Acuerdo en las diagonales

 

El Consejo de la Magistratura bonaerense tendrá al fin representantes del Senado, mientras perdura la ausencia de representantes de la Cámara Baja con asiento en La Plata. En la sesión del jueves hubo acuerdo entre las coaliciones partidarias para designar media docena de nombres, algunos con experiencia en estas lides. Los titulares serán Gustavo Soos y Sofía Vannelli (Frente de Todos) y Ariel Gerardo Martínez Bordaisco (Juntos). Como suplentes quedan Gabriela Demaría, Walter Torchio (FdT) y Nidia Moirano, que se había resistido a ser relegada.

El acuerdo en la Cámara Alta se dio sin su titular, la vicegobernadora Verónica Magario. En su lugar se hizo cargo el vicepresidente primero Luis Vivona, a quien le alcanzó una sesión de menos de 20 minutos para aprobar los nombramientos en el Consejo y la integración de otras cuatro bicamerales, entre ellas la de Defensor del Pueblo, donde estará la legisladora Lorena Petrovich (Juntos), denunciada hace diez meses por tener a su empleada casera como contratada en el Senado.

 

 

La rapidez del trámite fue fruto de negociaciones previas que convierten a las sesiones públicas en meras formalidades, algo usual en todos los estamentos parlamentarios. En repulsa a esos acuerdos es que renunció a su vicepresidencia Joaquín de La Torre, un peronista que venía de “acordar” con la Unión Cívica Radical para enfrentar la interna de Juntos en 2021.

Una de las más resistentes a los acuerdos que no le convienen fue la senadora Nidia Moirano, que al menos irá a la bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados. Antes de que eso se decidiera, pretendía seguir como titular del Consejo de la Magistratura. En ese afán, chocaba contra la pretensión de Maximiliano Abad, conductor del Comité Provincia del radicalismo, que impulsaba a Martínez Bordaisco, quien obtuvo el acuerdo.

 

 

La abogada Moirano representa a la sexta sección electoral (es de Coronel Dorrego) desde 2011, cuando fue segunda postulante en la lista de UDESO (Ricardo Alfonsín-Francisco de Narváez), hasta que fue reelecta en 2015 y en 2019 por la alianza que naciera como Cambiemos. En 2020, apenas incorporada al Consejo, denunció el “extravío” de 42 pliegos de aspirantes a cubrir cargos de jueces y fiscales “que ya fueron evaluados y no pueden ser localizados”, y a renglón seguido criticó al gobierno por “largar miles de presos”.

 

 

Martínez Bordaisco, de 42 años, fue concejal hasta hace sólo dos años en General Pueyrredón, donde preside la UCR desde 2018 y encabeza el cuerpo deliberante desde 2019. Venía de militar en Franja Morada dentro de la Universidad de Mar del Plata, donde enseña Derecho y donde obtuvo su título de abogado.

 

 

Sofía Vannelli también es una joven abogada de la Universidad de Buenos Aires, integrada al Frente Renovador desde su surgimiento (2013), por el que fue concejala en Vicente López de 2015 a 2021. Para el final de su mandato, se destacó en las internas del oficialismo, en las que hubo tres listas. Formó parte del equipo de Mario Meoni y Alexis Guerrera en el área de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte de la Nación.

 

 

Gustavo Soos, jefe de gabinete ad honorem del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (ex titular del Partido Justicialista en la provincia), había encabezado la lista de senadores provinciales de Unidad Ciudadana en 2017. Abogado recibido en la Universidad de Morón, representó al gobernador Felipe Solá ante el Consejo de la Magistratura y fue prosecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, entre otros cargos. En la Universidad Nacional del Oeste fue elegido vicerrector para 2021-2025, periodo que coincide con el de su segundo mandato en el Senado, donde preside la Comisión de Organización Territorial y Vivienda.

Titulares y suplentes, los seis senadores postulados al Consejo de la Magistratura bonaerense vieron aprobadas sus designaciones bajo la forma de proyecto de resolución con la firma de María Teresa García y Christian Gribaudo.

 

 

ABC e integrantes

El Consejo de la Magistratura bonaerense está integrado por representantes de los tres poderes republicanos y del Colegio de Abogados. Su misión es seleccionar, previo examen, a los postulantes a jueces, fiscales y defensores oficiales. Lo preside el juez Sergio Gabriel Torres, quien venía de ser presidente de la Suprema Corte bonaerense. El vicepresidente es Alfredo Diego Bonanno, quien en 2014 –cuando integraba el Tribunal Oral 3 de Morón– fue secuestrado por dos horas hasta que consiguió que pagaran su rescate.

Desde las Consejerías los acompañan Santiago Andrés Bertamoni, Mariano Cascallares, Jorge Omar Frega, Leandro Augusto Gabás, María Victoria Lorences, Nidia Alicia Moirano, Carlos Lisandro Pellegrini, Camilo Eduardo Petitti, Patricia Fabiana Ochoa, Santiago Eduardo Révora y Gustavo Soos.

