Acuerdo y soberanía

 

El viernes se cumplieron 38 años de la recuperación de la institucionalidad democrática en el país. El hecho adquiere una doble dimensión:

1. La finalización de un período en el que la derecha argentina y el poder económico concentrado recurrían sistemáticamente al golpe de Estado para expulsar del gobierno a los partidos que tenían la simpatía popular e intentaban desplegar un proyecto de país autónomo, con mejor distribución del ingreso y una economía diversificada.
2. La conclusión de un período de terrorismo de Estado, para cuya caracterización recurrimos a la Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar, que Rodolfo Walsh hiciera pública un día antes de su asesinato, cometido en 1977 por esa dictadura genocida: “Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio (…) De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el 'submarino', el soplete de las actualizaciones contemporáneas”.

 

 

Nueva época

El final de un período de golpes militares antipopulares y de una dictadura feroz merece evocar el 10 de diciembre de 1983 como una fecha memorable para el pueblo argentino. Luego sobrevino un período de sucesión de gobiernos elegidos por el voto ciudadano y popular de una extensión inédita en la historia nacional. Además, con un camino –no sin sinuosidades e idas y vueltas– de juzgamiento a los ejecutores del genocidio, que es un ejemplo a nivel internacional. La Argentina posterior a aquella fecha avanzó en la positivización de los Derechos Humanos, constituyéndose en un país precursor de nuevos derechos, a la vez que se legislaron otros en los que se registraba un visible atraso. Un hecho sustancial fue la constitucionalización, en la reforma de 1994, de los pactos y documentos sancionados en los ámbitos internacionales sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

 

 

 

La época comenzó con dos años de importante recuperación salarial que, sin alcanzar los niveles previos al terrorismo de Estado, fue muy significativa. Ese momento inicial coincidió con la recuperación de un enfoque respecto a los temas económicos por parte del gobierno radical, semejante al de los gobiernos populares de los turnos democráticos de la Argentina que precedieron al golpe de 1976. Sin embargo, la dictadura había producido la fundación de un modelo de valorización financiera con transformaciones institucionales que tuvieron como hito la sanción de la aún vigente ley 21.526 de entidades financieras. Este modelo había establecido un cambio de época en el país. Junto a la experiencia del Chile pinochetista, se constituyeron en conejillos de indias para experimentar los lineamientos de las políticas neoliberales que luego Margaret Thatcher y Ronald Reagan implementarían en los países centrales de la financiarización. Posteriormente, ese paradigma se expandiría a nivel mundial en la década de los '90.

Los dos primeros años post-dictatoriales hicieron coincidir las políticas de recuperación salarial y del mercado interno con una actitud de dureza con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero desde 1986 el país cambia de rumbo y retoma el patrón de valorización financiera implantado durante la dictadura militar: liberalización de mercados, políticas dirigidas a pagar endeudamientos financiados por fuga de capitales y permanente recurrencia a ensayos de industrialización especializada exportadora, para producir las divisas que el modelo demandaba insaciablemente. Así, el salario real en democracia comienza un descenso en serrucho que lo lleva al más bajo nivel en medio siglo en 2003, luego de la crisis de la convertibilidad. Eduardo Basualdo explica en Sistema Político y Modelo de Acumulación en la Argentina –texto clásico que volvemos a citar porque tendrá un lugar reconocido en la caracterización de una etapa política– que “es indudable que la terminación de la dictadura plantea a los sectores dominantes un desafío de notable trascendencia, que consiste en la manera de llevar a cabo, ahora bajo un régimen constitucional, un control político que posibilite el desarrollo del nuevo patrón de acumulación (…) (así) la opción de los sectores dominantes fue avanzar en la redefinición del sistema político y de la sociedad civil mediante una estrategia negativa que continúa la tarea dictatorial, pero a través de otros medios. Es negativa porque no pretende construir consenso, sino impedir la organización de los grupos subalternos, inhibiendo su capacidad de cuestionamiento. Sin embargo, ya no se trata de hacerlo mediante la represión y el aniquilamiento, sino mediante un proceso de integración de las conducciones políticas y sociales de los sectores populares (…) Este parece ser el motivo por el cual, a lo largo de las últimas décadas, son cooptados cuadros políticos, dirigentes sindicales, etcétera (…) que conservan e incluso fortalecen sus liderazgos debido al respaldo que encuentran en los sectores de poder”. Basualdo recurre a la categoría gramsciana de “transformismo”, que da cuenta de una situación en la que las clases dominantes se deshacen de compromisos con las subalternas y recurren para su dominación a la integración de las conducciones políticas de estas. Cita a Hugues Portelli para caracterizar un camino posible de efectivización de esa política, que cuando existe hegemonía de la sociedad civil sobre la sociedad política, se hace utilizando a los intelectuales para controlar los grupos auxiliares.

