Afrenta a la República

 

Los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza han planteado —tanto en los dos debates televisivos como en sus declaraciones públicas— determinados proyectos contrarios a la Constitución nacional y al sistema republicano y democrático de gobierno.

Ambos candidatos manifiestan su vocación autoritaria, trasponiendo los límites razonables de un sistema presidencialista, al resaltar en forma permanente lo que harán por decreto, soslayando las funciones del Poder Legislativo. El contenido anunciado de dichas decisiones es de un carácter abiertamente anti-democrático.

Existen antecedentes al respecto. Hoy se ha vuelto un lugar común entre los voceros políticos y mediáticos de la derecha local sostener que el gobierno de Cambiemos, comenzado en diciembre de 2015, se habría caracterizado por ser “gradualista”. Pero la realidad demuestra lo contrario. Ese gobierno se inició con una retahíla de decretos simples y de necesidad y urgencia, con despidos masivos en el Estado, con una feroz devaluación, con la apertura de las importaciones y con la anulación por decreto de la aplicación de la ley de medios audiovisuales, entre otras. Todas estas medidas se llevaron a cabo por decretos simples o de necesidad y urgencia, sin llamar a sesiones extraordinarias del Congreso. Con el fin de legitimar todos sus actos, el gobierno se aseguró una nueva Corte Suprema adicta, designando como miembros a Rosenkrantz y Rosatti mediante un simple decreto, “en comisión” y sin acuerdo del Senado, legitimados posteriormente por este.

Un verdadero cambio de régimen se logró sin borrar las apariencias representativas parlamentarias, prácticamente sin obstáculo alguno, sustituyéndolas por el imperio del Poder Ejecutivo, gobernando por decretos de necesidad y urgencia o por decretos simples. Cabe recordar que el entonces Presidente Macri vetó en mayo de 2016 la ley de emergencia ocupacional aprobada por el Congreso que prohibía los despidos por 180 días. También vetó en diciembre del mismo año la Ley 27.335, que había restablecido el salario mínimo profesional en la Ley de Contrato de Trabajo, una de las normas eliminadas por la dictadura cívico militar.

El nuevo régimen inició velozmente —sin el menor asomo de gradualismo— la reestructuración económica por la que venían bregando los grupos económicos y el capital financiero. Contrariando el ciclo económico internacional adverso que exigía priorizar el mercado interno, las medidas económicas emprendidas por el gobierno apuntaron desde un principio al achicamiento de este mediante la rebaja salarial y de las jubilaciones, una mega-devaluación, la eliminación y reducción de las retenciones a las exportaciones cerealeras y mineras, la liberalización de las importaciones y un colosal aumento de tarifas de los servicios públicos, con el resultado de una enorme transferencia de recursos hacia los grupos económicos más concentrados del capital financiero y exportadores agrarios.

La actual candidata de la coalición macrista, Patricia Bullrich, plantea la derogación de las indemnizaciones por despido y su agravamiento por falta de inscripción o registración deficiente, normas contenidas en la Ley 24.013, y que, si el Congreso no aprobara su proyecto, lo hará por decreto de necesidad y urgencia. Incluye, en su voluntad derogatoria, las “multas” que se les aplican a los empresarios, sin aclarar que en realidad se trata de las indemnizaciones especiales que se aplican —conforme a la Ley Nacional de Empleo 24.013— a los empleadores que no inscriben o registran deficientemente a sus trabajadores: la duplicación de las indemnizaciones por despido y el 25 % de los salarios percibidos o devengados durante la relación laboral.

Los argumentos de Patricia Bullrich reiteran los fundamentos esbozados por los legisladores que plantean la supresión de las indemnizaciones por despido: la actual legislación protectoria, incluso la que penaliza con agravamiento de indemnizaciones a los empleadores que no registran a su personal y evaden las cargas sociales, sería la causa que impide o desalienta la contratación legal de trabajadores. Contradictoriamente, se llega a sostener que la causa de la informalidad es la existencia de una legislación que tiende a combatirla. Patricia Bullrich plantea su derogación lisa y llana, sin aclarar que las “multas” (en realidad indemnizaciones agravadas) se aplican sólo a los empresarios que no cumplen con su obligación de registrar a sus trabajadores, beneficiándose de la violación de las normas legales y convencionales.  

La experiencia nacional e internacional demuestra que a través de los recortes de derechos de los trabajadores no se ha logrado una mayor ocupación ni una mayor regularidad en la contratación. Por el contrario, estos instrumentos han sido utilizados para precarizar las relaciones laborales. Es innegable que la eliminación o la reducción de las indemnizaciones especiales previstas en la actual legislación con el fin de penalizar los incumplimientos del deber de registración incrementarán aún más el trabajo en negro y el fraude laboral. 

La candidata afirma que, si el Congreso no aprueba su proyecto, derogará por DNU “las indemnizaciones por despido”. Parece convencida de que su decisión tendría efectos inmediatos, olvidando que esta se halla sujeta al control del Poder Legislativo (art. 99, inc. 3, de la Constitución Nacional).

