La apertura del Período 139° de Sesiones Ordinarias del Congreso, mañana 1° de marzo, ofrecerá al presidente Alberto Fernández una nueva oportunidad; reafirmación y relanzamiento del proyecto político que lo llevó al gobierno con casi 13 millones de votos, en diciembre de 2019. Temas, tonos, sorpresa, vehemencia, precisiones, omisiones, sectores aludidos, entre muchas otras variantes, constituyen los pliegues del discurso político con que los presidentes buscan marcar la agenda del año. La Argentina política, territorio en disputa, dominada por la dinámica de lo impensado, tendrá este año una escena en modo pandemia, no más de un centenar de diputados y senadores – representaciones proporcionales por bloque- ocuparán de manera presencial una banca en el recinto de Diputados, mientras el resto – unos 230- se conectarán de manera remota. Además del presidente y su vice, Cristina Fernández, acompañarán de cuerpo presente los ministros nacionales, colaboradores directos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia no estará y seguirá la transmisión desde el Palacio de Justicia. Gobernadores e invitados especiales esta vez no tendrán una silla reservada en el Palacio.
El gobierno se preparaba para un relanzamiento político con cierta comodidad, hasta que le explotó en el final de la semana anterior la crisis por el orden alterado de la vacunación. Se dañó por error propio, al costo del desplazamiento de un emblema de la política sanitaria, Ginés González García.
Los grandes desafíos donde va atada la suerte del proyecto político del FdT para 2021, se resumen en la esperada recuperación económica y en vacunas para todos.
Desde el Frente de Todos (FdT), en el Senado, esperan que la palabra presidencial en su discurso por la nueva apertura de Sesiones Ordinarias de este 1° de marzo acompañe la productividad política de la Cámara alta, que fue récord durante 2020. Y que las media sanciones – que ya produjo el Senado- y que esperan su tratamiento en Diputados, no continúen pausadas, en espera. “Ellos – Diputados- van a tener que construir algunas mayorías en leyes que nosotros sacamos, y que están ahí durmiendo”, comentó a este cronista una senadora de la primera línea de confianza con la titular de la casa, Cristina Kirchner. “Reforma Judicial, Ministerio Público y Biocombustibles, estamos en veremos”, abundó. Lejos de adaptarse al ritmo de la Cámara baja, en el bloque que conduce José Mayans en el Senado, la idea política es “imprimir máxima velocidad”.
Como es tradición en los 1° de marzo, los presidentes repasan logros, subrayan lo que viene, y buscan crear expectativas positivas. A pesar del golpe de la última semana en relación con irregularidades en la vacunación, en el Congreso esperan que el presidente rescate los logros en materia sanitaria que la Argentina consiguió en torno a la pandemia.
Por lo demás, en la visión del sector kirchnerista mayoritario en el FdT, que aspira a encontrar una ratificación en las palabras del presidente mañana ante el país, sobresale la necesidad implementar reformas pendientes en la justicia “sino cualquiera con una cautelar te para una política, estamos en el gobierno de los jueces, eso no puede seguir”, aseguran fuentes kirchneristas; y agregan, “sin una renegociación muy profunda de la deuda con el FMI no es posible aplicar el programa político – económico del FdT”. A propósito, se destaca la carta que elaboró el bloque oficialista (Senado) y mandó directo al famoso organismo de crédito internacional.
Se trata de una carta que busca intervenir en la negociación de la deuda con el FMI, enteramente contraída por el gobierno de Cambiemos durante los dos últimos años de su mandato. Antes de eso, y desde ya, en su discurso de mañana, se espera que Alberto Fernández destaque como uno de sus logros la renegociación positiva con acreedores bajo legislación extranjera y nacional (equipo de Martín Guzmán), en ambos casos con quitas de capital e intereses.
La deuda privada argentina se encaminó, aunque resta negociar con los organismos de crédito.
La carta de 15 carillas con la firma de todos los senadores del bloque del FdT (22 de febrero pasado), dirigida a Charles Collyns, Director de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, plantea “sugerencias, inquietudes y propuestas” sobre “el proceso de otorgamiento del préstamo stand by que, en el año 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al gobierno de nuestro país”.
