ABOLICIONISMO Y DERECHOS HUMANOS

 

Se publica a continuación la carta enviada por AMADH en respuesta a la nota Putas, al borde del allanamiento firmada por Leonora Jáuregui y Agustina Frontera. Hemos omitido algunos de los nombres de personas y organizaciones que menciona, porque consideramos que no son necesarios para el debate público sobre el tema y que implican una violación de la intimidad, que contraría las mejores prácticas en la materia.

 

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Escribimos esta respuesta con mucha tristeza y preocupación por cómo se ha abordado el tema de la prostitución y la trata en el artículo “Putas, al borde del allanamiento” publicado en este medio. Como organización abolicionista con más de 25 años de experiencia en el trabajo territorial con personas en prostitución, no podemos quedarnos calladas ante la desinformación y la liviandad con que se ha tratado un tema grave y que nos atraviesa en primera persona, como es la trata para explotación sexual. La Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH) fue fundada y es sostenida por mujeres, travestis y trans en prostitución, así como compañeras que han logrado salir del sistema prostituyente y muchas habiendo en algún punto atravesado situaciones de trata y explotación sexual. Conocemos muy bien de qué se trata, contrario a lo que se nos acusa, e irónicamente se habla de nosotras desde falacias, desconocimiento y la negación de nuestro trabajo y militancia.

 

 

Las abolicionistas sabemos de qué se trata (porque lo vivimos)

Nuestra historia comienza en los años '90, cuando mujeres y travestis en prostitución nos organizamos contra la violencia policial y para salir del sistema prostituyente en la ciudad de Buenos Aires. Muchas de nosotras venimos de otras provincias, expulsadas por la pobreza y el desempleo, o engañadas con promesas de un futuro mejor. Nuestros primeros encuentros fueron dentro de los calabozos y comisarías, donde ya comenzaba a perfilarse el liderazgo de la entrañable Lohana Berkins junto a Graciela Collantes. Entre esquinas y patrulleros comenzamos a organizar nuestra resistencia, contra las fuerzas represivas pero también contra los fiolos y proxenetas que operaban y aún operan en la mayor impunidad y a la vista de todo el mundo. 

Así empezamos a llamar la atención de los medios, y de algunas organizaciones territoriales y de derechos humanos. Empezamos a sabernos sujetas de derecho, ¡porque hasta entonces no lo sabíamos! La policía no nos prestaba atención al principio, pero tras la visibilidad y un feroz motín en la comisaría 50 que hasta puso en riesgo nuestras vidas, tuvieron que empezar a ceder. Así llegamos a la Central de Trabajadores Argentinos, y nos conformamos como AMMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, nombre que la propia Lohana ayudó a conformar. Los compañeros de la CTA fueron los primeros en nombrarnos “trabajadoras sexuales”. En ese momento nos deslumbró el término, el pensarnos trabajadoras en lugar de explotadas y perseguidas, pero eso no surgió de nosotras, y pronto nos dimos cuenta de que era una trampa.

Cuando la CTA quiso formalizar AMMAR como “sindicato de putas” mediante un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, en ese entonces a cargo de Patricia Bullrich, comenzaron las discusiones entre nosotras. Teníamos un estatuto redactado para nosotras, pero sin nosotras. La mayoría nos opusimos, no considerábamos que la prostitución fuera un trabajo, ni queríamos que ninguna otra se tuviera que parar en nuestro lugar en las esquinas. ¡Hasta a compañeras que apoyaban la idea del sindicato, las hemos visto llorar porque no querían volver a pararse en una esquina! Se convocaron las asambleas más masivas que tuvo nuestra organización en ese entonces, en las que quedó claro que la gran mayoría no apoyaba el sindicato. De 120 mujeres y travestis, más de 100 apoyaron el continuar organizadas, pero no como sindicato. La CTA formó el sindicato igual, con las dos únicas referentas que habían aceptado el estatuto. Así comenzó AMMAR a llamarse sindicato, y así se conformó AMADH con todas las que veníamos organizadas, aunque durante un tiempo mantuvimos el nombre de AMMAR Capital. 

