Adriana Salvatierra, ¿MAS alternativa?

 

Adriana Salvatierra es senadora nacional de Bolivia. Comenzó a militar a los 15 años en las juventudes del Movimiento al Socialismo (MAS) de Santa Cruz de la Sierra. A los 26 se convirtió en senadora y tres años más tarde en la presidenta más joven de la Cámara Alta de su país.

De actuación destacada en la resistencia al golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y también en la victoria de Luis Arce, es uno de los cuadros políticos más lúcidos de su país. En esta entrevista  hace un balance del último año, las fragilidades que tuvo el proceso de cambio, los desafíos que se abren ahora y cómo construir una alternativa popular sólida a los modelos neoliberales que proponen las derechas latinoamericanas.

—Luis Arce asumirá en un escenario de crisis económica provocada por la pandemia pero también por el gobierno de facto. ¿Cuáles considerás que deberían ser las primeras acciones del nuevo gobierno para intentar recomponer esta situación? 

—Lo principal es reactivar la inversión pública, porque es el motor del crecimiento económico en nuestro país. Y lo segundo es continuar los procesos de industrialización y sustitución de importaciones para crear nuevos empleos, con garantías para los trabajadores, que permitan reactivar el aparato económico.

En lo siguiente, por supuesto, la crisis sanitaria ha evidenciado la fragilidad del sistema de salud en nuestro país y creo que es un tema a atender de forma urgente.

—El MAS logró reconstruirse tras el golpe de Estado, la persecución por parte de la dictadura y el exilio forzado de sus dirigentes. Nucleó nuevamente a los movimientos sociales, a la Central Obrera Boliviana que no había defendido al gobierno durante el golpe y tendrá a Evo Morales sin ocupar, en principio, ningún cargo público pero siendo una figura de muchísimo peso. ¿Cómo ves esta alianza de cara a la nueva etapa?

—Para nosotros este tiempo fue un aprendizaje de lecciones que nos costaron compañeros y compañeras, vidas. Hubiéramos deseado que se den de otra forma las circunstancias.

Si me pongo a pensar, no estoy en condiciones de juzgar a ningún compañero o compañera porque en principio muchos dirigentes y militantes de base fueron señalados en sus domicilios. Fueron secuestrados sus familiares para forzar sus renuncias.

Creo que este nuevo tiempo nos ha enseñado a identificar la soberbia en parte de nuestra administración. Eso debe llevarnos a un profundo proceso de reflexión para saber cuáles fueron nuestras fragilidades. Porque una asume que un proceso que interpela privilegios por supuesto que es objeto de idas y vueltas, pero no pensamos que el contraataque de la oposición boliviana generara tanta violencia, eso no estaba en nuestros cálculos.

Insisto, debemos evaluar con qué condiciones de fragilidad afrontamos aquellas circunstancias para que no vuelva a suceder. Y tenemos que volver mejores, sin ánimos de venganza, de revancha. Volver apuntando a la reconstrucción del país como tarea fundamental de todos los compañeros y compañeras que asuman responsabilidades en el Estado.

—Vos señalabas que hay que volver sin revanchismos, sin embargo la dictadura cometió crímenes, algunos que tuvieron notoriedad a nivel mundial como las masacres de Sacaba y Senkata y quienes llevaron adelante el golpe van a seguir ocupando lugares institucionales. ¿De qué manera se aborda eso? ¿Cómo se puede hacer justicia?

—Deben iniciarse las investigaciones. Hasta el momento no se ha abierto ninguna por las masacres de Sacaba y Senkata. Son delitos que están en absoluta impunidad.

El maltrato que sufrieron nuestros compañeros y compañeras como Patricia Hermosa o Víctor Borda, a quien le quemaron el domicilio y torturaron a su hermano para obligarlo a renunciar, no pueden quedar en la impunidad. De eso se deberá encargar la Justicia.

—Más allá de lo judicial, ¿cómo ves que se va a dar el vínculo político con estos partidos y dirigentes que fueron parte activa del golpe de Estado y el gobierno de facto?

—Nosotros tenemos una profunda vocación de diálogo, una vocación democrática y siempre apostamos a ello. Creemos que ese es el camino para saldar diferencias.

El problema es que esos sectores que promovieron el golpe de Estado hoy se niegan a aceptar los resultados electorales hablando de fraude. Ese discurso y ese relato ha sido anulado, ha caído por su propio peso luego de las elecciones.

Pero hay una oposición profundamente violenta que no acepta esto y al parecer no apela a la vía democrática para saldar los conflictos.

De todas maneras los acontecimientos irán surgiendo y nosotros continuaremos apostando por la vía democrática.

—En los últimos 10 años y un poco más también se ha visto en América Latina una ofensiva conservadora, de sectores de derecha con un fuerte respaldo de Estados Unidos, para atacar y derrocar gobiernos que no coinciden con sus intereses. Sin embargo esto que sucedió en Bolivia no tiene precedentes, ya que un golpe de Estado fue derrotado apenas un año después en elecciones por el mismo partido que había sido despojado del gobierno. ¿Qué implica para vos esto a nivel regional?

—Creo que había múltiples teorías en torno al fin de un ciclo progresista en América Latina. Pero el triunfo democrático en Argentina, en Bolivia, el avance de la izquierda latinoamericana en México, la proeza con la cual resisten gobiernos de carácter progresista pese a los embates norteamericanos, nos dan cuenta que este ciclo de dignidad, de soberanía, no ha concluido.

