Los extorsionadores del 601

 

Rubén Osvaldo Bufano es uno de esos represores que supieron reinventarse. Arturo Ricardo Silzle, uno de esos que supieron esconderse. Los dos fueron agentes del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército durante la dictadura. Desde hace cuatro décadas se los ha señalado como miembros de una banda integrada por personal de inteligencia militar que realizó varios secuestros extorsivos de empresarios y hombres de negocios en los primeros años ‘80, pero hasta ahora se salvaron de condenas por delitos de lesa humanidad. Esta semana el juez federal Sebastián Casanello reflotó su caso y los procesó por el secuestro y las torturas de Alberto Martínez Blanco y su cuñado Ricardo Tomasevich (texto completo en Procesamiento 2021), dos financistas de la city porteña que en 1980 padecieron la ambición de oficiales que decían combatir a la “subversión económica”.

La investigación sobre Bufano y Silzle comenzó en 2005 por una denuncia de las víctimas. Las enormes similitudes entre el caso de Martínez Blanco y Tomasevich y otro secuestro extorsivo de la misma época, el del financista Carlos David Koldobsky, pusieron el foco sobre los mismos autores que habían sido tempranamente investigados en esa causa. Además de Bufano y Silzle, se siguió la pista de otros dos ex miembros del Batallón 601: Leandro Ángel Sánchez Reisse y Luis Alberto “Japonés” Martínez, un ex suboficial de la Policía Federal que también había actuado bajo la órbita de Coordinación Federal y que terminó excluido de la causa por supuesta “insania”.

En 2013, Casanello terminó de procesar a los otros tres por los delitos de secuestro, torturas y asociación ilícita, Pero la Cámara Federal de Apelaciones les dictó falta de mérito en cuanto al secuestro y las torturas de Martínez Blanco y Tomasevich, y sólo se elevó a juicio oral la asociación ilícita. En 2015, el Tribunal Oral Federal 6 absolvió a los tres imputados por razones técnicas: dos de los tres jueces entendieron que los hechos ya habían sido juzgados en otro proceso. Esa interpretación fue rechazada en 2019 por la Cámara de Casación Penal, que anuló las absoluciones y reenvió el expediente al TOF para que dictara un nuevo fallo, aún pendiente.

En paralelo, el secuestro y las torturas de Martínez Blanco y Tomasevich siguieron investigándose al nivel de la instrucción, a cargo del fiscal Franco Picardi, hasta que se reunieron elementos suficientes como para solicitar otro procesamiento, decidido esta semana por Casanello. Sánchez Reisse murió en el camino, pero Bufano y Silzle por fin deberán responder por aquel secuestro que, en 1980, les rindió en 680.000 dólares a los extorsionadores del 601.

 

Una historia de fantasmas y reciclados

Entre 1981 y 1986, Rubén Bufano pasó una larga temporada en la cárcel suiza de Champ Dollon, en las afueras de Ginebra, una prisión de máxima seguridad que en aquellos años se hizo famosa por la fuga del jefe masónico italiano Licio Gelli. Lo acompañaron en la cárcel Sánchez Reisse, el “Japonés” Martínez y sus respectivas esposas. La policía local los había atrapado cuando intentaban cobrar un millón y medio de dólares por el rescate de Carlos Koldobsky, que entonces permanecía secuestrado en Buenos Aires. Por indicación de los secuestradores, la esposa y la hermana de Koldobsky habían viajado a Suiza para pagar lo exigido, pero en realidad eran el señuelo de un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad argentinas y suizas. El grupo cayó en la trampa policial y Koldobsky pudo ser liberado al día siguiente.

En el libro La pista suiza (1986), el periodista Juan Gasparini, ex militante de Montoneros y ex detenido en la ESMA, obtuvo una extensa y minuciosa confesión firmada de Sánchez Reisse desde la cárcel, en la que reveló que integraba un grupo organizado por el Batallón 601 para perseguir a la “subversión económica”, responsable del secuestro de Koldobsky. Era la primera vez que se conocían detalles de la banda que secuestraba a empresarios y financistas. Años más tarde, la confesión de Sánchez Reisse fue una prueba clave para asociar el caso Koldobsky a otros secuestros extorsivos como el de Martínez Blanco y Tomasevich.

 

 

Bufano fue extraditado a la Argentina en 1986. Para ese momento ya había sido escrachado en otro caso resonante: según el informe del Nunca Más, la familia del escritor desaparecido Haroldo Conti lo había reconocido como un sujeto que en 1976 se había presentado en la casa de Conti una semana antes de su secuestro haciéndose pasar por un supuesto militante perseguido que pedía protección.

Una vez en la Argentina, Bufano y sus colegas extraditados fueron investigados por el caso Koldobsky, pero la Justicia dictaminó que no había suficientes pruebas como para procesarlos. Desde entonces, Bufano emprendió un largo camino de reciclaje personal. A fines de los años ‘90 se instaló en San Juan y montó una agencia de seguridad privada. En la provincia dicen que sus negocios crecieron de la mano de la gobernación del menemista Jorge Escobar, y que tiempo después prestó sus servicios a la megaminera Barrick Gold, un dato que fue negado por la empresa. En 2004, su nombre volvió a aparecer en los medios cuando se pidió su captura como presunto partícipe en la llamada Masacre de Fátima de 1976. Esa causa en su contra tampoco prosperó.