 

 

Nuestra lucha, nuestro trabajo

Desde ese entonces nos dedicamos a formar promotoras territoriales en derechos humanos, que trabajan haciendo recorridas en las zonas de prostitución, colaborando con el acceso a la salud, la educación y el trabajo de mujeres y travestis. Fundamos en nuestra sede el Centro Educativo Nivel Primario N° 58 para que nuestras compañeras puedan estudiar, y para muchas es su primer ingreso al sistema educativo. Luchamos por la derogación de los artículos de códigos contravencionales que penalizan la prostitución, de forma ilegal e inconstitucional, siendo el último logro el art. 68 de Buenos Aires, una lucha que empezó Diana Sacayán en el año 2003 y recién se pudo concretar en 2018. Estos artículos son utilizados históricamente por la policía para castigarnos y perseguirnos, generando a su vez un sistema de corrupción y coimas. 

Trabajamos constantemente para incidir en políticas públicas, participando de la generación de oportunidades de empleo destinadas a personas con alto grado de vulnerabilidad. Así conseguimos, por ejemplo, realizar cursos de formación profesional mediante un convenio con la UOCRA. En 2016 nos incluyeron por primera vez como beneficiarias del programa Hacemos Futuro, orientado a víctimas de violencia de género. Hasta ese momento la prostitución no era considerada una forma de violencia de género. Fue un trabajo de nuestra parte concientizar para que les funcionaries del Estado escucharan a las personas afectadas en los territorios. Gracias a nuestra insistencia, golpeando todas las puertas posibles, pudimos acceder a oportunidades laborales reales e iniciar o retomar nuestros estudios primarios y secundarios. También accedimos al monotributo social, con la posibilidad de facturar como autónomas y tener una obra social. Beneficios que supuestamente quieren lograr con una ley, y que sin embargo ya están a nuestro alcance gracias a la militancia abolicionista.

Muchas incluso pudimos acceder, a través de este programa, a estudios terciarios y a la universidad. ¡Algo que jamás imaginamos cuando empezamos a juntarnos en los calabozos! Hoy estamos esperando que se garantice la continuidad de estas políticas públicas y la inclusión de más compañeras, que lo necesitan urgentemente. Una posible reglamentación de la prostitución como trabajo podría dar por tierra con estas políticas de restitución de derechos: ¿por qué el Estado destinaría recursos para la inclusión laboral por una actividad que se considera trabajo? 

Además de políticas públicas impulsamos legislación: junto con otras organizaciones logramos que se sancione la Ley 26.842 contra la trata de personas, y seguimos trabajando en redes para prevenir este delito y exigir la implementación de la ley que se encuentra sin presupuesto para la prevención y asistencia de las víctimas. Colaboramos de cerca con la Procuraduría de Trata y Explotación (PROTEX) velando por los derechos de las víctimas y personas en riesgo. Por último, también trabajamos desde la comunicación popular, editando nuestra propia revista Con Voz Propia y realizando producciones audiovisuales junto a Cine en Movimiento. El año pasado publicamos nuestro primer libro: “Nuestros Cuerpos No se Reglamentan: relatos de organización y lucha desde la prostitución”. Ahí consta nuestra historia, nuestras voces, nuestra lucha. Tuvimos que hacerlo porque muchas feministas hacen como que no existimos. 

Después de todo esto, ¿quién nos va a venir a decir que hablamos de lo que no sabemos? ¿No será, por el contrario, que muchas hablan de nosotras sin saber? Por suerte se han sumado muchas jóvenes al movimiento abolicionista, pero está lejos de ser un movimiento de adolescentes. Muchas venimos peleando toda la vida, ¡baste nombrar a nuestra compañera Mimí, que no sólo sobrevivió al sistema prostituyente sino a la dictadura militar! Nosotras no somos cool, muchas ya no somos jóvenes y no nos llamamos “putas” como está de moda. Elegimos la denominación política de “desocupadas en situación de prostitución”. Lo elegimos para nosotras, no se lo imponemos a nadie. Algunas quieren borrar nuestra identidad diciendo que es estigmatizante, pero nosotras sabemos bien que describe nuestra realidad. O peor, algunos medios en sus noticias empiezan a hablar de “trabajadoras sexuales” cuando describen casos de trata y de explotación sexual. ¿Y nos dicen que somos nosotras las que confundimos?

