AGUA VA

Las grandes variaciones en las lluvias, (excesos y faltantes) parecen haberse acentuado por efecto del cambio climático. El clima es por definición variable, dinámico, a lo largo de la historia registrada (también de la historia relevada por estudiosos en el pasado más lejano) los ciclos de grandes lluvias y sequías se han sucedido con distintas frecuencias e intensidades. El impacto de estos cambios sobre la población, sus vidas y bienes, depende en gran medida de nosotros mismos:

• de la ocupación del territorio,
• de las obras,
• de las medidas que tomemos para prevenirlas, atenderlas y repararlas.

Se originan en hechos de la naturaleza, pero la verdadera dimensión depende de la sociedad que se halla sobre un territorio. Hay una tendencia a adjudicarle un “determinismo” de la naturaleza a estos acontecimientos. Este pensamiento, no contribuye a encontrar soluciones, por lo contrario inclina hacia un cierto fatalismo, al instalar la idea de que estos sucesos no pueden modificarse. Repensar estos hechos de la naturaleza potenciados por las obras de los hombres es el primer paso para volver menos vulnerables nuestras ciudades, industrias y campos.

El espacio físico sobre el cual se producen estos hechos, puede dividirse en dos grandes tipos:

1. Las grandes ciudades del Conurbano bonaerense, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca etc. Caracterizadas por una ocupación urbana casi total, sin respetar cuencas de inundación, con numerosas obras que impiden el originario difícil movimiento de las aguas por su poca pendiente natural (cauces obstruidos con basuras y escombros, puentes y caminos que son diques no deseados ni pensados etc.). Los lugares de mayor riesgo, corresponden generalmente a poblaciones de escasos recursos, con casi ninguna obra de prevención o saneamiento. Donde las pérdidas de bienes en caso de inundación afectan una parte importante de su escaso patrimonio en inmuebles y muebles, agregando perdidas de días de trabajo, enfermedades, marginación. Esta suma de calamidades genera muy grandes exigencias de auxilio y apoyo por parte del Estado y de la comunidad, que, en las actuales condiciones, raramente son cubiertas.
2. El resto de la provincia. Este espacio, incluye además de las ciudades, la llanura agrícola más productiva y rica de la Argentina y las vías de comunicación más importantes para todo el país (ferrocarriles y caminos) que suelen cortarse y dañarse en caso de inundación. Donde los efectos son principalmente económicos, por perdidas en las cosechas, producción de tambos y crianza de ganado, daños en las vías de comunicación y perjuicios en la producción en general por dificultad de movilizar la hacienda.

Resulta una paradoja que la prevención de inundaciones y sequías, en una zona tan prospera y potente, no haya recibido la atención adecuada ni las inversiones en obras hidráulicas y viales necesarias para atenuar los efectos de las inundaciones. No solo el Estado, tampoco la comunidad, aún en años de grandes ganancias, han asignado recursos para proteger este enorme potencial productivo.

El manejo del agua ha sido desde las primeras civilizaciones un movilizador de recursos y organización social. Basta con recordar las civilizaciones de regadío, Egipto, la Mesopotamia y en nuestro continente, los incas y aztecas, que estructuraron su sociedad a partir de la utilización productiva del agua. En nuestro país, en las regiones donde el agua es escasa, hay una mayor conciencia social sobre su uso, lo que promueve mayor organización social.

En la provincia de Buenos Aires, la abundancia del recurso ha colaborado a una baja valoración del mismo y a una escasa organización social que se planteé su manejo útil y productivo.

El cambio climático, aumenta el desafío —presente aun sin este argumento– para darle la importancia, social y económica debida a inundaciones y sequías, haciendo posible la asignación de los recursos necesarios. Y, para comenzar, promoviendo la organización social y la movilización del Estado y la comunidad, con el claro objetivo de reducir los efectos negativos de las inundaciones y sequías.

La importancia política de estos fenómenos también es grande. Porque pone en evidencia la inacción de gobiernos que deben representar y responder a la comunidad.

Este abordaje de reducción del riesgo se puede describir en varios escalones:

