A SOLA FIRRMA

 

Los análisis acerca del decreto 683 sobre la militarización de la seguridad interior destacan que su inconstitucionalidad y lo contraproducente e inefectivo que resulta su cometido provienen de las tóxicas necesidades políticas de un gobierno con rumbo de colisión. Adquieren más volumen del que ya poseen por derecho propio, cuando los asuntos atinentes al ámbito de la defensa se imbrican con los avatares de la acumulación; en los dos ítems a escala global. La atmósfera que envuelve la reciente aprobación del presupuesto de defensa norteamericano es un compendio de esas vicisitudes.

El lunes 13 de agosto Donald Trump firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2019, que comienza en octubre. El monto total del gasto en defensa autorizado es de 716.000 millones de dólares, equivalente a alrededor del 4% del PIB norteamericano. Ajustado por la incidencia de la inflación es el presupuesto militar más alto que se registra en tiempos de paz.

Los otros que mandan en el mundo recibieron la noticia con mal talante. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia señaló que el nuevo presupuesto de Defensa de los Estados Unidos "fija un rumbo hacia el crecimiento del papel dominante de Washington en el ámbito internacional por medio de la fuerza [que] ejerce un efecto destructivo sobre el sistema de seguridad internacional existente". En tanto el vocero de la Cancillería sínica expresó la “insatisfacción decidida con la aprobación” de la ley porque “incluye contenido negativo respecto a China". Ocurre que en los considerandos de la mentada ley [i] se establece que “las fuerzas armadas de los Estados Unidos enfrentan desafíos estratégicos, incluido el resurgimiento de competidores estratégicos como la Federación de Rusia y la República Popular de China; las amenazas planteadas por la República Islámica de Irán y la República Popular Democrática de Corea; por el Estado Islámico de Iraq y el Levante, Al-Qaeda y otros grupos terroristas”.

Los europeos se trenzaron con Trump en la previa, en torno al presupuesto de la OTAN. Trump quiere que suban el gasto al 4% del PIB comunitario desde casi el 2% actual. La respuesta de Javier Solana, el español ex secretario general de la OTAN (1995-1999), y que fuera alto representante de la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, es elocuente [ii]. Solana subraya que “de poco servirá que los europeos gastemos más si no lo hacemos europeamente. Hoy en día, el presupuesto militar de la UE solo se ve superado por el de Estados Unidos y es casi cuatro veces superior al de Rusia.” En esa inteligencia, “establecer cifras fetichistas de gasto no conseguirá atajar el problema de raíz” que en la óptica de Solana se perfila en la respuesta a la pregunta de “qué grado de implicación se tiene en misiones conjuntas de la OTAN y qué infraestructuras se ponen a disposición de los Estados Unidos en suelo europeo”. Puesto que esos “son los criterios que importan”, Solana epiloga estipulando que “sería deseable que Trump se diese cuenta de ello y que, en lugar de empecinarse en cruzadas unilaterales carentes de la más mínima cortesía diplomática, hiciese justicia al enorme valor que atesoran sus aliados”.

 

Democracia desconectada

Mientras rusos y chinos protestan, los europeos aguardan que Trump se dé cuenta y —por cierto, para considerar el pleno del Consejo de Seguridad de la ONU, los ingleses bien gracias—, los especialistas en el tema defensa no se ponen de acuerdo en si el impresionante presupuesto militar implica una apuesta a lograr un status tecnológico insuperable o se trata de no mucho más que un aumento en los ingresos de los integrantes de las fuerzas armadas.

Tirarle un hueso al complejo militar industrial, más uno de gliptodonte como este, hace al equilibrio político interno norteamericano, pero además es para preguntarse qué sentido tiene la superioridad tecnológica si sigue siendo tan cierto hoy como durante la Guerra Fría, en sus distintas etapas, la manda del invierno nuclear tras la destrucción mutua asegurada. Esto ya da un primer indicio de que se trata, antes que de otra cosa, de contentar a la familia militar envasado en una operación de política externa de prestigio. De paso, se evita que otros sectores estatales primero, y privados después, comiencen a tirar de la manga. Una editorial del New York Times (06/08/2018) comenta con relación al clima de época salarial que “las empresas estadounidenses han hecho del no compartir la riqueza con los trabajadores una forma de arte”.

Por otro lado, la opción Trump por los fierros y la renuencia a los acuerdos globales tiene un enlace a considerar con las tendencias de la opinión pública norteamericana respecto del autoritarismo. El artículo académico de Roberto Stefan Foa y Yascha Mounk, “La Democracia Desconectada”[iii], da la voz de alerta. Basados en las Encuestas de Valores Mundiales (1995-2014), analizan cuatro tipos de indicadores que diferencian entre la legitimidad del régimen democrático y la legitimidad del gobierno; a saber: 1) el apoyo expreso de los ciudadanos al sistema en su conjunto; 2) el grado en que apoyan instituciones clave de la democracia liberal, como los derechos civiles; 3) su voluntad de promover sus causas dentro del sistema político existente; 4) su predisposición hacia alternativas autoritarias como el gobierno militar.

El examen de los resultados de esas encuestas, lleva a Foa y Mounk a decir que “lo que encontramos es profundamente preocupante. Los ciudadanos en una serie de democracias supuestamente consolidadas en América del Norte y Europa Occidental no sólo se han vuelto más críticos con sus líderes políticos. También, se han vuelto más cínicos sobre el valor de la democracia como sistema político, con menos esperanzas de que cualquier cosa que hagan pueda influir en la política pública, y más dispuestos a expresar apoyo a las alternativas autoritarias”. Con relación a la aprobación del gobierno militar, Foa y Mounk refieren que “en 1995 solo el 6 por ciento de los jóvenes estadounidenses ricos (nacidos desde 1970) creía que sería "bueno" que el ejército asumiera el control; hoy, este punto de vista está en manos del 35 por ciento de los jóvenes estadounidenses ricos”. En una democracia donde normalmente vota el 50 % de la población, generalmente la más próspera, estos números minoritarios pesan.