Es terrible que nos digan que queremos presas a las putas, ¡si nosotras fuimos las presas y las que luchamos contra toda represión! El abolicionismo tiene muy claro que las políticas penales no son la forma de abordar un problema de desigualdad y exclusión social, contrario a lo que nos acusan en una clara forma de difamación. No somos tontas. ¡Nosotras lo vivimos! ¡Nosotras construimos recursos para salir del sistema prostituyente cuando no existía nada! Las chicas en las calles no nos dicen “queremos derechos laborales”, dicen “¡no aguanto más esto, necesito un trabajo!” Y no es que son abolicionistas, esa palabra no significa nada para ellas. Lo sienten en su cuerpo, como lo sentimos todas nosotras: que la prostitución te rompe por dentro. Todas nosotras llevamos secuelas de por vida del sistema prostituyente.

Otra cosa tremenda es como hablan de la trata de personas, con mucho desconocimiento y afirmaciones sin sustento alguno. De ninguna manera se “deciden” los roles en una causa por trata según quién abre la puerta del “privado”. ¡Qué disparate! Tampoco se hacen allanamientos ni se intervienen teléfonos porque sí. Invitamos a mirar las causas de trata, donde se hacen extensas investigaciones y jamás se procesa a alguien sin pruebas fehacientes. ¿Cómo no va haber “nada de distancia” entre “facilitación de la prostitución” y "trata de personas” como dicen en la nota? El sistema judicial es patriarcal, por supuesto, pero también hay personas y equipos dentro del Poder Judicial preparados y comprometidos con esta temática porque escuchan a las víctimas. Hay causas que cuesta que avancen justamente por la falta de pruebas o por la dificultad de recolectarlas. ¡Nos cuesta perseguir a los tratantes de verdad, mirá si vamos a gastar energías en perseguir causas falsas! 

Nuestro principal objetivo como abolicionistas es desnaturalizar el sistema prostituyente. Es esa naturalización la que alimenta el mercado de la trata, y permite que hombres de todas las clases sociales consuman sin culpa a víctimas de explotación sexual. Trabajamos sobre la prevención, para evitar que niñas, niños, adolescentes, mujeres y travestis en situaciones vulnerables sean captadas por este sistema perverso. Cuando se aplica la ley de trata, cuando se rescatan víctimas, es porque el Estado llegó tarde y ya ocurrieron múltiples violaciones de derechos humanos sobre las personas afectadas.

Encima nos inventan una “industria del rescate”. Si eso existiera estaríamos llenas de plata, y nos sucede todo lo contrario. Peleamos constantemente para que se asignen recursos a las víctimas, ya que muchas se ven obligadas a volver a la prostitución para sobrevivir, si es que salen en algún momento. De forma totalmente cínica, algunas académicas pretenden usar esto como prueba de que “lo eligen libremente”. 

 

 

Las causas por trata contra dirigentes 

Pero claro, tienen que sostener ese discurso porque A. ya lleva tres dirigentas procesadas en causas penales por trata de personas. La primera fue la causa de C.B, que usaba al sindicato para encubrir al proxenetismo al punto de que se encontraron en prostíbulos carnets en blanco. ¡Eso es gravísimo!. Hay otras 18 personas procesadas, entre ellas el jefe de la comisaría de San Miguel y otros dos policías, que advertían sobre la inminencia de allanamientos a los regentes de los prostíbulos y por ese “servicio” cobraban coimas. Además, las víctimas creían que el sindicato las estaba protegiendo. La causa fue a juicio oral en 2015. 

La segunda fue contra T.S., junto a un cómplice “de ocupación militar”, en la modalidad de traslado y acogimiento mediante abuso de situación de vulnerabilidad. En 2015 le otorgaron la suspensión del juicio a prueba (probation) porque su víctima no se presentó cuando la convocaron al juzgado. Le impusieron multas y donaciones a una escuela. Está demostrado que se quedaba con más del 50% de cada pase, pero tanto ella como el sindicato afirman que la procesaron “porque su nombre figuraba en el contrato de alquiler”. Hoy tiene una nueva causa por facilitación de la prostitución, en la que se comprobó que estaba como encargada, se hacía cargo de la organización, el control y el acceso, y por la cual se le impuso prisión preventiva por riesgo de fuga. Según las condiciones del juicio a prueba, debería reanudarse también la causa por trata.

