El sicario

 

1.

El miércoles, sin previsión, la jueza María Servini escuchó una confidencia. “¿Puedo llamarlo Pepín?”, dijo Juan Manuel Sánchez Córdova, el testigo, en pleno cumplimiento del juramento a responder con la verdad. “Es que todos le decíamos así”, argumentó. Después, aprovechando el permiso, contó que en abril de 2016 su padre le dijo que Pepín se había puesto a disposición como abogado para ayudarlos con los problemas del banco. Algunas precisiones: el padre es Jorge Sánchez Córdova, ex tesorero de Boca Juniors durante la gestión de Mauricio Macri en el club y dueño del Banco Finansur, hasta que él y su hijo se quedaron como socios menores de Cristóbal López en el capital accionario; Pepín es Fabián Rodríguez Simón, ebanista de la mesa judicial del macrismo, por entonces director de YPF y por estos días prófugo célebre a la espera del trámite de extradición desde el Uruguay, imputado como miembro de una asociación ilícita para asfixiar económicamente al Grupo Indalo, despojarlo de sus bienes y encarcelar a sus dueños; los problemas pueden abreviarse en la brutal corrida de depósitos originada en la nota publicada el 13 de marzo de 2016 en La Nación y que afirmaba que López no le había pagado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) unos 8.000 millones de pesos durante los último cuatro años del kirchnerismo en el poder.

Volviendo a la declaración del heredero Sánchez Córdova, Pepín lo asesoraba sobre trámites y presentaciones, le decía “como manejarse” y hasta “gestionó reuniones en el Banco Central” con los directivos de aquella administración: el vicepresidente Lucas Llach y el superintendente Fabián Zampone, también con pasado en la comisión directiva de Boca.

“En cualquier negocio donde Cristóbal López tuviera un interés, aparecía Pepín para declararle la guerra”, dice el abogado Fabián Lértora, que junto a Juan Pablo De Feo representa al empresario en su cruzada por demostrar que existió un grosero plan del gobierno anterior para sacarlo del mapa.

“Cuando el banco empezó a teclear –agrega Lértora– apareció Pepín para ayudarlos, algo que no podía hacer porque era el director de YPF. Pero, además, era el mismo tipo que tiempo antes ya le había hecho la vida imposible a López con el juego y que después le quitaría la concesión de la autopista. En el tema YPF, se quedaron con todos los activos para no usarlos; abandonaron la destilería y el puerto y vendieron las estaciones de servicio. Lo pagaron dos mangos para que sus amigos hiciesen negocios. Si no era el propio Pepín, él ponía gente para presionar y extorsionar. Estaba en todos lados ejecutando la orden de Macri de acabar con el Grupo Indalo. Pepín era el sicario”.

 

 

2.

Sicario. Del latín sicarius. Asesino a sueldo.

 

 

3.

Marcelo Rufino miró el celular, ningún mensaje le interesaba tanto, sólo quería saber cuánto tiempo había estado encerrado en la coqueta oficina de la torre de YPF. Habían pasado ya dos horas y 38 minutos. Hizo un cálculo rápido, se sintió mejor. Su tarifa era en dólares.

Carlos Bianchi, homónimo del entrenador multicampeón con Boca y ex coadministrador e interventor de Oil Combustibles (OCSA), declaró en la Justicia que fueron varias las reuniones que mantuvo con Rufino, presentado como el único interlocutor para acordar el traspaso de activos. Pero Rufino no era funcionario de YPF, sino un abogado externo contratado por temas vinculados con la expropiación. El rol destacado de Rufino sólo puede entenderse por el beneplácito de Pepín. Del informe ordenado por la jueza Servini a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) surge un intercambio frecuente de llamados entre Rufino y Pepín desde 2016 hasta 2019.

Para los abogados de López, es prueba suficiente de que “Rodríguez Simón intervino como ejecutor, mediante su ascendencia en YPF, en el desguace de OCSA a través de la venta a precio vil de sus activos más importantes; los que a la postre y luego de una triangulación habrían quedado en poder de terceras personas allegadas al gobierno del ex Presidente Mauricio Macri”.

