A pagar el aporte

 

La AFIP estableció que la fecha de vencimiento para el pago del aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas será el próximo 16 de abril. Mientras tanto la Justicia ya recibió seis demandas en contra de la medida por parte de empresarios obligados a pagar. De ellas tres resultaron favorables para los ejecutivos, una en contra y sobre las otras dos aún no se conocen datos.

Este jueves concluyó el primero de los juicios en curso y quedó firme el rechazo de la medida cautelar presentada por el empresario textil José Luis Prado Lardizábal. El juzgado federal de Bell Ville, Córdoba, con la pluma del magistrado Sergio Aníbal Pinto, consideró que no se encontraba debidamente acreditado el peligro en la demora ni los daños inminentes que le produciría el pago del aporte. Prado Lardizábal decidió no apelar y la decisión judicial quedó firme.

El universo sobre el que recae este aporte es de 13.000 contribuyentes. Esto es el 0,01% más rico de la población, las llamadas “grandes fortunas”, cuyas declaraciones al cierre de diciembre 2019 arrojen patrimonios mayores a 200 millones de pesos. Según informó el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont, de los 2.500 empresarios que no habían presentado la declaración de Bienes Personales sólo quedan 1.200 empresarios sin completarlas.

En este momento el rol de la AFIP es doble: apelar los fallos y fiscalizar a los contribuyentes que no han entregado la documentación correspondiente. Su importancia deviene en que aquella información es la base que determina cuánto deben aportar. De incumplir con la entrega, el organismo advirtió que iniciará querellas por evasión agravada con penas de hasta nueve años de prisión.

El periodista Alejandro Bercovich reveló en su columna quiénes son los estudios de abogados que llevan las causas contra la AFIP. La lista sorprende poco: Lisicki Litvin, Bertazza Nicolini Corti, BDO, Marval O'Farrell Mairal, Bruchou y Beccar Varela. Para las fortunas entre 200 y 500 millones de pesos cobran “3.000 dólares billete y una comisión del 10 ó 20% de lo que evitan pagarle al fisco”, para los empresarios que superan los 500 millones los honorarios son entre “5.000 y 10.000 dólares ” y para la máxima categoría “50.000 dólares más un abono mensual”.

El fallo del juzgado cordobés se conoció un día después de que la jueza Gilardi de Negre favoreciera al empresario Alejandro Scanapiecco, CFO de Globant, suspendiendo por tres meses la aplicación de la ley hasta que se resuelva su situación. Scanapiecco alegó que la contribución se superpone con el impuesto a los bienes personales y que esto resultaría confiscatorio vulnerando el principio de razonabilidad. La jueza entendió que “la norma referida aplicada a su persona le origina una manifiesta absorción de características inéditas y sin precedentes de su renta y patrimonio” y le dio la razón sobre la confiscación.

El empresario Nicolás José Mc Loughlin es otro de los contribuyentes que solicitó una medida cautelar para no pagar el aporte. Allí la misma jueza repitió sus argumentos alineados con lo sentenciado en Scanapiecco. Si bien las denuncias presentadas aún son minoría, los argumentos de Gilardi de Negre podrían sentar precedente para los próximas casos que quieran apartarse de lo sancionado por el Congreso. Las estrategias judiciales para no pagar el impuesto atraen dos opciones. La primera son los amparos y la segunda las acciones declarativas que son reclamos ex post, es decir que se presentarán luego de pagar.

 

 

El vaso medio lleno

El Presidente Alberto Fernández contó en el programa SDTV que estuvo con Marcelo Mindlin, actual presidente del Grupo Emes y de Pampa Energía S.A. y que le dijo que él ya “pagó el aporte”. A lo que el mandatario le contestó: “Hiciste bien. La sociedad te ha pedido en un momento crítico solidaridad y lo has hecho”.

Otro de los empresarios que pagó es el agropecuario Juan Manuel Vaquer. En una columna en el diario La Nación, escribió: “Yo pagué el impuesto a la riqueza. Ahora te toca a vos hacer tu parte. Vos, legislador, funcionario del Ejecutivo o miembro del Poder Judicial, en la Nación, en una provincia o en un municipio”. Y agregó: “Decidí pagarlo y no cuestionarlo, aunque estoy convencido de que es un pésimo tributo, que no soluciona los problemas de insolvencia fiscal y, peor aún, ahuyenta lo que nuestro país más necesita atraer: capitales que tengan la osadía de invertir aquí a pesar de lo mal que se los trata desde hace muchos años”.

Gustavo Grobocopatel, empresario agroindustrial que se radicó en Uruguay luego de dejar la Presidencia de Los Grobo, dijo que pagará por los bienes que tiene en la Argentina y que “no le preocupa”. Sobre la ley sancionada manifestó que el problema reside en “que la mayoría de la gente piensa que no va a revertir ni a solucionar el problema. Vamos sin rumbo, con más pobreza”.

Mediante la Resolución 4942/2021 publicada en el Boletín Oficial la AFIP informó que el aporte solidario se podrá pagar a través de un plan de facilidades en cinco cuotas con un anticipo de pago del 20% de la deuda consolidada. Para acogerse al plan se deberá poseer domicilio fiscal electrónico, tener presentada la declaración jurada del aporte y declarar la CBU de donde se debitarán los importes correspondientes.

 

 

 

 

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