La última causa es la de M.L.V, procesada por trata de personas con fines de explotación sexual bajo la modalidad de captación y acogimiento, agravado por el engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad de tres jóvenes. Logró un juicio abreviado tras intensa presión del municipio marplatense por cerrar la causa y amenazas contra sus víctimas, en especial la que se constituyó en querellante. Se declaró culpable de “facilitación de la prostitución” con una condena a cuatro años de prisión, evitando así que continúe la investigación, que debió haber incluido también la ruta del dinero. Su denunciante declaró que captaba jovencitas en situación de vulnerabilidad a través de la organización barrial “Descamisados”. Se quedaba con más del 50% de cada “pase” además de cobrarles alquiler y gastos y las mantenía en prostitución bajo amenaza. La hija de la víctima realizó un extenso relato de los padecimientos sufridos por su familia por parte de M., incluyendo que mandara a un matón a violar a su mamá con un arma en el prostíbulo.

No estamos hablando de “causas armadas”. Estamos hablando de pruebas fehacientes de trata de personas. El sindicato dice: “Trabajo sexual no es trata”, pero parece que son ellas mismas las que no saben (o no les interesa) diferenciarlo. Es obvio que apuntan a un público desinformado, que no conoce el funcionamiento de las causas por trata para explotación sexual y que aprovechan la credibilidad que les dan los medios para decir cualquier cosa. ¿Les parece que estas causas que describimos tienen que ver con un pánico moral, con un apoyo a la violencia institucional? ¡En todos estos casos fueron las propias víctimas las que denunciaron! M.L.V es madre de cinco hijes y no queremos que esas niñeces queden desprotegidas ¡en absoluto! Por supuesto que queremos para ella y sus hijes todas las garantías y protecciones que les correspondan. Nosotras no obligamos a su madre a delinquir y tampoco podemos tolerar que explote compañeras impunemente. Si todas estamos contra la trata y a favor de los derechos, no debería haber división entre nosotras en este aspecto… sin embargo, la hay.

 

 

Sexualidad, prostitución y víctimas

La nota describe un supuesto “imaginario militante abolicionista” y “retóricas anti-trata”, cuando lejos de ser un prejuicio o mero discurso es conocimiento que surge de estudios profundos sobre estos crímenes. No somos sólo las organizaciones abolicionistas las que los producimos, sino entidades reconocidas en su trabajo, como la Organización Internacional de Migraciones, la ex Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), la Procuraduría contra la Trata y Explotación Sexual (PROTEX), El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) entre otros. Hablar de un “imaginario” es otra forma de desmerecer e invisibilizar nuestro trabajo, junto al de tantas otras organizaciones de justicia y derechos humanos. 

Irónicamente, la nota habla por un lado de la criminalización de las trabajadoras, pero también de una “visión dicotómica entre explotadores varones e inocentes mujeres”, que se parece más bien a las caracterizaciones machistas sobre el feminismo. Como feministas comprendemos que hay una desigualdad de raíz entre varones y mujeres. Las causas de la prostitución podemos encontrarlas en la división sexual del trabajo, donde los varones acaparan mayoritariamente el trabajo bien remunerado y los espacios de toma de decisiones, dejando a las mujeres los trabajos precarios y no remunerados, incluyendo la crianza y los cuidados a personas de todas las edades. Esta diferencia explica el excedente de tiempo y de plata con que los varones —principales y casi exclusivos consumidores de prostitución— financian la explotación sexual, y la presencia mayoritaria y casi exclusiva de mujeres, travestis y niñas como producto de consumo. No nos imaginamos nada de esto: son realidades que vivimos y comprendemos todas las feministas. Pero algunas deciden ejercer un negacionismo selectivo sobre estos temas cuando se trata de la prostitución. 

Nos dicen que “jerarquizamos la sexualidad” o que nos manejamos con moralismo al respecto. Sin embargo, es el patriarcado el que jerarquiza las sexualidades, en particular la de los varones, de lo cual resulta la extensión de la violencia sexual en nuestra sociedad. La anulación del deseo de las mujeres y travestis es un mandato patriarcal, no abolicionista. Por otra parte, es ridículo pretender que la sexualidad es igual que cualquier área de la vida, ¿o acaso te da lo mismo que te agarren de un hombro a que te agarren de una teta o de la concha? No es moralismo, es el derecho a nuestra intimidad e integridad sexual. Cualquier acto sexual —o para el caso, contacto no sexual— realizado sin deseo deja marcas en nuestro cuerpo y en nuestra psiquis. No hace falta estar secuestrada en un prostíbulo para sentir cada “pase” como una violación. No nos parece menos grave consentir al sexo sin deseo, “por interés” en el matrimonio que en la prostitución. Y no vamos a prohibir el matrimonio como no buscamos prohibir la prostitución, así como tampoco consideramos al matrimonio un trabajo que se pueda regular. 

