Agentes, impunidad y justicia

 

Los atentados sucedidos durante el menemismo, el de la Embajada de Israel en 1992 y el de la AMIA en 1994, continúan siendo utilizados en el marco de manipulaciones, especulaciones y disputas domésticas y geopolíticas, todas ajenas al deseo de superar la impunidad, denunciada por las víctimas y por toda la sociedad argentina.

El nuevo capítulo de la utilización de los atentados se hizo público el último 22 de julio a través de la investigación periodística de Ronen Bergman, publicada en el New York Times. En esta oportunidad, la agencia de inteligencia conocida como Mossad –sigla que designa al Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales– difundió un relevamiento de 42 páginas en el que se afirma la participación exclusiva de integrantes de la organización político-militar Hezbolá en ambas acciones terroristas. El documento señala que no existió participación operativa alguna de los funcionarios iraníes, ni asistencia brindada por personal de la sede diplomática de Teherán. Estas manifestaciones refutan de forma palmaria la instrucción llevada a cabo por la Corte Suprema en relación al atentado de 1992 y los miles de expedientes acumulados en relación a las diferentes causas ligadas a la AMIA.

Más allá de la veracidad y/o autenticidad de los datos brindados por el Mossad –y de su valor probatorio en una potencial instrucción judicial–, lo cierto es que el informe de inteligencia impugna abiertamente la tarea llevada a cabo por todos los operadores judiciales encargados de perseguir a los verdaderos responsables de los crímenes, tanto los difundidos por los supremos como los pregonados de forma ampulosa por el extinto Natalio Alberto Nisman. La difusión del documento del Mossad, autorizado con un timing regulado por la más alta jerarquía política israelí, caricaturiza a los magistrados y fiscales argentinos que utilizaron durante tres décadas las diferentes causas para manipularlas con motivaciones políticas ajenas a las instrucciones judiciales respectivas. El encolumnamiento de la DAIA y la AMIA como fuerzas de choque de Juntos por el Cambio –evidenciado con crudeza en la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman– también queda ridiculizado por haber privilegiado intereses corporativos por sobre la necesidad de verdad reclamada por las víctimas.

El Mossad es una de las tres agencias de información y seguridad israelí. Depende directamente del premier, y su prioridad son las actividades en el exterior. Comparte el esquema articulado de inteligencia con el Shin Bet (acrónimo de Servicio de Seguridad General), focalizado en las actividades domésticas, dentro de Israel y los territorios palestinos ocupados. La tercera organización es el Amán, el servicio dependiente de las fuerzas armadas. Los datos que el Mossad afirma haber recabado durante dos décadas –en relación con los dos atentados– se basan en “interrogatorios con sospechosos, escuchas telefónicas e informes provistos por agentes”. Es decir, informes de inteligencia que no garantizan su validez para transformarse en herramientas probatorias para un tribunal.

Dentro de la estructura del Instituto, los encargados de recopilar testimonios son los neviot, especializados en operaciones de escuchas ilegales y manejo de tecnología de vigilancia remota. Pero los integrantes del Mossad no realizan ninguna acción ni declaración ante periodistas que sea autónoma o ajena a una decisión planificada por sus máximas autoridades, tanto en su contenido como en su oportunidad. En el último mes se han producido ataques de Hezbolá, mediante drones, a los yacimientos de gas de Karish –ubicados en aguas abiertas del Mediterráneo– donde Israel ha instalado plataformas marinas con una inversión de varios cientos de millones de dólares. El yacimiento se encuentra en aguas que reclamaba el Líbano, hasta que su Presidente, Michel Aoun, aceptó la propuesta de mediación ofrecida en junio por el enviado de Estados Unidos, Amos Hochstein. Ese acuerdo no fue aceptado por Hezbolá, y uno de sus máximos referentes, Nabil Kauk, advirtió en junio pasado que “los misiles de la resistencia pueden dañar las instalaciones estratégicas de Israel”. Según el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, los drones son “sólo el inicio de un enfrentamiento” y que su organización “no dudará de ir a la guerra” si Israel extrae el gas antes de que se resuelva el diferendo.

