Abogados y algo más

 

“Uriel Santiago O´Farrell, fallecido a los 70 años, fue un abogado destacado, que presidió un estudio jurídico reconocido y mereció un hondo respeto por su hombría de bien. Profesional diligente, acompañó a sus clientes en las circunstancias más difíciles. Fue director de importantes empresas que apreciaron su consejo prudente y de buen sentido, pero no por ello menos firme y, en algunos casos, vehemente”.

La necrológica publicada por el diario La Nación en 1999 lo dice casi todo. Lo que falta lo aportó Juan Carlos Parmigiani en la última audiencia del Juicio a Ford. Uriel Santiago O’Farrell era director y accionista de Ford Motor Argentina. Desde 1973, el tradicional bufete jurídico que presidía se hizo cargo de la dirección de la empresa. Las propias asambleas de accionistas se realizaban en sus oficinas. Durante la dictadura, participó en cada una de las reuniones de directorio de Ford donde se discutían los problemas de producción y laborales, incluida la reunión del 27 de junio de 1976, donde el directorio mostró su “gran beneplácito” por los resultados del golpe del 24 de marzo.

Como lo hicieran ex supervisores de la empresa en la audiencia anterior, Parmigiani sorprendió con sus declaraciones, a pesar de que las retaceó de principio a fin. Pero como todo lo que se reprime siempre emerge de alguna forma, dejó en evidencia la responsabilidad de este equipo de ilustres abogados y empresarios en la represión ilegal que sufrieron 24 ex trabajadores de Ford durante el terrorismo de Estado o, como la llamó el mismo Parmigiani, la “Revolución” de 1976.

Arnoldo Banchero, también ex directivo, y Carlos Nahuel Croza, joven periodista de un medio alternativo, completaron una jornada de declaraciones cargada de sorpresas, tensión e ironía, de un juicio que ya tiene fecha de cierre.

 

O’Farrell

Provenientes de la ciudad irlandesa de Limerick, el primer O’Farrell en llegar al país fue James. En 1825 pisó el puerto de Buenos Aires, junto a su esposa Catherine Kennelly. Según la reconstrucción genealógica autorreferencial, se dedicaron a la cría de ovinos en la zona de San Pedro. De sus cinco hijos, sólo dos se casaron. Miguel, uno de ellos, fue un gran estanciero y diputado de la legislatura bonaerense. Tuvo trece hijos a quienes les dejó unas 18.000 hectáreas, 6.000 vacunos, 12.000 lanares y unos 200 yeguarizos.

Santiago Gregorio O’Farrell fue uno de sus hijos más destacados. Nacido en 1861, a sus 22 años fundó el estudio jurídico O’Farrell, desde donde proyectó su carrera como político y empresario. Fue diputado nacional y miembro del directorio de importantes empresas como Ferrocarriles Buenos Aires al Pacífico y Unión Telefónica. Los perfiles online lo señalan incluso como presidente de la empresa La Forestal, que en 1921 asesinó a 600 trabajadores en el norte santafesino. En 1913 asumió la representación jurídica de la empresa Ford Motor Company, cuando esta se asentó en el país. A su sepelio, en 1926, asistió el propio presidente de la nación, Marcelo T. de Alvear. Su trayectoria incluye su paso por la conservadora Unión Cívica Nacional, la presidencia del Círculo de Obreros Católicos y de la Democracia Cristiana.

Sus trece hijos e hijas le dieron 40 nietos, uno de los cuales se llamó Uriel Santiago, que nació en 1929 y cuyo abuelo materno fue el hacendado entrerriano que ocupó el cargo de Ministro de Agricultura y Ganadería durante la última parte de la presidencia de Alvear. Uriel, según la necrológica de La Nación, integró el tradicional Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (como varios de sus parientes y el mismo Parmigiani), jugó en la primera de rugby  del Club Universitario, fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Polo y presidente del Club Argentino de Pelota y del Club Médanos de Punta del Este.

 

 

El estudio que desde comienzos de siglo representó a la Ford Motor Argentina, al finalizar la década de 1980 representaba a empresas como Autolatina (Ford y Volkswagen), Goodyear, Deere and Co., Rohm and Haas, Atlantic Richfield Corp, Prudential Bache Securities Inc., Procter & Gamble, Midland Ross Corp, Federal Mogul Corp, Akzo NV, Okanagan Helicopters Ltd., Phelps Dodge Copper Products, Imperial Chemical Industries (Duperial SA).

