Adiós a las armas

 

El juzgado federal a cargo de Ariel Lijo tiene pendiente su respuesta a una presentación por presuntas irregularidades en la compraventa de armas durante el segundo año de la intervención del macrismo en la entonces Dirección General de Fabricaciones Militares. La investigación no fue delegada, por lo que permanece en manos de Lijo, pero que la fiscalía interviniente sea la de Carlos Stornelli contribuye a considerar posibles razones de la demora.

La denuncia, formulada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a fines de diciembre último, surgió a partir de un reclamo de la empresa Bersa, que objetó una contratación directa de Fabricaciones Militares para la compra de 15.000 pistolas PX4 Storm 9 mm a la italiana Beretta, por casi 5 millones de euros.

La Procuración reconstruyó el trámite y concluyó que la compra omitió los requisitos exigidos, incluyendo un proceso de selección de oferentes, y se materializó en un pago por anticipado y con sobreprecios, de acuerdo a la cotización de entonces del euro y los valores declarados por esa fecha por otros importadores para adquirir las mismas armas. La operación final se concretó por poco más de 10.000 unidades. El cálculo de la fiscalía es que cada una se pagó casi un 52% por encima de su precio real.

Parte del armamento fue a su vez revendido por Fabricaciones Militares a los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los provinciales de San Juan y La Pampa, con nueva aplicación de sobreprecios respecto de los valores de mercado y del monto acordado para la compra original. La hipótesis de la Procuración es que las ventas subnacionales fueron sólo una pantalla para justificar la adquisición directa de las unidades a la firma italiana, eludiendo los mecanismos requeridos por las normativas de contrataciones administrativas y de compre nacional.

El ejercicio de compraventa no se encontraba entre las facultades implícitas ni explícitas de Fabricaciones Militares. La actuación de intermediación o reventa no le estaba permitida hasta que, en el último año de su mandato presidencial, Mauricio Macri la transformó en Sociedad del Estado y le atribuyó capacidad de comercialización.

 

 

 

De caño vale doble

De acuerdo a la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, en la compra acordada a Beretta no se cumplieron las condiciones para omitir, mediante la figura de un único proveedor disponible, la licitación previa. Los dictámenes técnicos no concluían que las armas importadas fueran las únicas del mercado para la tarea a cumplir, como exige el decreto 1023/2001. Por el contrario, los informes resaltan las características estéticas, ergonómicas y de funcionalidad de un modelo similar fabricado por la denunciante Bersa en Ramos Mejía.

Uno de los argumentos utilizados para sustentar la contratación directa tenía que ver con la utilización de las pistolas Beretta por parte de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires a partir del traspaso a esa jurisdicción de los efectivos de las comisarías de la Policía Federal en territorio porteño. Sin embargo, calcula el Ministerio Público, eso no alcanza a cubrir las condiciones de “proveedor único” y resulta en que Fabricaciones Militares tendría menos y no más necesidad de armamento al concretarse el traspaso.

El expediente de compra registra una rescisión y nueva firma del contrato, siempre aludiendo al “interés público”, aunque sin explicar por qué éste variaría en los cuatro días que pasaron entre un trámite y otro. Uno de los puntos que cambió entre un documento y el siguiente fue el relativo a la modalidad de pago: en la última versión se estableció que la totalidad sería por anticipado.

Otro argumento con que se pretendió sustentar el vínculo contractual fue el de propiciar la transferencia de tecnología y estimular la fabricación en el país, aunque finalmente la empresa italiana sólo dispuso el ensamble argentino de piezas importadas del mismo modelo de pistola y uno de fusil de asalto.

Un Memorándum de Entendimiento entre las partes, suscrito en 2016 y luego declarado nulo, pretendió resguardar al contrato como un acuerdo entre Estados, una confusión conceptual para definir al vínculo entre una repartición estatal argentina y una empresa privada italiana a la que el Estado peninsular sólo había entregado certificación. El acuerdo entre la Argentina e Italia para cooperación en materia de defensa incluye adiestramiento, formación, investigación y desarrollo de tecnologías, pero no la comercialización. El fin aludido no alcanza a llenar, como se pretendió, los supuestos de que un carácter de necesaria reserva debía conducir a la contratación directa.

En lo actuado no consta, por otra parte, el certificado fiscal que asegurara que Beretta no se encontrase suspendida en el Registro de Importadores y Exportadores de la Dirección General de Aduanas. El mismo faltante se apreció en relación a sus inscripciones en las nóminas oficiales de importadores de armamento y del Registro Nacional de Armas.

“En síntesis, la improcedencia de los argumentos invocados determinaría que se encontraba ya acordada la compra de las pistolas Beretta, máxime cuando se apoyaron en un acuerdo de licencia con la firma italiana no vigente ni ratificado”, indica la presentación de la Procuraduría, que alude al Memorándum declarado de nulidad absoluta en mayo de 2019, todavía bajo la Presidencia de Macri.

 

 

La Fábrica de despidos

El principal señalado por la presentación de la Procuraduría es Héctor Lostri, interventor de Fabricaciones Militares entre enero de 2016 y mediados de 2017. En ese periodo ejerció en simultáneo el cargo de secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa del mismo Ministerio.

Lostri, un arquitecto que en la segunda mitad del mandato de Macri fue embajador en Paraguay, registraba para entonces un controversial paso previo por la función pública en el gobierno macrista de la Ciudad de Buenos Aires.