La candidata muestra un total desprecio por la justicia laboral: “El Estado no tiene por qué tener una justicia laboral, si es una justicia laboral contaminada y dominada por los gremios. Nunca un empresario gana un juicio”. Afirma que a dichos juzgados “los va a pasar a Buenos Aires”; además de efectuar una clara amenaza dirigida a las organizaciones sindicales: “El que no acepte las reglas de juego y empiece a querer poner trabas en la Argentina va a tener consecuencias”.

La candidata de Juntos por el Cambio manifiesta que legalizará las grabaciones de las conversaciones entre los detenidos bajo proceso y sus defensores, en clara violación del artículo 18 de la Constitución nacional: “Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”; y de la acordada 17/2019 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El candidato “libertario” ha manifestado en numerosas oportunidades su vocación antidemocrática y contraria a los derechos humanos.

En primer lugar, el actual diputado nacional Milei —en el primer debate televisivo— ha justificado y reivindicado a la dictadura cívico-militar, incurriendo en una clara actitud negacionista del genocidio perpetrado esta, cuestionando con falsos argumentos que los desaparecidos fueron 30.000.

Se ha manifestado contra la justicia social en estos términos: “Esa atrocidad de que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvidan de que alguien lo tiene que pagar… cuya máxima aberración es la justicia social”. De esta forma se ha colocado en abierta contradicción con el texto de la Constitución nacional. El artículo 75, inc. 19, determina —entre las atribuciones del Congreso—: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social”.

Ha dicho que en el supuesto de que la dolarización y otros proyectos que propone no fueren aprobados por el Congreso, promoverá plebiscitos. Cabe recordar que la Constitución nacional no los autoriza. El artículo 39 prevé que los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados, y el artículo 40 establece la facultad del Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, de someter a consulta popular un proyecto de ley. El Presidente sólo puede convocar a consulta popular no vinculante; y en este caso el voto no será obligatorio (art. 40).

Mientras la candidata de Juntos por el Cambio cree en el poder absoluto de los decretos de necesidad y urgencia, el candidato “libertario” cree que puede imponer su voluntad a cualquier costo, burlando las funciones del Poder Legislativo mediante la utilización de métodos propios de regímenes autoritarios.

En el debate entre los candidatos a Presidente realizado en la Facultad de Derecho de la UBA, el candidato de La Libertad Avanza se había referido a la inminencia de una hiperinflación. Días después, antes de iniciarse una reunión con empresarios, manifestó que “cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil”.

A partir del día siguiente se produjo una fuerte alza del dólar paralelo que sobrepasó los 1.000 pesos. Es evidente que —aunque hayan existido otros aumentos anteriores— el ascenso fue excesivamente elevado, y que respondió a una fuerte corrida cambiaria o más precisamente a un golpe de mercado, tendiente a desestabilizar económica y políticamente al país, sumiendo en la desesperación al pueblo argentino.

El candidato ultraderechista alienta la inestabilidad exhortando a los argentinos a no renovar los plazos fijos en pesos y no utilizar ningún instrumento de ahorro en moneda nacional. “El peso es la moneda que emite el político argentino, y por ende no puede valer ni excremento, porque esa basura no sirve ni para abono”. En forma simultánea, su socio político y candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, escribió en las redes: “Hoy más que nunca: no ahorres en pesos”.

Es evidente la intencionalidad que se desprende de semejantes declaraciones: que gran parte de la masa del dinero ahorrado en pesos y retirado de los bancos se vuelque al dólar ilegal, generando las condiciones para desatar una hiperinflación, la profecía anunciada en el debate de la Facultad de Derecho.

Se han promovido varias denuncias contra el candidato “libertario”. Creemos que la conducta de Milei, además de irresponsable y contraria a la Constitución nacional, puede encuadrar en varias figuras del Código Penal.

En primer lugar, ha violado el principio de supremacía constitucional del artículo 36, que se refiere a quienes cometieren actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, y expresa en su segundo párrafo: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

Por otra parte, el artículo 75, inc. 19, de la Constitución determina que el Congreso debe proveer a “la defensa del valor de la moneda”. El diputado y candidato Milei ha expresado en términos despectivos su oposición a la existencia misma de nuestro signo monetario, y su voluntad de reemplazarlo por una moneda extranjera a cualquier costo, exteriorizando una conducta contraria a la soberanía nacional.

El artículo 211 del Código Penal determina que “será reprimido con prisión de dos a seis años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”. Es evidente que se ha infundido un enorme temor público dando voces de alarma difundidas en todos los medios y redes, y que constituye una agravante el hecho de que quien las haya dado sea un diputado nacional y candidato a Presidente de la Nación.

 

Conclusiones

La gravedad de las declaraciones y conductas de estos candidatos expresa una seria amenaza que pone en peligro el sistema republicano y democrático.

