Abusadas por penitenciarios
Las trabajadoras del Servicio Penitenciario Bonaerense se cuidan más de sus jefes que de los presos
Una trabajadora social que era hostigada por su superior en una cárcel de San Martín pasó a ser víctima de persecuciones por parte de quienes lo sucedieron luego del traslado de aquel a Florencio Varela. En el distrito del Conurbano sur, una agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue violada en la oficina de su jefe. Son sólo dos casos de entre muchos silenciados por las propias víctimas, seguras del desamparo al que se enfrentan.
La oficial Carolina Soledad Naveira (subprefecto del SPB) cumplía funciones en la Unidad 48 de la cárcel de San Martín, donde conoció al subdirector de seguridad, inspector mayor Cristian Alberto Biaggini, con quien llegó a convivir, hasta que sus hijitos le pidieron que lo sacara de la casa porque tenía malas actitudes, según le relató a la cooperativa Tiempo Argentino.
El carcelero pasó a rondar su domicilio, sacaba fotos; la celaba; le tiró sus muebles. En su empleo no la dejaba ir a oficinas ni trabajar con los presos; la vigilaba con una cámara. Le usó la camioneta, que rompió y llevó a reparar al penal, con un detenido que aprovechó para fugarse. Recién entonces fue trasladado a Varela.
En la varelense Unidad 42, una agente del SPB denuncia que el subdirector Alfredo Santa María la penetró por la boca al punto casi de cortarle la respiración y dejarla con heridas de las que quedaron constancias documentales.
El domingo 9 de marzo, PB se había apersonado junto a GV en la oficina del jefe, quien le ordenó a una retirarse para hablar a solas con la rubia de ojos claros y largas pestañas. En ese contexto, el hombre de casi dos metros se impuso. “Me agarró de la cola y los pechos; con la mano, me bajó de la mollera mía, de la cabeza”, relató a El Cohete.
Luego de un llamado al 911, la víctima fue rescatada por personal policial, a partir de lo cual intervino la UFI 9 a cargo del fiscal Christian Granados. Vista la PP-13-02-005834-25/00 “Abuso sexual con acceso carnal agravado”, el Juzgado de Garantías 8 adoptó el lunes 10 las medidas dispuestas en el Acuerdo 4099 de la Suprema Corte para protección de las víctimas: restricción perimetral de 300 metros para acercarse a ella o a su casa, custodia dinámica y botón antipánico.
En la Comisaría 5ª de la jurisdicción carcelaria, algunos policías dijeron que ya conocían al penitenciario porque “compañeros de acá lo denunciaron por amenazas”. Allí contabilizan 18 traslados de Santa María, aunque este medio no tuvo acceso al legajo.
La doctora forense del Cuerpo Médico declaró el martes 18. Al día siguiente, desde el Centro de Atención a la Víctima (CAV) confirmaron que “en el informe se constatan lesiones en mamas, labio inferior, paladar y mejillas”.
La U42 tiene como director a Luciano Santa Cruz, jefe inmediato del denunciado, que fue trasladado a la U54, una de las seis unidades dentro del mismo complejo varelense.
La víctima avisó que “la Policía no está pasando por casa y me siento desprotegida”. Desde el CAV recibió como sugerencia que se contactase dentro de veinte días. En tanto, recién el 16 de abril tendrá turno para una pericia victimológica que verifique el grado de daño sufrido.
Hablar o no
Una trabajadora del SPB dijo a este medio: “En las unidades carcelarias, muchas temen hablar porque saben que corren riesgo de vida, ya que todos los jefes tienen arreglos siniestros con los presos. Las trabajadoras del SPB solicitamos ser protegidas y amparadas por el Poder Judicial y que se investigue, porque hay más damnificadas que callan por miedo a perder el trabajo o por los aprietes de traslados o sanciones”.
Lo sabe Naveira, cuya situación no mejoró luego de sus denuncias y del alejamiento de su hostigador: “Cuando trasladaron a Biaggini y a parte de la jefatura por la fuga del detenido, quedó su amigo, el prefecto mayor Diego Antonio López, subdirector de Asistencia y Tratamiento, quien me persigue y maltrata. El director de la U48, Alejandro Martínez, es indiferente a mis reclamos. La jefatura del SPB no interviene, el jefe –Xavier Areses– desestimó un primer recursoque presenté”.
López es visto salir hasta la madrugada con otro personal femenino, María Victoria Salvo, a quien la víctima ve interesada en su puesto. “Ella y Valentina Dicatarina intentaron ensuciarme. Incentivaron a dos detenidos a que me denuncien. Me lo contaron los detenidos: uno lo firmó en un acta; el otro no quiso, por temor. Salvo se excede con su medicación psiquiátrica; maltrata al personal subalterno, que la ha encontrado desmayada, vestida, bajo la ducha”.
Según Naveira, López la sancionó, le prohibió redactar actas y le ordenó que sólo cumpliera sus doce horas sin hacer nada; le puso candado a la puerta de su oficina, con sus pertenencias dentro, e intimida a quienes la frecuentan.