Promediando el gobierno de Alfonsín se abandona una lógica enérgica de renegociación de la deuda externa y se recurre al despliegue de un modelo exportador y de reactivación de la inversión como modo de enfrentar la restricción externa, que ha sido un rasgo estructural del país. Se menciona como un ajuste positivo a esta estrategia y se le adjudica el augurio de permitir el pago de intereses de la deuda y de financiamiento del crecimiento. Pero el transformismo heterodoxo es reemplazado durante el gobierno de Carlos Menem. De este modo, la lógica de la economía abierta neodesarrollista da paso al retorno más crudo de las recetas ofertistas, monetaristas y librecambistas de la economía ortodoxa, que constituyen una segunda etapa con los mismos lineamientos de la economía de los años de la última dictadura.

La Alianza es el continuismo del menemismo y termina con la crisis y el levantamiento plebeyo del 19 y 20 de diciembre de 2001. Luego de la transición de Eduardo Duhalde, irrumpen los gobiernos kirchneristas. Estos rompen con la lógica transformista, recuperan la relación con las clases subalternas, favorecen el crecimiento del salario real y la ocupación. Recuperan una política internacional autónoma. Ponen énfasis en el rol del mercado interno. Apelan a la movilización popular. Renacionalizan el régimen jubilatorio. Elevan las retenciones a los sectores exportadores tradicionales, dan una pelea y la pierden por establecer un régimen de derechos de exportación móviles. Promueven un debate y sancionan una ley de democratización de los medios audiovisuales de comunicación. Intentan descorporativizar la Justicia. Refinancian la deuda externa, negociando duramente y cancelan la deuda con el FMI. Más allá de las diferencias epocales, esos doce años recuperan a la política como herramienta de cambio y de lucha para que los sectores subalternos mejoren sus condiciones de vida, en pos de una sociedad más justa en el marco de una Argentina independiente.

 

 

 

 

El FMI como limitante de la democracia

El Fondo Monetario Internacional fue un agente determinante del curso económico argentino desde la dictadura y hasta el momento en que Néstor Kirchner le canceló la deuda. Fue fundamental en el impulso de la reestructuración de la Argentina en su matriz económica y su lógica institucional. Rodolfo Walsh denuncia en su Carta Abierta que “dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: ‘Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos’".

Es el Fondo Monetario Internacional el que acompañó, fue coautor, impulsó e impuso las políticas citadas siempre con exactitud por el escritor militante, asesinado por el terrorismo de Estado. “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales (…) Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%”.

En referencia al acuerdo que el FMI celebró con la dictadura terrorista, Noemí Brenta describe en Argentina atrapada sus características típicamente ortodoxas. “Acuerdo contingente de agosto de 1976: el mayor otorgado a un país latinoamericano”, titula. En 1977 se realizó la reforma financiera en el marco de otro acuerdo con el organismo. Brenta describe la resistencia de la gestión de Raúl Alfonsín y Bernardo Grinspun a las exigencias del FMI, la Carta unilateral de 1984 y luego el viraje del Plan Austral, que estableció una política fiscal y monetaria ortodoxa en el marco de un programa regresivo en términos de distribución del ingreso. Luego, en 1987 se firma un acuerdo similar en lo macroeconómico, pero se introducen reformas estructurales. Durante la década de la profundización del neoliberalismo, los gobiernos de Menem y de Fernando de la Rúa firmaron cuatro acuerdos stand-by, en 1989, 1996, 2000 y 2001 y dos convenios de facilidades extendidas en 1992 y 1998. Es decir que el organismo multilateral estuvo presente en las dos décadas, promoviendo intensamente las políticas que condujeron a la crisis de régimen de 2001 y al retroceso del salario real, frustrando el intento por recuperar las mejores políticas pre-dictatoriales.

Hoy el gobierno del Frente de Todos se encuentra ante un desafío decisivo. Frente al mayor endeudamiento de la Argentina en su historia con el FMI –contraída por el gobierno de Cambiemos en connivencia con este organismo multilateral- es su misión evitar que la negociación en curso se resuelva de un modo tal que retornen las políticas de ajuste permanente, atraso, estancamiento y retroceso social que se produjeron en todos los acuerdos celebrados en el pasado con ese organismo multilateral. Esto implica que lo que se resuelva debe garantizar la no injerencia del Fondo en la determinación de la política económica del gobierno nacional. Se trata de frenar el avasallamiento de la soberanía política argentina.

Será la contribución a la afirmación de la democracia, conquistada hace 38 años.

 

 

 

 

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