En este sentido, una de las entrevistadas afirma: “Cuántas veces hicimos favores a cambio de algo, eso también es trabajo sexual. Coger con un amigo para que te lleve a algún lugar, para que te dé ciertas drogas, te das cuenta de que lo hiciste siempre”. Estamos de acuerdo en que todas podemos encontrar en nuestra vida ocasiones en que tuvimos sexo sin deseo, sea o no a cambio de algo. Una de las primeras cosas que hablamos entre nosotras cuando empezamos a organizarnos fue que cuando llegábamos a nuestra casa después de un día de “pases”, nuestros maridos nos obligaban a tener relaciones sexuales. ¡Y hasta ese entonces, no lo comprendíamos como una violación! Pero lo es, y nadie debe sufrirla. Por eso decimos que el sistema prostituyente es más que la prostitución. Es la cultura de la violación en la que siempre se espera que cedamos, que consintamos, y si obtenemos algo a cambio tenemos que estar agradecidas. Incluso muchos abusadores de niñes “sobornan” a sus víctimas a cambio de violentarlas sexualmente. Desde niñas nos enseñan a prostituirnos, en el sentido figurado y en el literal ¡Eso es un problema que hay que afrontar! ¿O lo vamos a relativizar porque “a todas nos pasó”?

Detrás de esos discursos hay un negacionismo de la violencia sexual y sus efectos en nuestras vidas. Toda vez que accedemos al contacto sexual sin desearlo se produce una disociación: nuestra cabeza “se desconecta” del cuerpo para soportarlo. Es un mecanismo de supervivencia frente al estrés extremo, común en las víctimas de tortura y de violencia sexual. A veces lleva toda la vida poder volver a conectarnos con nuestro cuerpo y nuestras emociones. ¿Cómo va a ser eso una herramienta de trabajo? La comparación con la tortura no es traída de los pelos. La doctora Ingeborg Kraus es psicoterapeuta especialista en trauma, que antes de trabajar con víctimas de prostitución trabajó con víctimas de violación como arma de guerra. Ella expuso que las sobrevivientes de prostitución sufren de síndrome de estrés postraumático similar al de ex combatientes de guerra y sobrevivientes de tortura. Acá no hablamos de suposiciones ni prejuicios, sino de investigaciones por profesionales de la salud que siguen el método científico.

El artículo al que respondemos también cita una entrevista a Zaida Gatti, donde “admite” que de 7.000 mujeres rescatadas, sólo el 2% se reconoce como víctima. Sin embargo, no profundiza en las condiciones objetivas en las que se encuentran dichas víctimas. Nosotras sabemos cuánto cuesta reconocerse víctima, tanto en la prostitución como en todo tipo de violencia de género. ¡Especialmente después de habernos construido como “trabajadoras sexuales”! Dejar esa identidad fue doloroso, porque significó confrontar nuestras heridas y toda la violencia que habíamos sufrido. Pudimos hacerlo porque estábamos juntas, apoyándonos. Una mujer o travesti sola, que nunca experimentó su sexualidad libremente, consumida por la prostitución, sin haber sabido nunca que tiene derechos humanos ¿qué herramientas tiene para reconocerse víctima? Es muy común que tarden un tiempo de reconstrucción de su psiquis antes de poder confrontar sus experiencias, y es imposible realizar ese proceso estando en la prostitución. En las causas por trata, muchas víctimas son aleccionadas por sus proxenetas y tratantes para decir que son “trabajadoras sexuales”, pero luego de salir del sistema prostituyente cambian sus testimonios. Eso es porque pueden verse desde una nueva perspectiva, pero primero necesitaron salir del entorno de violencia. 

