Cámara en lo patriarcal comercial

 

El año pasado, las resoluciones generales 34 y 35 de la Inspección General de Justicia (IGJ) dispusieron que los directorios de ciertas sociedades anónimas, de las sociedades del Estado, de asociaciones civiles y de fundaciones deben respetar la igualdad de género en cumplimiento de leyes nacionales y de tratados internacionales suscriptos por la Argentina. Algunas iglesias evangélicas, clubes de hombres y agrupaciones militares se resistieron y una fundación dirigida por el troll macrista respaldado por los fondos buitres Yamil Santoro presentó un recurso de amparo que la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó.

La facultad de la IGJ de dictar reglamentos ha sido expresamente otorgada por ley, facultad que también ostenta el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores e incluso la AFIP. La IGJ puede dictar dos tipos de resoluciones: generales y particulares. Las primeras, si son consideradas inconstitucionales, deben ser impugnadas ante el fuero Contencioso Administrativo. En cambio, contra las resoluciones particulares con que la IGJ resuelve litigios entre privados, el tribunal competente es la Cámara Civil o la Cámara Comercial, según haya sido una entidad civil o una sociedad comercial la persona jurídica denunciada.

La resoluciones 34 y 35 del año pasado eran generales. Además de la Fundación Apolo de Bases para el Cambio, de Yamil Santoro, cuestionaron la medida de la IGJ sobre equidad y paridad siete empresas de colectivos, que en lugar de reclamar ante el fuero Contencioso Administrativo eligieron presentarse ante un juzgado Comercial, como si se tratara de una resolución particular.

 

Cronología de una inmersión indebida

En octubre de 2020, siete empresas de transporte automotor de pasajeros pidieron que se dejen sin efecto las dos primeras resoluciones sobre diversidad y paridad de género dictadas por la IGJ. Aunque debían ser objetadas ante el fuero Contencioso Administrativo, la Sala C de la Cámara Comercial, integrada por los magistrados Eduardo Machin y Julia Villanueva –la tercera vocalía se encuentra vacante– se declaró competente y comenzó a tramitar el juicio. La IGJ inició una causa para determinar la incompetencia del tribunal comercial. En febrero de 2021 obtuvo un fallo favorable: el expediente tenía que ir al fuero Contencioso Administrativo. El juzgado que debía continuar la demanda era el 11, a cargo de Martín Cormick, pero la Sala C se negó a soltar el expediente. Ante esa negativa, Cormick remitió la causa al único tribunal que puede definir los temas de competencia: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es el máximo tribunal el que define qué fuero es competente para juzgar la validez o no de lo resuelto por la IGJ a través de resoluciones generales.

En abril, en otra muestra de desconocimiento de lo actuado en el fuero Contencioso Administrativo, la Sala C de la Cámara Comercial omitió incorporar la notificación hecha por el juez federal Cormick en los expedientes electrónicos que tramitaban en el fuero Comercial. También en abril, la Corte –o República Autónoma del Cuarto Piso– giró el expediente a la Procuración General de la Nación, que debe emitir dictamen. Pero Machin y Villanueva no esperaron los tiempos de la Corte y el 9 de agosto último dictaron una sentencia en la que dejaron sin efecto las resoluciones generales 34 y 35 de 2020. Días después, la IGJ sacó una nueva resolución, la 12/2021, por la que interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Y el viernes presentaron ante el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político contra ambos camaristas y contra Pablo Damián Heredia –en la categoría de integrante “designado” de la Sala C– por “grave incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de la magistratura”. El organismo que encabeza Ricardo Nissen los acusa por haber omitido notificarse de la sentencia del juez Cormick y por haber dictado la revocatoria de las resoluciones 34 y 35 cuando el expediente por la competencia aún estaba por resolverse en la Corte.

