’Alessandro para que medie ante Carlos Rolero, Fiscal Penal de la Ciudad, para evitar una probation contra su amigo, presidente de su empresa, el señor Laghezza.

 

 

Ragnarv SRL maneja al menos dos playas:

 

1. El Servicio de alquiler de cocheras con destino al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, adjudicado el 6 de julio de 2021 por un total de $9 millones (Licitación Pública Nº 7162-0608-LPU21). Ragnarv fue la única empresa que se presentó.
2. La playa ubicada en las Avenidas Entre Ríos, Rivadavia, y las calles Hipólito Yrigoyen y Presidente Sáenz Peña, en el subsuelo de la plaza de los Dos Congresos de la Ciudad. Este predio fue adjudicado por el término de 5 años el 9 de marzo de 2022 a través de la Disposición N° 32/DGCOYP/22, con un canon locativo mensual inicial de $615.700 (Licitación Pública N° 10002-0769-LPU20).

 

Brewda Construcciones SACIF, a través de Apart Car, gestiona las playas de estacionamiento ubicadas en Corrientes N° 436, Av. Sarmiento N° 2720, Tucumán N° 1201, Sarmiento N° 1537, Bartolomé Mitre N° 1490, Suipacha N° 153, Pilcomayo N° 1182, Vuelta de Obligado N° 3437, Lavalle N° 2454, San Martín N° 940, Azcuénaga N° 1048, Chacabuco N° 490.

De las playas más importantes podemos detallar:

 

1. La playa ubicada en la calle Sarmiento N° 1537, debajo del Centro Cultural San Martín, con un canon mensual $789.000. Este predio actualmente es objeto de un proceso de reconcesión que aún no finalizó iniciado el 22 de noviembre de 2022.
2. El estacionamiento subterráneo de Plaza Lavalle con un canon mensual de $652.000.
3. La playa de Corrientes N° 436 con un canon mensual de $1 millón. El 31 de octubre inició el proceso de reconcesión por 5 años.
4. En 2022 ganó la Licitación de la playa de estacionamiento aledaña al Centro de Exposiciones y Convenciones (ubicada en la prolongación de calle Eduardo Couture hasta calle Francisco Romero) con un canon mensual de $545.000, por cinco años (Licitación Pública N° 10002-0157-LPU22). El predio tiene una superficie de 9.337 m2 con 330 cocheras. Desde el 9 de agosto de 2017, esta empresa gestiona el predio a través de un permiso de uso que por entonces inició con un canon mensual de $210.000.

 

 

 

El negocio del ruido

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra dentro del ranking de las ciudades más ruidosas del mundo. La contaminación acústica es parte de la degradación ambiental de la ciudad en su conjunto.

Entre los responsables de la contaminación sonora que acumulan los mayores reclamos vecinales se encuentran los bares nocturnos, los boliches al aire libre, la reproducción de música por parte de locales en el espacio público y los mega eventos musicales, que en el último tiempo proliferan con la idea de transformar diferentes sectores de la Ciudad en polos gastronómicos y de entretenimiento a cielo abierto.

La normativa local en materia de ruidos está regulada por la Ley N° 1.540 que tiene como objeto prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica. Su artículo 5 disponía que la Autoridad de Aplicación debía ser una “dependencia con competencia ambiental del Poder Ejecutivo". El Decreto N° 740/07 reglamentó esta ley designando como Autoridad de Aplicación al entonces Ministerio de Medio Ambiente. Con posterioridad se creó la Agencia de Protección Ambiental en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Esta Agencia a través de su Dirección General de Control (DGCONTA) se encargó del control de los ruidos molestos. Los trabajadores y trabajadoras de APrA vienen señalando el vaciamiento en el área respectiva, tanto de insumos como de personal calificado para la tarea y sobre todo de inspección en sitio, que es uno de los reclamos vecinales más asiduos. En los hechos, el descontrol de la contaminación acústica es total. En el ranking de ruidos se encuentran los barrios de Palermo, Monserrat y San Telmo. Una de las zonas con mayor contaminación sonora en la Ciudad es la zona del Paseo de la Infanta, del Campo Argentino de Polo y del Hipódromo en Palermo. Allí conviven megaeventos musicales al aire libre con boliches a cielo abierto funcionando en plazas y parques excediendo sus habilitaciones o, en algunos casos, directamente sin ninguna habilitación.

Recientemente y salteándose la Legislatura, el Gobierno de la Ciudad, a través del Decreto N° 466/2022, firmado el último día hábil del año, el 29 de diciembre, por Rodríguez Larreta y Marcelo D’Alessandro, traspasó las competencias y funciones del control del ruido a la Agencia Gubernamental de Control (AGC), cuyo Director Ejecutivo es Matías Lanusse, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo del Ministro Marcelo D’Alessandro.

Se podría considerar que el GCBA decidió intentar mejorar el control transfiriendo esta competencia a la Agencia Gubernamental de Control, pero este organismo tampoco ha tenido una actuación destacada en el control de permisos y habilitaciones. Lo que sucede en el Polo del Ruido es un claro ejemplo del funcionamiento ilegal de locales que funcionan con la anuencia de la AGC.

Entonces, a la luz del contenido de los supuestos chats filtrados de D’Alessandro, cabe considerar que esta medida responde más a una actividad recaudatoria de ciertos funcionarios del Gobierno de la Ciudad en momentos de campaña, que a una política pública que permita regular el ruido nocivo que tanto atenta contra el sueño y la paz de los y las vecinas de la CABA.

La Agencia Gubernamental de Control fue creada en diciembre de 2007 por medio de la Ley N° 2624 y, hasta el momento, entendía en el control de las siguientes materias: seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos públicos y privados, habilitaciones de todas aquellas actividades que se desarrollan en la Ciudad así como en el otorgamiento de permisos para aquellas actividades llevadas a cabo en dominios de uso público y privado y en las obras civiles, públicas y privadas. Con el traspaso del control de la contaminación acústica, la AGC concentra aún más el poder de control en cabeza del Ministro de Seguridad.

En esta línea, es importante señalar que el GCBA, con este cambio, no apunta a la totalidad de los ruidos molestos sino sólo a “controlar determinadas actividades económicas" susceptibles de ser inspeccionadas. El Decreto N° 466/2022 estableció que la Agencia Gubernamental de Control desarrollará las acciones de control, inspección y vigilancia de la contaminación acústica proveniente de actividades económicas desarrolladas en establecimientos públicos y privados; obras civiles, públicas y privadas comprendidas por el Código de la Edificación; estadios y/o espacios de uso público y privado donde se desarrollen eventos deportivos, espectáculos artísticos y culturales y de cualquier otra índole a los que concurra público masivamente.

Por último, el traspaso de competencias se realizó de una forma inconstitucional e ilegal porque no se designó a un organismo con competencia ambiental como exige la Ley N° 1540.

 

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