Dice, que, según un informe del 19 de enero pasado del propio FMI, entre los posibles temas a evaluar por esa Oficina durante los años 2021/2022, se encuentra, según lo mencionado en el punto 3, la política de acceso excepcional (PAE) del FMI. Y se menciona específicamente el crédito de 2018 con la Argentina. Se detalla que los temas a considerar, al evaluar los préstamos otorgados con la modalidad de Acceso Excepcional, serían:
- El diseño del programa en el contexto de grandes necesidades de financiamiento externo;
- El cumplimiento de los criterios de otorgamiento de préstamos con acceso excepcional (incluidas las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda y las perspectivas de éxito del programa);
- La pertinencia de la gestión y los procedimientos de toma de decisiones en cuanto a si los mismos se realizaron con suficiente rigor e imparcialidad;
- La idoneidad de la consulta temprana a la Junta;
- La aplicación de evaluaciones internas ex post.
Más adelante, en el mismo punto 3, se establece que también se evaluaría el cumplimiento de los objetivos del financiamiento otorgado y menciona que parecería adecuado realizar una evaluación a gran escala, pero que alternativamente, se podría realizar una evaluación más corta, “centrada en un caso particularmente difícil: Argentina”
Fuentes del bloque oficialista confiaron a este medio que la carta debe interpretarse como un límite preciso a la renegociación con FMI: el Senado no avalará –con la nueva legislación recientemente aprobada, toda negociación con el FMI debe ser aprobada por el Congreso-- el pago de los 4.712 millones de dólares comprometidos por el macrismo para 2021, y mucho menos los 18.901 millones con vencimiento en 2022, ni los 19.145 concertados para 2023 ni tampoco los 4.825 para 2024. Las finanzas argentinas claman por una renegociación a 20 años, aunque la reglamentación del organismo de crédito concede un máximo de 10. Cristina Kirchner y los senadores del FdT le advierten al FMI que ese criterio deberá revisarse. “Quizás haya llegado la hora de replantear la validez del conjunto de normas diseñadas a partir de Bretton Woods y de seguir insistiendo con la generación de una nueva arquitectura financiera internacional”, pretenden los senadores del FdT. El mensaje para el FMI amplifica el repertorio de voces internas del frente gobernante, donde, por momentos, suenan músicas distintas y simultáneas.
Vacunas
Mientras la oposición centrará sus críticas en el escándalo político por la vacunación, el oficialismo buscará evitar ese debate – que considera ya superado por la velocidad en la actuación del Presidente- tratando de fortalecerse en la llegada de nuevas partidas masivas de dosis, en la diversificación de proveedores, y la eminente masificación del plan.
Sin embargo, el daño político provocado por la vacunación a algunas decenas de adelantados en la fila nadie lo subestima en el oficialismo, “hasta los nuestros salieron a pegarnos” se lamentó un ministro en diálogo con el Cohete a la Luna. El manual de control de daños, entre tanto, obliga a centrar la narrativa comunicacional en la agenda de vacunas que vendrán, y no ya en las que se colocó un grupo de personas con contactos políticos que llegó al pinchazo antes de tiempo.
“Estas cosas con Cristina no pasaban”, dijo --masticando ironías--, un histórico dirigente del alto rango del kirchnerismo, hoy determinante con Alberto. “Ahora cualquiera le pega a Ginés (Gonzáles García), y pensar que cuando fue lo de los bolsos del convento, le pegamos menos a (José) López en su momento, que a Ginés ahora”.
Ofensiva opositora
La principal fuerza política opositora en el parlamento, Juntos por el Cambio (JxC), tiene un plan político de contingencia que consiste, entre otras acciones, en exponer a Sergio Massa como el dirigente que vacunó fuera de protocolo a sus familiares. En contrario, desde el massismo, rechazaron la imputación, y explicaron una y otra vez que los padres de Malena Galmarini (78 y 71 años en el caso de la madre, de profesión médica), así como el padre de Sergio Massa, que supera los 80 años, accedieron a la vacuna luego de inscribirse en el registro que habilitó la provincia de Buenos Aires, y que lo hicieron en los vacunatorios oficiales asignados según la zona de residencia de los tres mayores. Por lo demás, Malena Galmarini negó haber recibido la vacuna, aunque desde el bloque de JxC de Diputados aseguran “tenemos la comprobación de que Malena se vacunó”.