No negamos que pueda haber algunas personas que no experimentan (o al menos, no de inmediato) los síntomas físicos y psíquicos de someter el cuerpo a la prostitución. En especial las que tienen el privilegio de hacerlo de vez en cuando. No queremos prohibirle a nadie que lo haga si le parece que eso está bien, que le hace bien, que le sirve para su vida. Pero de ahí a reglamentarlo como un trabajo hay un largo trecho. Curiosamente, ninguno de los proyectos presentados en la Argentina en relación al “trabajo sexual” incluye ninguna regulación explícita para los clientes. ¡Hasta el reglamento de Buenos Aires de 1875 exigía que los clientes no porten armas ni estén borrachos! Para entrar a una pileta municipal hay que revisarse, para mostrar que no tenemos caries, piojos ni hongos, y requiere una ducha previa. ¿Pero para penetrar el cuerpo de otra persona no? Ahí se ve la intención real de esos proyectos: garantizar la provisión de cuerpos y la impunidad para los prostituyentes. 

 

 

 

El abolicionismo no es prohibicionismo: historia de la ley

El principal eje falso de la nota es la homologación entre abolicionismo y prohibicionismo, que puede ser habitual en el sentido común. En varios pasajes, tanto en las preguntas de la periodista como en las respuestas de las entrevistadas, se evidencia esta equiparación absolutamente errónea. La confusión entre prohibicionismo y abolicionismo en el imaginario colectivo no interiorizado en esta temática, es habitual y esperable. Pero resulta inadmisible en medios que se pretenden sólidos y confiables.

Vale entonces aclarar qué es el abolicionismo y qué es el prohibicionismo. Si bien hay abundante material disponible sobre el tema, podemos apuntar brevemente que el abolicionismo propone una visión de conjunto sobre la prostitución y la trata para explotación sexual como instituciones donde se articulan el patriarcado y el capitalismo. Estos fenómenos expresan como ningún otro la opresión y la violencia de género a través de la cosificación, mercantilización y enajenación de los cuerpos de las mujeres y cuerpos feminizados, dispuestos mayoritariamente para consumo de varones cis. Donde la sexualidad femenina y disidente no tiene cabida, porque queda anulada por el privilegio patriarcal del placer del varón cis.

El abolicionismo es feminismo, lucha por los derechos de las mujeres, y por lo tanto no persigue a las mujeres, trans o travestis en situación de prostitución. Muy por el contrario, el abolicionismo —y particularmente en la Argentina—  ha luchado por erradicar la persecución hacia nosotres. Ya mencionamos la derogación del artículo 68 del Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires, que permitía arrestar a personas en situación de prostitución. Fuimos AMADH y la Campaña Abolicionista quienes presentamos el proyecto de derogación, y no las organizaciones pro-sindicalización del llamado “trabajo sexual”.

El prohibicionismo criminaliza la totalidad del sistema, es decir, persigue a las personas en situación de prostitución y a quienes demandan sus servicios. Nuestro país es abolicionista, desde que en 1936 se sancionó la Ley 12.331 que prohíbe el establecimiento de prostíbulos a nivel nacional, no así el ejercicio individual de la prostitución. Lo que significa que no es delito ejercer la prostitución pero sí beneficiarse de quienes están en esa situación. Esto sucede justamente en los prostíbulos y whiskerías, donde las mujeres y travestis no “trabajan” en forma independiente sino para otros. De ningún modo el abolicionismo creó legislación para criminalizar a las personas que ejercen la prostitución ni a quienes la demandan. 

En 2008 se promulgó la Ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en coherencia con el Convenio de la ONU para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Nuestra ley antitrata, si bien puede ser perfectible, no es de ningún modo una “mierda antitrata”, como se expresa en la nota. Esta expresión es insultante para las víctimas de trata y sus familias, quienes militaron junto a nosotras la modificación de 2012 a través de la ley 26.842. La trata de personas es un delito grave, y uno de los tres negocios ilegales más rentables del mundo junto al tráfico de armas y de drogas. Resulta en el secuestro y la desaparición de personas, la muerte de muchas de ellas, la extorsión, la captación engañosa, además de secuelas irreparables para las víctimas y sus familias.

El regulacionismo en nuestro país, lejos de combatir la trata y el proxenetismo, lejos de involucrarse en la derogación de las rémoras legales que persiguen a las prostitutas, se pronuncia por la derogación de la Ley de Trata. Recordemos que más allá de los escasos artículos que modifican el Código Penal, la ley estipula los derechos de las víctimas, que aún luchamos para que se cumplan en la práctica, además de mecanismos institucionales para la prevención y erradicación del delito, que resulta en múltiples violaciones de derechos humanos de mujeres, travestis, niñas, niños y adolescentes.