La experiencia internacional demuestra que estas posiciones políticas desembocan en el autoritarismo neofascista, ya que una de sus características fundamentales es la dependencia absoluta del Estado respecto al poder económico, junto al dominio total del capital más concentrado sobre los trabajadores y sectores populares, mediante la represión de sus organizaciones.

En su cosmovisión, las instituciones del Estado deben quedar reducidas a un solo poder real: el Ejecutivo, que domina de hecho al Congreso, al que se le adjudica el rol de legitimar los cambios políticos, económicos y sociales regresivos, con la complicidad del Poder Judicial.

Es el sistema democrático el que está en peligro cuando es el poder económico —en ejercicio del poder político, sin mediaciones— el que impone las reglas, la dirección esencial, los objetivos centrales, con la apariencia o ficción de que estas decisiones estarían respaldadas por la voluntad del pueblo expresada en una elección presidencial.

La voluntad de disciplinar a los trabajadores y sus organizaciones a través de métodos legales e ilegales es uno de los objetivos fundamentales de la derecha local, tanto la nucleada en Juntos por el Cambio como la de los fascistas “libertarios”, para hacer posible la transformación regresiva de las condiciones socio-económicas. 

La realización de estos objetivos requiere necesariamente el establecimiento de un régimen político de carácter autoritario, siendo el ejemplo más cercano el de la dictadura de Pinochet, quien gobernó con una pléyade de asesores de la Escuela de Chicago encabezada por Milton Friedman.

Cabe recordar que el régimen de Mussolini —elogiado por Friedrich von Hayek y otros economistas de la escuela neoclásica— puso en marcha en sus comienzos profundas reformas que promovían la austeridad fiscal, monetaria e industrial. Estos cambios impusieron duros esfuerzos y sacrificios a las clases trabajadoras y garantizaron los intereses del gran capital.

Se ha dicho al respecto que “entre las reformas que consiguieron acallar cualquier impulso de cambio social, podemos mencionar la drástica reducción de los gastos sociales, los despidos de funcionarios (más de 65.000 sólo en 1923) y el aumento de los impuestos sobre el consumo (el IVA de la época, regresivo porque lo pagaban principalmente los pobres). Todo ello junto a la eliminación del impuesto progresivo sobre las herencias, la cual fue acompañada de un aumento de los tipos de interés (del 3 % al 7 % a partir de 1925), así como de una oleada de privatizaciones que estudiosos, como el economista Germà Bel, han calificado como la primera privatización a gran escala en una economía capitalista”. “Además, el Estado fascista aplicó leyes laborales coercitivas que redujeron drásticamente los salarios y prohibieron los sindicatos. La derrota final de las aspiraciones de los trabajadores llegó con la Carta del Trabajo de 1927, que cerró cualquier vía de conflicto de clase. La Carta codificó el espíritu del corporativismo cuyo objetivo, en palabras de Mussolini, era proteger la propiedad privada y ‘reunificar dentro del Estado soberano el pernicioso dualismo de las fuerzas del capital y del trabajo’, que se consideraban ‘ya no necesariamente opuestas, sino como elementos que debían y podían aspirar a un objetivo común, el más alto interés de la producción’” [1].

Nos preguntamos acerca de las razones que nos han llevado a la situación política actual, en la que hay dos fuerzas, de derecha y ultraderecha, que están disputando la posibilidad de acceder a la presidencia de la República, aun cuando expresan abiertamente su carácter antidemocrático y anti-popular, su voluntad de destruir los derechos de los trabajadores, sus aspiraciones autoritarias y el negacionismo de los crímenes de la última dictadura cívico-militar. ¿La lucha por la memoria, verdad y justicia de tantas décadas no ha sido suficiente para evitar el olvido?

Se ha dicho que los grupos sociales carecen de una memoria colectiva que pueda ser transmitida como lazo viviente al interior de la familia y al ambiente de trabajo; y que la herencia cultural es aquello que cada persona se fabrica gracias a la escuela, a las lecturas, a sus relaciones personales, siendo disueltos bien pronto dentro de él las herencias y recuerdos que las generaciones precedentes no han tenido el modo de transmitirle. Y que este proceso de cancelación de la memoria del trabajo y de la historia se ha vuelto más violento con el advenimiento de la financiarización de la economía capitalista y el triunfo del neoliberalismo.

Es en este contexto es en el que debemos combatir la enfermedad del olvido, la negación de la historia planificada eficazmente por los voceros de la derecha y, revalorizando las luchas de las Madres de Plaza de Mayo y las organizaciones de derechos humanos, profundizar el estudio y el debate de nuestra historia, ampliando el conocimiento de los lugares en los que se desarrolló esta, como condición necesaria para la continuidad de la lucha por la soberanía nacional y una sociedad sin explotación ni opresión.

 

 

[1] Mattei, Clara E., “Cuando los liberales se enamoraron de Benito Mussolini” y “Como los economistas inventaron la austeridad y allanaron el camino al fascismo”, 16/11/2022.

 

 

 

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