Abran fuego sobre Devoto

 

Está lejos de haber vuelto la calma a la vieja cárcel de Devoto, que la semana pasada se vio sacudida por una protesta de internos que reclamaban ante el ingreso del coronavirus al penal. La protesta dejó 36 heridos entre los presos. Dos de ellos están internados en el Hospital Pirovano después de haber sufrido heridas con arma de fuego. Uno de ellos probablemente no volverá a caminar.  La justicia investiga un caso de violencia institucional y avanza en una serie de medidas para determinar si el Servicio Penitenciario Federal (SPF) u otra fuerza de seguridad es responsable por los balazos.

 

La causa

La causa por la tentativa de homicidio contra dos internos está actualmente en manos del fiscal Ignacio Mahiques, que ayer les tomó declaración testimonial a los dos hombres que desde el 24 de abril están internados en el Pirovano. Según contaron a este medio, el relato fue contundente, pero, la fiscalía trabaja con cautela para no frustrar la investigación. Los dos dijeron haber sido heridos durante la represión, con disparos desde afuera del pabellón.

La causa se originó por una presentación que realizó la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) al detectar que había dos de los heridos cuyas placas indicaban que tenían un “cuerpo extraño de densidad metálica compatible con proyectil de arma de fuego”. Ningún herido de arma de fuego había sido informado por el SPF, que, además, tiene prohibido su uso al interior de los penales.

El juez a cargo, Fernando Caunedo, delegó la pesquisa en Mahiques el jueves a la tarde. Al día siguiente, el fiscal envió un oficio al Pirovano para que los médicos le informaran si las dos personas estaban en condiciones de declarar. Mahiques lo investiga como un caso de violencia institucional. De hecho, pidió asesoramiento a la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin).

 

Baleados

Por cuestiones de seguridad y de privacidad, se consignará a los heridos bajo sus iniciales: GB y CG. GB recibió un proyectil mientras estaba junto a una ventana entre el sexto y séptimo piso. Tiene una lesión en la columna dorso lumbar. Según explicaron fuentes judiciales, los médicos no pudieron extraer el proyectil por la gravedad de la herida. No siente ni puede movilizar miembros inferiores. CG, por su parte, tiene un traumatismo en el hemitórax derecho.

Tanto GB como CG figuraron en los listados que el SPF realizó informando qué presos habían sido llevados a hospitales fuera del complejo de Devoto para asistirlos. Lo novedoso es que en esas listas GB figuraba con una herida contundente y CG con una herida cortopunzante.

Además de ellos, otros cuatro internos habían sido trasladados a hospitales extramuros. Tres estaban en el Vélez Sársfield y el restante en el Fernández. Este último es el hombre que se vio cayendo desde el techo de Devoto y dio positivo al test de coronavirus. También resultó infectado otro interno – que había dejado el penal antes de que se iniciara la protesta de la semana pasada. La detección de esos casos originó la puesta en marcha de un protocolo del Ministerio de Salud para lugares de encierro.

 

Las fuerzas

La primera causa que se originó por la protesta  en Devoto – dice motín la resolución judicial – quedó a cargo del juzgado federal 1 de María Servini. Como Servini estaba de licencia, su lugar lo ocupó su colega Julián Ercolini. El fiscal que compartía el turno era Eduardo Taiano.

Esa investigación se inició por una denuncia que realizó el propio Departamento Jurídico del SPF a las cinco de la tarde del viernes pasado. Para ese entonces, Devoto seguía siendo un infierno, pero estaba adentro el secretario de Justicia Juan Martín Mena, junto con el director del SPF, Emiliano Blanco, y otros funcionarios del Ministerio de Justicia.

Según la información que proporcionó el SPF, la protesta se habría iniciado a las ocho de la mañana del viernes y duró hasta antes de que cayera la noche en Devoto. Durante la represión de la protesta, el SPF usó 1500 cartuchos antitumultos – según le informaron a Ercolini. En la causa no hay mención alguna de balas de plomo.

La Policía Federal y la Policía de la Ciudad ocuparon los puestos de control externos 1 y 2, reportó el SPF. La Comisaría 11B hizo de enlace entre la cárcel, Defensa Civil, Bomberos, SAME, la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) de la Policía de la Ciudad y el GEOF de la Policía Federal. También el informe dice que la Policía de la Ciudad apoyó el ingreso al penal de la Dirección Principal de Seguridad en las Direcciones de Traslados y el Grupo Especial de Intervención.

¿De dónde salieron las balas que impactaron contra GB y CG?

