A caballo (de Troya) regalado

 

Ante un auditorio exiguo, el miércoles pasado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se entregaron al lobby del FBI para imponer en todo el país su software de genética forense denominado CODIs (Combined DNA Index System).

Bullrich clausuró el Simposio Internacional de ADN Forense organizado por su cartera, el Ministerio Público Fiscal y el FBI, instando a que todas las provincias suscriban al sistema informático que ofrece la agencia estadounidense y que, según ella, debería convertirse en el standard de Sudamérica.

La ministra reveló que el CODIs, que está vigente en Mendoza desde septiembre de 2018, ya fue instalado por el FBI también en Córdoba, La Pampa y en laboratorios de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional.

El paso siguiente, anunció, será lograr un “registro federal” para todo el país, consolidando así la dependencia informática de las bases de datos genéticos argentinos. Y abriendo también una gran incógnita sobre el destino final de esos datos.

El secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Pablo Noceti, anunció que tienen listo un proyecto de ley que pondría en el Ministerio de Justicia una base de perfiles genéticos “amplia”.

Si de amplitud se trata, el límite es el cielo.

 

 

Mendoza es el ejemplo. Es la primera provincia en instalar el sistema CODIs a instancias de la propia Bullrich y del malogrado gobernador Cornejo. La funcionaria había suscrito un acuerdo directo con el FBI en 2017 por el cual la agencia cedió al Ministerio una “sublicencia ilimitada para utilizar el Software CODIS y sus modificaciones y mejoras”.

Alejandro Gullé, hombre de Cornejo al frente de la procuración de la Corte provincial, anunció en el Simposio que su intención es extender la toma de muestras genéticas a los bebés recién nacidos y sus madres. “En 20 años llegaríamos a tener en la base de datos el 70 por ciento de la provincia”, aseguró.

El Simposio Internacional en Seguridad resultó más simbólico que efectivo. La vorágine de la derrota electoral del macrismo le restó atención del sistema político. El Ministro de Justicia, Germán Garavano, cantó ausente. Bullrich no llegó a la inauguración. Sólo pasó unos minutos al cierre para pontificar sobre la base de datos que le regala el FBI.

Sin embargo en el auditorio de la sede Azopardo se reunió a un puñado de peritos, genetistas, alguno que otro fiscal, y funcionarios-militantes de tercer nivel. Ni constitucionalistas, ni legisladores. Ningún gobernador.

Las estrellas del encuentro fueron Bruce Budowle, autoridad mundial en la materia, jefe del equipo que desarrolló el CODIs en los '90; y Murry Streetman, agregado jurídico del FBI en Argentina desde el año pasado, con experiencia en Centroamérica.

El organizador del evento por parte del Ministerio de Seguridad fue Fernando Soto, mediático querellante de la causa Cromañon, devenido enlace CODIs de Bullrich con el FBI.

 

 

Para que el Simposio pareciera internacional, Soto invitó también a especialistas de Estados Unidos, Sudáfrica, España y Brasil.

Tim Schellberg develó la estrategia de persuasión a aplicar en la Argentina para obligar a los políticos a legislar a favor de CODIs. Este consultor privado, presentado como “asesor en programas de ADN forense” es el presidente de la compañía de lobbistas Gordon Thomas Honeywell, especializados en Seguridad y Defensa. “Las víctimas son esenciales para impulsar legislaciones. Usar el poder de la atención pública sobre las víctimas”, explicó. Cerró su exposición con un audio del Presidente Donald Trump.

Chris Aspelen, de la National Criminal Justice Association de Estados Unidos, fue más directo aún. La pieza angular de la estrategia es la utilización de ONGs de víctimas como punta de lanza. Aspelen explicó cómo presionar través de organizaciones de familiares de víctimas convencidas de que sus tragedias se habrían evitado si los gobiernos hubieran aprobado oportunamente la instalación de CODIs. “Estas personas están muertas o fueron violadas porque tú no sacaste una ley a tiempo”, es la fórmula con la que se debe asaltar a los políticos que tienen dudas.

