Abogacía con Memoria

 

Hasta este 23 de marzo, en vísperas del aniversario del inicio de la última dictadura, la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca recibirá inscripciones a la nueva materia que sumará a su carrera de Abogacía el acervo recogido en cuatro décadas de búsqueda de Justicia que vuelven al caso argentino referencia global.

“Crímenes contra la Humanidad en la República Argentina” se dictará por primera vez este cuatrimestre, incluyéndose como optativa de la carrera de grado en Derecho pero abierta a todo público. La modalidad semipresencial pautada ha llevado a que se considere, de lograr disponerse de un sistema de visualización asincrónica de clases, la inclusión de cursantes a distancia. Mientras tanto, se reciben inscripciones y consultas.

El equipo docente a cargo de su dictado, la particular temática que abordará y el territorio históricamente adverso en que ha surgido convierten a la nueva asignatura en una singular cristalización del recorrido de sobrevivientes, familiares, organismos y actores judiciales rebeldes a la impunidad consagrada por años. Otra connotación especial la añade el momento en que se implementa, cuando avanzan e incluso llegan a condenas causas judiciales por delitos de lesa humanidad en que la UNS tuvo tanto víctimas como victimarios.

 

 

La teoría y la práctica

Aunque los planes de estudio de Abogacía en el país suelen incluir materias de Derechos Humanos, y la propia UNS tiene una, en general se trata de asignaturas que estudian la jurisprudencia del sistema internacional o abordan fenómenos específicos desde un enfoque sociológico, como el genocidio.

A diferencia de esas propuestas, la materia que se implementará en Bahía Blanca busca vincular a los conceptos técnicos de la formación académica con los saberes construidos o nutridos por la experiencia práctica. El programa de la asignatura lo refleja en la selección de autores y contenidos: desde nociones supranacionales y desarrollos teóricos de base, como el de “aparato organizado de poder” o “autoría mediata”, al estudio de los procesos judiciales que convirtieron a nuestro país en vanguardia en el mundo.

Como frutos específicos del recorrido realizado, el programa incluye el valor de los testimonios, la faz reparatoria, la perspectiva de género y la herencia que permite a los crímenes de ayer sobrevivir en la violencia institucional de hoy.

Esa última derivación es conocida en la jurisdicción, como natural consecuencia de la aplicación de la defensa de derechos humanos a lo que sucede en la actualidad. El fallecido Hugo Cañón, fiscal federal de Cámara durante décadas y gran luchador contra la impunidad dictatorial, continuó tras jubilarse su tarea en la Comisión Provincial por la Memoria poniendo especial atención en la situación carcelaria bonaerense. Abel Córdoba, que lo sucedió en las investigaciones bahienses por delitos del terrorismo de Estado, fue luego el primer responsable de la Procuraduría de Violencia Institucional creada durante la gestión de Alejandra Gils Carbó en el Ministerio Público Fiscal. El siguiente titular de la Procuraduría fue Miguel Palazzani, que antes había reemplazado a Córdoba en la unidad fiscal de Bahía Blanca.

 

 

Hay equipo

En la fiscalía federal de Cañón trabajó durante dos décadas Gabriel Jarque, docente a cargo de la nueva materia de la carrera de Derecho de la UNS. Actual defensor oficial federal, Jarque integra el plantel de la institución desde 1999 y en la carrera de Abogacía ya venía desempeñándose en las cátedras de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.

Su trayectoria se alimentó de lo que aún considera una experiencia fundamental en su formación. Recién recibido, Jarque comenzó a trabajar con Cañón en 1987, año en que el fiscal –contra las presiones del oficialismo de entonces– impulsó la declaración de inconstitucionalidad de la ley de impunidad mal denominada “de obediencia debida”. La Cámara bahiense atendió al reclamo y lo mismo hizo un par de años más tarde, cuando Cañón solicitó que se declarasen inconstitucionales los indultos dictados por Carlos Menem. Ambas acciones distinguieron a Bahía Blanca dentro del fuero federal de la época. El grupo de trabajo que lideraba el fiscal e integraba Jarque fue luego actor principal en el Juicio por la Verdad de fines de los ’90, que se concretó ante la imposibilidad de explorar el sendero penal en tiempos de cerrada impunidad.

 

 

Casi un cuarto de siglo después, el ex colaborador de Cañón tendrá oportunidad de volcar sus conocimientos y experiencias en una cátedra cuyo plantel docente lo encontrará con el equipo actual de la fiscalía federal a cargo de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Encabezan la unidad Palazzani y José Nebbia y la integran el auxiliar fiscal Pablo Fermento, Paula Molini, Emmanuel Brini, Elin González Marcel, Carolina Lorenzo y Luciano Crisol. Se trata de jóvenes profesionales que se graduaron en la propia UNS, al igual que Ornela Scarano, que se sumó al grupo docente desde su sostenido trabajo en el resguardo de derechos en contextos de encierro.

“En lo que fue nuestra experiencia como estudiantes, esta cátedra viene a unir dos universos que permanecían bastante escindidos: el académico y el de la práctica profesional. En este caso, con la particularidad de tener juicios de esta envergadura en la propia ciudad, pero que observamos que no están llegando lo suficiente al alumnado”, graficó Fermento.

