Acallarnos, jamás

 

Hasta principios de mes y desde hace más de una década, Erika Lederer fue trabajadora del Ministerio de Justicia. La mañana del miércoles 3 de abril recibió un telegrama de despido que respondió con otro que acusaba al gobierno de Javier Milei por “discriminación”. “Me despidieron por activista”, señaló ella, la primera hija de un genocida en aportar a la Justicia toda la información que recabó sobre los crímenes de lesa humanidad de los que fue responsable su papá, Ricardo Lederer, segundo jefe de la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo. Tras la difusión de su despido, fue convocada a regresar a su puesto de trabajo el lunes último. Sin embargo, la citación no fue formal y desconoce cuáles serán las condiciones.

“Hay un hilo que une los despidos en todo el Estado, el vaciamiento de áreas que implican su obligación de garantizar derechos, el ataque a las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia y el negacionismo de quienes hoy están al frente del gobierno”, relacionó Lederer. Lo hizo días después de hacer pública una carta en la que denunció que en el recorte de estructuras que Milei impulsó en cada una de las áreas del Estado “se encuentran inexorablemente despedidos los militantes políticos y los activistas”, que “fuimos desvinculados en virtud de despidos discriminatorios y como abierta persecución política e ideológica”. Según el cálculo que realizan desde la asamblea Unidxs contra los despidos, hubo alrededor de 450 personas cesanteadas dentro de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona. “Y se vendrá otra ola en junio, cuando se venzan las renovaciones que hicieron ahora”, sostuvo Lederer.

Erika es abogada especializada en mediación en contextos de encierro. Ingresó al Ministerio de Justicia en 2013. “Junto a un equipo recorríamos cárceles federales trabajando en situaciones de conflicto entre internos, entre internos y el Servicio Penitenciario y con sus familias o sus vínculos”. Eran cinco hasta el primer día de abril de este año. A ella la despidieron y a otra compañera le renovaron contrato por tres meses, lo que Lederer considera “un despido encubierto”.

En 2017 formó parte del colectivo fundacional de Historias Desobedientes, que nucleó a hijos e hijas que repudiaban a sus padres represores y que buscaban hacer su aporte a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Ese mismo año declaró ante el Juzgado Federal 2 de San Martín acerca de lo que sabía sobre su papá, genocida de Campo de Mayo. Erika sigue militando –comparte con Pablo Verna el grupo Asamblea Desobediente– y considera que su despido tiene que ver con esa historia. “Con mi despido, entre otros, buscan amedrentarnos y que nos repleguemos en nuestras luchas. Acallarnos, pero necesitan mucho más que un despido para eso”, advirtió.

 

 

 

Mi papá, el genocida

“Mi viejo era obstetra de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, pero estuvo en muchos otros lugares. Participó de grupos de tareas, de secuestros, de vuelos de la muerte”, contó. Ricardo Lederer, obstetra del Ejército, se dedicó a la medicina, según recuerda su hija, “porque no pudo ser militar de carrera”. No lo aceptaron porque tenía un problema en la vista.

Durante la última dictadura, Lederer fue segundo jefe del hospital militar que funcionó en esa guarnición, una de las más grandes del país. “Trabajó” junto a Norberto Bianco, su superior en esa institución, condenado por la apropiación de Pablo Casariego Tato, nacido allí durante el cautiverio de su mamá, Norma Tato, que permanece desaparecida, y Julio Verna, quien le confesó a su hijo Pablo que anestesiaba a víctimas de vuelos de la muerte.

Con la recuperación de la democracia, se reconvirtió en médico de empresas como Astarsa o Techint. Ambas tuvieron entre sus plantas de personal de los años ‘70 a varias personas secuestradas y desaparecidas. Lederer también fue médico de la Policía bonaerense, en donde “le rendían honores por haber sido militar”, detalló su hija. Se suicidó en agosto de 2012, “el mismo día en que se conoció públicamente la restitución de Pablo Gaona Miranda”, uno de los nietos encontrados por Abuelas de Plaza de Mayo.

Pablo es hijo de Ricardo Gaona y María Rosa Miranda y fue secuestrado junto a ellos cuando tenía apenas un mes. La investigación judicial que corroboró su apropiación cuenta que tras el secuestro fue entregado por Héctor Girbone, militar de Campo de Mayo, al matrimonio compuesto por Salvador Girbone y Haydeé Raquel Alí Ahmed, quienes lo inscribieron como hijo propio. El certificado falso de constatación de nacimiento fue firmado por Lederer. El padre de Erika y Girbone, el entregador del bebé, se conocían de la guarnición militar.

“En mi familia dicen que se pegó un tiro porque tenía cáncer de pulmón, pero con el tiempo pude reconstruir que lo hizo porque se encontró cercado”, dijo su hija, quien no tenía buena relación con su progenitor: “Me trataba de zurda, varias veces me dijo que si hubiera sido adolescente en 1976 hubiera tenido que sacarme del país”. Murió impune.

 

 

 

Hacer algo con el origen

Erika sospechó “desde siempre” de los vínculos de su padre con los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. “Cuando ya no hubo dudas sino certezas” dejó de hablarle, puntualizó. Antes, el represor le habló de los vuelos de la muerte que partieron desde Campo de Mayo con el objetivo de desaparecer a las personas que allí permanecían secuestradas. Tras el suicidio, ella se acercó a Abuelas para hacerse el análisis genético. Nació en 1976, su padre había sido médico en una maternidad clandestina de la última dictadura, su participación en una apropiación estaba probada. “Tenía dudas y me analicé, pero fui incompatible con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos. Era hija de mi padre, tenía que hacerme cargo”, contó.

El 2x1 con el que la Corte Suprema ensayó un indulto encubierto para los genocidas en 2017 fue otro “punto de inflexión” en su vida. Para entonces, ya integraba el equipo de mediadores en contexto de encierro del Ministerio de Justicia. En mayo de aquel año, compartió públicamente una reflexión en la red social Facebook: “Pienso en voz alta. Los hijos de genocidas que no avalamos jamás sus delitos, esos que gritamos en sus caras las palabras ‘asesino’ y ‘Memoria, Verdad y Justicia’, por pocos que seamos podríamos juntarnos, para aportar datos que hagan a la construcción de la memoria colectiva”.

Otras vidas que necesitaban lo mismo que ella la encontraron: Analía Kalinec, hija del genocida Eduardo Kalinec; Liliana Furió, hija del genocida Paulino Furió. Nació Historias Desobedientes. Se sumaron Bibiana Reibaldi, hija del represor Julio Reibaldi, Pablo Verna y tantísimos otros y otras. En octubre de aquel año, declaró ante la Justicia como “testigo de contexto”.

 

 

 

 

 

 

* El artículo se publicó en el portal Letra P.

 

 

 

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