Estos datos fueron chequeados dentro de la U48 por el periodista Jesús Cabral, quien oyó: “López anda borracho. Él, con Biaggini, cobraba las visitas. Ahora maneja solo todo el negocio ilegal. Traen autos y sacan a los presos para que los arreglen. Un penitenciario nos contó que muchos vehículos son robados, los desarman y usan los repuestos para los suyos”.
La primera noticia de un desarmadero y drogas en la U48 la dio Horacio Verbitsky a comienzos de 2011, cuando publicó que los presos salían a delinquir. En ese distrito, a finales de 2016, fueron detenidos el comisario de José León Suárez y tres subalternos por mantener un desarmadero en la Seccional.
Ahora, la trabajadora social realizó una nueva denuncia ante la Fiscalía 6 de San Martín; mientras, espera que la Auditoría de Asuntos Internos cumpla con su compromiso de que “pronto tomarán medidas”.
Desde Varela, reflexionan que “en esta institución el deber es la reinserción del interno, pero eso jamás va a suceder cuando tenemos jefes delincuentes, con prontuarios aterradores.La sociedad debe saber lo que es el Servicio Penitenciario Bonaerense”.
Antecedentes
En la U23 varelense, hacia 2012, una puja interna entre penitenciarios permitió la fuga de un preso, según una de las cinco autoridades desplazadas dijo ante el fiscal Hernán Bustos Rivas. La historia se conserva en el sitio Pensamiento Penal.
A mediados de 2017, se descubrió que en los penales de Ituzaingó y Trenque Lauquen robaban comida destinada a 825 presos y se la llevaban a su casa o la vendían, cosa que también hacían en Varela, donde desviaban la harina hacia panaderías que por eso podían vender más barato, lo que motivó las denuncias de comerciantes legales.
A comienzos de esta década, la prensa zonal reprodujo el relato de cómo guardias de la U42 le destrozaron la pierna a una detenida en su celda.
En aquella U23, hacia 2020, un preso sin juicio, Gabriel Argañaraz, fue torturado durante horas, apaleado y asfixiado con una bolsa; despojado de pertenencias y llevado como rehén al techo del penal; trasladado desnudo y sin comida a Melchor Romero, sin atención médica. Sólo cuando se presentó un habeas corpus fue llevado a la U9 de La Plata, donde continuó un tiempo sin ropa ni alimentos, como lo informara por entonces el sitio Realpolitik.
En la misma U23, durante la pandemia de 2020, el SPB disparó a mansalva y mató a una persona, lo que fue filmado por otros internos que hicieron llegar el video a El Cohete, como se publicara en la nota La libertad de elegir cómo morir. Daniela Eliana Heidenreich, ex jefa del Grupo de Admisión y Seguimiento, acusada de “homicidio calificado”, fue declarada “no culpable” hacia 2023 en “un juicio deficiente”, según la calificación de la Comisión Bonaerense por la Memoria. Sin embargo, en noviembre pasado, dos camaradas suyos fueron condenados por encubrimiento en aquel crimen.
Contracara
Estos funcionarios, que no respetan ni a sus subalternas uniformadas, están a cargo del cuidado de 60.306 personas, según contabilizó el mes pasado la Comisión por la Memoria; 16% más con respecto a un año atrás, en una escala ascendente que continuará en tanto el modelo económico profundice la expulsión del sistema.
¿Qué pueden esperar las detenidas? Son 3.347 mujeres y 110 trans, según un minucioso informe de Javier Garbulsky para la revista La Tecla. Dos de ellas habían relatado a El Cohete sus experiencias de esclavitud sexual por parte de algunos jefes penitenciarios.
Esas iniquidades coexisten con iniciativas dignas, como las que promovieron la construcción de casas o el armado de bancos rojos con mensajes contra la violencia machista, y maceteros o juguetes que los presos donan a escuelas.
Así, en la U24 varelense, desde abril del año pasado, por primera vez una mujer integra las guardias de 24 horas laborales continuas en Vigilancia y Tratamiento. Johana Franco, madre de un niño de tres años, inauguró un puesto que había sido sólo para hombres en una cárcel de máxima seguridad que no aloja mujeres.
A fin de año, la contigua U32 recibió la visita del nuncio Miroslaw Adamczyk, junto con los obispos de Quilmes, Carlos Tissera y Eduardo Redondo, además del ministro de Justicia Juan Martín Mena y tres jueces. Con el capellán Darío Viecenz, recorrieron el pabellón literario y el de género, cuyas actividades complementa el centro universitario (UNLP/UNQ), dondereciben acompañamiento psicológico.
Tener al nuncio apostólico a metros del corazón del “sistema de la crueldad” puede rememorar las visitasde Pío Laghi a los centros clandestinos de detención de la dictadura, una comparación tan odiosa como injusta, pero que bien podría ahorrarse si los sectores más encumbrados alzasen su voz en sintonía con la de quienes han promovido fallos y acciones contra estas injusticias, cuyo tamaño sólo se compara con la ineficiencia estatal.
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