En Justicia y en el SPF dijeron estar al tanto de la denuncia, pero no aventuraron hipótesis -- aunque no descartaron que las balas hayan venido desde los puestos de control externo. En ese caso, se descargaría la responsabilidad en las policías, lo que aplacaría los ánimos internos en el SPF. Sin embargo, fuentes que conocen bien la denuncia dicen que las balas no partieron desde los puestos de control perimetral. De todos modos, eso será materia de peritajes.

 

Los otros heridos

El miércoles último, Ercolini declinó la competencia para investigar qué pasó en Devoto. Lo hizo después de pedirle su opinión a Taiano. El fiscal entendió que, como los hechos sucedidos en el penal no traspasaron la puerta y no hubo peligro para la seguridad pública, no era un asunto para la justicia federal. Lo mismo sostuvo Ercolini y mandó el caso a sorteo a la Cámara del Crimen. Es probable que la causa vuelva a sortearse o surja alguna controversia por la competencia. Sin embargo, el fiscal ya tomó las primeras medidas para no perder tiempo valioso.

En la resolución de Ercolini, figura una nómina que da cuenta de 36 internos heridos – entre los que se cuentan a GB y CG – y catorce agentes del SPF. La lista de heridos que consta en el expediente parece más cercana a los relatos que algunos de los que ingresaron a Devoto describieron.

 

Control en las cárceles

Hasta ayer, había huelgas de hambre en distintas unidades del país, aunque con un acatamiento bajo.El debate sobre los presos que sucede tras los muros repercute internamente y genera nerviosismo. A lo que se le suma el temor al coronavirus.

Después de la protesta del viernes 24, hubo tres mesas de diálogo en Devoto. La primera fue ese mismo día para evitar que la revuelta siguiera durante la noche. A la mañana del día siguiente, se hizo una segunda reunión en la que participaron dos jueces: Daniel Morin (Casación Nacional) y Gustavo Hornos (Casación Federal). Ese día, combinaron que habría una nueva reunión el jueves 29. Ese encuentro se hizo. Duró poco, pero sorprendieron mucho algunas ausencias como las de Mena y la de los representantes de la Casación Federal.

Antes de la tercera mesa, la dirección de Análisis de la Información del SPF presentó una denuncia ante la justicia federal de Lomas. Decía que tenía datos de que se preparaba un escenario de violencia en las cárceles antes de la mesa de diálogo. El SPF decía tener información de contactos entre los distintos establecimientos provinciales y federales. Lo que no decía era qué contactos, ni quiénes los habían protagonizado ni cómo los penitenciarios se habían enterado. Para la fiscal Cecilia Incardona, era muy parecido a una excursión de pesca para ver qué encontraban y le pidió desestimar la denuncia al juez Federico Villena.

 

Las otras balas

En la justicia de Quilmes avanza la investigación sobre la muerte de Federico Rey, el interno de 30 años que murió el miércoles 22 bajo las balas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en una protesta en la Unidad 23 de Florencio Varela. El conflicto se originó también aquí ante la noticia de que un interno de ese mismo penal pero de otra unidad tenía coronavirus. Un mensaje de audio de un supuesto médico pasó de celular en celular, generando pánico y conmoción entre la población carcelaria. La autopsia preliminar indica que Rey recibió tres impactos de balas de plomo.

Desde la semana pasada, están detenidos Eliana Heidenreich, jefa del grupo de asistencia y seguimiento de la Unidad 23, junto con Gastón Ábila, jefe de seguridad exterior, y el prefecto mayor Gabriel Bergonzi.  La mujer está siendo investigada por el homicidio de Rey, mientras que los dos penitenciarios están acusados por encubrimiento agravado.

Desde el Ministerio de Justicia provincial, informaron que removieron a los jefes de la unidad y que se iniciaron sumarios contra el personal que estaba actuando. Las autoridades civiles pidieron que no interviniera ni el SPB ni la Bonaerense en la investigación dentro del penal, que quedó a cargo de la Gendarmería Nacional.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participa como particular damnificado al ser el mecanismo contra la tortura provincial y en representación del padre y del hermano de Rey. La fiscal Roxana Giménez tomó más de 70 declaraciones testimoniales que habrían permitido individualizar a Heidenreich como quien disparó contra el interno y, al mismo tiempo, descartar que él fuera quien se veía en un video que se viralizó recibiendo las balas de un grupo de agentes del SPB.

Los penitenciarios bonaerenses usan unas escopetas 12/70, que pueden operarse tanto con balas antitumultos como con balas de plomo. Las primeras pueden matar también – especialmente si se disparan a corta distancia. Pero aquí los penitenciarios usaron balas de plomo -- como uno de ellos le habría reconocido a la justicia --, pese a que el SPB presentó la muerte como una pelea a cuchillazos.

El miedo no se sofoca con plomo.

 

 

 

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