Daño de la fantasía
El poder político y judicial de Chubut, contra el activismo mapuche y su red solidaria
La Nación y la provincia de Chubut avanzan en la reconfiguración de un espacio territorial junto a la cordillera de los Andes, proyecto en el que se inscriben el abandono a las familias de Epuyén damnificadas por el incendio de enero, el desalojo de una comunidad mapuche-tehuelche y la persecución judicial a las voces críticas al modelo extractivista en todas sus variantes. Ese acuerdo estratégico no necesariamente tendrá un correlato electoral, sin que ello represente ninguna contradicción. Al mismo tiempo, se están reacomodando los capitales de los hidrocarburos con presencia en esta provincia, rediseño propio de los grupos económicos de acuerdo a sus estrategias globales sobre los yacimientos convencionales y no convencionales, que pega de lleno en los ingresos propios por regalías y en un segmento fundamental del mercado laboral.
En la lucha cotidiana por la vida, la mayoría de la población queda ajena a estas pujas que tienen como base material a todo el espacio de la provincia, la tercera más extensa del país con un litoral marítimo de más de 1.200 kilómetros de extensión.
El gobernador Ignacio Torres, formado en administración de empresas, construye su base política desde la gestión pública con la experiencia acumulada durante su paso por el Senado (2021-23). Accedió a la gobernación por la alianza Propuesta Republicana, con origen en el PRO. Ahora está lanzado a una ampliación de un frente electoral que incluye al peronismo y deja afuera a La Libertad Avanza, sabiendo que él mismo representa buena parte de esa propuesta política e ideológica.
El noroeste
El noroeste de la provincia es un recorte del territorio muy preciso hacia el norte (paralelo 42) y el oeste (límite internacional), como elástico hacia el sur y el este, con capital real en Esquel. Allí confluyen conflictos de fondo durante el rediseño del territorio que realizan los capitales concentrados a través de las dirigencias políticas y económicas locales, desde los gobiernos y corporaciones viejas y nuevas. Están en juego y tensión el uso actual y el destino futuro de las tierras fiscales provinciales con bosque nativo, las tierras públicas administradas por Parques Nacionales, los territorios tradicionales reivindicados por el pueblo mapuche-tehuelche, las estancias ganaderas remixadas hacia el turismo de élite, las urbanizaciones para población de alto consumo, las fuentes y cursos de agua dulce sin contaminar, así como el sacrificio de nuevas tierras para la minería.
El plan de saqueo sistemático inició una nueva etapa en la Argentina en los ‘90. A la par, nuevos actores sociales, los pueblos originarios con sus comunidades y organizaciones, y el movimiento de defensa del medio ambiente y la naturaleza. Ambos cuajaron con fuerza en la región. Están en la base de resistencia al neo-extractivismo y su arco amplio de propuestas neoliberales que atacan formas de vida. Por tanto, objetivos de la persecución (administrativa, judicial, policial, política, económica), tanto como de la postergación y la negación.
La tragedia social y ambiental de Bahía Blanca (con la última inundación), por citar un caso, seguramente debe tener su propia traza de conflictos. En nuestro lejano oeste, buscan recrear las guerras de fronteras.
En este contexto cobran sentido, en jurisdicción de Chubut:
- la prisión preventiva por dos meses de Victoria Núñez Fernández, integrante de la lof Pillañ Mawiza, por el presunto ataque incendiario en una estancia;
- el pedido de captura de Cruz Cárdenas, lonko de la lof Paillako, desalojado de su territorio recientemente;
- el abandono a condiciones de alto riesgo de por lo menos 78 familias de Epuyén, que perdieron absolutamente todo durante el incendio de interfase; y,
- los constantes allanamientos, amenazas y detenciones al activismo mapuche y su red solidaria más próxima.
En jurisdicción de Río Negro, nos hemos ocupado en otras notas del escenario (re)creado con los últimos incendios en El Bolsón y las detenciones arbitrarias, proceso complementario al que se plasma en la vecina provincia más al sur.