En noviembre de 2007, el anuncio de su nombramiento como subsecretario de Planeamiento porteño ocasionó un duro cruce de Aníbal y Vilma Ibarra con el recién electo Macri y su jefe de gabinete y futuro sucesor, Horacio Rodríguez Larreta. La senadora Ibarra cuestionó la postulación de Lostri al cargo por las acusaciones penales en su contra en una causa que investigaba negociaciones incompatibles con la función pública en tiempos del menemismo. Rodríguez Larreta lo defendió respondiendo que ya había cumplido una probation. En las últimas horas de 2011, tras la reelección de Macri como alcalde, Lostri fue ascendido a secretario de Planeamiento.

Dos años más tarde, el funcionario fue denunciado por legisladores de Proyecto Sur y la Coalición Cívica –que aún no era un simple apéndice del PRO– por su consentimiento para la demolición de un edificio ubicado en avenida San Juan al 2200 e incluido dentro del Catálogo Preventivo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad. No fue el único caso de un sitio histórico amenazado. Lostri venía sosteniendo una porfiada batalla contra la ley 1227 que la Legislatura porteña votó en 2003 para colocar bajo la órbita de Cultura y a resguardo de la voracidad inmobiliaria la preservación del patrimonio edificado. En los hechos, parecía estar de ambos lados del mostrador.

Su desembarco en Fabricaciones Militares imprimió sobre la entonces Dirección General la lógica del macrismo. A fines de enero de 2016, días después de asumir el cargo, la nueva gestión consumó casi un centenar y medio de despidos. La decisión, avalada por un cerrado discurso de apoyo de algunos medios de comunicación, provocó protestas en distintas sede del organismo en el país.

 

 

La secta del gatillo alegre

De acuerdo a la denuncia de la Procuraduría, las reventas a San Juan y La Pampa de las armas compradas a Beretta fueron avaladas por el gobernador sanjuanino Sergio Uñac y el ahora retirado jefe policial pampeano Roberto Ayala.

En la provincia cuyana el tema no generó mayor repercusión mediática, aunque trascendió que la gobernación habría tomado vista del expediente. En Santa Rosa, en cambio, noviembre abrió con una amplia cobertura periodística sobre la denuncia en La Arena, El Diario de la Pampa y, sobre todo, la comunitaria Radio Kermés, entre otros medios. En una entrevista radial, Ayala procuró sostener la validez del trámite local de la compra y adjudicó la denuncia a “una opereta”.

Quien también salió a defender la adquisición de armas a Fabricaciones Militares fue su viejo adversario interno Juan Carlos Tierno, en 2017 ministro provincial de Seguridad, con quien Ayala había mantenido una larga disputa por el mando de la policía pampeana. La aparición de Tierno causó sorpresa, dado que su nombre no figuraba entre los señalados por la Procuraduría en su denuncia.

 

 

 

Tierno es uno de los más singulares personajes de la política provincial desde el retorno de la democracia. Sus pasos como funcionario en distintos periodos marcaron una creciente tendencia a la provocación a través de declaraciones públicas en las que se jactaba de un decidido perfil represivo, que se verificó también en el incremento de denuncias por el accionar policial. En diciembre de 2007 fue electo intendente de la capital pampeana, pero sólo duró 87 días: el gobierno provincial debió intervenir la Municipalidad tras un verano pleno de protestas populares contra sus medidas y antecedentes. El periodista Juan Carlos Martínez reunió las acusaciones contra Tierno en su libro El golpeador, que alude a hechos de lo que todavía no se calificaba como violencia de género, contra una ex pareja, en la década del ‘80.

 

 

A fines de 2015, el recién electo gobernador Carlos Verna designó a Tierno como ministro de Seguridad. Lo defendió hasta mediados de 2018, cuando las denuncias en su contra hicieron insostenible su continuidad y Verna comenzó a buscar un puente hacia el kirchnerismo en reconstrucción.

Durante ese lapso, Tierno consolidó su relación con Patricia Bullrich, que ocupaba la misma cartera en el gabinete nacional de Macri. Con ella compartía lo que se conocería como “doctrina Chocobar”. Meses antes de asumir, Tierno había relatado a una radio local que, en su paso previo por el gabinete provincial, recomendaba a la policía pampeana cómo actuar ante cazadores furtivos: “El primer tiro, al aire; el segundo, directamente a la cabina del vehículo en fuga”. En julio de 2016 una patrulla aplicó la receta y baleó a cuatro cazadores de liebres, uno de los cuales murió a causa de los disparos. Frente a los cadetes, Tierno presumía de haber sido el autor intelectual del decreto nacional que declaró la “emergencia en seguridad” por un año a comienzos de 2016, prorrogada en 2017 por otros 365 días. A órdenes del entonces ministro revistó también el ex agente de inteligencia Alan Ruiz, luego procesado por espionaje ilegal durante el macrismo.

Cuando Verna lo removió de su cargo, Tierno se recluyó en el partido Comunidad Organizada, que le asegura un grado mínimo pero persistente de participación en la política provincial. Desde entonces golpea las puertas de Juntos por el Cambio. El larretismo y el radicalismo se resisten a abrírselas, pero Bullrich pugna por su ingreso.

El 5 de noviembre, el diario La Arena confirmó que la compra de armas de la policía de Tierno a Fabricaciones Militares no había sido objetada por el Tribunal de Cuentas pampeano. La presidenta de ese organismo de contralor es la contadora María Alejandra MacAllister, hermana del ex futbolista que en 2019 perdió la interna con el radicalismo y posible candidata a vicegobernadora por el PRO en las elecciones del año próximo.

 

 

 

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