 

 

Dime quiénes te critican…

El pedido de juicio político a los camaristas comerciales fue cuestionado por la asociación “Profesores Republicanos”, que sostuvo que se trataba de una “inadmisible presión contra el Poder Judicial de la Nación”. En el comunicado que tuvo amplia difusión en La Nación, firmado entre otros por Santiago Kovadloff, la asociación “reivindica la equidad de género” como un principio ético y de justicia y un mecanismo de “igualdad de trato y oportunidades entre un hombre y una mujer”, pero rechaza su uso “como mecanismo de imposición de igualdad, pues se trata de una falacia que perjudica a la mujer”.

Abogados que trajinan el fuero comercial recordaron en diálogo con El Cohete a la Luna las similitudes de esta reacción de ciertos foros de derecho con los acontecimientos del “Caso Piaggi”: sostienen que los mismos círculos de opinión que defendieron a la entonces jueza de la Cámara Comercial Ana Isabel Piaggi –que renunció en 2018– en un caso de plagio hace más de 20 años “se alinearon una vez más para defender a la Sala C de la Cámara Comercial, considerando que la promoción de un juicio político contra alguno de sus integrantes constituye una inadmisible presión contra el Poder Judicial de la Nación”. “El derecho de recurrir al tribunal de enjuiciamiento –expresaron– es un derecho que asiste a todos los argentinos sin excepciones”. Uno de los espacios que criticó la medida de la IGJ fue el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (conocido como el colegio de la calle Montevideo, que nuclea a los estudios que defienden a las grandes empresas).

Los abogados consultados por El Cohete advirtieron la incongruencia de que haya sido la jueza Julia Villanueva quien redactó la revocatoria de la medida sobre igualdad de género, con argumentos a favor de una supuesta “meritocracia” neoliberal. En ese sentido, recordaron que Villanueva llegó a su puesto con apoyos de integrantes de la “Corte de los Milagros” de la época menemista y de otro ex integrante de la Cámara Comercial.

Hay otro hecho que emparenta esta situación con el caso “Piaggi”: la jueza Villanueva –sobre quien recaen la mayoría de los recursos de apelaciones deducidos contra resoluciones particulares de la IGJ–intenta ser designada profesora titular de Derecho Comercial de la Universidad de Buenos Aires. Hasta el momento no lo logró, pese a los denodados esfuerzos de su “mentor académico” y ex titular de la cátedra que ella aspiraba a dirigir, el abogado Rafael Mariano Manovil, quien –según las fuentes consultadas por El Cohete– llevó a cabo un “descomunal lobby” sobre los jurados del último concurso para obtener la designación. Los abogados marcan otra semejanza con el caso “Piaggi”: Manovil, integrante de la exclusivísima “Academia Nacional de Derecho” y prominente socio del colegio de calle Montevideo, que adquirió la titularidad de cátedra en el referido concurso de 1997, fue el único de los profesores designados por el jurado internacional convocado al efecto a quien la por entonces magistrada Ana Isabel Piaggi jamás impugnó, por la sencilla razón de que se movían en los mismos círculos académicos nacionales e internacionales, a los cuales no pertenecían los abogados Arnoldo Kleidermacher, Eduardo Favier Dubois y Nissen, contra quienes Ana Isabel Piaggi apuntó en aquella época todos sus dardos, indignada por haberse atrevido a acusarla de plagio.

Según comentaron a El Cohete, los plagiados fueron los profesores Sergio Lepera, Horacio Fargosi, Raúl Etcheverry y el argentino radicado en Estados Unidos Alejandro Garro.

 

Cinco y una

Para dictar las resoluciones en materia de igualdad de género, la IGJ tuvo en cuenta estadísticas de la organización “Mujeres en la Bolsa” y de su propia base de datos, que indicaban que por cada cinco varones que dirigían o fiscalizaban entidades comerciales o civiles, había tan solo una mujer. Las resoluciones se trabajaron en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; la Cancillería y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos planteó en un comunicado que “así como en forma abrumadoramente mayoritaria la sociedad argentina está a favor de la diversidad y paridad de género, hay pequeños y concentrados sectores de poder empresario, político y judicial que desean conservar los modelos de la sociedad patriarcal y que reaccionan negativamente a los cambios que, en el mundo en general y en nuestro país en particular, se vienen promoviendo y produciendo desde hace algunos años, en el sentido de ampliar derechos a los colectivos menos favorecidos, como ser el de las mujeres y géneros, reaccionando negativamente ante los innegables nuevos vientos que se vienen generando con políticas públicas desde el gobierno nacional, lo cual más temprano que tarde seguramente llegará para quedarse hasta, inclusive, en el seno de las empresas comerciales”.

