Adiós a la sociedad de propietarios

 

Este mes se dieron a conocer nuevos resultados provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, referidos a indicadores de las condiciones habitacionales de las viviendas particulares ocupadas.

Entre los datos brindados a nivel nacional, se informó que de las viviendas particulares ocupadas:

El 84,4 % accede al agua para beber y cocinar de la red pública.

El 62,6 % tiene el desagüe del inodoro a red pública (cloaca).

El 54,4 % utiliza gas de red o electricidad para cocinar.

El 65,5 % tiene vivienda propia.

 

 

Con relación a la Ciudad de Buenos Aires, se informó que de las viviendas particulares ocupadas:

El 98,2 % accede al agua para beber y cocinar de la red pública.

El 99,2 % tiene el desagüe del inodoro a red pública (cloaca).

El 94 % utiliza gas de red o electricidad para cocinar.

El 52,9 % tiene vivienda propia.

 

 

Respecto al porcentaje de vivienda propia, las comunas con menos hogares con vivienda propia corresponden a la comuna 1 (41,7 %), a la comuna 2 (46,9 %), a la comuna 3 (42,2 %) y la comuna 14 (48,6 %). Las comunas con mayor porcentaje corresponden a la comuna 8 (62,4 %) y la comuna 11 (61 %).

 

 

La infraestructura de servicios sanitarios que sólo el censo ve

Un primer dato preocupante, por la falta de correlación con la realidad, es el vinculado al acceso al agua potable de las viviendas en la ciudad (98 % tienen agua de red pública y 99 % desaguan sus efluentes cloacales a red).

Este dato no es compatible con el hecho de que en la ciudad viven 450 mil personas en las villas porteñas que no acceden formalmente al agua potable. Es decir, acceden mediante mangueras precarias o con la entrega del agua por camión cisterna. Este dato invisibiliza, además, que 140 mil porteñas y porteños todos los días almacenan agua en baldes y tachos.

El déficit de infraestructura interna, por ejemplo, en la 21-24, es tan profundo que el 10 % de los hogares ni siquiera cuenta con una canilla.

Otro dato importante para analizar es la pregunta respecto a si utiliza gas de red o energía eléctrica para cocinar. Aquí se visualiza la desigualdad estructural en la ciudad. Mientras en la comuna 14, en el barrio de Palermo, prácticamente el 100 % cocina con gas de red o energía eléctrica. En la comuna 8, Soldati, Lugano y Villa Riachuelo, 1 de cada 3 habitantes contestó que no, es decir que deben utilizar gas en garrafa para poder cocinar.

 

 

El siglo de la inquilinización

La problemática con relación al acceso a un bien y el ejercicio de un derecho se puede abordar desde dos perspectivas distintas. La primera se focaliza en el acceso a los bienes suficientes para tener una calidad de vida adecuada o, en otras palabras, al disfrute del contenido mínimo que exige el respeto por los derechos humanos (alimentación, educación, salud, vivienda, etcétera). Esta perspectiva corresponde al análisis de si una persona supera los indicadores de pobreza, es decir, si supera la carencia del acceso a los bienes que democráticamente definimos como necesarios para una vida digna. Con relación al derecho a la vivienda se suele hablar del déficit habitacional cuando un hogar no supera estos estándares mínimos.

La segunda perspectiva es relacional, porque parte de un análisis comparativo sobre cómo y en qué cantidad y calidad, distintos sectores de la población acceden a un bien y ejercen sus derechos, es decir, es una mirada puesta en el eje igualdad/desigualdad. Respecto al derecho a la vivienda, para esta mirada no alcanza con garantizar el acceso a una vivienda adecuada, sino también considerar la diversidad de calidad de vivienda, superficie o seguridad jurídica (viviendas ocupadas, en alquiler, en propiedad, etc.) a las que acceden las familias.

Desde esta segunda perspectiva se está produciendo un proceso social y económico de gran relevancia en las principales ciudades del país, nos referimos a la conformación de una nueva división de clase social urbana por el incremento de la cantidad de hogares inquilinos. La propiedad inmueble se concentra cada vez más en un sector minoritario de personas o de empresas, mientras se incrementa la población que no tiene otra alternativa que alquilar u ocupar tierra para garantizar su acceso a una vivienda. Estamos vivenciando que la fractura propietarios/no propietarios (hogares inquilinos, poseedores, en situación de calle) se intensifica cada vez más con el transcurso del tiempo.

Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en el censo del año 2001, el porcentaje de familias inquilinas era del 22 % (227.545 hogares). El censo del año 2010 indicó el 30 % (343.443). Es decir, entre el 2001-2010, sin que la población total de la ciudad se incrementara en forma relevante, los hogares inquilinos aumentaron en 115.898.

La Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad informa que, de acuerdo con la Encuesta Anual de Hogares que realiza, al año 2022, el 36,1 % de los hogares de la ciudad son inquilinos y el 12,7 % otro tipo de ocupantes. En 2003, los propietarios alcanzaban el 64,4 %, en 2013 el 56,8 % y en 2022 el 51,2 %. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), el porcentaje de inquilinos subió al 38 % en la ciudad, es decir, aproximadamente 437.000 hogares. El número podría estar llegando al 40 % en la ciudad considerando que las situaciones de extrema vulnerabilidad habitacional (inquilinatos, villas) no son censadas integralmente.

En la Argentina, la proporción de hogares inquilinos aumentó desde un 11 % en 2001, a un 16 % en el censo de 2010) y a un 18,7 % en 2018 (Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 /INDEC).

Se advierte una correlación directa: menos hogares propietarios y más hogares inquilinos y no propietarios. Desde el año 2020, cada diez años se incrementan aproximadamente un 10 % los hogares inquilinos en la ciudad y un 4 % a nivel nacional. Este proceso no está en el debate público ni aparece como una preocupación de la comunidad, lo cual llama en extremo la atención.

Los datos de este segundo informe del censo de 2022 confirman esta evolución.

A nivel nacional, los hogares con vivienda propia corresponden al 65,5 %. En el censo de 2010, la proporción de viviendas con dueño viviendo en ellas ascendía a 72,9 %. En tanto que en 2001 había sido 74,9 %. Una disminución de casi diez puntos porcentuales en dos décadas.

En la Ciudad de Buenos Aires, el censo 2022 determinó que el 52,9 % son viviendas propias. En el 2001, el 69 % de las viviendas estaba habitada por algún propietario.

En el mundo se produjeron grandes tensiones sociales, revoluciones y guerras para determinar la propiedad de los medios de producción y de la tierra agraria. Dentro del capitalismo se saldó con la consolidación de la clásica división entre propietarios de los medios de producción (empresarios-empleadores) y los trabajadores en relación de dependencia (empleados).

En espejo, estamos viviendo cómo esta lógica de acumulación por desposesión se está trasladando a los “medios de reproducción” de la vida como es la vivienda en los ámbitos urbanos, y cómo de forma paulatina y silenciosa se va consolidando una nueva división social, la de los propietarios/as y la de los no propietarios/as.

Según un informe sobre la Situación de los Hogares Inquilinos en el AMBA, más del 63 % de los hogares inquilinos está endeudado y el 62 % que tomó deuda utilizó el dinero para pagar el alquiler. El pago del alquiler se lleva una porción cada vez más grande de los ingresos mensuales. Mientras que en 2001 el 24 % de los hogares destinaron más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler, en 2022 esa proporción aumentó al 32 %. El 62 % afirma haber cambiado de vivienda una o más veces en los últimos cinco años demostrando la inestabilidad habitacional.

La crisis habitacional es dramática. Del fracaso de un sistema masivo de créditos hipotecarios para el acceso a una vivienda con el que convivimos hace 40 años estamos llegando a un contexto en el que el acceso y mantenimiento de un alquiler es casi una tarea heroica por la retracción de la oferta, el incremento de los precios por la inflación y la dolarización de los precios. Con el inicio de la dictadura comenzó la oferta de inmuebles en dólares que comenzó con las propiedades suntuosas. Esta dolarización del mercado inmobiliario se está consolidando en el mercado de alquileres. También se inició en el comercio de alquileres de viviendas de alta gama, pasando por los alquileres turísticos de plataforma y ahora llegando a los alquileres residenciales permanentes para las familias.