 

 

La regulación: más poder a la policía y mayor clandestinidad

La idea de regularizar la prostitución como un trabajo, para que las mujeres y travestis (y excepcionalmente, otras identidades) puedan acceder a obra social y jubilación suena bien en la teoría. Pero llevada a la práctica, sus efectos han sido ampliamente contrarios a los objetivos declarados. Para empezar, toda regulación o reglamentación implica requisitos a cumplir, por lo tanto la contracara de toda normativización de la prostitución es la clandestinidad. 

Los proyectos de ley presentados hasta ahora para legalizar la prostitución incluyen enumeraciones de derechos de las “trabajadoras sexuales”, derechos ya consagrados en la Constitución y los tratados de Derechos Humanos, pero no crean mecanismos que garanticen el ejercicio de esos derechos. Por el contrario, los mecanismos de control y las obligaciones son expresas y concretas. Como ya dijimos antes, no se establece ningún control ni requisito sobre los consumidores.

Entre las obligaciones que imponen los proyectos de ley, se encuentran cursos obligatorios para obtener la credencial habilitante, también obligatoria y puede ser requerida en cualquier momento por las autoridades policiales. Es decir, cualquier persona en prostitución que no pueda habilitarse o no sepa que debe hacerlo, quedará expuesta a la arbitrariedad de la policía. También establecen la libreta sanitaria, controles médicos obligatorios y un registro también obligatorio, todas medidas de protección para los consumidores. Desde el punto de vista de las trabajadoras, no establece ninguna medida de protección a su salud. Se las sigue considerando el foco de infección, cuando es claramente el prostituyente quien constituye el factor de riesgo para ellas. Tampoco se hace mención al peligro que significa para las personas en prostitución el contacto físico y la exposición a fluidos de forma constante.

Queda claro entonces que las personas en prostitución que no puedan cumplir los requisitos obligatorios, o que “trabajen” fuera de las zonas establecidas (“zonas rojas”) o locales habilitados, quedarán en una clandestinidad que hoy no padecen. Así lo alerta también Sabrinna Valisce, una de las impulsoras de la legalización en Nueva Zelanda (modelo elogiado por A.), que hoy denuncia que dicha ley empeoró las condiciones de las personas prostituídas. Al igual que sucedió en Alemania, donde todo el “comercio sexual” es legal, las tarifas fueron a la baja, y las exigencias y violencia de los prostituyentes fueron en alza. También las ganancias y el poder de los “empresarios del sexo”. Contra el sentido común que afirma que legalizar la prostitución haría más fácil perseguir la trata, el resultado en la práctica fue completamente opuesto.

 

 

Todos los derechos para todas

Por todas estas razones, vemos con preocupación el avance de un discurso que se presenta como una perspectiva de derechos, mientras alimenta la reproducción de un sistema de opresión y violencia hacia las mujeres y disidencias. Nos encontramos en un contexto en que la violencia hacia las mujeres y disidencias no cesa y se cobra víctimas cada día, dónde derechos básicos relacionados con nuestra salud y nuestra libertad de decidir —como el aborto legal—, aún no están garantizados, donde la desocupación y la precarización laboral nos perjudican especialmente. Resulta alarmante la banalización del impacto de la prostitución en nuestros cuerpos y mentes, ya que puede animar a personas en situaciones de vulnerabilidad a ingresar al sistema prostituyente, empeorando sus condiciones de vida y exponiéndolas a las redes de trata y explotación sexual.

Desde AMADH y otras organizaciones abolicionistas tenemos propuestas concretas hacia el colectivo de personas en prostitución, para erradicar su criminalización, para perseguir la trata, para ofrecer alternativas reales a la falta de trabajo. No son teorías ni suposiciones, son resultado del trabajo continuado y comprometido durante 25 años de quienes conocemos desde adentro el sistema prostituyente. No queremos rescatar víctimas, queremos prevenir que sean tratadas y explotadas en primer lugar. En especial las niñas, niños y adolescentes, que son las principales víctimas y las más cotizadas en el mercado de los cuerpos. Tenemos mucho por hacer y necesitamos de la colaboración de todes quienes levanten la bandera de los derechos humanos: nuestra bandera, la bandera de nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las que nos enseñaron a luchar y nos abrieron sus puertas cuando a nadie le importaban los derechos de las putas.

 

 

 

 

 

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