Desde su trayectoria de más de dos décadas como docente universitario, Jarque valoró “lo que significa que en el ámbito del Departamento de Derecho se haya logrado la aprobación e incorporación de esta cátedra, que no sólo incluye contenidos dogmáticos o académicos sino también la experiencia de las distintas jurisdicciones del país en el juzgamiento de este tipo de crímenes”.

 

 

De visitante o de local

El territorio en que nace la nueva propuesta formativa fue durante años sumamente adverso al avance de la Justicia en torno a los crímenes del terrorismo de Estado. Bahía Blanca, que había conocido antes de la dictadura intensos niveles de militancia, sufrió una respuesta represiva equivalente desde el comando del V Cuerpo de Ejército y la Base Naval de Puerto Belgrano. Antes, durante y después, el diario La Nueva Provincia y sus medios satélites se constituyeron en sostén discursivo del aparato represivo clandestino, justificándolo y contribuyendo al ocultamiento de los hechos.

Ese particular péndulo de acción y reacción se manifestó nuevamente desde la recuperación de la democracia, no sólo en la consolidación de un núcleo duro de sobrevivientes y familiares que demandaban Justicia sino también en actores del ámbito judicial que, como Cañón, tomaron sus reclamos.

La UNS y su comunidad fueron un blanco principal de las persecuciones iniciadas por la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina y sistematizadas a partir del 24 de marzo de 1976. Sus víctimas docentes, no docentes y estudiantiles se cuentan por decenas y lo que sobrevino luego fue un silencio institucional que recién comenzó a ser revertido en los últimos años, conforme avanzaban los juicios por causas de lesa humanidad que obraban como catalizadores.

El periodo de inacción permitió que varios docentes imputados pudieran arribar a la edad jubilatoria eludiendo reproches institucionales, demorados por tiempos cansinos o tecnicismos. Incluso pudo jubilarse el nazi rumano Remus Tetu, docente y rector de la UNS que ofició como uno de los jefes de la Triple A en el sudoeste bonaerense. En agosto de 2021, un tribunal bahiense condenó a cuatro integrantes de esa organización criminal. Todos habían recibido sueldos universitarios y uno de ellos fue probado partícipe del asesinato del dirigente estudiantil comunista David “Watu” Cilleruelo, fusilado por la espalda en los pasillos del principal complejo de aulas de la institución en 1975.

El Departamento de Derecho de la UNS, por su parte, tuvo entre sus docentes a tres con acusaciones formales por hechos ocurridos en la época. Hugo Sierra y Gloria Girotti ocupaban las secretarías del juzgado federal bahiense durante la dictadura, a cargo de Guillermo Federico Madueño, y existen testimonios que los ubican en contacto con personas ilegalmente detenidas. A ambos se les ha dictado falta de mérito, que contra lo que la literalidad lega induce a creer no es una certificación de inocencia sino la espera judicial de nueva prueba. Distinto es el caso de Néstor Montezanti, camarista federal en democracia y agente de inteligencia en dictadura, que irá a juicio acusado de participar en la intimidación pública producida por el grupo que conformaba la Triple A local. Sierra y Montezanti se jubilaron para evitar ser sometidos a juicios académicos. Girotti sí debió enfrentar uno, pero el proceso lleva más de una década y todo indica que, con 70 años, se jubilará sin que haya llegado una resolución.

El avance de las causas judiciales permitió sin embargo que la institución comenzara a incorporar en su discurso las demandas que por años había ignorado. Entre 2011 y 2021, los juicios por crímenes de lesa humanidad realizados en Bahía Blanca tuvieron por sede a su propia Aula Magna. Recientemente, una resolución aprobada por unanimidad en su Consejo Superior admitió el triple carácter de la institución como “víctima, escenario y victimaria” de los crímenes cometidos por la Triple A. En 2021 distinguió doctor honoris causa post mortem a “Watu” y para el próximo 3 de abril, aniversario de su asesinato y Día de los Derechos Humanos en la UNS, se anuncia la primera entrega de legajos reparados a familiares de docentes y no docentes que fueron víctimas de la represión clandestina. La tarea fue encomendada a una comisión integrada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Archivo de la Memoria de la institución, junto al Núcleo de Historia Reciente dirigido por la investigadora Silvina Jensen, quien participó de un trabajo similar que a nivel nacional desarrolló el CONICET.

 

 

Esa larga historia local y regional, aún en construcción, confluyó en la creación de esta nueva cátedra en un ámbito que hasta hace algunos años permanecía cerrado y en silencio. Alejandra Santucho, integrante de la regional de H.I.J.O.S., recordó en tal sentido a El Cohete “cuánto le costó a esta Universidad poder empezar a rever toda esta historia, cuántos años la silenció desde sus autoridades, con sectores que le reclamaron sin descanso”, y celebró que comience a ser “una Universidad que repare, aprenda de sus errores y se abra a su comunidad con hechos concretos y no solo con palabras”.

 

 

 

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