Una dimensión política ineludible
Se ha dicho que la propuesta de debate sobre el aborto pretendió ser una cortina de humo, mediante la cual el macrismo intentó evitar que la atención se dirigiera a los graves problemas que su Gobierno ha generado en áreas sensibles. También que la iniciativa responde a una especulación electoral, pues le permitiría ganar la adhesión de algunos sectores progresistas; que tiene que ver con un presunto enfrentamiento entre el Gobierno y Bergoglio; y, finalmente, no faltan quienes la atribuyen a la veta liberal de los ceócratas, aunque esta última apreciación pierde consistencia ante las posiciones opuestas al aborto voluntario del mismo Macri y de Esteban Bullrich.
Aun cuando cualquiera o todas esas especulaciones tengan asidero, suponer que en ellas se agotan las intenciones que motivaron al Gobierno nos podría llevar a cometer un error de diagnóstico, y dejar fuera del tratamiento uno de los aspectos del tema que probablemente se busca sustraer de la discusión pública.
En efecto, en esta instancia de la disputa, muchos aportes se han abocado al análisis de las dimensiones morales, religiosas, médicas, psicológicas y jurídicas relacionadas con el aborto en términos abstractos y/o ahistóricos, con lo cual se induce a pensar que se trata de un problema de conducta individual y privada; otros reconocen su carácter social sólo vinculado a la salud pública. Unos y otros suelen obviar que es una cuestión social que se relaciona con el reconocimiento y ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres. En particular, los discursos que promueven regulaciones restrictivas reducen el aborto a una combinación de pecado, delito y enfermedad, que diluye el carácter social de la opresión y despolitizan la acción colectiva por la emancipación.
El aborto está enclavado en una trama de relaciones económicas, políticas e ideológicas, propias de cada formación social; no es lo mismo considerarlo en el contexto medieval-feudal que en el de la sociedad contemporánea.
Cuando se compara lo ocurrido en distintos países en los que el Estado introdujo cambios rotundos en las políticas de natalidad y control de la población durante el siglo pasado, se constata que hubo dos factores determinantes de tales cambios: las necesidades para el sostenimiento de los Estados en una coyuntura dada y el fortalecimiento de la institución familiar en su versión monogámica-heterosexual.
Surgen entonces preguntas como: ¿qué razón/es hizo/hicieron -y hace/n- que el aborto sea una cuestión relevante para el Estado? ¿A qué factores ha respondido el cambio de legislación sobre el aborto? Y si acotamos el análisis al régimen capitalista, ¿cuál es la relación de las condiciones reproductivas de las personas con las necesidades de acumulación y reproducción del capital? ¿Cómo se relaciona en la actualidad el aborto con las necesidades de acumulación del capital? Empecemos por buscar alguna respuesta a estas últimas.
La dimensión social: historia, ideología, economía y política
Partiendo de la base de que la producción y la reproducción social no son dos esferas separadas ni recíprocamente excluyentes, sino que todos los elementos necesarios para la producción capitalista —incluyendo la crianza de los niños— forman parte de una totalidad. Marx mostró que los humanos nunca se reproducen sólo como seres biológicos, sino bajo condiciones específicas basadas en una serie de relaciones materiales dentro de cada sociedad en particular, y que la reproducción —tanto física como social— es una necesidad para el proceso de acumulación capitalista. Progresivamente, el capital comienza a controlar toda actividad y a dominar diversos grupos, entre los cuales se cuentan las mujeres y los niños. Por eso estudiar el aborto inserto en el proceso de producción y reproducción equivale a preguntarse bajo qué condiciones se da la reproducción de los humanos y con qué propósitos.
Los niños nacen, son criados y educados en ese contexto, con lo cual se espera que se comporten de ciertas maneras y eventualmente formen parte de la fuerza de trabajo. Según la OIT, hay en el mundo más de 218 millones de niños que trabajan, y dentro de esta cifra un porcentaje enorme lo hace en el trabajo doméstico, que mayoritariamente recae sobre las niñas.