Según declaró Parmigiani, Uriel Santiago profundizó en los años '70 su relación con Ford. En 1973, tras el asesinato de John Albert Swint, gerente de Transax (empresa autopartista perteneciente a Ford), desde Estados Unidos ordenaron retirar a los directivos yanquis y el estudio O’Farrell tomó la dirección de la empresa, acompañando al nuevo presidente, Juan María Courard. En aquellos años, Ford Motor Argentina pertenecía mayoritariamente a Ford Motor Company, representada en el país por Juan Patricio O’Farrell (un sobrino segundo de Uriel Santiago), que fue socio fundador del otro estudio jurídico que lleva el apellido familiar (JP O’Farrell Abogados), director de empresas como Telefónica de Argentina, John Deere, Ford Credit, Ford Argentina y Plan Ovalo, además de haber sido distinguido con la Honorary Order of the British Empire otorgado por la mismísima reina de Inglaterra.

 

 

Parmigiani  ingresó al estudio O’Farrell en 1966 y de inmediato recibió poderes de la Ford. En 1974, un año después del cambio gerencial, cambió su status de asociado a socio en el estudio. Como tenían que llenar cargos, lo designaron síndico suplente en la asamblea ordinaria de accionistas, función que ocupó con idas y vueltas durante varios años. Según relató ante el tribunal, Parmigiani asesoraba a la empresa en materia laboral y desde ese lugar participaba de las reuniones con el hoy ex directivo imputado Pedro Müller. “Necesitaban gente de confianza”, afirmó. Especialistas consultados explican que el caso no escapa a la típica distorsión del rol que tienen que cumplir por ley los síndicos societarios.

Bajo la conducción de Uriel Santiago O’Farrell, después de los secuestros de trabajadores y delegados sindicales de marzo y abril de 1976, en el directorio de Ford se escucharon las siguientes consideraciones:

“Los motivos fundamentales causantes de la depresión en la actividad productiva de esta empresa [se refieren a 1975] pueden sintetizarse en los siguientes: la vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 dio origen a un significativo incremento en el nivel de ausentismo”. (Acta Nº 177, 14 de abril de 1976.)

“Como es de conocimiento de los Sres. Directores, el Sr. Courard refiere que el día 24 de marzo las fuerzas armadas se hicieron cargo del gobierno nacional, iniciándose a partir de ese momento un proceso de reorganización nacional en todos los ámbitos (...) cuyos planes y objetivos son vistos con gran beneplácito por parte de la empresa, dado que merced a las medidas y modificaciones que se han ido operando, y se espera se sigan produciendo, se logrará encaminar el país en general a los altos destinos a que la Nación puede y debe llegar” (Acta Nº 180, 27 de junio de 1976)

“Con respecto al ausentismo laboral, continúa informando el Sr. presidente que cabe destacar la significativa reducción operada en el transcurso del mes de abril, la cual fue de un 10%”  (Acta Nº 180, 27 de junio de 1976)

“La mayor tranquilidad social y laboral imperante en el segundo semestre permitió incrementar significativamente el nivel de productividad y lograr una drástica reducción del ausentismo (...) Estas medidas permitieron a la empresa seguir operando con una sólida capacidad económica y financiera” (Acta Nº 192, 5 de abril de 1977).

“Su honda convicción católica y el respeto de la palabra empeñada distinguieron su personalidad”, finaliza la necrológica.

 

La reticencia (Parte I)

Parmigiani llega vestido de empresario. Ágil, gentil, perfil bajo, el presidente del tribunal le toma juramento y da pie a los abogados defensores para que pregunten. La tenaz Adriana Ayuso, con su colgante primaveral, gesticula desconcertada. No es su testigo. Es testigo de nadie. El juez Osvaldo Facciano mira a la secretaria del tribunal, que explica que en realidad el testigo fue aportado por la defensa de Guillermo Galarraga, el directivo imputado que falleció poco antes de comenzar el juicio. Ayuso empuja el muerto y prepara al público para una audiencia breve y sin sabor.

—¿Usted trabajaba en Ford?— pregunta la abogada sin prever que el cajón se moverá.

—Vea, yo era un simple consultor externo— responde Parmigiani.

Media hora más tarde, la abogada querellante Elizabeth Gómez Alcorta, con evidente fastidio, se dirige al tribunal para poner negro sobre blanco:

—Señor presidente, queremos saber si se trata de un testigo reticente.

Hasta entonces Parmigiani ha jugado su rol: “No tengo idea”, “lo ignoro”, “desconozco”, responde en varias oportunidades. Ya explicó que se encargaba de las cuestiones laborales como “asesor externo”, que preparaba telegramas modelo (como los de despido) para muchas empresas y que discutía los convenios laborales. Pero también fue soltando que tenía información de primera mano del directorio, que conocía a los imputados (a Müller y al otro ex directivo Héctor Sibilla) y que se encargó de rechazar los pedidos de indemnización de los trabajadores secuestrados durante la transición democrática: “La empresa decía que no era cierto, que habían sido despedidos con justificación y que por eso no les correspondía la indemnización”.

