Tiempo de diálogo en Venezuela

Biden tiene la llave para suspender las sanciones económicas

Por Ariela Ruiz Caro
Desde la izquierda: Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el canciller Marcelo Ebrard, Dag Nylander de la Comisión Facilitadora de Noruega, y Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora, tras la firma del Memorando de Entendimiento.

 

Las conversaciones del fin de semana pasado en México entre la oposición y el gobierno de Caracas, con la intermediación de Noruega, representan el fin del Grupo de Lima y una nueva etapa en la cual la agenda de negociaciones la deciden los venezolanos. Estas buscan restablecer la convivencia democrática en ese país y poner fin a las sanciones económicas que lo asfixian.

La deslegitimada agrupación nació en agosto de 2017 por iniciativa del ex Presidente Donald Trump, específicamente por su asesor John Bolton, ante la imposibilidad de conseguir los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada que permitiera invocar a la Carta Interamericana Democrática y sancionar a Venezuela en el marco de la OEA.

Su creación tuvo lugar en circunstancias de fuertes enfrentamientos entre el gobierno y la oposición. Como se recordará, la Asamblea Nacional que presidió Juan Guaidó fue ganada por la oposición en 2015, en el marco de una campaña política que buscaba la salida de Nicolás Maduro, elegido en 2013 luego de la muerte de Hugo Chávez. Las demandas para que Maduro abandonara el poder se tornaron violentas y en 2017 este convocó a una Asamblea Constituyente que funcionó como una instancia paralela a la Asamblea Nacional. El objetivo del Grupo de Lima fue interceder en la crisis democrática venezolana, perfilada como autocracia.

La ausencia de México desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en julio de 2018 y la renuncia formal de la Argentina el pasado 24 de marzo debilitaron aún más al fracasado Grupo. El canciller Felipe Solá expresó entonces su desacuerdo con las prácticas que buscaban aislar al gobierno de Venezuela imponiendo sanciones y bloqueos, que no habían hecho más que agravar la situación de su población.

El giro de la política exterior del Perú que condena abiertamente los bloqueos, embargos y sanciones unilaterales a la región así como el anunció del gobierno de Santa Lucía, el 11 de agosto, de retirarse del Grupo de Lima, restablecer de inmediato las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro y actuar en consonancia con la posición oficial de la Comunidad del Caribe (Caricom) de no injerencia en los asuntos internos de Estados soberanos, constituyen un golpe mortal. Además, algunos países consideran inadmisible la participación de un sector de la oposición venezolana en dicho Grupo.

Actualmente, las negociaciones para restablecer la convivencia democrática, la independencia de poderes y el fin de la crisis humanitaria en el país avanzan por otras vías.

 

 

Los nuevos mediadores

Las negociaciones entre la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela y el gobierno, con la mediación de Noruega, se realizaron en México en un momento en el que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá coinciden en su disposición a “revisar las sanciones” impuestas a Venezuela si se produce “un avance significativo en una negociación global” que repare “las instituciones del país” y permita elecciones libres.

Esa voluntad política fue puesta de manifiesto por Antony Blinken, Josep Borrell y Marc Garneau, máximos representantes de la diplomacia de esos países, en un documento que firmaron conjuntamente a fines de junio, en el que abogaron además por una “solución pacífica” que parta “del propio pueblo venezolano” y se canalice a través de las estructuras políticas venezolanas.

Estos puntos revelan un cambio radical de enfoque con respecto a la propuesta inicial de Estados Unidos durante el gobierno de Trump, cuando Mauricio Claver Carone, entonces director de Asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y Elliot Abrams, enviado especial para Venezuela, consideraban –a principios de 2019– que Juan Guaidó era quien tenía que convocar a elecciones en ese país. Para ambos, Maduro era sólo un ciudadano más de Venezuela y, como tal, sólo podría hacer esa oferta al gobierno interino presidido por Guaidó. “Nosotros no reconocemos a Maduro como Presidente y desde nuestra perspectiva no tiene la autoridad para convocar nada”.

Entonces el Grupo de Lima apoyaba incondicionalmente esa inconducente actitud que sólo agudizó la crisis y el sufrimiento. Sin considerar que Venezuela tiene un co-gobierno cívico-militar, el Grupo alentaba a las Fuerzas Armadas a desconocer a Maduro. El plan express para derrocar a Maduro –que incluyó ingentes recursos para mantener representaciones diplomáticas paralelas y en algunos organismos internacionales, la manipulación de la ayuda humanitaria con fines políticos y la asfixia económica– fracasó. Tampoco tuvieron éxito los atentados a Maduro con drones explosivos durante una ceremonia oficial, o las incursiones armadas conjuntas de militares venezolanos que habían desertado y ex miembros de fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, entrenados en territorio colombiano (Operación Gedeón) con el objetivo de capturarlo, así como a otros dirigentes, en mayo de 2020.

