Agonía y resurrección del Delta

 

Hace poco más de medio siglo, la fruticultura de peras y manzanas, por entonces la principal actividad productiva del Delta, fue desplazada por la nueva producción proveniente del Valle de Río Negro y entró en rápida decadencia junto a su población, que disminuyó dramáticamente hasta 1980. Desde entonces los isleños no encontraron actividades de importancia en reemplazo, por lo cual sus hijos –para conseguir trabajo— empezaron a emigrar al continente en un camino sin retorno. Desde entonces, el Delta no se despobló debido al influjo de paraguayos (favorecidos por sus habilidades para la construcción, los trabajos con la madera y el monte) y de algunos jóvenes urbanos deseosos de lograr una vida con la naturaleza. Aún así,  la población está prácticamente estancada (ver gráfico) desde 1980.

Fuente: Tigre. Ordenanza Plan integral de manejo del Delta, p. 12-69

A partir de aquel entonces, la única actividad que se viene perfilando con ciertas posibilidades es la turística (que tiene una significativa componente de construcción y mantenimiento), aunque la misma se concreta casi exclusivamente en modalidades insustentables que por ello no logran captar el potencial  de un turismo más activo (uno de los segmentos del mercado mundial que crece más rápidamente), de individuos y grupos humanos interesados en la singularidad ambiental y social del Delta; extranjeros y algunos nacionales que no buscan el confort de hoteles ni conocer el Delta apenas desde una lancha que les hace oír un relato grabado –monótono, insulso y que funciona fuera de sincronía con el recorrido por el humedal— sino antes bien adaptarse a lo que resulta sustentable en el ecosistema; que se maravillan al conocer las lanchas de transporte de pasajeros de madera pero a quienes se les ponen los pelos de punta cuando oyen esos motores sumamente ruidosos, que dificultan tanto la conversación como la apreciación del silencio del humedal, queman un montón de aceite y poseen toscos sanitarios de descarga directa al río.

 

 

 

 

A todo esto la población isleña sufre carencias y falencias, tanto en su vida cotidiana como en sus actividades productivas y de servicios: básicamente, los pésimos servicios de transporte de pasajeros y de energía eléctrica. En ambos casos se los ha concebido de manera inapropiada: la empresa eléctrica, en lugar de recurrir a energías alternativas (hidráulica, solar, eólica) diseñó y mantiene el sistema como lo hace en tierra firme, con los consiguientes y sistemáticos cortes del servicio debido a caída de árboles sobre las líneas tendidas, rotura de cables, caída de postes; en el transporte colectivo fluvial se instituyó un monopolio muy subsidiado (por el gasto correspondiente al transporte escolar) que no invierte ni para el mínimo mantenimiento de una flota de lanchas obsoleta, que cobra tarifas absolutamente prohibitivas que atentan contra el turismo local —el de casi todo el año— especialmente de habitantes de la CABA que tienen en el humedal su casa de fin de semana.

Respecto de ambos servicios públicos concesionados se han hecho múltiples presentaciones y reclamos ante las autoridades provinciales (Direcciones Provinciales de Islas, Transporte, Energía), pero estas –que nunca llegan a entender cabalmente las especificidades que deberían observar la prestación de servicios en el Delta— no resuelven nada positivamente.

Ante esta situación, difícilmente sostenible, la población isleña concluye que la desidia gubernamental (nacional, provincial y hasta hace pocos años, municipal) tiende a favorecer el despoblamiento de las islas para que entonces sean adquiridas a precio vil por los omnipresentes “desarrolladores” que procuran por todos los medios aprovechar tierra barata para construir barrios cerrados/countries rodeados de naturaleza para, después, terminar vendiéndola en lotes y obtener así fabulosas ganancias en detrimento del ambiente del humedal y del remanente de pobladores isleños, quienes sufren mayores y más frecuentes inundaciones debido a los alteos (pólderes) que hacen los especuladores para que sus terrenos queden por encima del nivel de las mareas altas.

El Delta cuenta con personas capaces de brindar el turismo receptivo y activo que el ecosistema requiere urgentemente, para que pueda existir como tal en lugar de sólo ser objeto de contaminación –de todo tipo— debido al tipo de turismo prevaleciente y de convertirse en una extensión del continente por la presiones de la actividad especulativa inmobiliaria.

Actualmente, por primera vez, el gobierno municipal de Tigre está atento a la problemática particular de la población isleña y –aún sin haber llegado a entenderla cabalmente— la acompaña con acciones efectivas: en diciembre de 2018 puso en funciones al nuevo Consejo Asesor Permanente Isleño (CAPI), integrado por reconocidos pobladores y organizaciones sociales isleños; el mismo ya conforma un espacio institucional y físico desde el cual los isleños han iniciado una participación activa en el ordenamiento ambiental del territorio, indispensable para gestionar el desarrollo sostenible del área insular a través de sus programas y proyectos, entre los cuales están los referidos al transporte fluvial, la energía y el turismo ambientalmente sostenible e inclusivo.

Para las actividades del CAPI, las directrices son las del Plan de manejo integral del Delta de Tigre, el cual ahora comenzará a ser reglamentado con aportes básicos  del Consejo, gracias al conocimiento y experiencia de sus miembros y organizaciones.

Un indicio del interés del municipio por hacer efectivo el funcionamiento del Consejo es la reciente adquisición de una lancha, puesta a plena disposición del nuevo órgano para así controlar directamente y monitorear las infracciones al Plan de Manejo.

Con respecto a cómo solucionar los problemas en la provisión del fluido eléctrico, recientemente se ha sugerido que una posible mejoría podría surgir a partir de la rescisión del contrato de Buenos Aires con Edenor, la cual entonces debería ser  estatizada por la Provincia y sustituida por una empresa pública con asesoramiento y participación de organizaciones isleñas a través del CAPI, las que luego de tantos años de inconvenientes de todo tipo, tienen idea de dónde están los principales problemas y las diversas maneras de solucionar y prevenirlos.

En materia de transporte público fluvial –servicio regido por la autoridad provincial— estando las empresas concesionarias del servicio con contrato vencido hace mucho tiempo, hará falta que el gobierno provincial se interese por la cuestión, evalúe alternativas –también el CAPI tiene mucho para decir al respecto— y actúe para solucionar los severos problemas que presenta el servicio, en agravamiento creciente.

Junto al próximo cambio de gobierno, los isleños aguardan con ansiedad que la provincia tome cartas en ambos asuntos fundamentales del Delta para proteger los derechos ciudadanos de sus habitantes, evitando que siga despoblándose (y se siga poblando más el Conurbano, en condiciones precarias, con desarraigo y pérdida de identidad cultural) por falta de fuentes de trabajo y presión inmobiliaria; al tiempo que propicie un desarrollo sostenible del humedal, el cual provee a la región metropolitana bonaerense servicios ecosistémicos fundamentales para la vida humana, a saber: provisión de agua y oxígeno, captura de carbono, control de inundaciones y esparcimiento en contacto con la naturaleza.

Todos estos servicios ambientales (y sociales) día a día se van deteriorando, en tanto y en cuanto las autoridades (de modo muy especial) y la sociedad no comprendan la importancia que tiene que el Delta conserve íntegramente su funcionamiento como humedal.

 

 

Economista político y especialista en Ambiente Humano

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