Ruta de fantasía
La Ruta Nacional 40 es la quinta más larga del mundo, con una extensión de 5.200 kilómetros que atraviesan once provincias, paralela a la cordillera de los Andes y el límite internacional con Chile. En el noroeste de Chubut, a través de sus operadores en el Estado, el mercado quiere modificar su traza para que se ajuste a sus necesidades en esta etapa de negocios.
Durante su paso por el Senado, Torres introdujo en la agenda el proyecto vial para incluir en su traza a la Ruta Provincial 71 y al tramo de la Ruta Nacional 259 que dan acceso y atraviesan el Parque Nacional Los Alerces y conectan con Chile. Sus buenos oficios le fueron recompensados. En medio del desmantelamiento de la infraestructura vial en todo el país y con reclamos graves en Chubut, el 5 de diciembre Torres firmó el convenio con el administrador general de la Dirección de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, por el que se la Ruta Provincial 71 que atraviesa Los Alerces se llamará ahora Ruta 40 “Turística”. Buscan despegar el tránsito pesado del movimiento turístico y fortalecer el circuito de las localidades de Cholila, Trevelin, Esquel, en los límites del Parque Nacional. Además, sostener un frente político todo-terreno con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y, en un discretísimo segundo plano, Daniel Scioli, ministro de Turismo con su cartera de negocios.
La Ruta 71 tiene 136 kilómetros. Se inicia al sur del ejido municipal de Epuyén, desciende paralela al río Blanco, cruza el río Tigre, ingresa a Cholila, luego accede a la villa Lago Rivadavia, recorre la cabecera oriental de ese lago, sigue paralelo al río Arrayanes y bordea la costa del lago Futaleufú, siempre con vista a cordones montañosos, hasta finalizar en la localidad de Trevelin. Allí empalma hacia la cordillera con una ruta nacional de 39 kilómetros hasta el límite con Chile. Es decir, en pocos kilómetros cuadrados, un concentrado de agua dulce, bosque nativo, buenas pasturas naturales, espacios libres de contaminación y poca población local estable.
En ese espacio juegan, sin que se conozcan sus movimientos, las inversiones en tierras de los hijos de Paolo Rocca, de Gregorio Pérez Companc y de la desarrolladora Eidico, entre otros capitales. Los que sí aparecen son algunos actores locales buscando instalar la idea de comarca Los Alerces.
Ruta 40 turística es un nombre de fantasía: no dirá “nacional” en los carteles, sigue siendo provincial hasta ahora, aseguró una fuente de Vialidad Nacional ante nuestra consulta. “No se ha planteado el traspaso” en las gestiones oficiales, añadió.
Al parecer, más que financiamiento central lo que necesitan es el abroquelamiento político, el comando unificado en todas sus variantes.
Fuego y fantasía
La madrugada del sábado 18 de enero se produjo un siniestro intencional dentro de la estancia Amancay, entre Trevelin y Villa Futalafquen, en el cruce de las rutas provinciales 71 (ahora 40 turística) y 72, en los límites con el Parque Los Alerces. El incendio intencional dañó camiones y máquinas pesadas propiedad del establecimiento y de terceros contratados, según la documentación oficial del Ministerio Público Fiscal de Esquel que inició la investigación penal.
Por ese ataque incendiario, desde el 10 de febrero y por dos meses cumple prisión preventiva Victoria Dolores Núñez Fernández, Vic, integrante de la lof Pillañ Mawiza asentada en Corcovado, unos kilómetros al sur del lugar del siniestro. María Bottini, fiscala general, junto con los procuradores Ismael Cerda y María Cecilia Bagnato, la acusan de incendio con peligro común para los bienes y las personas, atentado contra el orden público y asociación ilícita, cargos provisorios en esta etapa de investigación. La detención de Vic, los allanamientos, secuestros, requisas, tomas compulsivas de muestras de ADN, fueron legitimados por Jorge Alberto Criado, juez penal de Esquel.
El lunes 10 de febrero la Fiscalía firmó su relato de los hechos y el martes 11 se realizó la razzia más severa en el territorio, con doce allanamientos simultáneos y demoras por horas de integrantes de cuatro comunidades mapuche-tehuelche de la zona y de la radio Petu Mogeleiñ en El Maitén. El miércoles 12 se dictó la prisión preventiva de Vic junto con el inicio de la investigación; dos días después la Defensoría Oficial logró la prisión domiciliaria, que confirmó una Cámara. Valeria Ponce y Laura Carpinetti asumieron la defensa; pidieron y ofrecieron medidas con resultados que todavía no alcanzan a mostrar el montaje criminalizador en las audiencias públicas realizadas.
