La alianza de gobierno que encabeza Ignacio Torres en Chubut está imponiendo reformas estructurales y consolidando otras que abarcan áreas centrales del Estado local y del territorio provincial, con impacto real sobre toda la población actual y futuras generaciones, así como sobre la naturaleza.
El paquete de medidas se corresponde a grandes negocios de capitales privados e incluye la transferencia a particulares de activos y del control de herramientas institucionales estratégicas. Alcanza a los recursos económicos y financieros provinciales, así como a bienes de la naturaleza bajo tutela estatal y de valor e interés comunitario colectivo. Buena parte de los ganadores del modelo no tienen domicilio en la provincia y algunos ni siquiera en la Argentina.
El éxito del modelo neoliberal en esta etapa cuenta en esta provincia con el Poder Judicial y la Legislatura, lo que se expuso públicamente la última semana. Se mostró, a la vez, el alto e irreversible costo humano del modelo exitoso: un joven de barrio de Rawson se quitó la vida horas antes de volver a tribunales para escuchar la sentencia condenatoria por la revuelta social en oposición a la megaminería en 2021.
Ejes del paquete
- Aumentará su deuda pública en dólares para afrontar vencimientos de bonos públicos, aunque el discurso oficial pone el acento en inversiones en obras de infraestructura que ya no cuentan con aportes del gobierno nacional.
- Tomó medidas en favor de los grandes jugadores de los hidrocarburos que operan en Chubut, aliados de la gobernación en esta coyuntura de caída de los ingresos por regalías. Aprobó el inicio de la técnica del fracking en la provincia de la mano de Pan American Energy SL delegación Argentina (PAE) y otorgó beneficios fiscales a Pecom (del grupo Pérez Companc) en perjuicio de los recursos coparticipables a los municipios.
- Legalizó las operaciones de compra-venta de tierras fiscales con bosque nativo realizadas entre 2004 y 2020, bajo el argumento de otorgar seguridad jurídica a familias de antiguos pobladores. Así, un amplio espacio rural quedó incorporado al mercado del suelo, con riesgo de pérdida de unidades ambientales y apertura a nuevos negocios, como el de los bonos verdes, entre otros.
- Unificó la caja de recaudación provincial creando las condiciones para la tercerización de la cuenta de la Dirección General de Rentas (DGR), una operación intentada por años. Al calor del discurso anti-impuestos de la administración Milei, creó por ley la Agencia de Recaudación de la Provincia de Chubut (ARECH) y legalizó un contrato con un privado, que es complementario de esa reforma.
- Impulsa la creación de una empresa local de energía para jugar en el mercado eléctrico mayorista, por el que podría asociarse a capitales privados para emprendimientos en todo el arco del neo-extractivismo. Este proyecto no cuenta por ahora con los números suficientes en la Legislatura para convertirse en ley.
- Avanza en crear las condiciones para la explotación de yacimientos de uranio y otros minerales estratégicos, para lo que reclamó a la Nación la transferencia del control de 19 de ellos inscriptos a nombre de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
- Continúa con la concesión del control de espacios territoriales a fundaciones privadas, para lo que creó un nuevo parque marítimo protegido a la medida de los objetivos de Rewilding Argentina en Bahía Camarones.
- Recortó recursos genuinos a los municipios y comunas rurales, que agravan el panorama de la caída de ingresos coparticipables por la baja en el valor internacional del petróleo.
Esta agenda de los sectores dominantes necesita un mayor desarrollo en otra nota. Por ahora, avanza sobre una población local desmovilizada respecto a otras etapas históricas. Siete jóvenes vecinxs de Rawson fueron condenados el martes 22 de abril por supuestos daños y violencia durante la protesta popular en defensa del agua y contra una ley en favor de la megaminería en diciembre de 2021. La criminalización sistemática seguramente permitió que esta Legislatura aprobara el jueves último una catarata de leyes, con poca gente en la calle, un importante dispositivo de seguridad y las voces de gremios afines en las gradas del recinto, con bombos y aplausos habilitados.
