A LA POLICÍA SE LE ESCAPÓ EL VIRUS

 

El Covid-19 se expandió en San Carlos de Bariloche desde donde menos se lo esperaba. No fueron turistas ni viajeros del mundo, sino efectivos de fuerzas federales los que pusieron en jaque al sistema sanitario en la emergencia, con casos de infectados que superaron la media nacional y acumularon más de la mitad de los casos de Río Negro (RN).

El aeropuerto internacional, ubicado a 15 kilómetros del centro de la ciudad, fue la vía de ingreso de al menos un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) indicado como caso índice de esta etapa de la pandemia en la ciudad que concentra buena parte de infraestructura sanitaria para la región andina y del área rural. El 9 de marzo se confirmó el primer caso positivo en RN; el 3 de abril el primero en Bariloche, donde los casos treparon a partir del 7, fisurando a nivel local la estrategia sanitaria nacional de la cuarentena para achatar la curva de ascenso de los casos positivos. Los efectos estallaron directamente al interior del sistema de salud (tanto público como privado), alcanzando la vida de las poblaciones de El Bolsón al sur, Villa La Angostura al norte y la cadena de localidades rurales del oeste (Comallo, Pilcaniyeu, Ñorquinco) que utilizan el sistema sanitario, se proveen de alimentos y todo tipo de servicios.

Once de ciento ochenta y cuatro efectivos de la PSA con funciones en el aeropuerto fueron confirmados como casos positivos esta semana; son doce según el doctor Leonardo Gil, director del hospital zonal “Ramón Carrillo”, en declaraciones a la prensa local. En definitiva, son once o doce personas de los cuarenta y nueve casos positivos en toda la ciudad, que incluye a doce trabajadores de salud (o quince, según las fuentes) que estuvieron contacto con el caso señalado como nexo epidemiológico y su espacio laboral, tanto en el sector público como en el privado. 

La irrupción de los casos de efectivos de la PSA, en principio, ofrece elementos que no estuvieron presentes en el análisis de otros escenarios de la pandemia:

• la intervención de comités de emergencias en espacios juridiccionales superpuestos entre nación y provincia, que parece haber convertido al menos por algunos días al aeropuerto en zona franca sanitaria;
• la visión político-institucional de una fuerza de seguridad federal de su rol en la pandemia en un espacio donde fue fortalecida para la represión y el control social, al menos desde el 2017 en Bariloche; 
• la capacidad y voluntad política e institucional de los organismos nacionales, provinciales y municipales de poner restricciones a un instrumento clave de los grupos de poder económico, como es el aeropuerto, tanto para vuelos comerciales regulares como privados; y,
• en simultáneo con otros puntos del país, el alcance al personal e infraestructura de salud que golpeó al hospital público cabecera de zona andina y disminuyó la capacidad real de recursos para afrontar la emergencia.

 

 

No voy en tren

Las redes sociales hicieron circular las primeras voces de alerta de los mismos aeroportuarios o miembros de sus familias, que por las restricciones legales que les comprenden como empleados estatales nacionales no sindicalizados no pueden hacer declaraciones públicas. Las autoridades sanitarias cuestionaron la veracidad y el modo de esas primeras versiones. Pero es posible suponer que empujaron a que se reconociera la existencia de un conflicto que excede lo sanitario. 

Un efectivo proveniente de ciudad de Buenos Aires o Ushuaia —difieren las versiones— sería quien arribó con el virus. En el espacio del trabajo en el aeropuerto lo adquirió el responsable local del organismo, que con síntomas continuó prestando servicio en el lugar. Gil, jefe del comité de emergencia sanitaria en la ciudad, argumentó que los casos se les escaparon porque los cuadros de síntomas que presentaban no se ajustaban a los parámetros que las autoridades nacionales consideraban “caso sospechoso” para esas fechas. En declaraciones a Radio Horizonte, dijo textualmente: “Cuando la gente de la PSA empezó a presentar síntomas no entraban dentro de lo que eran casos sospechosos. Se empezaron a estudiar a partir de que se amplió la definición del ministerio de Salud de la Nación. Como pasó en Ushuaia, muchas veces el Malbrán no aceptaba los hisopados porque no caían dentro de la definición de caso sospechoso. Cuando se detectaron personas con síntomas leves tomé la decisión con el ministro de Salud de RN, Luis Zgaib, de aislar a todo el personal. Fue difícil hacer la ficha epidemiológica, por miedo tal vez. Primero creíamos que eran 120 efectivos, luego resultaron 180”.

