Adiós a las armas

 

El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, se despachó el 17 de octubre de 2017 con un fallo que no fue justamente un obsequio por el Día de la Lealtad. Dispuso –con el apoyo de dos de sus colegas– la detención del entonces diputado y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por supuestos desvíos de fondos para las obras de Río Turbio. Faltaban cinco días para las elecciones de medio término y era la forma en la que Comodoro Py se metía de lleno en la campaña en tiempos de marcado crecimiento de Cambiemos. Los tribunales, que en los últimos años ordenaron la detención de más de 70 funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo, quedaron envueltos en su propia trampa. Esta semana, la comisión bicameral que monitorea la implementación del Código Procesal Penal Federal decidió que era hora de agradecerle los servicios a la Doctrina Irurzun y restringir los criterios para el dictado de prisiones preventivas.

 

 

La doctrina

Cuando salió el fallo de la Sala II de la Cámara Federal, De Vido llevaba más de dos años fuera del Ministerio de Planificación, pero ocupaba la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Fue uno de los puntos en los que reparó Irurzun para delinear su doctrina, de pocas páginas, pero de incalculable impacto.

Según el camarista, no era suficiente ver cómo un imputado se había comportado en el proceso penal –es decir, si siempre se había presentado ante el requerimiento de las autoridades judiciales– para decidir si debía ser detenido antes de tener una sentencia firme. Tampoco si tenía arraigo.

Lo que había que ver, al entender de Irurzun, era si había “lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal que se encuentran aun vigentes”. Para ello había que examinar objetivamente las posibles interferencias en la investigación en curso, algo que había hecho notar el fiscal del caso, Carlos Stornelli, y apoyado su colega Germán Moldes.

Hay quienes creen que Irurzun se hizo cargo de la criatura, pero que el verdadero progenitor era el entonces presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti. Como consignó Irina Hauser en su libro Rebelión en la Corte, el titular del máximo tribunal habría examinado estas cuestiones en un planteo del abogado Jorge Chueco y delineado alguna de las aristas que Irurzun puso en práctica. Ese voto nunca salió.

 

 

Alto el fuego

La semana pasada, el titular de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, el senador Rodolfo Urtubey (Bloque Justicialista), convocó a los senadores y diputados que la integran para hacer la última reunión antes de la renovación del Congreso. Consultas mediante, el kirchnerismo decidió acompañar. Lo mismo sucedió con los representantes de los partidos que integran Cambiemos. El dictamen se firmó el miércoles.

Urtubey fue uno de los senadores más cercanos a Miguel Pichetto antes de que se sumara a Juntos por el Cambio (ex Cambiemos). La convocatoria, entienden algunos integrantes de la Bicameral, funcionó como un trampolín propio: como despedida de la Cámara Alta y de la Bicameral, pero también como un tendedor de puentes para quienes sufrieron las preventivas y quienes pueden estar en la mira del Poder Judicial después del 10 de diciembre.

Una de las primeras medidas de Macri al asumir fue posponer la aplicación del Código Procesal, que supone el cambio a un sistema acusatorio, en el cual el peso del proceso penal recae en los fiscales. Sólo arrancó a aplicarse en Jujuy y Salta, tierra de los Urtubey. Seguirá por Mendoza y Rosario, según decidieron los integrantes de la Comisión Bicameral.

 

 

Los artículos

Entre las otras decisiones que tomó la Bicameral está la puesta en vigencia de los artículos 210, 221 y 222 del nuevo Código Procesal ante todos los tribunales federales del país. Eso sucederá tres días después de que la resolución se publique en el Boletín Oficial. Hay quienes estiman que sería el próximo martes 19.

El artículo 210 establece que tanto el Ministerio Público como la parte querellante pueden pedir, en cualquier momento del proceso, distintas medidas de coerción. Entre otras, que se le pida al imputado que prometa que va a someterse al procedimiento, estar al cuidado de una persona o institución, que se presente periódicamente ante el juez, que se le prohíba salir del país, que se le retengan los documentos de viaje, que se le restrinjan las posibilidades de ir a determinados lugares o de comunicarse con determinadas personas, que preste una caución, que se lo vigile electrónicamente. En último lugar, aparecen el arresto domiciliario y la prisión preventiva.