Con vallas y a libro cerrado
Durante varias horas, el jueves 24, con el edificio vallado, la Legislatura de Chubut aprobó a libro cerrado varios proyectos, muchos sin ningún tipo de debate previo, a imposición del Ejecutivo.
En general, las intervenciones no planteaban ningún elemento controvertido, hasta que una legisladora peronista reveló su programa de alianza electoral con Torres y fustigó a los sectores sociales movilizados por lo menos desde la gesta histórica que impidió el basurero nuclear en Gastre, en los ‘90. Tatiana Goic, del bloque Arriba Chubut, rompió la atmósfera de burbuja en que se desarrollaba la sesión y atacó la protesta popular que obligó al ex gobernador Mariano Arcioni a dar marcha atrás con un proyecto de zonificación minera. En esas jornadas se incendió parte de la infraestructura de la Legislatura, que lamentó Goic.
En un tono agresivo, atacó por elevación la memoria de Lautaro Martínez, el joven de Rawson que se quitó la vida horas antes de tener que asistir a los tribunales ordinarios como acusado por la revuelta popular de diciembre de 2021. El Ministerio Público Fiscal impulsó la persecución penal contra activistas de esos días, cuya red alcanzó a Martínez. Finalmente, seis manifestantes fueron condenados en un fallo que será impugnado por las serias irregularidades que la propia jueza del caso planteó el lunes 21. Al día siguiente, mientras se realizaba el velatorio del muchacho, el gobernador Torres festejaba el fallo que calificó como “ejemplar”.
Goic estaba envalentonada; habló para su tribuna, lxs activistas de la seccional local de Camioneros y Jorge Taboada, secretario general de ese gremio. El cinismo de su mensaje es preocupante, tanto como el silencio de sus pares, a sola excepción de la réplica que hizo inmediatamente Santiago Vasconcelos, del FIT.
En otro momento, hubo una segunda voz disonante, la de Andrea Toro (PICH), que se opuso al blanqueo del acuerdo con PAE. “Se trata de democracia, no solo de legalidad”, dijo al indicar que no se realizó ninguna instancia de consulta ni debate previstos en distintas leyes vigentes y advirtió sobre las consecuencias del uso masivo de agua en un lugar donde el agua dulce es un bien escaso, área Cerro Dragón, en el centro sur de la provincia.
Alivio para Pecom, ajuste a municipios
“Están disfrazando un ajuste a los municipios”, definió Emanuel Coliñir (de Arriba Chubut), quien junto a sus compañeros de bloque Juan Pais y Gustavo Fita, y a Vasconcelos, rechazó el beneficio fiscal para Pecom en detrimento de recursos coparticipables a municipios y comunas rurales. El panorama crítico lleva a los jefes comunales a reunirse el 7 de mayo próximo, se informó durante el debate legislativo.
Los montos pueden parecer bajos, pero son decisivos para las comunas rurales que no cuentan con otros ingresos propios. La reducción del 12 al 6% de los montos por regalías para Pecom representará en un año una reducción estimada en 300 millones de pesos para Comodoro Rivadavia, entre 85 y 110 para Trelew, 75 para Madryn, 33,5 para Esquel, 34 para Rawson, 16,5 para Sarmiento, 15 para Rada Tilly, 18 para Lago Puelo, 14 para Trevelin y 12 para Gaiman, según el detalle brindado por Pais. Para el conjunto de las comunas rurales el recorte será de 153 millones, de los cuales 2 son de la comuna de Telsen, precisó.
“YPF se fue y dejó el pasivo social. Pecom tomó esas áreas y el pasivo sigue”, sostuvo Pita. YPF se desprendió de todos los pozos en cuencas convencionales para centrarse en las áreas de no convencionales. La matriz económica y financiera sostenida en los hidrocarburos representa para esta provincia una vida atada al valor internacional del barril, cuyos ingresos cayeron el 14% en febrero. En abril del año pasado se modificó esta misma ley, que no tocó en esa oportunidad los aportes a los municipios.
La cámara de la transmisión oficial mostró cuando el gobernador Torres celebró la ley a la medida de PAE. Ya no estaba al momento de las críticas a la ley Pecom.
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