 

 

 

 

Aunque aseguró que es autoridad de aplicación de la emergencia sanitaria, reconoció que no se avanzó en el tratamiento de las personas que resultaron contagiadas porque no se ajustaban a parámetros de Nación. Su versión de esa parte del proceso parece contener las contradicciones entre diferentes instituciones respecto a cómo y cuándo actuar ante la pandemia, las que si no se resuelven oportuna y convenientemente son terreno ganado por el virus. El hermetismo como estrategia de comunicación impide aprender colectivamente de la experiencia y deja de herramientas a los trabajadores de la salud que están en el territorio, así como a dirigentes, investigadores y activistas políticos y sociales que podrían intervenir en la complejidad del conflicto.

 

 

El espacio crítico de la ciudad

Bariloche tiene actualmente unos 150.000 habitantes estables, recibe un promedio de 800.000 mil turistas al año, pero tiene infraestructura de servicios esenciales para 70.000. Su ejido municipal es de poco más de 26.000 hectáreas, superficie que es 30% superior a la de ciudad de Buenos Aires con menos del 5% de su población. Tiene la mayor cantidad de investigadores científicos por habitante del país (14,3 por cada 1000 habitantes) aglutinados en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la empresa estatal INVAP, CONICET, Instituto Balseiro y otras instituciones de la sociedad civil. También tiene uno de los 50 vertederos a cielo abierto más contaminantes del mundo reposando en la ladera sur del Cerro Otto, a escasos metros de un centro de deportes invernales y rodeado por barrios populares de un lado (El Alto) y del country Arelauquen del otro.

La recesión y la crisis sanitaria ya estaban más que advertidas, sólo se agudizaron en combinación con la cuarentena que ya configuró una emergencia alimentaria de los sectores más postergados. En diciembre del año pasado, la Legislatura rionegrina aprobó por ley la emergencia económica. En esa sesión, Ramón Chiocconi, médico, legislador de Bariloche por el Frente de Todos, propuso que se declara la emergencia sanitaria, lo que fue rechazado. “Existe una notoria saturación de los hospitales y sanatorios de la ciudad, situación que se agrava durante las temporadas altas debido al incremento poblacional propio de esos meses. El desarrollo en infraestructura está lejos de acompañar al crecimiento poblacional que ha tenido en los últimos años San Carlos de Bariloche, a su vez existe una gran preocupación por la paralización de la obra de ampliación del Hospital Zonal”, planteó en un documento que hizo circular en enero.

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2012 Argentina contaba con 45 camas hospitalarias cada 10.000 habitantes, el mejor indicador de la región. De acuerdo con este parámetro, nuestra ciudad debería contar con una cantidad de 508 camas hospitalarias, utilizando el último dato oficial sobre la población (Censo 2010), el cual arroja unos 112.776 habitantes. Se estima que en San Carlos de Bariloche existe una población estable de 150.000 habitantes, por lo que la cantidad de camas totales debería ascender a 675 para equiparar la media nacional. Cualquiera sea el dato poblacional tomado, el número se encuentra muy por debajo, ya que en la actualidad existen sólo 296 camas (enero 2020), distribuidas entre cuatro instituciones, una pública y tres privadas”, precisó Chiocconi previo al desembarco del Covid-19 por estas tierras.

