Cleptocracia y fuga

 

Los Estados Unidos funcionan como un refugio seguro para el dinero opaco. Un informe de Global Financial Integrity (GFI) develó que en ese país se lavaron no menos de 2.300 millones de dólares a través del negocio de bienes raíces durante un período de cinco años, entre 2015 y 2020. Así, Estados Unidos se ha convertido en el destino preferido para aquellos que buscan esconder fondos ilícitos a través del negocio de bienes raíces.

Los hallazgos del informe subrayan la necesidad de priorizar la implementación del registro de beneficiarios finales en los Estados Unidos, aunque el registro por sí solo no resolverá los vacíos regulatorios críticos que hoy existen en ese país y que permiten que prospere el lavado de dinero.

El informe de GFI explica que abogados, agentes de bienes raíces y asesores de inversiones son facilitadores integrales de los esquemas de lavado de dinero de bienes raíces. Estados Unidos es el único país del G7 que no impone requisitos en materia de lavado de dinero a los profesionales inmobiliarios, ya que aún no ha creado ninguna obligación de informar sobre los riesgos en el sector.

El uso de empresas fantasmas anónimas y estructuras corporativas complejas sigue siendo la tipología número uno de lavado de dinero en ese país. El 82% por ciento de los casos estadounidenses analizados en dicho informe involucraron el uso de una estructura jurídica (una entidad legal) para enmascarar a los verdaderos titulares, por lo que se destaca la importancia de implementar un registro robusto de beneficiarios reales.

Cabe recordar que Estados Unidos, en su carácter de principal acreedor como miembro del FMI, apoyó el programa económico del gobierno de Cambiemos y facilitó su viabilidad mediante la concesión de un extraordinario préstamo que fue utilizado fundamentalmente para financiar la acumulación de activos externos financieros de residentes. Durante el gobierno de Cambiemos la fuga de capitales de residentes acumuló 102.000 millones de dólares, según la estimación oficial de INDEC (PII - Activos externos de Otros sectores). La política de liberalización cambiaria y desregulación financiera que adoptó el gobierno de Cambiemos favoreció de manera neta los intereses económicos de los Estados Unidos.

Estados Unidos es considerado como una de las guaridas fiscales más importantes del mundo, ubicándose en el puesto número 2 del índice del secreto financiero que elaboró Tax Justice Network (TJN) en 2020. Estados Unidos proporciona opacidad financiera para los no residentes, tanto a nivel federal como de Estados individuales. A nivel federal, su régimen bancario le permite recibir dinero legalmente que provenga de evasión, ya que los controles anti-lavado de activos no son aplicados para los delitos tributarios. A nivel de los Estados particulares, varios de ellos se han especializado en servicios offshore y secretismo para empresas extranjeras. Tres Estados –Delaware, Nevada y Wyoming– se conocen como los más agresivos en materia de secretismo societario y requerimientos laxos para la constitución de sociedades.

Este país constituye el principal destino de los depósitos bancarios y de inversión de cartera de residentes de la Argentina, y se encuentra entre los primeros lugares en cuanto a las salidas por inversión directa desde la Argentina.

La fuga de capitales representa un problema severo y muy dañino para la economía argentina. El stock de riqueza financiera offshore de residentes arroja un total de 431.267 millones de dólares acumulados entre 1970 y 2019, de acuerdo con estimaciones propias (mediante el Método Residual de la balanza de Pagos, una metodología de estimación de la fuga de capitales).

Las últimas estadísticas oficiales publicadas por INDEC respecto de los activos financieros externos del sector privado no financiero arrojan para el 31 de marzo de 2021 un total de 347.875 millones de dólares, que se componen por 233.317 millones de activos líquidos, moneda y depósitos, 74.017 millones de inversión de cartera (acciones, títulos y otras participaciones de capital inferiores al 10%) y 40.541 millones de inversión directa (participaciones de capital e inmobiliaria).

 

 

 

Uno de los indicadores de alerta del lavado de dinero identificados en el informe de GFI –que se basan en el análisis de casos de tipologías y esquemas de lavado de dinero de bienes raíces vistos en todo el G7– es el uso de monedas virtuales para realizar transacciones inmobiliarias.

Las criptomonedas son un fenómeno innovador que puede ser muy perjudicial para la estabilidad económica de los países periféricos. Los criptoactivos no son considerados dinero de curso legal y están exentos de la mayor parte de las regulaciones y estándares internacionales, a la vez que quedan fuera del amparo de los organismos reguladores locales. Estos poseen las características centrales de las guaridas fiscales: nula tributación, anonimato y desregulación.

En este marco, las criptomonedas se integran como una cueva en el negocio de los servicios offshore, que se sustenta en gran medida en la actividad de las guaridas fiscales ubicadas en los países centrales y en sus influencias. Así, los recursos de los periféricos drenan hacia los centros de las finanzas globales (Estados Unidos y Europa).

Gran parte de las exchanges y billeteras de monedas virtuales tienen su sede en el Norte Global, al mismo tiempo que las operaciones cambiarias en criptomonedas de los exchanges están denominadas, en gran medida, en dólares. Estados Unidos, como uno de los principales beneficiarios del negocio offshore en el mundo, ha incorporado a las criptomonedas como un instrumento innovador para la opacidad.

 

 

 

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