1. Planificación estructural del hábitat. La elaboración de esquemas de riesgo, zonas inundables, zonas de mayor afectación por sequías, con especial énfasis en los asentamientos humanos y productivos, forman parte de una base de trabajo para disminuir los daños.
   El asentamiento de población estable y construcciones importantes en terrenos bajos, zonas de desborde de ríos y arroyos, son un riesgo creado por el hombre que puede y debe evitarse. En nuestro país, las provincias con peligro sísmico, nos dan un ejemplo en cuanto medidas de prevención (en su planificación urbana Mendoza ha previsto plazas –espacios abiertos– cada cuatro cuadras como refugio de los pobladores ante sismos; luego impuso la construcción con reglamentaciones anti-sísmicas que demostraron gran eficacia en la reducción de daños.
2. Obras de prevención de inundaciones y sequías. Históricamente, la civilización avanzó sobre la naturaleza, modificándola para ponerla a su servicio. Este concepto está muy cuestionado por el actual consenso de que es imprescindible incorporar a la ecuación el respeto por la naturaleza, reduciendo al mínimo el impacto ambiental de las obras humanas. Partiendo de este principio, pueden pensarse obras que reduzcan el peligro de inundaciones y sequías, en muchos casos corrigiendo errores anteriores en materia de asentamientos. Desde la limpieza y mantenimiento de ríos, arroyos y canales, hasta obras de mayor alcance como diques para retener y regular aguas (por ejemplo el dique Roggero), son exigencias permanentes para mejorar el comportamiento de los cursos de agua ante lluvias mayores.
3. Información adecuada y en tiempo real para organizar las respuestas individuales y colectivas ante la inundación –exceso de agua– o sequías –falta de aguas–. Los medios disponibles de medición y comunicación (estaciones de medición distante, imágenes satelitales, comunicaciones), posibilitan tener la información adecuada en el tiempo adecuado. Los daños y efectos negativos, tienen una íntima relación con la mayor o menor preparación para recibir el suceso. Contar con días y –aunque mas no sea– horas para prepararse ante la inundación, reducen mucho los daños.
4. Organizar la comunidad (Estado, sociedad). Para responder al impacto de la inundación o la sequía. Movilizar todos los recursos disponibles. La presencia de ayuda y apoyo en tiempo justo, es una acción importante para reducir los daños, no solo físicos también sicológicos del desastre. Alojamientos provisorios, alimento, medios de evacuación, vigilancia especial, apoyo médico, especialmente personal para ayudar, etc., son medidas disponibles y pocas veces aplicadas en todas sus posibilidades.
5. Pensar con anticipación y preparar los medios para “el día después”. Las pérdidas de bienes, desplazamientos, etc., deben ser compensados y corregidos con toda celeridad. Nuestras comunidades tienen la posibilidad y los medios de hacerlo. Así como un consorcio de propiedad horizontal tiene un seguro de incendios, la Comunidad debe responder como “asegurador” de los bienes ante una inundación, en especial de los bienes de los más pobres. El olvido, el abandono de los afectados, es reiterado. Muy a menudo nuestra sociedad pasa de la movilización emotiva ante el suceso, a un pronto olvido, perdiéndose en ese trance un valor muy importante: la solidaridad.

El apoyo sostenido en el tiempo es necesario, muchas veces el acontecimiento nos ofrece una oportunidad para corregir situaciones que sin el suceso no pueden abordarse, por ejemplo las viviendas instaladas en cuencas de desborde de ríos y arroyos: es muy difícil en situaciones normales encarar su desplazamiento. Sin embargo, luego de una inundación, es perfectamente posible plantear que no debe volverse a esos sitios y formular un proyecto de reinstalación en otro sitio más adecuado. Claro que este proyecto exige apoyo del Estado y la comunidad, pero la oportunidad solo se presenta en ese momento.

Primera conclusión

Es imprescindible que se asignen recursos adecuados y suficientes para enfrentar las inundaciones. En la construcción de una Nación con desarrollo, justicia y equidad la inversión y asignación de personal por parte del Estado para corregir estos problemas es una prioridad absoluta, puesto que, sin duda, se acentuarán en los próximos años por efectos del cambio climático.

Acercarnos a los problemas reales

• En ciudades del Conurbano, grandes ciudades, áreas urbanizadas: puede verse desde la autopista a La Plata un villa, en construcción continua, como sus pobladores, antes de levantar una casilla, levantan con gran esfuerzo, un terraplén de un metro o más, acumulando escombros y tierra, materiales laboriosamente conseguidos, en previsión de inundaciones. ¿Hasta qué cota? La sabiduría popular, la memoria de recientes inundaciones, pone la información. No hay GIS, agrimensores, nada. Esta solución funciona para uno, para tres, para diez. Pero cuando son centenares, la acumulación de terraplenes achica las cuencas de desborde de los arroyos, empuja el agua hacia otros bajíos, inunda mas intensa y rápidamente otros espacios, muchas veces a otros compatriotas. Es lo más frecuente. Esta situación se repite por miles en todo el territorio provincial, donde la construcción espontánea del hábitat es en gran porcentaje la forma posible para la mayor parte de la población. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué debe pedir, exigir la comunidad? No hay duda de que la información, la planificación, la coordinación de las obras debe y puede encararlas el Estado. Pero hay más: en este caso y en todos los que los esfuerzos los producen las espaldas de los más pobres, más débiles, con menor poder para peticionar, el Estado debe abarcar más: financiar las obras, ejecutarlas con la tecnología conveniente (máquinas, equipos que reemplacen el esfuerzo manual). Hablábamos antes de la necesidad de tener mapas de riesgo hídrico, de difundirlos, de mostrarle a la población qué lugares son habitables y cuáles no. Porque los recursos deben usarse de la manera más eficiente, no pueden proponerse soluciones que no lo son. No podemos pensar en elevar todo a cota de niveles no anegadizos, porque esa propuesta termina en nada. Que haya información y una buena planificación hace posible desplegar las obras en el tiempo: ofrecer un horizonte de futuro a aquellos que hoy no lo tienen, o peor, cuyo horizonte es la próxima inundación. Y también permite organizar los esfuerzos de la comunidad, a esa familia que con mucho esfuerzo construye un terraplén, darle la cota adecuada, la información necesaria, ayudarlo con programas de esfuerzo compartido, con la entrega de materiales, con relocalizaciones cuando la ubicación es inconveniente.
• El resto de la provincia: en anteriores inundaciones, vimos que obras de una localidad afectaban a la siguiente, aguas abajo: los conflictos llegaron a enfrentamientos, guardias, protestas. Unos querían dinamitar el terraplén de la ruta, otros se oponían. También es común que el propietario de un campo realice un canal para desagotar un bajo de su tierra, enviando el agua a otras tierras o a un lateral de camino. Nuevamente la solución individual, sin información y sin planificación, que al generalizarse termina en daños a otros, en conflicto. Antes decíamos que las inundaciones afectan una región de gran riqueza y alta productividad: Las inundaciones y sequías por efecto del cambio climático, son difíciles de predecir, solo podemos afirmar que serán más agudas que en el pasado. La tecnología de información geográfica hoy disponible, permite orientar la producción, brindar información de riesgo.

Hay una tendencia lógica en los productores a seguir el cultivo estrella: la soja, seguida por el maíz, etc., pero esto no es posible siempre y en todo lugar, un terreno bajo, ante la inundación, es vulnerable si está sembrado. Si tiene ganado, es menos vulnerable, si además se puede organizar y tener previsto el movimiento del ganado, mucho mejor. El ejemplo de las islas del Paraná, donde en tiempos normales se cría muy bien el ganado, pero están en cota de riesgo, debe incluir tener los medios (barcazas) para mover la hacienda a tierra firme cuando el río crece.

Claro que esto no es tarea para un productor. Aquí vuelve a imponerse el criterio de “seguro de incendio”. Se trata de una tarea del conjunto de la comunidad y del Estado. A primera vista no parece razonable que los habitantes de zonas con problemas hídricos encaren ellos mismos las soluciones. Todos los conocimientos históricos indican, sin embargo, que fue así que surgieron las civilizaciones y se conformaron los Estados.

En varias provincias, incluida la de Buenos Aires, hay experiencias de consorcios viales para administrar obras viales locales. También hay experiencias de “consorcios canaleros”, agrupaciones de quienes tienen necesidades y quienes tienen posibilidad de satisfacerlas para organizar y planificar las obras, con la participación del Estado y la comunidad.

El interés directo, insoslayable, de los productores, de la opinión local, el beneficio directo, mensurable, que traen las obras hídricas (en este caso de control de las inundaciones) puede semejarse al caso más común y conocido, la administración del servicio de riego en Mendoza y otras provincias con tierras de regadío, donde se paga un canon por el uso del agua, hay turnos, cupos e inclusive una “autoridad del agua”.

Es posible aplicar este ejemplo y dirigirnos hacia una solución casi simétrica, el aumento de valor de las tierras rurales, cuando las obras hidráulicas las pasan de inundables a no inundables, es muy grande y mensurable.

Los grandes sumas de dinero y bienes implicados en estos procedimientos, son la base económica que puede y debe posibilitar soluciones de largo alcance, de gran inversión.

El financiamiento de obras tan rentables, puede ser organizado por el Estado, con simples estudios de factibilidad que demuestren la posibilidad de repago de las obras por los beneficiarios, con posteridad a su ejecución y con los beneficios producidos por las obras.

La inversión del Estado y de la comunidad ha venido creciendo, pero la planificación y asignación de prioridades es imprescindible: podemos y debemos aspirar a que la construcción del hábitat, sea mucho más que la acumulación de viviendas, caminos, canales, pavimentos, escuelas.

La inversión de toda la comunidad, marca el rumbo hacia donde se dirige la sociedad. Nosotros bregamos por el modelo de Nación que deseamos para nuestros hijos y nietos. Para hacer de nuestro territorio el hogar de todos.