El derecho a decidir sobre el propio cuerpo está cercenado, particularmente para las mujeres, por mecanismos vinculados a las necesidades del capital en distintos campos, que exceden la reproducción humana y abarcan aspectos vitales tales como con qué nos alimentamos, en qué ambiente vivimos y qué trabajo realizamos. Es decir que la decisión de las personas de abortar puede ser considerada una cuestión geopolíticamente relevante que, en determinadas circunstancias, afecta directamente los intereses más generales del capitalismo, en eso radica su carácter políticamente subversivo.
Las regulaciones sobre la sexualidad y la reproducción han existido desde el fondo de la historia adoptando distintas modalidades, pero sin las implicancias señaladas; tal vez por eso, desde que se inicia la expansión del capitalismo, pocas veces se empleó para denominarlas la palabra aborto. En general se las ha ejecutado bajo rótulos del tipo políticas demográficas, natalistas o de planificación familiar lo que por sí solo habla del peso político de esa palabra y esa práctica: al no nombrarlo, parece que esas políticas no tuvieran relación alguna con las decisiones que involucran, y sobre todo con quiénes las toman, de modo que no despierten polémica.
El trabajo necesario para garantizar la producción y reproducción de la fuerza de trabajo implica en primer lugar el mantenimiento diario de los trabajadores, en segundo lugar el de los sectores no productivos de esa clase —niños en edades tempranas y adultos en edades avanzadas— y, finalmente, la sucesión de fases del reemplazo generacional de la mano de obra. Lo que significa una ampliación radical del concepto de trabajo, considerando las bases materiales de la reproducción social y replanteando, a su vez, el proceso como un todo en el que interactúan actividades productivas y reproductivas.
Sin embargo, el capitalismo mantuvo una esfera por fuera del circuito mercantil que lo caracteriza: excluyó la reproducción de la vida en los sentidos mencionados. Para eso incorporó el sistema patriarcal, convirtiéndolo en uno de sus pilares.
El fundamento del patriarcado —muy anterior al capitalismo— es el sostenimiento de la familia como institución que garantiza la reproducción de la vida, la procreación y las tareas para la vida cotidiana. Como parte del sistema capitalista, asegura que tal reproducción se haga por cuenta y cargo de la mitad de la humanidad, las mujeres, que realizan gratuitamente el trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, en versión privada e individual: no forma parte del modo de producción capitalista de mercancías, es una de sus condiciones externas de existencia. La histórica sumisión de las mujeres adquiere así una base material de extraordinaria fortaleza: la familia, reducto de la reproducción humana separada de la producción social. De más está decir que participan en esta dinámica dispositivos ideológicos cuya función es reforzar el imperativo de la reproducción biológico-social bajo ciertas pautas, entre ellas la sacralización de la familia heterosexual monogámica como núcleo base de la sociedad, y la construcción de lo femenino en estrecha relación con la maternidad.
El círculo se cierra si observamos que existió —y existe— un lazo muy fuerte entre la conservación de la familia tradicional y el aborto: si hay aborto legal se debilita la conservación de la familia tradicional, y si se debilita la conservación de la familia tradicional se conmueven las bases del capitalismo. Se comprende la resistencia de sectores dominantes a su legalización.
Entre tanto, el mandato patriarcal de maternidad obligatoria desvirtúa la maternidad al impedir que surja de una decisión libre, e implica graves consecuencias, como el aborto clandestino que lleva a la muerte a miles de mujeres. En Latinoamérica se realiza una cantidad impresionante de abortos clandestinos anuales, sólo en la Argentina mueren más de 800 mujeres pobres por abortos mal realizados.
Por otra parte, el encuadre jurídico del aborto no ha estado siempre determinado por una posición religiosa sobre la “protección de la vida”, ni siquiera en regiones como la nuestra con fuerte influencia del cristianismo. Además, para la Iglesia Católica la cuestión vida ha variado en el tiempo al compás de diversos factores; la postura actual, que supone el comienzo de la vida a partir de la concepción, es relativamente nueva, data de la segunda mitad del siglo XIX y fue incorporada en base a los discursos dominantes de la ciencia contemporánea basados en la genética, con lo cual se pretende otorgar respaldo científico a una tesis teológica.
