Vivimos una instancia histórica en la cual el poder real dominante (hoy el capitalismo financiero global y su complejo militar asociado), controlando un aparato comunicacional de penetración e impacto apabullantes sobre la población, procura generar un cambio cultural profundo, destinado a producir drásticas modificaciones en las condiciones de vida de las personas. Son diversas las raíces y las razones de este proceso, así como sus fines, para los cuales son necesarios el debilitamiento de los Estados frente a las corporaciones que encarnan aquellos poderes dominantes, el empobrecimiento y la pérdida de derechos de vastas franjas de la población, la concentración de la riqueza de unos pocos, el empequeñecimiento hasta la dilución de la política –históricamente el mayor instrumento de transformación y progreso de las mayorías— frente a los mercados y a los poderes financieros y mediáticos. El proceso se da en escala planetaria pero de manera asincrónica, tendiendo a acentuarse en países periféricos como Argentina, dotados de activos estratégicos valiosos (energía, recursos naturales, materias primas, minerales esenciales, alimentos, acuíferos, etc.).
Algunas postales de nuestro actual estado de postración y decadencia institucional, principalmente relacionadas a la situación de nuestro poder judicial:
1) Bajo democracia formal. Nunca había ocurrido el nombramiento por decreto de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El intento fracasó, aunque lamentablemente no por la acción de una comunidad empoderada en valores democráticos y constitucionalistas; y entonces, sumada al oficialismo, una troupe de senadores que traicionaron la plataforma partidaria bajo la que fueran electos, subsanó con su voto aquel fracaso que habría debido ser dimensionado como una tacha ilevantable para aquellos aspirantes hoy cortesanos, uno de los cuales —hoy nombrado presidente del alto tribunal— fue el inspirador intelectual del mecanismo de “2 x 1” para reducir penas por delitos de lesa humanidad y acelerar la libertad de los genocidas. Como no fue el pueblo el que lo abortó, aquel fallido intento de hacerlos entrar por el patio trasero de la ilegalidad, queda en nuestra historia intacto en su significado de fuerte disvalor cultural y jurídico: el escandaloso desprecio y atropello de las instituciones y el principio de división de poderes desde el Poder Ejecutivo Nacional, y la complacida convicción de su cabeza y de quienes lo asistieron acerca de la mansedumbre de las mayorías populares, que no reaccionaron.
2) No se perseguía como sucede ahora, a los jueces por el contenido de sus fallos; no se los removía o trasladaba y reemplazaba por “jueces amigos” del Poder Ejecutivo.
3) No había presos políticos por resoluciones judiciales.
4) No había –como ahora— presunción de culpabilidad ni “peligrosismo” desenfrenado para encarcelar opositores al gobierno, sino la presunción de inocencia, definitoria de un estado de derecho.
5) Nunca la prisión de personas había sido un método de justicia inquisitorial para arrancar confesiones.
6) No había un Presidente quejándose de jueces por no hacer estos “lo convenido” –queja de inmediato trasmutada a orden de persecución a los incumplidores— ni categorizando como una mafia a abogados defensores de los derechos laborales.
7) No había forum shopping para encarar un tortuoso proceso hacia la proscripción política de la principal dirigente opositora.
8) Nunca hubo tanto periodismo adicto y encubridor de la realidad. Primero fue periodismo de guerra contra el anterior gobierno, como descarnadamente lo describió una de sus estrellas, ya apagada. Fue decisivo en la eficaz introducción del caballo de Troya de un odio irracional, la virtual demonización de la Presidenta anterior y las falsas promesas (pobreza cero, nada de devaluación ni ajuste, nada de impuesto a las ganancias a los trabajadores, etc., etc.) que, en combinación, lograron una profunda hipnosis social. Ganada su guerra, ese periodismo clave mutó su rol al de colaboracionista (con el gobierno de turno) y de ocupación (de las mentes que procura moldear en el llamado cambio cultural que tratará de consumar el aniquilamiento de las conquistas y derechos de los últimos 70 años, a los que ahora ayuda a vilipendiar).