La batería de acciones persecutorias continuó por distintas razones, motivando citaciones constantes tanto desde el fuero ordinario como del federal.
Miguel Ángel Mirantes es el propietario de Amancay y no se habría constituido como querellante hasta el cierre de esta nota. La Fiscalía lo pone como víctima, junto a su hijo, pero el derecho que invoca es por la tutela pública de los bosques nativos, según las fuentes consultadas con acceso al legajo.
Es más conocido como propietario de la casa de té Ty Te Caerdydd, en Gaimán, que recibió en su momento la visita de Diana Spencer, princesa de Gales. Hace pocos años que adquirió Amancay, campo destinado a la ganadería (ovina y vacuna), aunque anunció que proyecta la construcción de un hotel cinco estrellas, lo que ratificó su prima Laura Mirantes, ministra de Producción y comisaria en uso de licencia
Hasta ahora, el Poder Judicial va detrás del dispositivo desplegado por el propio gobernador. El incendio en la estancia fue un sábado y el lunes siguiente encabezó el relanzamiento del Comando Unificado local con el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el jefe de la plana mayor de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García; el teniente coronel a cargo del Ejército en la provincia, Marcelo Lagraña; el jefe del Escuadrón 36 de la Gendarmería, Rafael Pissarello; el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Musio, y el suboficial responsable de la Prefectura en Chubut, Luis Cortés. Se plegaron los intendentes de Esquel, Matías Taccetta; de Cholila, Silvio Boudargham; de Corcovado, Ariel Molina; de Lago Puelo, Iván Fernández; y de Trevelin, Héctor Ingram.
El Poder Judicial informó que se reunió con Iturrioz para analizar los incendios intencionales. El ministro llevó su lobby a la sala de audiencias, sentado en primera fila cuando dictaron la prisión de Vic. De la audiencia, fiscales y ministro fueron a la conferencia de prensa en el hotel Tehuelche de Esquel, en la que Torres ponderó la intervención del Poder Judicial local, que “hizo en tres meses más de lo que la justicia federal hizo en diez años”. Esos diez años incluyen el crimen de Santiago Maldonado en 2017.
Parias
“Somos conscientes de que vamos tarde”, reconoció un funcionario público municipal de Epuyén a la Red de Apañe que formaron organizaciones sociales, feministas, ambientales y de derechos humanos para acompañar a las familias y comunidades afectadas por los incendios, la represión y la criminalización en la Comarca Andina del Paralelo 42. El 15 de enero, en La Rinconada, muy cerca de la costa sur del lago Epuyén, se inició el fuego supuestamente intencional que alcanzó más de 3.500 hectáreas, afectó a cientos de familias y consumió la vivienda completa a 78.
La población total de esta localidad es de 37.000 personas, lo que da cuenta de los alcances masivos del daño. Hay personas viviendo en carpas, bajo la lluvia y con temperaturas que ya empezaron a descender. Llegó muy poco de la ayuda estatal prometida por el propio gobernador en una reunión realizada en un gimnasio municipal. Ese mismo gimnasio es lo que tienen para albergar a las familias sin vivienda, dijo Jorge Mardini, responsable de Acción Social del municipio, en entrevista con la Red de Apañe.
La crueldad de la inacción actual anticipa la gravedad de lo que se aproxima en el invierno, con familias desmembradas, sin poder trabajar ni sostener la comida diaria para sí ni para sus animales. Lxs vecinxs se sobreponen como pueden y exigieron nuevamente el cumplimiento del paquete de medidas comprometido por el gobierno, ya que en abril se vence el plazo de acompañamiento de asistencia económica para alquiler y alimentos.
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Todo bajo el mismo gobierno, en el mismo territorio. Poco más de cien kilómetros separan a Epuyén (al norte) de Pillañ Mawuiza (al sur), de donde pretenden desarraigar a Vic.
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