Los argentinos no deberíamos olvidar que, para el clericalismo que integra el paisaje nacional, los preceptos de la fe son fundamentalmente medios y no fines a través de los cuales la jerarquía eclesiástica encubre su estrategia de poder y mantiene privilegios.
Ahora bien, las variaciones señaladas no se entenderían sin considerar los cambios que a nivel político y económico se produjeron desde fines del siglo XVIII en algunos países europeos. Por un lado, la sanción de la vida como un derecho humano por la Revolución Francesa implicó, en teoría, la defensa de las vidas humanas sin distinción de clases o castas; además, el poder de los Estados-nación era directamente proporcional al tamaño de sus poblaciones. Por otro, en la misma época se asistía al surgimiento y consolidación del capitalismo en su fase industrial en Inglaterra, donde la demanda de mano de obra llegó a ser tal que se incorporaron mujeres y niños al mercado laboral.
Fue a partir de entonces que se reforzó la intervención directa del Estado en un conjunto de procesos biológico-sociales, tales como la relación entre nacimientos y defunciones y la fecundidad de las poblaciones; acciones que se convirtieron en algo así como el esbozo de políticas globales de regulación en materia de reproducción y sexualidad. Si bien el aborto fue realizado de distintas formas a lo largo de la historia, se observa que, junto al matrimonio, fue arrebatado de la esfera privada para establecerlo como una cuestión pública ya no confiable al individuo, y mucho menos a las mujeres.
El aborto y el macrismo
Dado que la legalización del aborto no es causa de una tasa de natalidad declinante con tendencia a cero, es importante preguntarse por qué y bajo qué condiciones pudo conquistarse en ciertos países que son en su gran mayoría económicamente dominantes, y no en otros.
De acuerdo con las evidencias disponibles, la respuesta está relacionada con el trabajo y la migración. Si se atiende al mercado de trabajo globalizado, la fuerza de trabajo hoy está siendo reproducida masivamente en sitios de bajos salarios fuera de los núcleos de la producción y acumulación capitalista. En algunos casos el capital puede migrar para establecer la producción en áreas donde la fuerza de trabajo es barata, en otros importa esa mano de obra.
En este tiempo y lugar no se ve la posibilidad de separar la sexualidad perteneciente al ámbito privado (vida emocional, identidad, inclinación individual, deseo de tener hijos) de la reproducción de la vida cotidiana como componente del ámbito social, ya que hay:
- importante presencia de capas medias con pautas culturales propias de las capas altas,
- el gobierno acepta la división internacional del trabajo que le asigna la provisión de productos primarios y recursos naturales,
- precariza la situación de los trabajadores para “abaratar el costo argentino”,
- pone el Estado al servicio de los ricos reduciendo sus impuestos y las erogaciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, en particular, las destinadas a ofrecer bases mínimas para el desarrollo de las niñas y niños pobres,
- ejecuta una política económica que históricamente ha fracasado,
- no ha tenido y ha obstaculizado iniciativas para mejorar las condiciones de vida de millones de mujeres como guarderías en los lugares de trabajo, educación sexual científica y laica, reparto gratuito de anticonceptivos en hospitales públicos.
En ese país que es nuestro país, no es descabellado pensar que los sectores dominantes que lo controlan busquen impedir la legalización del aborto y custodiar la familia monogámica y heterosexual a los efectos de reproducir al menor costo la mano de obra asalariada y mantener el statu quo que están consolidando.
No hay que olvidar que, más allá de lo que digan las encuestas, algunos legisladores son vulnerables a las presiones de las corporaciones, en este caso la médica, la judicial y la eclesiástica, por lo que el macrismo podría consumar otra hazaña, esta vez matando varios pájaros de un tiro: reinstaló el debate sobre el aborto, apartó parcialmente la atención pública de los problemas económicos y lograría que se mantenga la legislación punitiva, compatible con sus intereses de clase.
Simétricamente, la situación ofrece a la sociedad la posibilidad de alcanzar dos caros objetivos al mismo tiempo: si garantiza el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito daría un paso trascendental en el camino de emancipación de las mujeres, y asestaría una importante derrota cultural y política a los sectores retardatarios dominantes.
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