9) El Consejo de la Magistratura ha devenido comisario político del gobierno en la Justicia.
10) El nombramiento como presidente de la Corte Suprema de Justicia de un asesor legal de grupos de poder que apuntalan al gobierno actual, le asegura a este un territorio decisional amigable. Con ese presidente, el bonvivantismo despreocupado de un vocal y la extorsionabilidad de otra de avanzada edad, se ha logrado una suerte de retorno a los años '90, con una mayoría automática asegurada para el manejo de futuros embates judiciales, para consolidar decisiones favorables a los poderes económicos dominantes y para auxiliar llegado el caso al Presidente de la República y sus allegados en sus cuitas judiciales si llegaren a tenerlas.
11) El gobierno nacional evidencia a través de conocidos operadores intromisión en diversos estamentos del Poder Judicial, particularmente en el fuero federal, un brazo político de acción persecutoria de dirigentes políticos como la ex Presidente, por ahora orientado a preservar la continuidad de la línea política gubernamental, algo visto como fundamental para asegurar la aplicación de políticas económicas, cambiarias, financieras y monetarias impuestas desde fuera de las fronteras argentinas. Jueces como Bonadío, Ercolini, Irurzun, Bruglia, fiscales como Stornelli, Marijuán o Taiano, operadores como Angelici, son evidencia más que suficiente. ¿Y el estado de Derecho? Bien, gracias.
12) Salvo bajo el terror de Estado, nunca como ahora se ha podido apreciar en grandes sectores de las clases medias tanta resignación, tanta naturalización de la decadencia institucional y sus manifestaciones, tanto adormecimiento y pérdida de masa crítica. No parecen siquiera capaces de apreciar la diferencia de situaciones relativas y siguen en gran medida presas de un odio irracional hacia lo que las usinas de reproducción cultural llaman populismo, que les impide identificar con lucidez sus intereses. Ni siquiera mueve el amperímetro de esas clases medias que pusieron al actual gobierno el sobreendeudamiento externo, la sobrefinancierización o la letal injerencia del Fondo Monetario Internacional, que ese gobierno propició y que de no revertirse sacrificará el destino de generaciones de argentinos, implicando ello un deplorable menoscabo del concepto de la soberanía.
Es necesario asumir opciones en la encrucijada:
Frente a estos brazos visibles del odio y el autoritarismo, la persecución, el pisoteo de toda garantía, la opción es levantar y llevar adelante la lucha por el estado de Derecho y la justicia independiente que le es connatural, desde el Consejo de la Magistratura, desde el estamento profesional de los abogados –también sin reacción clara hasta hoy—, desde la docencia, desde las organizaciones intermedias.
Frente al forum shopping, la defensa del juez natural.
Frente a las prisiones arbitrarias, la afirmación inclaudicable de la presunción de inocencia.
Frente a los traslados o nombramientos a dedo de magistrados, la defensa de los concursos públicos y el respeto de la ley vigente.
Es imperioso luchar contra la naturalización de tales aberraciones, que llevan a la indiferencia, el desaliento, el escepticismo.
La confianza en una Justicia justa, la posibilidad real de concebirla y de lograrla en una sociedad que se ha vuelto tan inconcebiblemente injusta para vastas franjas de seres humanos, es la última garantía de los ciudadanos, su última esperanza y el último sostén genuino de la igualdad ante la ley.
Por ello la lucha por el derecho y la justicia es ahora y es de todos, y comienza con la lucidez crítica sobre lo que está pasando. Todos, desde el lugar que ocupemos, tenemos que contribuir a afianzar la Justicia, porque quienes se comprometieron a eso en el preámbulo de la Constitución Nacional lo hicieron representando a nuestros antepasados y nos han seguido representando fuera de la finitud de las vidas, a través de la historia, de la inclaudicable continuidad de las instituciones del estado de derecho.
- La imagen es "Abogados antes de la audiencia", de Honoré Daumier (C.1862)
Ricardo Augusto Nissen es Candidato a Consejero de la Magistratura por los abogados. Lista 11, Compromiso con la Constitución.--------------------------------
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