“Queremos que todos los funcionarios digan si se vacunaron o no, ahora es el momento, y que luego se hagan cargo de sus dichos”, apuntó para El Cohete a la Luna, el vicepresidente del PRO y diputado nacional en el bloque de JxC, Federico Angelini.
En esa línea, el sueño opositor consiste en obtener la mayor productividad política posible al traspié oficialista que derivó en la caída de Ginés González García. Pretenden extender el daño en el tiempo, hasta impactar en el punto más sensible, las elecciones de agosto /octubre. Además del barullo mediático que unos 40 legisladores presenciales de JxC tratarán de imponer desde el recinto – y en simultáneo ante las cámaras de televisión en el salón de los Pasos Perdidos- mañana, durante la Asamblea de Apertura, en vivo y en directo, la principal fuerza opositora tiene diseñado un plan de trabajo institucional, resumido en cuatro puntos:
- Citar a Santiago Cafiero y a Carla Vizzotti a la Cámara de Diputados para que explique acerca “de los gravísimos hechos ocurridos respecto de la existencia de vacunatorios clandestinos”. El macrismo irá contra Vizzotti y buscando demostrar que “no podía no saber” del vacunatorio ambulante que habría funcionado en el ministerio, y por lo tanto se haría merecedora de juicio político.
- Cursar a su vez un pedido de informes al Ministerio de Salud “ante el escándalo producido en torno a la aplicación de vacunas clandestinas, y la incertidumbre que la situación genera en la población”.
- Por lo demás, JxC le dio forma a un proyecto de ley para “la Transparencia en la Gestión, Provisión y Acceso a las inmunizaciones contra el Covid – 19”. Allí se pretende establecer la trazabilidad de las dosis, su aplicación, stock, distrito por distrito. En la práctica, con la llegada de Vizzotti a la cúpula del ministerio, ese control ya está operativo, y progresivamente en ampliación, en la medida en que las distintas provincias profundicen los registros.
- También JxC pidió a la Auditoria General de la Nación, por nota, que audite el Registro General de Vacunación Nominalizado (Novimac) del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (Sisa) dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Los tapones de punta de la oposición en el Congreso no sólo van contra la vacunación irregular. También apuntarán contra otra bandera importante que el oficialismo hará flamear a toda velocidad durante marzo, y que se espera sea impulsada por Alberto Fernández en su discurso de mañana: el cambio en la base imponible del impuesto a las ganancias de la 4° categoría, que pagan asalariados con sueldo medio e incluso medio bajos, y que a partir de abril pasarían a pagar sólo quienes tengan ingresos por encima de los 150 mil pesos. “El proyecto de Massa es un blef, con la actualización del 30 por ciento que se prevé para 2021 y quitando los impuestos, seguirá pagando ganancias la misma gente que ahora”, ya apuntan desde la coalición opositora. Sin embargo, la principal causa por la cual JxC atacará el llamado proyecto “ganancias” – que espera transferir a los salarios durante 2021 unos 40 mil millones de pesos que hoy recauda la Afip– radica en la ley complementaria que el oficialismo apurará en simultáneo, la de “ganancias empresas”, la “prórroga de las disposiciones del artículo 48 de la Ley 27.541, impuesto a las ganancias, Alícuotas de sociedades de Capital, establecimientos permanentes del país, dividendos y utilidades”. El proyecto del Ejecutivo ingresó a Diputados el 27 de diciembre, pone un freno a la reducción progresiva del pago de ganancias de empresas que impulsó (y le dio forma de ley) en 2017 Cambiemos, a la vez que da consistencia fiscal para cubrir el “agujero” de los 40 mil millones que irán a manos de los trabajadores.
Petróleo y gas
Entre las novedades que podría ofrecer el discurso presidencial, trascendió que el Ejecutivo trabaja un anuncio importante en relación a una fuerte inversión para aumentar la producción de petróleo y gas convencional. Creen que el sector está funcionando a media máquina, y que necesita renovación tecnológica.
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