Ya en pandemia, Tomás Guevara, investigador de la Universidad Nacional de RN y Conicet, aportó hace días un análisis para la emergencia alimentaria. “Según datos del Censo 2010, el 23,9% de los hogares tenían un nivel socioeconómico bajo. Si esta proporción se mantuviese estable en 2020, estamos hablando de 10.500 hogares. Este es el sector que más rápidamente va a empezar a demandar asistencia alimentaria”.  Argumentó que “previo a la crisis del Covid-19 se distribuían 2.000 módulos alimentarios por mes. Al declararse la pandemia se pasó casi inmediatamente a 2.000 por semana, observando que la demanda aumentaba considerablemente. A fines de marzo se volvió a aumentar la dotación a 2.500 por semana. Las previsiones de la Municipalidad son que la demanda se va a estabilizar en torno de los 10.000 módulos por mes, a razón de 2.500 por semana. Esto representa el 23% de los hogares aproximadamente, aunque la normativa no prohíbe recibir más de un módulo por mes, así que la cobertura de hogares puede ser bastante menor que la mencionada. Es necesario tener en cuenta que los módulos alimentarios que se están repartiendo tienen como máximo 13 productos secos (harina, fideos, salsa de tomate, cacao en polvo, leche, entre otros), a veces incluso menos, lo que para una familia tipo alcanza apenas para una semana y nutricionalmente es insuficiente. No obstante, no existen datos que sustenten la previsión de que 10.000 módulos por mes sean suficientes para cubrir la demanda de asistencia alimentaria”.

La curva de los casos positivos y la curva del hambre todavía corren paralelas.

 

 

Des/velo

El contagio de personal de la PSA tuvo al menos un efecto colateral imprevisto: la confirmación de la magnitud del personal instalado en el área como refuerzo para la represión al conflicto social y político por la demanda mapuche. A fines de agosto de 2017 se realizaron manifestaciones de protesta exigiendo la libertad de Facundo Jones Huala, lonko de la lof Resistencia Cushamen, frente al juzgado federal de Bariloche. La PSA participó de la represión y detención de nueve manifestantes, seis de los cuales fueron alojados en instalaciones del aeropuerto. Era la primera vez que las organizaciones de base supieron de la existencia y uso de esa unidad carcelaria, al menos en el período posterior a la recuperación de la democracia. Por esas mismas horas desapareció Santiago Maldonado, durante la represión realizada por la Gendarmería Nacional.

Bariloche es parte de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria V de la Patagonia, con quinientos efectivos para doce aeropuertos que conduce desde febrero Valeria Paolino. El jueves pasado funcionarios de la PSA central arribaron a Bariloche para tratar el conflicto, lo que derivó en el anuncio de la reincorporación de personal que cumplió la cuarentena.

 

 

 

 

A la misma hora, el gobierno provincial anunciaba el aumento de casos en Bariloche y Dina Huapi, pequeña localidad vecina donde viven las familias de algunos de los efectivos contagiados. Al cierre de este informe eran 101 los casos activos en toda la provincia, de los cuales 50 son de Bariloche y 4 de Dina Huapi. Es decir, emergencia dentro de la emergencia, escenario con algunos rasgos ya anticipado por un grupo de investigadores cuando todavía no se conocían los alcances del caso del aeropuerto.

De las 480 personas en aislamiento, de una fuente extraoficial de salud supimos que alrededor de cuarenta son personal del Sanatorio San Carlos y del Hospital Privado Regional Bariloche (HPR). En otros puntos del país, personal de salud también fue alcanzado por el contagio, lo que confirma la necesidad de ajustar y aumentar las normas de bioseguridad y pensar protocolos propios no subordinados a la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó una profesional abocada a la emergencia que revisa su propia experiencia en el sistema y las condiciones actuales. De más a menos, propuso, recordando caminos andados cuando el HIV sacudió el mundo.

 

 

 

(Javier Grosso realizó la cartografía para este informe.)

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