Cuando comenzó la investigación por el secuestro de Martínez Blanco y Tomasevich, Bufano fue inicialmente dado por muerto gracias a un certificado de defunción de su padre, que tenía su mismo nombre. Un fiscal llegó a advertirlo cuando el primer tramo de la investigación se cerraba con un solo imputado. Fue entonces cuando Casanello lo procesó por primera vez, en 2013.

Mucho menos se sabe de Silzle, otro de los ex agentes del 601 que habían sido investigados por el caso Koldobsky, por el que fue condenado en 1991. Más tarde, durante la investigación por Martínez Blanco y Tomasevich, se profugó hasta 2013, cuando el juez logró su arresto. En ese procesamiento se recordaba que, en 1981, Koldobsky había sido alojado en una casa de Villa Tranquila, en Buenos Aires, que utilizaba Silzle. La vivienda fue allanada y se encontraron armas, municiones, un handy policial, credenciales y cédulas a nombre de “Angel Rubén Sarriez” (alias de inteligencia de Silzle), las llaves de un Ford Falcon, un par de anteojos pintados de negro, varios sellos y una venda blanca con cinta adhesiva en sus extremos. Eduardo Barcesat, abogado de una de las víctimas, subraya el modo en que Silzle pasó durante años desapercibido en la causa: “Hasta su procesamiento, para nosotros era un completo desconocido”.

 

 

 

Varios secuestros, un modus operandi

El secuestro de Martínez Blanco, entonces accionista de Alpe S.A. Agencia de Cambios, hoy ya fallecido, y Tomasevich, entonces accionista y presidente de Puente Hermanos S.A., describía un mismo patrón repetido en varios otros secuestros extorsivos de la época. En la mañana del 19 de septiembre de 1980, un Falcon con una baliza en el techo los interceptó cuando iban juntos en el auto de Martínez Blanco por la Avenida del Libertador, cerca de la Quinta de Olivos. Se bajaron cinco o seis sujetos con armas largas que se identificaron como policías y les dijeron que los iban a trasladar a la Brigada de Tigre. Se los llevaron en ambos vehículos, esposados, con los ojos vendados y acostados en el piso.

Los alojaron en un inmueble en el que rápidamente los acusaron de complicidad con la “subversión económica” y luego los separaron. Después de pasar por una intensa sesión de picana, Martínez Blanco fue liberado cerca de la cancha de River con la indicación de conseguir el dinero para el rescate de su cuñado. Fue a su oficina y allí recibió varios llamados de los secuestradores, que le hicieron escuchar por teléfono las torturas a Tomasevich para apurarlo por el dinero que pretendían: dos millones de dólares.

En su testimonio, Tomasevich relató que, durante el tiempo que estuvo secuestrado, sus captores recibían órdenes de otras personas que no estaban en el lugar, además de información sobre los movimientos de sus familiares. Se comunicaban entre ellos con la jerga operativa de las fuerzas armadas. Para la entrega del dinero, los secuestradores usaron un sistema de “postas” en latas de cerveza repartidas por distintos puntos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, en los que había mensajes que indicaban el siguiente destino al que Martínez Blanco debía dirigirse. Finalmente entregó 680.000 dólares en la estación Rivadavia del ferrocarril Mitre. Tomasevich fue liberado cerca de la ESMA, bajo amenazas sobre su familia para que no hiciera la denuncia.

En la instrucción de la causa se enfatizó que las características del secuestro eran idénticas a las de otros casos atribuidos a la banda del 601. Entre los testimonios que se recogieron se destaca el de un ex agente de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, que dijo que en aquella época participó en unas veinte investigaciones por secuestros extorsivos como los de Martínez Blanco y Tomasevich, Koldobsky y el empresario Fernando Combal, raptado en 1979: “Siempre se trataba del mismo modus operandi, mismas víctimas (gente del ambiente financiero, empresarios o comerciantes). Se les pedía a sus familias el dinero para la liberación a través de llamados telefónicos y [se les decía] cómo debía ser el pago mediante un sistema de postas que consistía en ir a un lugar donde encontrarían un sobre o latita con un ‘papelito’ con un mensaje en el que se indicaba que fueran a otra posta”.

Otro de los testigos convocados fue el abogado Pablo Roberto Argibay Molina, quien representó a varias víctimas de secuestros extorsivos en la época y aportó un dato sugestivo: en muchos casos pudo comprobar que los secuestradores daban “un golpe de tortura o quemadura muy específico”, que pudo observar en el caso de Tomasevich.

A su vez, durante el debate oral por el cargo de asociación ilícita ante el TOF 6, Tomasevich mencionó que, tras la difusión del caso Koldobsky, reconoció en fotos al “Japonés” Martínez como uno de sus secuestradores. Aunque no pudo identificar directamente a los demás, Casanello sostuvo en el procesamiento que hay indicios contextuales suficientes como para sospechar de Bufano y Silzle, miembros de la banda a la que se le atribuye la serie de secuestros.

El secuestro de Martínez Blanco y Tomasevich es, además y sobre todo, un crimen de lesa humanidad: los secuestros extorsivos de empresarios y financistas no sólo se utilizaron para el enriquecimiento personal de los represores y de sus jefes sino también para financiar actividades ligadas a la “lucha contra la subversión”. Agentes como Bufano y Silzle no operaron por su cuenta: detrás había nombres pesados del aparato represivo del Estado, como los de Raúl Guglielminetti, Roberto Roualdes, Alejandro Arias Duval y el propio Guillermo Suárez Mason. La represión ilegal en el mundo financiero es un aspecto cada vez más visible en la agenda actual de los juicios por los crímenes de la dictadura. Bufano y Silzle, apenas dos exponentes.

 

 

 

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