Acuerdo colosal y descarado

 

Mientras aumentan las demandas regionales por todo tipo de retrocesos en el sistema de garantías de derechos humanos y cuando los organismos del sistema interamericano de justicia emite comunicados de alerta por la letalidad de las fuerzas policiales en Brasil, emite resoluciones contra la persecución a los mapuches en Chile o llama la atención sobre las herramientas de persecución a líderes de la oposición argentina como sucedió con Milagro Sala, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Colombia acaban de firmar una declaración para recortar la injerencia en la órbita de los estados nacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos organismos de la OEA.

"Es un error colosal cometido por estos países porque coloca en duda su compromiso con la promoción y la defensa universal de los derechos humanos“, dijo el titular de Amnistía Internacional, Manuel Vivanco como respuesta a la declaración presentada sin prensa y sigilosamente ante la mesa ejecutiva de la CIDH el 12 de abril y conocida recién doce días más tarde a través de un comunicado de la Cancillería chilena. A ese país se le atribuye haber promovido la iniciativa que, según el diario La Nación, consiguió el acuerdo Argentino luego de un llamado personal del presidente Sebastián Piñera a Mauricio Macri.

El comunicado de la Cancillería chilena señala que la propuesta busca continuar subordinando la actuación de los Estados a los mecanismos regionales, pero en sus párrafos centrales propone una reforma para limitar la autonomía y la injerencia. El primer párrafo señala que "los estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus procesos democráticos”. Plantea que ese margen de autonomía debe ser respetado por el sistema interamericano. Luego exige "la estricta aplicación de las fuentes del derecho en la resolución de casos sujetos a su conocimiento". Y que se consideren las “realidades políticas, económicas y sociales de los Estados por parte de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos”.

La posición de los gobiernos no puede leerse fuera del presente. En el caso argentino, la intervención de la CIDH y luego de la CorteIDH molestaron enormemente al gobierno nacional, al gobierno de la provincia de Jujuy y al ineficaz e ilegítimo sistema de justicia jujeño al respaldar las demandas promovidas por los organismos defensores de derechos humanos en el caso Milagro Sala. En Chile, la Corte Suprema está lidiando con un pedido de la CorteIDH que la obliga a anular un fallo contra una comunidad mapuche por hechos del año 2002, condenados bajo la denominada “ley Antiterrorista” por “amenaza de incendio”, “incendio” y “conducta terrorista” contra una propiedad de la empresa Forestal Mininco. Y en el país de Jair Bolsonaro, la última resolución de la CIDH ganó las tapas de los diarios al advertir sobre el crecimiento dramático de muertes producidas por la violencia policial, con un número de 350 en Río de Janeiro sólo en 2019, un incremento de 18 por ciento respeto del año pasado.

“La declaración firmada por Argentina y otros cuatro países propone ‘la adopción de ciertas acciones que permitirán mejorar el funcionamiento’, sin embargo, cuando profundizamos en la declaración vemos con inmensa preocupación un intento de limitar la independencia y autonomía de los órganos del sistema interamericano que han sido y son un faro para las víctimas de derechos humanos, más en una región con un grave historial de violaciones de derechos y garantías”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva en Amnistía Internacional Argentina en un comunicado difundido esta semana. “En lugar de cumplir con sus resoluciones de buena fe, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile están propiciando un nuevo y descarado intento por debilitar y maniatar al sistema interamericano”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En esa línea, la organización recordó que el sistema interamericano constituye una pieza fundamental para la realización de los derechos humanos en las Américas que debe ser protegida. Además, resaltó que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han jugado un papel protagónico para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y combatir la impunidad en tiempos de fuerte represión estatal y conflictos armados internos, y casos de violaciones individuales de derechos humanos.

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