Para determinar si existe riesgo de fuga, el artículo 221 fundamenta que deberá atenderse el arraigo o si tiene posibilidades de abandonar el país y mantenerse oculto; las circunstancias del hecho; la pena que se espera; si estuvo detenido antes o si es reincidente, y, por último, la conducta durante el proceso.

El artículo 222 detalla qué debe entenderse como peligro de entorpecimiento. Por ejemplo, si destruirá o modificará elementos de prueba, si continuará con la ejecución del delito, si hostigará a las víctimas, si influirá en los peritos o si inducirá a que estos cambien su comportamiento.

 

 

¿Entonces?

Más del 56 por ciento de los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) no tienen condena firme. En las provincias, esas estadísticas son más acentuadas. Según publicaron los periodistas Martín Angulo y Patricia Blanco en el portal Infobae, el número de funcionarios kirchneristas y empresarios ligados al anterior gobierno que estuvieron presos trepó hasta 79. Ese mismo medio informó que son trece los ex funcionarios que podrían recuperar la libertad si se aplicaran los artículos del nuevo Código Procesal.

Entre ellos están De Vido y el ex secretario de Coordinación Roberto Baratta, detenido desde el año pasado en la causa de los cuadernos. El jueves próximo hay una audiencia ante la Sala I de la Casación, en la que sus pedirán su excarcelación en base a la implementación del nuevo Código.

“El Código recoge criterios que ya estaban. Recupera lo mejor de la jurisprudencia existente. Los jueces podrían haber ordenado el cese de las preventivas antes, pero siempre es mejor que esté expuesto”, opinó Alejandro Rúa, uno de sus letrados junto con Graciana Peñafort.

La libertad de De Vido depende de lo que decidan el TOF 1 en la causa Río Turbio y el TOF 7 en la causa cuadernos. El ex ministro espera que la Sala II de la Casación confirme o rechace una extensión de la preventiva votada por el TOF 1. Sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro estaban evaluando  este fin de semana si van a hacer una nueva presentación a la luz de lo resuelto por la Bicameral.

“El nuevo Código no hace ninguna locura. Al instalarse la doctrina Irurzun –que es un disparate histórico—, se producía un doble standard. Ahora debe regir para todos del mismo modo. Lo que hace el legislador es decirle al juez: sea razonable”, explica Rusconi.

 

 

Festejos de lesa

Después de que trascendiera la decisión de la Bicameral, la organización Justicia y Concordia, que nuclea a abogados de represores, usó sus redes sociales para denunciar el supuesto abuso de las prisiones preventivas para sus defendidos. Los criterios para acusados por delitos de lesa humanidad fueron establecidos en 2008 por un plenario de la Cámara de Casación en la causa Díaz Bessone.

Es cierto que los nuevos artículos puedan lugar a nuevos planteos de los abogados de acusados y condenados por crímenes durante la dictadura. Sin embargo, resulta improbable que esto dé lugar a una liberación masiva de los 150 internos de lesa humanidad que el SPF declara tener alojados en sus unidades penitenciarias.

“Más allá de que se espera que el Estado no abuse de la prisión preventiva, no se debe confundir con que la prisión preventiva no se puede utilizar, porque sigue sigue siendo legal”, explica la fiscal María Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad.

“Incluso en el sistema interamericano está previsto como un recurso efectivo y legítimo para investigaciones criminales, ya sea en las que el sujeto pueda interferir o por su complejidad. No hay que aventurarse a pensar que ahora va a abrirse la puerta y vamos a hacer parques donde antes había cárceles”.

 

 

"Casadores" cazados

Al día siguiente del dictamen de la Bicameral, en los tribunales de Comodoro Py se discutía otra cuestión: si el Poder Judicial va a aceptar el programa de protección de testigos. Muchos de estos testigos fueron clave para atizar las causas por supuestos hechos de corrupción durante la gestión anterior. Ahora el gobierno esgrime un temor por el futuro de estos testimoniantes en particular, pese a que la mayoría de los testigos protegidos lo son en causas de narcotráfico o trata.

