Ordenando el mérito

 

Se va definiendo. El juez federal de Tucumán Fernando Poviña quedó primero –con 186,75 puntos– en el orden de mérito para uno de los dos cargos en la estratégica Cámara Federal, según el dictamen que aprobó este jueves la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. En el segundo y tercer lugar se posicionaron dos mujeres: Agustina Rodríguez, actual coordinadora general de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), con 183,75 puntos, y la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, con 172,85 puntos.

El cuarto lugar, con 170,90 puntos, fue para Gonzalo Viña, actual fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. En el quinto puesto se ubicó la fiscal federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri; sexto, el juez Julio César Di Giorgio; séptimo, el magistrado en lo penal económico Javier López Biscayart; octavo, el juez en lo penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires Gonzalo Rúa; noveno, el juez en lo penal económico Diego Amarante y décima, la fiscal federal de La Rioja María Virginia Miguel Carmona. A medida que se desciende en la lista del orden de mérito, las diferencias de puntajes entre los postulantes son mínimas. En algún caso no llegan a un punto, sino que son centésimas. Por ejemplo, Mazzaferri obtuvo 170,25 puntos y Di Giorgio quedó posicionado justo por debajo con 169,50 puntos.

Los primeros 22 de la lista serán citados a entrevistas personales. En ese universo estarán Poviña, Rodríguez, Incardona, Viña, Mazzaferri, Di Giorgio, López Biscayart, Rúa, Amarante y Miguel Carmona, además de Sergio Roberto Rocamora, Gabriel Gonzalo Rey, Ivana Quinteros, Leonardo Filippini, Ignacio Labadens, Pablo Yadarola, Santiago Schiopetto, Vanesa Silvana Alfaro, Sergio Pilarche, Sebastián Casanello, Pablo Daniel Bertuzzi y Julio Miranda. Bertuzzi ocupa el cargo para el que está concursando: fue trasladado allí en septiembre de 2018 cuando la estratégica Sala I de la Cámara Federal debía resolver cuestiones sensibles para el gobierno nacional de entonces. Su tribunal de origen, para el que concursó y obtuvo el acuerdo del Senado, es el Tribunal Oral Criminal Federal (TOF) 1 de La Plata.

El jueves 19, la Comisión de Selección volvió a reunirse después de un mes. Dos días antes, la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos - Buenos Aires) había presentado el informe sobre las impugnaciones a este concurso, el 461, en un acta de 123 carillas. Después de la publicación del orden de mérito provisorio, el 29 de abril, los concursantes impugnaron las calificaciones que recibieron. En esas impugnaciones además pueden señalar si otros concursantes fueron calificados con más o menos nota que la correspondiente.

 

 

El dictamen de Siley fue aprobado por mayoría: a favor votaron los consejeros Diego Molea, Gerónimo Ustarroz, Alberto Lugones, Juan Manuel Culotta y la propia Siley. En contra, Pablo Tonelli y Ricardo Recondo. Graciela Camaño, presidenta de la comisión, se abstuvo.

Antes de la votación, Tonelli había pedido postergar el tema. Dijo que no había tenido suficiente tiempo de leer el dictamen. “Todos sabemos de qué concurso hablamos. La Corte ordenó en el fallo Bruglia y Bertuzzi actuar con celeridad”, argumentó Ustarroz.

“Lo de Tonelli parece una cuestión dilatoria. En algunos medios de comunicación hubo títulos donde se habló de maniobras y se puso en duda la capacidad de trabajo de Siley, que hizo un enorme esfuerzo. Los candidatos que ascendieron en el orden de mérito fue porque en el dictamen anterior hubo omisiones importantes en los rubros ‘Especialidad’, ‘Docencia’, ‘Publicaciones’”, advirtió Molea.

Omisiones

El Cohete a la Luna accedió al dictamen de Siley que recopila las impugnaciones realizadas por los concursantes. Poviña, que estaba primero en el orden de mérito provisorio y que continúa en el primer puesto tras las impugnaciones, cuestionó el puntaje que se le asignó en el rubro “Especialidad”. Dijo que no se le había otorgado el puntaje máximo que le hubiera correspondido por trabajar desde hace más de nueve años como juez “con competencia material y especialidad en el cargo concursado” y por trece años como funcionario judicial federal en la Cámara de Casación Penal. En el rubro “Publicaciones”, cuestionó que sólo se hubieran evaluado cinco de los diez trabajos que presentó. También en el rubro “Docencia” obtuvo una calificación mayor. En el orden de mérito provisorio no habían tenido en cuenta que es titular de cátedra y lo evaluaron como si tuviese un cargo inferior. Con esta nueva evaluación de sus antecedentes, Poviña pasó de tener 173,65 a 186,75 puntos.

 

 

Agustina Rodríguez y Cecilia Incardona pasaron al segundo y tercer lugar desde los puestos 8 y 20. El Cohete habló con tres candidatos y todos coincidieron en que los subcalificaron desde el inicio de este concurso. Advirtieron que les asignaron un puntaje más bajo que en concursos anteriores en rubros como “Especialidad” o “Docencia”, cuando con el correr de los años los funcionarios judiciales van sumando antecedentes. Una concursante apuntó: “Luego de tres años más de antigüedad, de cursos, de clases, de publicaciones, con un cargo en el fuero federal durante años, en 2021 me asignan 20 puntos menos de antecedentes que los que me habían otorgado en 2017”.

Agustina Rodríguez estaba en el puesto 8 con 166,75 puntos y ahora está segunda con 183,75. El dictamen de Siley considera que le “asiste razón” a sus cuestionamientos en los rubros “Trayectoria”, “Especialidad” y “Publicaciones”: no se valoró como correspondía que Rodríguez se desempeña en cargos letrados hace 23 años y 2 meses en el fuero penal federal. En cuanto a las publicaciones, se omitió valorar textos en los que fue co-autora. En los rubros “Docencia” y “Posgrados” no se tuvo en cuenta su cargo como profesora titular en la Universidad de Palermo ni numerosas capacitaciones en materia de género.

 

 

Incardona estaba en el puesto 20 con 152 puntos y pasó al tercero con 172,85. En el examen, la actual fiscal federal de Lomas de Zamora obtuvo 90 puntos. Y en la evaluación de antecedentes había obtenido apenas 62, que después de la recalificación aumentaron a 82,85. En su impugnación, que figura en el dictamen al que accedió El Cohete, Incardona indicó que “la calificación (…) no se condice en absoluto con los antecedentes acreditados” y que “resulta de una evidente y manifiesta arbitrariedad por parte del consejero calificador”, al que no menciona. ¿Quién fue ese consejero? Pablo Tonelli, diputado del Pro por la Ciudad de Buenos Aires y, según distintas versiones, integrante de la Mesa Judicial M.

Una de las concursantes le apuntó directamente. Dijo que el puntaje que le había puesto inicialmente era “una estafa”. “Lo hizo claramente a propósito para lograr mi descalificación a lo largo de todo el concurso”, cuestionó.

 

 

En el rubro “Docencia”, Incardona, que es docente de la UCES, expuso que “la calificación de cero puntos asignada no se condice en absoluto con la documentación acreditada” en su legajo. La fiscal investigó la causa del espionaje ordenado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri a dirigentes políticos propios (Horacio Rodríguez Larreta y el precandidato a diputado por Juntos Diego Santilli, entre otros) y ajenos (del Frente de Todos). También se ocupó del capítulo de escuchas a ex funcionarios de la administración de Cristina Fernández de Kirchner detenidos en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz. A inicio de este año, la causa pasó a la Justicia federal de la para ser investigada por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

 

 

(Des)Composición

Actualmente, la Sala I de la Cámara Federal está integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Llorens es el único designado por concurso. Bertuzzi concursó ahora y obtuvo 161 puntos, que lo ubicaron en el puesto 21.

En tanto, la Sala II está conformada por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico que asumió este año después de haber ganado el concurso y con acuerdo del Senado. Durante el gobierno de Macri, Irurzun elaboró una supuesta “doctrina” en la que postulaba que por sus contactos, lazos o relaciones creadas por el poder que tuvieron, los ex funcionarios sospechados de corrupción debían estar en prisión antes del juicio porque en libertad podrían entorpecer el avance de una causa.

 

Listos para asumir

El jueves pasado, el Senado aprobó los pliegos de 33 jueces, fiscales y defensores. Treinta de los 33 cargos se aprobaron con 59 votos a favor. Juntos por el Cambio votó en contra de las postulaciones de Gabriel de Vedia, María Guadalupe Vásquez y Juan Carlos Bonzón. Igualmente el oficialismo hizo valer su mayoría y aprobó los pliegos. De Vedia será vocal de la Sala V de la Cámara del Trabajo;  Vásquez asumirá como vocal de la Sala B de la Cámara Comercial, y Bonzón fue designado para la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico.

Sobre Bonzón, la oposición argumentó que “tiene 77 años y la Constitución establece 75 como límite”. A de Vedia y Vásquez, Juntos por el Cambio los había objetado en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos que se hizo a fines de julio. El 28 de marzo, Alejandra Dandan reveló en El Cohete a la Luna la entrevista que mantuvo de Vedia con el entonces principal operador judicial del macrismo, Fabián Rodríguez Simón. El fiscal es primo de la ex pareja y madre de los hijos de Rodríguez Simón, ahora prófugo de la Justicia. A través de esa relación familiar, logró una reunión con “Pepín” en la que le pidió que cesara la persecución contra Alejandra Gils Carbó, hostigada por el gobierno de Cambiemos, que ansiaba su cargo. Pepín le advirtió a de Vedia que la única forma de terminar con la persecución era con la renuncia de la entonces procuradora, lo que finalmente ocurrió a fines de octubre de 2017. Sobre Vásquez, el temor de la oposición está ligado la causa Correo Argentino, en la que podría intervenir.

En la audiencia pública, el senador radical Ernesto Martínez intentó que Vásquez adelantara su opinión en la causa Correo. Dijo que quería hacer una “pregunta técnica” sobre una situación “hipotética”. El Frente de Todos advirtió la maniobra: la respuesta de la jueza podría implicar una causal de recusación por prejuzgamiento. No contestó.

 

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