Para demostración de la centralidad que tienen estas ONGs, los organizadores invitaron a exponer a Daniel Roggero y Franklin Rawson de la ONG Usina de Justicia. Rawson es el padre de Ángeles Rawson, cuyo homicidio y violación fue resuelto gracias a restos de ADN que la víctima tenía bajo las uñas. Roggero propuso que “el registro de ADN sea universal desde el nacimiento”, en sintonía con el film distópico Gattaca, que retrata una sociedad futurista de rasgos totalitarios.

A lo que, incluso, Aspelen respondió: “En una democracia no es muy práctica la idea de poner los perfiles genéticos a todos los ciudadanos dentro de una base de datos”.

 

ADN más allá del Simposio

La tenacidad es el sello político de Bullrich. Por eso avanza con su agenda pro norteamericana superponiéndose con otras iniciativas de su propio gobierno. Ajena a las preocupaciones en torno a la soberanía nacional, la privacidad o el destino de datos sensibles para la ciudadanía argentina, la funcionaria contrapone su estrategia al sistema de registro de ADN con finalidad forense GENIs, desarrollado por científicos del CONICET.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología lo puso en funciones ya en 14 provincias. El convenio más reciente lo suscribió en junio el ministro Lino Barañao con la provincia de Buenos Aires.

 

 

El CODIs norteamericano es una solución llave en mano a costo cero. Sí, el FBI lo regala. Es una herramienta que utilizan 59 países, incluidos algunos europeos, como España. Lo que omiten decir los lobbistas que actúan dentro del gobierno es que España e incluso Estados Unidos y Gran Bretaña, tienen fuertes mecanismos de oversight, es decir, de supervisión para asegurar que el destino de esos datos privadísimos va a ser el establecido por la ley.

Los contrapesos del poder punitivo estatal no son el fuerte de Bullrich. Ningún tipo de control político de la policía.

Por eso, paradójicamente, el Simposio Internacional de ADN Forense se realizó en la misma semana en que se hizo público que las bases de datos de PFA y de Prefectura Naval y 700 GB de información clasificada fueron hackeadas.

El CODIs es para la Argentina, a todo efecto práctico, el sometimiento de un eslabón estratégico de su política criminal a jurisdicción de otro país. Peor aún, al juego internacional de las redes público-privadas de agencias subestatales de inteligencia y sus proveedores de tecnología.

Los utopistas tecno-libertarios invitados al país por Bullrich destacan que el CODIs es una herramienta óptima para el intercambio de información. ¿Cuál es el nivel de supervisión judicial que se intercambia? ¿Cuáles los mecanismos de control de calidad de los sistemas informáticos cerrados que ofrece el FBI?

Este intercambio resultará bastante unilateral, sospechan algunos especialistas locales. La instalación de facto del sistema CODIs en la Argentina no es ingenuo. Los perfiles de ADN no son homologables a huellas dactiloscópicas. Requieren un marco regulatorio e institucional para la salvaguarda de datos personales. Hacen a la privacidad y también a las obligaciones estatales con respecto a sus ciudadanos.

La tecnología actual permite predecir riesgos de enfermedades o formular correlaciones sobre la inteligencia de una persona. Es indispensable para el entrenamiento de algoritmos de Inteligencia Artificial (IA), así como para impulsar la biología sintética. En la Argentina, las regulaciones laxas hicieron que la oferta de laboratorios privados que realizan estudios de ADN para establecer relaciones de filiación, aumente cada día. Contrario a lo que sostuvieron los invitados internacionales, la Argentina tiene una larga tradición de investigación y desarrollo en la materia.

El desarrollo de GENIs es evidencia. Este software de almacenamiento y comparación de perfiles genéticos con fines forenses fue desarrollado por científicos, tecnólogos, profesionales del derecho y programadores nacionales en el marco del Programa Nacional Ciencia y Justicia.

Es un desarrollo ajustado a las necesidades del sistema judicial y legal doméstico, con standards internacionales de seguridad, pero desarrollo tecnológico soberano.

Descartarlo a favor de un software llave en mano es una forma de consolidar la subalternidad del sistema de Justicia criminal local con respecto al de Estados Unidos.

 

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