Dos preguntas más sirven para detonar la paciencia de los abogados querellantes. Le piden que diga si le consta el cambio del régimen laboral en 1976. Responde que no recuerda. Simula una gracia para indicar que pasó mucho tiempo. Sonríe para decir que es fanático de Ford por el mítico corredor del TC Juan Gálvez. Después historiza: el asesinato del directivo de Transax, el cambio de directorio, la decisión de Ford de cerrar las plantas y la promesa del General Perón de dar custodia, primero la Prefectura y luego la Gendarmería, hasta marzo de 1976, “cuando Ford entró bajo custodia de Campo de Mayo”. Entonces suelta lo de la “Revolución” de 1976 y que era “vox populi” que los militares estaban en la fábrica.

—¿Qué es lo que sabían todos?— pregunta Gómez Alcorta.

—Que había cambiado la custodia de Ford— responde Parmigiani.

Ya todos se percatan del gran abismo que existe entre su rol como “consultor externo” y todo lo que declara después. La abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Yanina Michelena, lo apura y su compañero Maximiliano Chichizola le muestra un acta de accionistas de 1982 donde figura como síndico suplente. Los abogados defensores protestan. El debate se tensa y el tribunal da un interludio. Parmigiani siente calor. Se lleva ambas muñecas a la frente. Se frota las cejas. Facciano parafrasea al testigo. Quiere saber si su rol era de “fantasía”.

Al reiniciarse la escena, Parmigiani explica el rol del accionista y director Uriel Santiago O’Farrell. Cuenta que asistía una vez por mes a la planta de General Pacheco, pero que nunca estuvo en el quincho donde se torturaban trabajadores. Insiste en la fecha clave de 1973 y Ayuso aprovecha para cazar la mariposa: “¡¿Entonces el personal se retiró cuando atentaron contra el directivo?!”

Le dan el alta, pero el testigo se siente convaleciente todavía y pide la última palabra: “Mi rol principal era el de apoderado, no el de síndico”.

“Estaban completamente comprometidos”, sintetiza Chichizola.

 

La reticencia (Parte II)

El desempeño de Parmigiani quemó los márgenes de paciencia, de manera que la parte acusadora apretó el acelerador al primer signo de amnesia del segundo testigo de la jornada. El colmo llegó con un rodeo de antología que agotó al fiscal Marcelo García Berro, que —luego de varias repreguntas— logró que el testigo admitiera que conocía que habían sido secuestrados varios trabajadores de la empresa, aunque sólo porque veía protestar a los familiares de los delegados en la entrada del predio fabril.

Arnoldo Heber Banchero, de 77 años, ingresó a Ford en 1965, como administrativo de la Oficina de Personal. Pasó a Relaciones Laborales tres años más tarde, en la planta de Motores primero y de Montaje después. Pasó por un puesto nocturno y recaló para la época del golpe en la sección Personal nuevamente, como supervisor del personal jornalizado, bajo el mando de Jorge Fernández. Conocía a los imputados, pero no recuerda víctimas, aunque con esfuerzo mencionó a Pedro Troiani, delegado secuestrado: “Era muy buena persona”.

Explicó que se encargaba de los ingresos y egresos de personal, del ausentismo y los servicios médicos, pero cuando le preguntaron si notó la ausencia de trabajadores los días en que fueron secuestrados, aseguró que de eso se encargaban los timekeepers (cronometradores). Cuando le preguntaron qué decían los rumores y de dónde se habían llevado a los delegados, respondió: “No sé, no recuerdo, de sus domicilios supongo”.

Banchero negó la presencia militar en la fábrica (“al menos que yo recuerde”) y explicó que a mediados de 1978 renunció porque no le gustaba el trato y las actitudes de la gerencia, que revisaban hasta sus coches cuando ingresaban al predio. “Me fui a trabajar a Minera Aguilar, a Jujuy”, contó, generando una transformación visible en la cara de la abogada Gómez Alcorta que después comentó que se quedó con las ganas de preguntarle a Banchero si supo entonces que en Aguilar habían sido secuestrados y desaparecidos 31 trabajadores mineros.

Por momentos, Banchero parecía no saber que en marzo de 1976 se había producido un golpe de Estado, pero no disimuló su alegría al rememorar el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978. “Lindo recuerdo”, ironizó en seco el fiscal García Berro.

El testigo finalizó su declaración y se retiró. Antes de salir, preguntó a una asistente por Troiani. Pedro estaba en la sala y no tardó en salir en su búsqueda. Se cruzaron en la calle. Se saludaron con un apretón de manos.

—Gracias por recordarme de buena manera— dijo Troiani.

—No, por favor— respondió Banchero.

—Lástima que no te acordaste de otras cosas.

—¿De qué?

-Que nos secuestraron y nos sacaron de la fábrica, que nos llevaron al quincho— respondió Pedro.

—¿Pero habrá sido a la noche?— preguntó incrédulo Banchero.

—No, no. Bueno, gracias por acordarte bien de mí.

 

 

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