Esta es otra forma de universalizar el endeudamiento de la población. Las familias inquilinas a las cuales el sistema no les otorga ninguna alternativa para acceder a la propiedad de su vivienda se transforman en deudoras hasta el último mes de sus vidas. ¿Podemos considerar que se garantiza el derecho humano a una vivienda adecuada sólo si se transforma a la persona en una deudora perpetua? Ser deudor para acceder a un derecho, implica en la práctica, no ser titular de este.

 

 

La democratización pendiente

En el primer informe del censo 2022, se detalló que en el país se contabilizaron 17.780.210 viviendas particulares y 25.501 viviendas colectivas, y 46.440.703 habitantes. Cada 2,57 habitantes habría una vivienda, una vivienda para cada hogar del país. En 1991, en la relación vivienda-hogar, había una vivienda cada 3,6 personas. En 2001 fue cada 3,1 personas y en 2010 fue cada 2,89.

En 1991: 8.515.441 viviendas y 30.785.593 habitantes.

En 2001: 11.677.152 viviendas y 36.260.130 habitantes.

En 2010: 13.835.751 viviendas y 40.117.096 habitantes.

En 2022: 17.780.210 viviendas y 46.440.703 habitantes.

A nivel país, de 1991 a 2001, la cantidad de viviendas creció un 375 % mientras la población, un 17 %. De 2001 a 2010: las viviendas crecieron un 18 % y la población un 10 %. Mientras de 2010 a 2022 la población creció un 15 % —esto es 6 millones de habitantes—, la cantidad de viviendas creció un 28 %: hay 4 millones de viviendas nuevas.

En la Ciudad de Buenos Aires existen 1.640.710 viviendas (1.638.761 particulares y 1.946 viviendas colectivas). Esto implica que en la ciudad existe una vivienda particular cada 1,88 habitantes.

En la comuna 8 existe 1 vivienda cada 2,87 habitantes.

En la comuna 4 existe 1 vivienda cada 2,25 habitantes.

En la comuna 2 existe 1 vivienda cada 1,43 habitantes.

En la comuna 14 existe 1 vivienda cada 1,6 habitantes.

Con este indicador se observa la desigualdad de oferta de viviendas existentes con relación a la población entre el norte y el sur de la ciudad. Se debe, además, contemplar que en las comunas 4 y 8 se encuentran la mayoría de las villas y barrios populares.

La población total del censo de 1947 para la Ciudad de Buenos Aires fue de 2.982.580 habitantes. Ahora hay 138.032 habitantes más (3.120.612 de acuerdo con el censo 2022). En la ciudad las viviendas desde 1991 a 2022, crecieron un 68 %, mientras la población en el mismo período creció un 8 %. En ese tiempo se otorgaron permisos para construir 154 millones de metros cuadrados. Se calcula que se construyeron efectivamente alrededor de 75 millones de m2. Esto, en un reparto igualitario, habría implicado otorgar una vivienda de 543 m2 a cada habitante.

Como esto evidentemente no pasó (ya que en la ciudad 1 de cada 6 personas padece déficit habitacional, 400 mil personas viven en villas y casi el 40 % alquila), en un pensamiento lineal se podría afirmar que se construye para que no viva gente.

En estos últimos 12 años, la población creció en 230.461 habitantes. Entre el primer trimestre del año 2011 hasta el primer trimestre del año 2021 (luego se discontinuó esta información) se construyeron efectivamente 10 millones de metros cuadrados (10.206.635).

Los resultados del censo corroboran que el crecimiento de la construcción no está siendo orientado a mitigar la crisis habitacional ni tampoco a volver a la senda de transformar las áreas urbanas en una sociedad de propietarios.

No debemos renunciar a la lucha por la propiedad. No podemos ser verdaderamente ciudadanas/os si la ciudad no nos pertenece literalmente. La propiedad no es ajena al derecho a la ciudad, a la democracia participativa y a la soberanía del pueblo. Estamos frente a una distopía y para que no se haga realidad debemos partir de que la deuda es con los hogares no propietarios.

 

 

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