Las fuentes consultadas por El Cohete sostienen que esta negativa a cumplir con la resolución de igualdad de la IGJ está encabezada por la denominada “Lista Verde” –también llamada “lista amarilla” por su cercanía al macrismo– que tiene entre sus referentes al juez federal de Tres de Febrero y consejero de la Magistratura, Juan Manuel Culotta, y al ex fiscal Germán Moldes. También integran dicho espacio el camarista federal porteño Leopoldo Bruglia (trasladado irregularmente desde un Tribunal Oral), el juez Andrés Fraga (quien fallara a favor de Mauricio Macri en la acción que le iniciara a su padre Franco por los Panamá Papers) y Rafael Barreiro, ex presidente y actual integrante de la Sala F de la Cámara Comercial.

 

Especialidades corporativas

Desde 1976, cuando la dictadura cívico-militar expulsó a los jueces de la Constitución y los reemplazó por decreto con magistrados afines al neoliberalismo, esa es la filosofía que predomina en la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

Algunas de sus especialidades corporativas son:

• El rechazo de cuanta acción de clase prevista en la ley 24.240 promuevan las asociaciones de consumidores en defensa de sus derechos.
• Un desprecio total a las cooperativas constituidas para preservar fuentes de trabajo, ante el saqueo de su patrimonio por los antiguos dueños, que las abandonaron a su suerte.
• El desalojo de los trabajadores de empresas recuperadas.
• Es el mismo tribunal que en la causa tendiente a desmembrar las empresas de Indalo se negó a abonar los sueldos de los empleados de las firmas de ese grupo, en un ostensible intento de enfrentarlos con los empleadores.
• También convalidó que ciudadanos argentinos utilizaran las sociedades off shore.
• Y tramitó con interminable demora el caso Correo Argentino.

El fuero comercial tiene 111 años de historia. En agosto de 2010, la Cámara Comercial conmemoró los 100 años de su creación con competencia exclusiva y eligió festejarlos con una misa en la exclusiva Basílica Nuestra Señora del Pilar, a metros del cementerio de Recoleta. La celebración tuvo una segunda parte con un acto en la Facultad de Derecho de la UBA. En ese momento, la presidenta de la Cámara, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, dijo que “la Justicia Nacional en lo Comercial cuenta con un pasado trascendente y un presente comprometido con sus tareas. En este pequeño fuero, que mantiene casi las mismas dimensiones desde del año 1973, tramitan expedientes de gran trascendencia en la actividad económica de todo del país”.

 

La Sala C y el fideicomiso ciego de Macri

En abril, la IGJ advirtió que el supuesto fideicomiso ciego que armó Mauricio Macri a inicios de su mandato, en abril de 2016, fue una operación “ficticia y simulada”. La denuncia de la IGJ se desdobló en cinco causas diferentes. La Sala C de la Cámara Comercial fue la primera a la que “por sorteo” le tocó abocarse. El resto de las causas fueron adjudicadas a las otras salas, que declinaron su competencia y “ofrecieron su jurisdicción” a esa misma Sala “C”, beneficiaria casi con exclusividad de los sorteos en las causas que tiene a la IGJ de protagonista.

Las cinco causas en que se dividió el expediente del fideicomiso ciego fueron: María Amina S.A., Arrocera del Guayquiraró S.A., 4 Leguas S.A., Agro G S.A. y Seguridad Fiduciaria S.A. Macri tiene un expediente abierto en Comodoro Py por una denuncia de la Oficina Anticorrupción en base a lo investigado por la IGJ.

 

 

 

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