Este ciclo no debe ser medido en base a las aspiraciones de ciertos grupos que consideran que la izquierda solamente avanza en la medida en que consolida gobiernos progresistas.

La victoria en Bolivia ratifica la vigencia de los proyectos políticos de izquierda en nuestra región que hacen énfasis en la soberanía y en la democratización de la riqueza, esas son las cualidades que nos unen. Pero además pondrá en la agenda internacional necesidades concretas: la derecha intentó desmontar y destruir sistemas de integración que prescindían del tutelaje norteamericano, que establecían relaciones de intercambio en base a la solidaridad y el beneficio mutuo.

Es importante retomar aquella agenda de integración que fortalecía la soberanía de los Estados, la integración latinoamericana solidaria y equitativa.

Creo que ese es el siguiente desafío: cómo reconstruimos la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y cómo generamos una dinámica de integración que se constituya en un espacio de contención para el avance de los proyectos imperialistas pero también en una oportunidad de ampliar los márgenes de acción de los movimientos sociales en toda América Latina.

—Álvaro García Linera define el proyecto de las derechas de hoy como "neoliberalismo zombi", es decir que no pueden ofrecer un horizonte de futuro. Se vio claramente en Bolivia este último año pero también en Argentina con los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, quizás como consecuencia de esto, estos sectores conservadores están adoptando un perfil muy extremo, muy radicalizado. ¿Cómo analizás esta situación?

—Dos cosas: aquello que creíamos conquistado puede ser puesto en duda. Aquellos grandes avances de los proyectos progresistas en América Latina pueden retroceder. Eso lo hemos visto en el caso concreto de Brasil.

Pero además, el proyecto político con el que vienen las derechas no tiene absolutamente nada de renovador. Trae un ajuste de corte neoliberal mucho más profundo, que pone en duda las grandes conquistas sociales que se construyeron en años anteriores.

Y lo segundo es que hay, además, un intento de construir desde el ámbito conservador usando la religión como identidad demográfica del poder. Ese no es un dato menor. Porque implica retrocesos en los derechos conquistados, especialmente para las mujeres y los colectivos indígenas, originarios y campesinos. E implica también el retorno a prácticas que lo único que hicieron fue reproducir los distintos tipos de opresión de género y de clase.

A esto se suma que son proyectos muy dóciles a la hora de establecer relaciones con Estados Unidos. Creo que ahí radican las principales características.

¿Cómo se los combate? La referencia está en la disputa de los sentidos comunes, porque de eso se trata la apuesta democrática en los procesos electorales.

En el caso de Bolivia la gente este año ha tenido la posibilidad de contrastar. Y en ese contraste —que ha sido muy rápido y muy traumático— la gente ha podido evaluar cómo estaba cuando tenía un gobierno de carácter progresista que contribuía a la ampliación de los derechos y la democratización de la riqueza y las oportunidades, y como está cuando gobierna la derecha.

A partir de eso, más allá del aprendizaje duro que hemos tenido, es importante continuar construyendo conciencia social de lo conquistado.

—Si bien es verdad que las derechas tienen estas falencias, también es cierto que los proyectos progresistas, de izquierda y anticapitalistas se encuentran en una situación compleja. ¿De qué manera se pueden reconstruir para pensar en un horizonte emancipatorio y avanzar hacia modelos que disputen con un capitalismo que en esta pandemia mostró una de sus facetas más terribles?

—Yo creo que la pandemia, además de poner de manifiesto esto, ha generado una mayor sensibilidad en torno al rol del Estado para la planificación de las políticas públicas y la economía.

Es decir, hoy no creo que haya muchos que puedan decir que la reactivación venga de la mano privada. De hecho en muchos países, incluso los más liberales económicamente, están apostando por una mayor participación del Estado en la recuperación de las empresas, la garantía de la estabilidad laboral, etc.

Creo que hay un contexto mucho más favorable que ha puesto en el centro de la discusión el rol del Estado para garantizar la recuperación. Pero además algo que no es menor y que debe ser tomado por las izquierdas en el mundo y particularmente la latinoamericana: el rol del Estado en la garantía efectiva de determinados derechos.

Cuando hablamos de la salud y la educación, existen muchos que te dicen —como en Chile-—que quien quiera estudiar en la universidad que pague. En Bolivia creemos que eso es un derecho. Existen algunos que creen que la educación es un servicio y nosotros que creemos que es un derecho.

Por todo esto existirá entonces un debate en torno al alcance de la responsabilidad del Estado y cómo se construyen oportunidades de igualdad para la población.

Ahí también hay un escenario favorable que se abre a partir del debate de la salud. La salud pública es un elemento sin el cual no se puede pensar el Estado como garante del ejercicio de los derechos.

Esto se puede desplegar en muchas áreas, también en el acceso a las tecnología y a los servicios. Bolivia ha sido pionera en garantizar el acceso a los servicios básicos como derecho humano y es un principio constitucional.

En resumen: no hay que pensar todo esto como bienes que están sujetos a las órdenes del mercado, sino como derechos que exigen una responsabilidad del Estado que debe garantizarlos.

 

Entrevista difundida en Reunión Podcast

 

 

 

 

 

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