Aria del Salón Blanco

Los argumentos para discontinuar las sesiones telemáticas no coinciden con la realidad

 

El pedido de la oposición de realizar sesiones presenciales y limitar el tratamiento a proyectos que han tenido consenso previo y que estén vinculados con la pandemia, limitaría el accionar del Congreso. La sesión del martes en la Cámara de Diputados se vio afectada por el desacuerdo del bloque Juntos por el Cambio en la prórroga del protocolo de la modalidad remota semipresencial. Sin embargo, los argumentos arrojados por los opositores para justificar la falta de consenso en continuar las sesiones telemáticas no coinciden con la realidad.

Los datos se desprenden de un informe realizado por la Secretaría Parlamentaria sobre la actividad en el primer semestre. El nuevo escenario de crisis evidencia que, a pesar del cambio de la modalidad de trabajo, la tarea parlamentaria se desarrolla de forma normal en comparación con los años anteriores. Incluso se destacan incrementos en términos de sanción de leyes, realización de comisiones, quórum y presencia de funcionarios nacionales, provinciales y de la sociedad civil.

La discusión sobre la prórroga resultó semántica. Según la letra del protocolo se establece que "estará vigente desde su fecha de aprobación mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo o en parte del territorio nacional, por períodos de treinta días prorrogables, que serán refrendados por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria". En el afán de la vuelta a las sesiones presenciales, la oposición consideró que no había consenso y por lo tanto tampoco posibilidad de extender las sesiones remotas.

Después de horas de conflicto, el bloque opositor se retiró del recinto y anunció que iniciaría inmediatamente un proceso judicial para impugnar la sesión. Luego, Juntos por el Cambio decidió postergar esa presentación ante la justicia. Este jueves, un fallo de la Cámara Contencioso Adminstrativo tuvo interpretaciones diversas. Aunque el tribunal rechazó el pedido de la diputada Frade (JxC) contra las sesiones remotas y semipresenciales, lo hizo en el entendimiento que el protocolo ya no estaba vigente. Con la prórroga del protocolo, la suerte del pedido de la oposición parece sellada. 

El oficialismo reconoció la falta de consenso, pero explicó que había acuerdo de todos los presidentes de bloques menos del interbloque de Juntos por el Cambio. Con esta mayoría se llevó a cabo la sesión. Fue de manera mixta, es decir algunos en el recinto y otros de manera virtual. La prórroga del protocolo fue aprobada y en el transcurso de la madrugada del miércoles se sancionaron dos leyes: la ley sobre reactivación productiva de la actividad turística nacional y la que modifica el Régimen de Infracciones y Sanciones contra la pesca ilegal.

Norberto Di Próspero, Secretario General de la Asociación del Personal Legislativo (APL), dijo: “Es imposible una sesión presencial, imaginemos que en una sesión presencial hay doscientos cincuenta y siete diputados, asesores, periodistas y el personal que asiste a la sesión. Mínimo estamos hablando de una circulación de mil personas. Es una irresponsabilidad total y absoluta. La sesión mixta virtual es segura”. El Congreso cuenta con un protocolo sanitario para la seguridad de los trabajadores que según indicaron —hasta el momento— resultó efectivo . Los contagiados en el Legislativo fueron pocos, sin embargo las preocupaciones crecen. “El martes hubo más de trescientas cincuenta personas circulando”, contó Di Próspero. Lo paradójico es que quienes solicitan las sesiones presenciales son los que más se resisten a las medidas de bioseguridad de la Cámara.

En su intervención, Fernando Iglesias, cantó estrofas de El reino del revés para graficar la supuesta devaluación de la actividad parlamentaria durante la pandemia. Al inicio del Covid-19, la oposición comenzó denunciando la paralización del parlamento. Cuando el Congreso no sesiona se denuncia la paralización y cuando funciona lo llaman escribanía. Iglesias añora otra etapa de la Argentina, interrumpida por proscripciones y gobiernos de facto en la que Jorge Garrido —quien estuvo treinta y cuatro años a cargo de la Escribanía General de la Nación— debía tomarle juramento a Presidentes democráticos y no tanto, y a dictadores por igual. Mientras la actividad del Congreso estaba suspendida, el Congreso era reemplazado por una escribanía, tarea triste del humilde Garrido, representada en la canción de María Elena Walsh, Aria del Salón Blanco.

La información parlamentaria arroja que este año se realizaron ciento treinta y cinco reuniones de comisión y las horas de diálogo superaron las trescientas. “Nos quieren hacer sesionar virtualmente hasta que esté la vacuna. Los temas que generan mucho debate requieren garantías de funcionamiento y que puedan hacer horas del uso de la palabra todos los legisladores”, dijo Mario Negri, Jefe del interbloque de Juntos por el Cambio y agregó: “Somos trabajadores esenciales. ¿Por qué los policías y todos los trabajadores tienen que ir a sus trabajos y nosotros no podemos venir a un debate?”  

En contraposición, el diputado Leandro Grosso manifestó: “¿No es importante la ley de teletrabajo que sancionamos bajo esta modalidad? ¿No es importante la ley de los procesos de concursos preventivos y quiebras?” La retórica responde a un Congreso que sin mayorías especiales garantizadas ni trámites express, atraviesa un momento de inusitada actividad. Por lo que enfatizó: “¿La ley de la moratoria no era importante? ¿La modificación del presupuesto argentino no era importante? ¿La reestructuración de la sostenibilidad de la deuda pública no era importante? Eran temas importantísimos, y son algunas de las leyes que votamos en este tiempo en el Congreso”. 

Las cifras muestran que la actividad parlamentaria no se vio afectada por la pandemia. En los últimos seis meses hubo más sesiones que en el último año. El ausentismo de los legisladores disminuyó debido a que se superaron inconvenientes vinculados a la presencialidad. Con respecto a la presentación de proyectos ingresaron: 1123 proyectos de ley, 1191 de resolución y 617 de declaración. Además la presencia de participantes del Poder Ejecutivo y de la sociedad civil alcanzó números récord.

 

 

 

 

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