En 1995 en el conjunto de países encuestados, los ciudadanos menos prósperos eran más propensos que los ricos a expresar su aprobación para "tener el ejército al mando". Desde entonces, observan Foa y Mounk, en casi todas las regiones abarcadas por la encuesta, el apoyo relativo para las instituciones no democráticas se ha revertido desde los ciudadanos pobres hacia los ciudadanos ricos. Consignan que “en los Estados Unidos, por ejemplo, a mediados de la década de 1990 sólo el 5 por ciento de los ciudadanos de altos ingresos pensaba que el gobierno militar era una idea "buena" o "muy buena". Esa cifra ha aumentado desde entonces al 16 por ciento. A modo de comparación, en América Latina a mediados de la década de 1990, una década después del retorno al gobierno civil, el 21 por ciento de los encuestados de altos ingresos aún apoyaban el gobierno militar. Esa cifra ahora es del 33 por ciento”. Sería muy conveniente que una serie de estudios lo más escépticos posibles, desmientan, confirmen o enmienden estos resultados. Hasta donde sabemos, no se han hecho.

 

La FIRRMA

Es un lugar común invocar que la guerra es la política por otros medios. Lenin, redondeando, decía que la política es economía condensada. Al emulsionarla con el ahora reseñado de las relaciones internacionales, aparece la FIRRMA (acrónimo de: Foreign Investment Risk Review Modernization Act, cuya posible traducción sería: Ley para actualizar la revisión del riesgo de la inversión extranjera) que es una norma que en junio aprobaron, con marcado consenso bipartidario, las dos cámaras del Congreso norteamericano. La Ley de la Autorización de Defensa Nacional incorporó esta ley del riesgo de la inversión extranjera. Con el conflicto todos contra Trump y Trump contra todos como telón de fondo, el instituto formaliza el concepto de la seguridad nacional como el criterio excluyente a considerar con relación a la inversión externa en los Estados Unidos. También, y muy especialmente, en lo que los norteamericanos invierten en el exterior.

En 1950 se sancionó la base legal para regular las inversiones externas en los Estados Unidos. La revisión anterior de principios de los ’80 tenía en la mira a los japoneses. Esta vez, con los chinos de por medio, los distintos análisis coinciden en que se fue más lejos que nunca antes. De acuerdo al procedimiento normado que estaba vigente, la capacidad de supervisión era muy significativa. La nueva revisión expande aún más la incumbencia del gobierno norteamericano para definir la viabilidad de este tipo de transacciones internacionales. De hecho, en la ley no se define lo que constituye o no constituye una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.  Como en la legislación que la precede, continúa enlistando una serie de factores que el Presidente puede considerar al realizar evaluaciones de seguridad nacional.

La FIRRMA corona lo que viene ocurriendo con la inversión externa china en los Estados Unidos. De acuerdo a los datos del Rhodium Group, consultora que realiza un seguimiento de la inversión extranjera china en los Estados Unidos, en 2016 se alcanzó el pico con 46.000 millones de dólares. En 2017 fue de 29.000 millones. Para los cinco primeros meses de 2018, los chinos desinvirtieron por 9.600 millones e invirtieron 1.800 millones de dólares, siendo este último el nivel más bajo en los últimos siete años.

No obstante, contra lo que las apariencias sugieren, el núcleo de esta cuestión no es China, sino una ardua disputa al interior del capitalismo norteamericano centrada en debilitar o fortalecer el mercado interno. Trump va por lo segundo. Esto lo ilustra bien Michael Allen, quien fuera miembro del Consejo de Seguridad Nacional de George W. Bush, cuando le confía al Financial Times que "ante mis consultas, los funcionarios de la administración Trump me han dicho sin rodeos que las empresas estadounidenses han vendido sus almas e IP para afianzarse en China. [Estos mismos funcionarios] Hablan en términos de romper la dependencia [entre los dos países] y [dicen] 'dolerá ahora, pero nos lo agradecerán más tarde'".

 

Nosotros y ellos

En distinto grado se puede convalidar que la minoría reaccionaria a cargo del gobierno forma parte de lo que ha dado en llamarse la sociedad civil global. Las tendencias al autoritarismo que ahí se registran si bien es esperable que los impregnen, no explican su sesgo hacia la violencia política. En todo caso lo refuerzan. El gobierno esta compelido al ejercicio de la violencia política porque no sabe hacer otra cosa que estropear el mercado interno. Si el movimiento nacional logra articular una coalición para hacerse cargo de los restos del producto bruto y la sociedad civil que quede después de este gobierno, tiene en la profundización de la democracia la mejor aliada del crecimiento económico, dado que la inversión es una función creciente del consumo. La FIRRMA de Trump carga las nubes con fondos globales de inversión potencialmente inhibidos de ir hacia los Estados Unidos. No es una ironía menor que el denostado populismo sea el único con capacidad política para aprovechar también esas oportunidades. El movimiento nacional tiene la palabra.

 

 

[i]https://www.congress.gov/congressional-report/115th-congress/house-report/676/1?overview=closed

[ii] https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-nato-european-defense-by-javier-solana-2018-07

[iii] Foa, R. S., & Mounk, Y. (2016). The democratic disconnect. Journal of democracy,27(3), 5-17.

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