Tres días antes que Ronen Bergman difundiera el material provisto por el Instituto, el primer ministro Yair Lapid y su ministro de Defensa, Benny Gantz, sobrevolaron el yacimiento de gas como una forma de advertir a Nasrallah sobre la relevancia estratégica que Israel otorga a la inversión millonaria realizada en el Mediterráneo. Fuentes militares israelíes han descrito la situación como “la más peligrosa desde el final de la segunda guerra libanesa, en 2006”. En la actual etapa, admiten analistas del diario Haaretz, el enemigo a ser denostado –haya sido el responsable o no de los atentados en Buenos Aires– debe ser Hezbolá.

 

 

 

Utilizaciones de Medio Oriente

 

 

El contexto geopolítico que acompaña al documento filtrado por el Mossad se completa con otro acontecimiento relevante: la cumbre –realizada en Teherán– del formato de Astaná, conformado por la Federación Rusa, Turquía y la República Islámica de Irán, alcanzó nuevos acuerdos ligados no solo a Siria sino al rol a ser jugado por Teherán en la conformación del poder euroasiático. En ese plano, sugieren los analistas militares israelíes, tanto Vladimir Putin como Recep Tayip Erdogan se constituyen en garantes de la no proliferación nuclear de los persas, porque un cambio del equilibrio estratégico en la zona implicaría un peligro para Arabia Saudita –hoy socia de Rusia en la OPEP pero enfrentada con Teherán por la hegemonía del Islam–, y el consiguiente y estrepitoso fracaso de los proyectos del Collar de Perlas y de la Ruta de la Seda que ubican a Eurasia como el centro de la economía global.

A pesar de las últimas contiendas entre Moscú y Tel Aviv, todavía perduran algunos acuerdos militares entre Vladimir Putin y Yair Lapid, actual premier israelí. Tel Aviv mantiene el aval de Rusia para bombardear zonas de Siria donde habitan y se entrenan las milicias de Hezbolá, que tampoco gozan del beneplácito turco. Poner el eje en el Líbano y no en Irán permite limitar los costos políticos de desafiar en forma conjunta a la Federación Rusa y a Turquía, en momentos en que Israel se dispone a llevar a cabo, en noviembre próximo, la quinta elección en menos de cuatro años, tras la última disolución del Parlamento. Circunscribirse a un blanco realizable y efectivo, en este caso Hezbolá, puede constituirse en una buena oportunidad para desclasificar documentos secretos o modificados, atentos a las necesidades de cada circunstancia específica. Podrá existir el momento, afirman periodistas israelíes consultados, en que “puedan descubrirse nuevos indicios que vuelvan a reinstalar la culpabilidad operativa de los iraníes, si las circunstancias lo requieran”.

Según habitués de Comodoro Pro, la divulgación de los documentos del Mossad motivará por parte de la UFI AMIA y la Corte Suprema una escenificación de profundo interés que se diluirá en forma progresiva una vez que la noticia deje de figurar en las portadas de los periódicos, portales o zócalos televisivos.

La Corte Suprema lleva tres décadas sin tramitar de forma rigurosa una instrucción que, de haberse llevado a cabo con decisión, hubiese impedido el crimen colectivo de 1994. Por su parte, la UFI AMIA, controlada en la actualidad por un epígono de Nisman, Sebastián Basso, continuará elevando informes inocuos, orientados a justificar la dilapidación de un presupuesto de más de 100 millones de pesos anuales, para fingir una tarea que nadie ejecuta en oficinas donde se apilan miles de expedientes que nadie examina ni consulta. Basso, coherente con esa herencia, aterrizó en la UFI AMIA después de desempeñarse como fiscal en los juzgados de Morón, lugar donde atracó gracias a la recomendación de su pariente, la ex camarista María Luisa Riva Aramayo, una de las acusadas de ser parte del encubrimiento organizado por el magistrado Juan José Galeano que derivó en la anulación de la instrucción y su posterior enjuiciamiento y condena.

La negligencia, la impericia y la indolencia del Partido Judicial se superponen al hecho criminal de ambos atentados. Y su combinación rancia exhibe la problemática de fondo: no son los informes que puedan divulgar las agencias extranjeras ni sus operaciones de inteligencia los que socavan la confianza en las instituciones. El dilema radica en asumir que el sistema judicial no cumple con la función para la que fue diseñado, dado que está abocado a otros menesteres: proscribir proyectos políticos, proteger a socios ideológicos o lucrar con ventajas corporativas. El resultado es tan penoso como conocido: sus efectos atraviesan a toda la sociedad, imponiendo un velo de desconfianza e impunidad a todo lo que ingresa dentro de su maquinaria de contubernios, desidias y favores.

 

 

 

 

 

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