Un servicio público y esencial

 

El 21 de agosto se cumplió un año del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 690/2020, que estableció como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía móvil, la conectividad a Internet y el servicio de televisión por suscripción. Ante un segundo aumento por parte de las empresas en septiembre de 2020, se tomó la decisión de evitar que las compañías aumentaran cuándo y cómo quisieran. “El decreto 690 fue ratificado por el Congreso y lo convirtió en ley. Comenzó a aplicarse plenamente a partir de enero, cuando salimos del congelamiento, y la empresa Telecom (Clarín) no cumplió, realizando un aumento superior al que estableció el Gobierno”, expresa Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en diálogo con El Cohete a la Luna.

López brinda precisiones sobre el decreto, suspendido por el Poder Judicial en beneficio de un grupo de empresas, y en relación con las acciones que lleva adelante el directorio del ente en búsqueda de pluralidad, diversidad y ampliación de la conectividad. “El 690 está vigente”, explica, y recuerda que el 1° de enero se permitieron las subas de las tarifas que el decreto congeló. Telecom decidió incumplir con el aumento autorizado por el gobierno. Las distintas empresas fueron presentando recursos de amparo en diferentes juzgados del país, a fin de impedir la aplicación del decreto. “Primero consiguieron, con el juez (Ricardo) Bustos Fierro (del Juzgado Federal 1 de Córdoba), una medida cautelar de amparo para una pequeña empresa de la localidad de Villa del Rosario, que luego fue ampliada a todas las empresas de cable. En el mes de abril, la sala 2 del juzgado Contencioso Administrativo y Federal de la ciudad de Buenos Aires –por fallo dividido– suspendió la medida para Telecom y, en un segundo fallo, suspendió la medida para DirecTV y Telecentro”, detalla.

Ante esa situación de aporte a la inflación existente por parte de las empresas –con la ayuda del Poder Judicial–, López sostiene que “las telecomunicaciones son un servicio público y así lo declaramos porque estamos en sintonía con lo que sucede en todo el mundo”. Enumera: “Canadá, México, hace dos semanas Colombia, Francia, la recomendación de Naciones Unidas, que considera que el acceso a las telecomunicaciones no puede ser un bien de mercado. Que además de un negocio, de una industria, el Estado tiene que garantizar, con acciones positivas, el acceso universal. Así lo entendimos y así lo vamos a seguir defendiendo”. Con respecto a las presentaciones judiciales de las empresas, explica que presentaron un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Córdoba, ante lo dispuesto por el juez Bustos Fierro, y con respecto a lo resuelto por la sala 2 del Juzgado Contencioso Administrativo y Federal de la ciudad de Buenos Aires, presentaron un recurso de queja ante la Corte. También estudian otros mecanismos procesales. “Lo que tiene dicho la Corte en 2010 es que no se puede suplantar la sentencia de fondo por una medida cautelar. No se puede estar con una ley –cuya legalidad se presume– suspendida hasta que alguien diga si el decreto es constitucional o no. Por eso, lo que nosotros queremos es ir al fondo de la cuestión”, dice López. Como abogado, conoce de Derecho.

Para evaluar lo que las empresas debían aumentar, desde ENACOM realizaron una “reglamentación asimétrica”, que le permitía a los operadores de cable, telefonía e Internet que tuvieran menos de cien mil abonados “un aumento de alrededor del 24% en el primer trimestre y luego de un 5%, porque esas empresas no habían aumentado nada en 2020 y tratamos de compensar esa situación. Las empresas llevan un aumento autorizado de alrededor del 30% y las grandes tienen un aumento autorizado del 21% acumulado”, explica. “Están por lo menos 10 puntos arriba de lo autorizado y van a seguir haciéndolo”, expresa López, y asegura que continuarán con las acciones legales y que se aplicaran “sanciones a aquellos que no tengan amparo. Seguiremos insistiendo que esta es una actividad regulada y que hasta tanto no cumplan con el 690 y no demuestren los mayores costos, nosotros no lo vamos a autorizar”.

ENACOM no fijó ninguna arbitrariedad: solicitó a las empresas que enseñen la estructura de costos que no quieren presentar. Esta estructura es diferente en las empresas grandes y en las pequeñas, por eso se aplicó una regulación asimétrica. “Si lo dejas librado al mercado, las empresas van a proyectar un aumento del 65%, es un disparate”, apunta López. Las mismas empresas de telefonía que también son dueñas de los medios de comunicación hegemónicos son las que, al mismo tiempo, informan que el gobierno no hace nada para detener la inflación. “A la hora de hablar de inflación, mencionan todos los productos, menos el que ellas prestan”, expresa el director, e indica que “existen 55 millones de líneas de celulares. Esto atraviesa al 100 por ciento de la población”. El aumento desmedido por fuera de la norma afecta a todos.

 

 

 

Acortando la brecha

El vicepresidente del ENACOM no esconde la existencia de “una brecha digital muy dura y evidente que tiene que ver con la condición económica. Entonces, si el Estado no interviene a través de los subsidios que está entregando a las cooperativas y empresas provinciales, los privados, si no es negocio, no van”. López muestra así la cara menos visible del mercado de las telecomunicaciones. Si no es el Estado el que impulsa que en ciertos lugares la conectividad sea un derecho de la ciudadanía, el dios mercado –al que tanto le rezan algunos con promesas de campaña– no aparecerá en esos lugares y la brecha digital seguirá siendo una constante que genera una desigualdad angustiante de acuerdo al lugar donde se viva. “Vos ves la conectividad en los grandes centros urbanos –en la ciudad de Buenos Aires está en el 93%–, pero en el resto está arriba del 80%. Ahora, en esos propios centros urbanos, en los barrios populares está en el 40% y cuando se toma por regiones, en el norte argentino, la conectividad promedio es del 40% y en el centro del 70%. Hay mucha desigualdad porque las empresas, donde hay negocio, se meten y compiten y donde no hay negocio, no”, explica.

La presencia estatal en esos lugares donde los privados deciden no estar –porque, se sabe, intervienen donde el negocio implica poca inversión y mucha ganancia–, recobra valor con ARSAT, “que es una herramienta del gobierno de Cristina (Kirchner) extraordinaria, con la red de fibra óptica que ya superó los 35.000 kilómetros. Y está el ENACOM, dando Adelantos no Reembolsables (ANR), subsidios entregados en una suma de 7.000 millones de pesos”. Ese dinero se dividió en “3.000 millones a ARSAT para mejorar la red de fibra óptica y multiplicarla por diez y alrededor de 3.800 millones de pesos que hemos dado a pymes y cooperativas, asociaciones civiles y empresas públicas provinciales o municipales”. Todo ello para extender las redes de conectividad en las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Neuquén, Tierra del Fuego”.

En tiempos electorales, donde algunos pueden pensar que todos los políticos son lo mismo, es bueno brindar un dato clave del giro que le han dado a la política regresiva y pro-concentración que tenían las autoridades de ENACOM del gobierno de Mauricio Macri, que solamente brindaron ANR por 500 millones de pesos en los cuatro años. “Nosotros en un año y ocho meses estamos en alrededor de 7.000 millones de pesos de un fondo que está exclusivamente para esto. Por primera vez le dimos a asociaciones civiles sin fines de lucro”, destaca Gustavo López.

El trabajo del ente está también presente en los barrios populares y en las villas. “Nuestra idea es invertir a lo largo de cuatro años alrededor de 15.000 millones de pesos en extensión de la red de fibra óptica, ese es nuestro objetivo”. La idea es abarcar poblaciones menores a los 30.000 habitantes, zonas de barrios populares, de difícil acceso, “donde el privado no va porque no le rinde la ecuación económica. Ahora, si la conectividad es un derecho humano básico y no un bien de mercado, nosotros tenemos que ir para que todos tengan el mismo derecho a la conectividad, lo que significa que tenga el mismo derecho al estudio, al mundo científico, a la educación y a la cultura en general, al trabajo, a las cosas más elementales”, enumera López, y brinda como ejemplo que “hasta para vacunarte necesitás un teléfono y acceso a Internet para inscribirte y recibir la información de cuándo te toca la dosis”.

 

 

El decreto tiene el propósito de regular los precios para que sean “justos, equitativos y razonables”. El vicepresidente del ente que, además de abogado, también es periodista y profesor universitario, hace docencia: “Si usted quiere aumentar, nos tiene que mostrar aumento de los costos, inversión y tasa de ganancia”. Desde ENACOM también se llevó adelante el programa para garantizar el acceso de la conectividad durante la pandemia, por el cual distribuyeron más de 100.000 tarjetas de telefonía prepaga en municipios y provincias de todo el país. “En este último mes, hemos realizado una distribución de más de 50.000 tarjetas en los municipios del Gran Buenos Aires”. Recuerda que en la primera reunión de directorio expresaron “que la comunicación es un derecho humano básico. La conectividad es esencial para construir ciudadanía”. Dice que en esa política se movieron, “llevando adelante el proceso de normalización de la FM en continuidad con lo actuado en el gobierno anterior. Vamos a entrar en la tercera etapa del proceso de normalización en lo que se llama “zonas conflictivas”, vamos a avanzar en el nuevo plan técnico para normalizar el espectro, en cuanto a radio y televisión refiere”, señala. Y teniendo en cuenta que la conectividad es esencial para la construcción de ciudadanía, “acompañamos el 690, declarándolo servicio público. Utilizamos los ANR para concretar ese sueño de que exista justicia social a través de la conectividad; que el gobierno realice acciones positivas para generar condiciones de equidad en la accesibilidad a la conectividad”.

López deja en claro que para el ENACOM “la circulación de la palabra tiene que ser con la mayor pluralidad posible, y para eso tenemos que garantizarla a través de medios grandes, chicos, comunitarios. Con ese objetivo, tenemos el Fondo Concursable de Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), para ayudar a los medios no comerciales”. También destaca los ANR: “Ahí se conjuga la política: el 690 declarando servicios públicos a las telecomunicaciones y una política activa de desembolso en fondos que manejamos para que la conectividad llegue a todos los rincones del país”.

Finalmente, asegura que están encarando con políticas concretas las premisas trazadas en la primera reunión de Directorio: por un lado, “la libre circulación de la palabra para mejorar la calidad de la democracia, y por otro lado, garantizando la accesibilidad en condiciones de equidad a toda la población”, remarca, y argumenta que “si no, vamos a tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los de primera son los que pueden acceder a todos los servicios y los de segunda son aquellos que no pueden acceder hoy a la conectividad. Para nosotros es un servicio imprescindible y por eso llevamos adelante estas acciones”.

 

 

 

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