Son suplentes Karina Paola Dib, Gustavo Ariel Gamino, Víctor Manuel Matassi, Inti Nahuel Pérez Aznar (quien suple a su titular), Ana Laura Ramos, Rosario Marcela Sánchez, Guillermina Soria y Patricia Cecilia Toscano. El secretario es Osvaldo Favio Marcozzi.

 

Dime quién preside

 

 

El ascenso de Torres no estuvo exento de polémica. Está ahí por haber presidido la Suprema Corte bonaerense, a la que llegó propuesto por el gobierno de María Eugenia Vidal, que consiguió negociar su aprobación unánime en el Senado provincial. Con él se cubría la séptima y última vacante, pero en aquel máximo tribunal no todos lo esperaban con los brazos abiertos: Eduardo de Lázzari y Eduardo Pettigiani se oponían a su ingreso ya que –arguyeron– no tenía el mínimo de residencia obligatoria en la provincia.

De Lázzari señaló en la resolución: “No se advierte la necesidad de disponer a ciegas la toma de juramento, sin la previa verificación que he propuesto (confirmar la residencia del postulante en territorio provincial), que se evidencia como absolutamente razonable. Y cuando la razonabilidad se pierde, el acto se convierte en arbitrario”.

Cuando, por fin, a finales de mayo de 2019 se dio la jura con quince días de retraso, asistieron Vidal, el vicegobernador y tres de sus ministros, además del procurador general Julio Conte Grand y los colegas de Torres en Comodoro Py: Ariel Lijo, Julián Ercolini, Claudio Bonadío, más los camaristas federales Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, entre muchos otros que aplaudieron tan fuerte –según la crónica de Omar Lavieri– que impidieron hablar al presidente De Lázzari.

En la ceremonia, el juez Héctor Negri recordó cuando daban clases con Torres en la Universidad de Lomas de Zamora, en cuya cátedra también fue docente Diego Iglesias, a quien llevara como secretario de su juzgado. Por entonces, a mediados de los ‘90, los avisos clasificados en Clarín que pedían abogados estaban cruzados con una banda que advertía: “Lomas, abstenerse”.

En aquella década infame, el juez Carlos Branca fue acusado de integrar una banda de contrabandistas y sólo quedó en libertad tras pagar 30.000 dólares de fianza, pero fue destituido del Juzgado Federal 12, por lo que el Consejo de la Magistratura abrió un concurso en el que Torres quedó tercero entre tres postulantes. Igual su pliego fue aprobado por los senadores del PJ y la UCR, al mismo tiempo que Hugo Moyano denunciaba la corrupción en ese Senado mediante el pago con “la Banelco” para obtener la ley de flexibilización laboral. Corría octubre de 2001 cuando Torres fue el único juez de primera instancia que pudo nombrar Fernando De la Rúa.

Torres ingresaba a Comodoro Py como el único juez que no había salido del dedo menemista: fue el primer juez federal de la Capital elegido por el Consejo de la Magistratura nacional. Habría de perder esa condición inmaculada a comienzos de 2002, cuando un ministro del gobierno que encabezaba el senador Eduardo Duhalde reclamó a dos camaristas y seis jueces federales la detención de Domingo Cavallo y de tres banqueros, bajo amenazas, según reveló en abril de aquel año Horacio Verbitsky, quien dio cuenta de que “la manipulación política de la Justicia ha pulverizado el objeto de todo proceso penal, que es establecer la verdad. Hoy ni una condena prueba culpabilidad, ni una absolución significa inocencia”. Aquel atentado contra la división republicana de poderes no tenía precedentes en un periodo constitucional. Sentado en el domicilio donde se cocían esos entuertos estaba Sergio Torres.

Por fin enviaría a juicio a Cavallo pero tres lustros más tarde, junto a Carlos Menem, en la causa por la venta del predio de la Rural, como antes había hecho con Gustavo Béliz por haber mostrado en televisión una foto del espía Antonio Stiuso.

Así llegó a este Consejo de la Magistratura creado a instancias de la última reforma de la Constitución, aprobado un 5 de julio tan frío como el de esta semana en que se recordó su 25º aniversario, y se olvidó el derrotero de quien ahora le toma examen a los nuevos aspirantes a impartir Justicia.

 

 

 

 

Integración de las bicamerales

Bicameral Defensor del Pueblo: Lorena Petrovich (Juntos), Yamila Alonso (Juntos), María Florencia Barcia (Juntos), María Reigada (FdT), Omar Plaini (FdT), Facundo Ballesteros Maggi (FdT) y Vanesa Spadone (FdT).

Bicameral Enjuiciamiento de Magistrados: Nidia Moirano (Juntos), Erica Revilla (Juntos), Adrian Santarelli (FdT), Omar Plaini (FdT) y Juan Alberto Martínez (FdT).

Bicameral de Hipódromo: Teresa García (FdT) y Alejandro Rabinovich (Juntos).

Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para las Emergencias: Francisco Durañona (FdT), Flavia Delmonte (Juntos) y Andrés De Leo (Juntos).

 

 

 

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