Acusados sin delito

 

“No llegamos al grado de convencimiento sobre la existencia de sobreprecios. Sería irresponsable avanzar en una acusación”. Poco después de las 9:30 del pasado lunes, por Zoom, el abogado Leandro Ventura inició el alegato de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el juicio “Vialidad”, y pidió la absolución de seis de los doce imputados.

Ventura y su colega Alejandro Irachet consideraron que correspondía absolver por los delitos de fraude e incumplimiento de deberes de funcionario público a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; al ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner; al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y al empresario Lázaro Báez.

En cambio, la UIF pidió un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos para Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la DNV, y para Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. La UIF consideró que cometieron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos están acusados en el marco de la denuncia que inició en enero de 2016 el entonces administrador de la DNV, Javier Iguacel, por la presunta participación en una asociación ilícita que buscaba defraudar al Estado en las obras públicas que se hicieron entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz.

En diálogo con El Cohete a la Luna, el abogado de una de las defensas consideró “correcto” dejar en claro que la UIF está legitimada para ser querellante en delitos de lavado de activos, y que esta causa no lo es. “Al no constatarse la existencia de sobreprecios en perjuicio del Estado, no se puede acusar a nadie por el delito de defraudación, que es una figura que requiere de una pericia que acredite el monto de la defraudación”, explicó el abogado, que sostuvo que en este caso no se pudo llegar a dicho monto porque sólo se peritaron cinco de las 51 obras denunciadas y tampoco hubo acuerdo entre los peritos sobre el método para hacer el peritaje.

El abogado remarcó que en este juicio se juzgan cuestiones políticas no judiciables. Sobre el repetido argumento de las reasignaciones de partidas (firmadas por los jefes de Gabinete y por los ministros), indicó que en el caso de que un funcionario público se hubiera negado a dictarlas, sería pasible de ser imputado  por incumplimiento de sus deberes.

El letrado cuestionó el pedido de condena para los ex jefes de distrito de la DNV y presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Consideró que la “mayor falencia del alegato de la UIF” fue señalar la irresponsabilidad de los funcionarios locales por el incumplimiento en las obras. “Es una violación del principio de congruencia”, aseguró.

Los alegatos van a continuar después de la feria judicial que comenzó el viernes. A partir del 1° de agosto, durante nueve jornadas, alegará la fiscalía a cargo de Diego Luciani. En febrero, el fiscal tuvo un enfrentamiento con Alberto Fernández cuando declaró como testigo en la causa, por haber sido jefe de Gabinete entre 2003 y 2008. Cuando el Presidente se presentó ante los tribunales de Comodoro Py, Luciani lo consultó por su relación como jefe de Gabinete con el entonces ministro De Vido. Fernández dijo que tenía el mismo vínculo que con otros ministros. “Hay una suerte de fantasía de que se juntaban dos o tres personas y decían: ‘Mandemos plata a alguien’. Y no es así”, explicó el Presidente. Luciani también indagó sobre el vínculo entre Fernández y José López, secretario de Obras Públicas y segundo de De Vido en el Ministerio. “No tenía relación, no dependía de mí”, se limitó a decir.

El fiscal insistió con que se le exhibiera al Presidente una planilla anexa al Presupuesto 2008 que detallaba una obra en la ruta 3, en la que se hicieron numerosas obras que son objeto de este debate. Fernández contestó que, pese a que tiene buena memoria, no recordaba dicha obra en particular.

—Me parece que no me escuchó [sobre que no se acordaba de esa obra] —dijo Alberto ante la insistencia del fiscal.

—Lo escuché —respondió Luciani.

—Entonces no me comprendió —retrucó el Presidente.

—No me falte el respeto —reclamó el fiscal.

—No le quise faltar el respeto, es descriptivo. ¿Qué quiere que le diga? —aventuró el primer mandatario.

 

 

 

Peritajes

El alegato se extendió por algo más de dos horas. El abogado Ventura, de la UIF, dijo que en materia de peritajes “no hubo parámetro objetivo de nada”. “El peritaje de [Pablo Eloy] Bona dejó más dudas que certezas”, sostuvo. Recordó que cuando lo interrogó el abogado Carlos Beraldi, defensor de la Vicepresidenta, no supo distinguir entre los precios de Chubut y Santa Cruz, distintos aunque sean provincias limítrofes.

Ventura recalcó que cada uno de los peritos ingenieros (Bona, Roberto Panizza y Adriana Alperovich) optó por una metodología distinta y que el Tribunal no intervino para definir cuál correspondía. Poco después del inicio de este juicio, en mayo de 2019, la defensa de CFK recusó a Bona por una serie de tuits en los que atacaba directamente a su figura. El 6 de julio de 2017, el perito ingeniero tipeó: “Hola @CFKArgentina. Invertí las 535 de la jubilación en ovillos de lana, así tenés algo para entretenerte en la celda tejiendo bufandas. TKM”. Bona luego cerró su cuenta en la red social.

Según consignó Alejandra Dandan en su nota “El sótano que faltaba”, Bona también intervino como perito en un tramo de la causa Cuadernos, conocido como la “cartelización de la obra pública”, que instruía el fallecido Claudio Bonadío. A pedido de Julián Ercolini, intervinieron en la causa al ex director ejecutivo de la obra social nacional del PAMI, Luciano Di Cesare y ocho ex funcionarios.

 

 

 

Denuncia a la UIF

El viernes pasado, diputados de la Coalición Cívica denunciaron a las autoridades de la UIF por la decisión de pedir las absoluciones en la causa Vialidad. Apuntaron contra el presidente de la unidad anti-lavado, Juan Carlos Otero, y su segunda, Luna Montes, y pidieron hacer extensiva la denuncia a cualquier funcionario o funcionaria de la UIF que haya sido parte de lo que denominaron un supuesto “plan de impunidad”.

La denuncia recayó en el juzgado federal 6 a cargo de Daniel Rafecas, que subroga el despacho vacante desde la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral. La presentación lleva la firma de los diputados Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Ricardo López Murphy, Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Mariana Stilman. La abogada patrocinante es la ex vicepresidenta de la UIF María Eugenia Talerico, quien junto a su colega Mariano Federici, impulsó la denuncia desde el inicio del gobierno de Cambiemos.

 

 

Expectativas

El 1° de agosto será la primera de las nueve jornadas en las que alegará la fiscalía, a cargo de Luciani y Sergio Mola. Luego, las defensas tendrán –como máximo–, tres jornadas para alegar. Se estableció que fuera por orden alfabético: comenzarán los abogados de Lázaro Báez. Desde el mes que viene habrá tres audiencias semanales en este juicio, los lunes, martes y viernes.

“No hay ninguna chance de que este juicio no termine con pedidos de condenas por parte del Tribunal Oral. Quien litigó en el fuero federal sabe que es la crónica de un final anunciado. No tengo ninguna perspectiva de éxito y no por el resultado de las audiencias, sino por la dinámica de Comodoro Py y de algún sector de la prensa”, se lamentó el abogado consultado por El Cohete.

 

 

 

 

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