La apuesta del macrismo pasa por dejar ese programa –que depende de la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia– en manos de la Cámara de Casación, que preside Carlos Mahiques. Ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y padre del ex representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Mahiques llegó al máximo tribunal penal del país con un traslado desde la Cámara de Casación ordinaria.

El jueves al mediodía todavía seguía en pie una reunión que había convocado el titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, para sentar a la mesa al ministro de Justicia, Germán Garavano, y a dos representantes de la Casación, Mahiques y Daniel Petrone. En simultáneo, merodeaba el piso de la Casación una de las personas que encarna las razones del macrismo para el traslado.

Detrás de la puerta con cortinas que separa a las vocalías del primer piso del resto de los mortales, esperaba el ascensor Leonardo Fariña –a quien denunciaron por haber sido coacheado a instancias de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para comprometer a Cristina Fernández de Kirchner. A simple vista de esta cronista, no se avizoraba ningún integrante de los Lobos, el cuerpo de élite que puso el SPF a cuidar a los testigos protegidos. Con bermudas, zapatillas, una gorra que le tapaba parcialmente la cara y un café humeante que acababa de comprar, se subió a un ascensor hasta el cuarto piso. Sin custodia ni nada por el estilo iba el testigo protegido más desprotegido del mundo.

 

 

El fin de la historia

La seguridad de Fariña es una de las razones que el gobierno esgrime para el traspaso. Lo mismo sucede con José López, Oscar Centeno, Laura Muñoz o Alejandro Vandebroele. El gobierno invoca la necesidad de proteger a los testigos en causas contra funcionarios kirchneristas de una posible venganza – o quizá para evitar que den detalles de cómo surgieron sus declaraciones.

En la Corte, Garavano no consiguió despertar demasiada empatía, pese a que Rosenkrantz llevó el tema a dos plenarios. “No”, fue la respuesta rotunda de sus colegas. El último desaire lo sufrió el jueves cuando mandó a las vocalías del cuarto piso del Palacio de Talcahuano unos memos para la reunión prevista para las cuatro de la tarde. Lorenzetti le hizo saber que estaba en Santa Fe. Horacio Rosatti tenía una actividad académica prevista para esa tarde en el interior y Juan Carlos Maqueda ya había llegado a Córdoba. Elena Highton de Nolasco estaba con un problema de salud en casa. Por falta de quórum, Rosenkrantz levantó la reunión.

El gobierno insiste en que el decreto va a firmarse en la semana, aunque Alberto Fernández ya dijo que no estaba de acuerdo. A la Casación le prometen 50 cargos nuevos y una fórmula para desligar la responsabilidad de los camaristas en el director ejecutivo del programa.

Hay varios "casadores" dispuestos a resistir si el decreto efectivamente se firma. El ánimo está especialmente encendido porque el tribunal todavía no votó a sus autoridades para el año próximo. A Mahiques le recriminan no haber compartido con la mayoría de sus colegas las negociaciones con el gobierno – ni siquiera mostrarles el borrador del decreto que cuentan que tenía bajo reserva. Hasta ahora Mariano Borinsky se mostró favorable al traspaso. Petrone viene siguiendo las negociaciones de cerca.

Será él como vicepresidente de la Casación quien deberá comandar la discusión si se registran novedades esta semana. Mahiques tiene previsto viajar a Manila, Filipinas, para participar de la entrega de un premio a su hijo menor. El fiscal Ignacio Mahiques fue nominado para el Premio GUSI de la Paz por la presidenta de la Fundación Taller de Economía Sustentable Ambiental (TESA), Susana Pesis de Werthein. Los Werthein son una de las familias más poderosas de la Argentina – con influencia en el mundo empresarial, deportivo e incluso en la dirigencia del Congreso Judío Latinoamericano.

 

 

 

 

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