En detalle, YPF y Destilería Argentina de Petróleo SA (DAPSA) pagaron apenas 85 millones de pesos por toda la red de estaciones de servicio (124 repartidas en 17 provincias), la refinería de San Lorenzo y la logística inherente que permitía el despacho de combustible. En diciembre de 2018, YPF le vendió a Delta Patagonia SA la red de estaciones que dos meses antes le había comprado a OCSA y se comprometió a proveerla de combustible barato, aun cuando fuera perjudicial para sus propios intereses.

Fabián De Sousa, accionista del Grupo Indalo, aportó a la Justicia que había varias empresas multinacionales interesadas en los activos de OCSA, como la holandesa Trafigura y la rusa Lukoil, pero esas ofertas fueron frustradas “de diferentes formas por digitación de Rodríguez Simón y a través de los funcionarios que él controlaba o les respondían” con el único fin de empujarlo a la quiebra.

En el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 3 se presentó como prueba la conclusión de los peritos de la Corte Suprema sobre OCSA: no tenía deuda exigible y estaba cumpliendo con los planes de pagos. Hace dos semanas, la jueza María Soledad Casazza levantó la quiebra luego del acuerdo con casi el 100% de los acreedores, devolviendo la petrolera al Grupo Indalo.

 

 

4.

Fue el mismísimo Pepín, reconoció López después, el encargado de avisarle que comenzaba la “guerra nuclear” contra el grupo. “Lo siguiente –precisó– fueron la generación de notas periodísticas y procesos de toda clase tendientes a arruinar la reputación de las empresas, afectar el financiamiento y el giro comercial de las firmas en las que tuviera participación para, por último, encarcelarme. Todo recurso del Estado que el ingeniero Macri tuvo en sus manos, por sí o por interpósito funcionario o gente que decía representarlo, fue puesto en funciones en pos de su objetivo”.

Acomodado en la Casa Rosada, el brazo de Pepín se hacía cada vez más largo y fuerte. No sólo afectó a las empresas de Indalo, también persiguió a aquellas en las que López tenía participación accionaria –por ejemplo, las vinculadas al negocio del juego– valiéndose de organismos nacionales como la AFIP, el Tribunal de Tasaciones, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Dirección Nacional de Vialidad. Esta última, a cargo de Javier Iguacel y con el respaldo del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, promovió el quite de la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas, en manos de Indalo, invocando incumplimientos en el contrato. Lo que existió, según la investigación posterior, fue un artero desfinanciamiento del Estado para provocar el ahogo financiero.

El ataque extorsivo también necesitó de la colaboración de actores claves del Poder Judicial –alcanza con recordar que la jueza Servini está esperando la declaración del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, luego del registro de más de 50 llamadas telefónicas entre él y Pepín– para montar causas penales y lograr al fin la detención preventiva aun cuando no existiera el delito, como se probó después.

“En el gobierno de Macri –explica Lértola– había dos bandos; los que querían quedarse con el Grupo Indalo y los que lo querían destruir. Está claro quién se impuso”.

López tuvo reuniones con Orlando Orly Terranova e Ignacio Rosner, potenciales compradores de Indalo, pero esas negociaciones terminaron de manera abrupta en el mismo momento en que desde el gobierno le reconocieron que “lo que les servía políticamente era colgarlo en la Plaza de Mayo”.

 

 

5.

En su solicitud para ser tenido como parte querellante, López concluyó que “fui víctima de una clara maniobra delictiva deliberadamente concebida con la finalidad de ahogarme financiera y económicamente, conseguir que me desprenda a precio vil de mis activos y negocios más relevantes, y demonizarme públicamente. El objetivo final era, según entiendo, deshacerse de una persona a quien los imputados en esta causa consideraban un enemigo político”.

El trabajo adecuado para un sicario.

 

 

 

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