En medio de estos fracasos, el 6 de diciembre de 2020 Guaidó perdió el cargo de presidente de la Asamblea Nacional toda vez que la mayor parte de la oposición no participó de la elección por considerarla fraudulenta. Con ello perdió el paraguas de legitimidad que le permitía ser reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela. Además, el colapso en Afghanistán es un poderoso disuasivo para las fantasías de Nation Building en el patio trasero de Estados Unidos.

En este escenario, el enfoque de las negociaciones promovidas por el gobierno de Biden, en consonancia con la Unión Europea y Canadá, permiten suponer que podría ser viable llegar a un acuerdo entre el gobierno y la oposición.

En efecto, las conversaciones que tuvieron lugar durante varias semanas entre la oposición y el gobierno se tradujeron en la firma de un memorando de entendimiento entre las delegaciones encabezadas por el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Jorge Rodríguez, y el abogado de la oposición Gerardo Blyde, suscrito en México antes de iniciarse el diálogo. El objetivo es llegar a un acuerdo, a través de una negociación intensa, integral, incremental y pacífica, para establecer reglas claras de convivencia política y social, con respeto absoluto a la Constitución Nacional.

Se han previsto mecanismos de consulta con otros actores políticos y sociales, así como acompañamiento internacional. Además de Noruega como facilitador, los Países Bajos, Rusia y otros países a los que convocará Noruega conformarán un denominado Grupo de Países Amigos del Proceso. En su encuentro con el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, el Presidente argentino Alberto Fernández recordó que su gobierno promovió esta solución desde el Grupo de Contacto.

El proceso de diálogo y negociación contempla una agenda que incluye, entre otros, derechos políticos y garantías electorales para todos; levantamiento de las sanciones económicas; respeto al Estado Constitucional de Derecho; convivencia política y social y renuncia a la violencia, así como reparación a las víctimas de esta; protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano.

 

 

Reacciones

Al finalizar la reunión, los representantes de la oposición y el gobierno calificaron las reuniones de “constructivas” y anunciaron que las retomarían del 3 al 6 de septiembre. Estos avances fueron respaldados por un nuevo comunicado conjunto del representante de la diplomacia de la Unión Europea y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que Guaidó agradeció. Lo propio hicieron algunos gobiernos latinoamericanos.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, declaró en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) “que toda la región y el mundo entero tienen los ojos y los mejores deseos puestos en la conversación”. Por el lado del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez declaró que funcionan el diálogo, la negociación y el respeto a la Constitución y no las amenazas. El 17 de agosto la Asamblea Nacional venezolana aprobó por unanimidad el memorando de entendimiento suscrito en México y Nicolás Maduro saludó la posibilidad de resolver la crisis entre venezolanos y venezolanos.

 

 

Por su parte, un debilitado Guaidó señaló que el inicio de las negociaciones supone la posibilidad de que a través de un acuerdo integral se logre “una solución a la catástrofe” y “recuperar la democracia en Venezuela”. Como el proceso de negociación tiene lugar en un escenario en el que el 21 de noviembre se desarrollarán las elecciones de gobernadores y alcaldes, Guaidó ha declarado que la decisión sobre las elecciones se tomara “en unidad y con la unidad” y seguirá presionando para que se den las mejores condiciones para garantizar una eventual campaña electoral. Hace bien en trabajar en ese objetivo.

En la crisis institucional que atraviesa Venezuela, las fuerzas de la oposición no pueden eximirse de su responsabilidad. Analistas políticos locales consideran que en el país no hay oposición sino muchas posiciones, que obedecen a los intereses de un grupo limitado de partidos y por eso es que no se ha superado esta situación. La única vez que estuvieron unidos fue en 2015 cuando la oposición ganó las elecciones en la Asamblea Nacional. Pero para los partidos la unidad de la oposición no es importante como un instrumento de rescate de la libertad sino sólo para fines electorales, donde abunda el financiamiento.

María Corina Machado, quien no participa de las negociaciones y representa a sectores minoritarios de la oposición, considera que la firma del memorando lo que hizo fue “reconocer al régimen de Maduro como gobierno legítimo” y no como un régimen usurpador. Otros líderes como Antonio Ledesma, el ex alcalde de Caracas, y Andrés Velásquez, del partido Causa R, que tampoco participan de las negociaciones, exigen que el gobierno sea condenado por crímenes de lesa humanidad, que se aplique la Carta Democrática Interamericana y que se rebelen los militares. No parecen darse cuenta de que el gobierno tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y por eso no ha podido ser derrocado. Sin embargo, el timing de la suspensión de las sanciones económicas es clave para los resultados de las elecciones regionales y municipales. La llave la tiene el gobierno de Biden.

Mientras tanto, una ciudadanía agotada y escéptica que no se siente representada por los partidos políticos observa con algún grado de esperanza que esta nueva etapa de negociaciones, cuyo destino y agenda está diseñado por los venezolanos al amparo de su Constitución, termine con la crisis que aflige a ese país.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí